«Hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento».

                                                                                 Miguel de Unamuno 

Entre el 4 y el 6 de abril de 2023 se desarrolla en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana el evento «Cuba CON-PARA», I Congreso Internacional de Derecho comparado y constitucional. La cita pretende reunir a académicos de diferentes latitudes con el fin de reflexionar en torno al Derecho comparado y constitucional, y hacer énfasis en varias temáticas (los procesos electorales en la región, las reformas constitucionales, los derechos de la ciudadanía).

El congreso constituye un esfuerzo de determinados sectores de la academia oficialista para ofrecer un metarrelato que legitime las demeritadas instituciones jurídicas cubanas frente a la comunidad intelectual internacional —en particular, europea y latinoamericana—. Las redes y capital intelectuales de la parte cubana —el Dr. Yan Guzmán y la Dra. Martha Prieto, y organizaciones como la Unión Nacional de Juristas— se alían con contrapartes foráneas —el profesor Luigi Ferrajoli y Tania Groppi, y entidades como el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y el Centro de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Boloña— para la convocatoria de noble forma intelectual y nefasto sentido político.

Lo anterior ocurre en un contexto atravesado por juicios a los manifestantes del estallido social del 11 y 12 julio de 2021; también, por numerosas denuncias de organizaciones internacionales debido a la implementación de penas politizadas y episodios de tratos denigrantes y torturas a ciudadanos cubanos.

En medio de la escalada autoritaria regional, el régimen de La Habana ha aumentado de manera exponencial el número de presos políticos hasta llegar a 1 066, según la ONG Prisoners Defenders. En este escenario, importantes académicos han decidido participar en la cita. Su presencia en un contexto altamente represivo será usada por la propaganda del Estado-Partido cubano como signo de aparente calma política y apertura científica.

Lo preocupante es que, en una actitud de extractivismo académico, estos intelectuales —que han producido su obra en contextos democráticos y centrados en la promoción de los derechos humanos— participen en un evento de un Gobierno cuyo sistema judicial ha condenado a decenas de ciudadanos provenientes de comunidades populares y empobrecidas a sentencias que ascienden hasta los 26 años de prisión. 

Falso que «en Cuba nadie es sancionado por su forma de pensar» (breve listado de ejemplos)

Es falso que «en Cuba nadie es sancionado por su forma de pensar o por expresar sus opiniones». Esta afirmación es parte de una declaración de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ejemplificamos situaciones que demuestran lo contrario.

El argumento de que asisten al foro habanero en estricto apego a su condición académica resulta cuestionable, debido a que ellos son referentes del estudio de la justicia y llegan a un país donde la justicia ha sido mancillada con represión estatal.

No obstante, varios académicos declinaron asistir a «Cuba Con-Para» debido a la situación imperante en la isla. El formato de acceso restringido al congreso, además, invalida el pretexto de ponentes extranjeros que alegan participar en el evento para «llevar su conocimiento a los colegas cubanos». Hoy es posible leer a Ferrajoli, Groppi o Pegoraro en la isla sin necesidad de mediaciones; lo que no parece posible es que su participación en el cónclave —adaptada a las reglas del régimen— ayude a visibilizar la dominación estatal.

En lo particular, defiendo la cooperación académica, pero esta debe tomar en cuenta, contrastar, los informes de organizaciones de la sociedad civil independiente (en particular, el Observatorio de Libertad Académica) para favorecer el empoderamiento de los intelectuales y artistas purgados o de sujetos no vinculados con la censura. En un mundo que se debate entre los valores democráticos y las autocracias, la presencia de referentes intelectuales en contextos restrictivos o eventos que pretendan legitimar el statu quo no favorece la apertura del régimen, sino que sirve para aparentar un clima de cierta tolerancia en las organizaciones internacionales. Lo anterior ocurre aun cuando el sector crítico de la comunidad intelectual señala un auge de la represión y los procederes autocráticos del Estado-Partido en Cuba.

En marzo de 2022 un grupo de intelectuales y artistas cubanos hicieron público el «Manifiesto contra el silencio, por la justicia». El documento denunciaba los procedimientos irregulares de la Administración de Díaz-Canel y llamaba al compromiso de los intelectuales frente a la violación de los derechos humanos en el archipiélago.

Sobre las condenas a los presos políticos del 11J, el manifiesto animaba a la comunidad artístico-intelectual: «Es un deber intelectual general de académicos y artistas, en cualquier época y sociedad, condenar la violencia y la arbitrariedad sin dobles raseros; sin dispensas ideológicas o subterfugios de realpolitik. Condenarlo, además, porque las víctimas de esta violencia casi siempre son aquellos sujetos cuya vida, necesidades e intereses son objeto de nuestras investigaciones y obras».

Algunos de los académicos que han sido advertidos de la operación de ingeniería política que encierra el cónclave en La Habana han respondido que el congreso es una oportunidad para generar un pensamiento crítico. El argumento desconoce el escenario cubano y corre el peligro de que los censores académicos lo instrumentalicen, más cuando se trata de un evento organizado con altos estándares en las instalaciones del Hotel Nacional de Cuba, a las que podrá acceder un público selectivo y confiable políticamente. Otro elemento que opaca la cita es el veto a la participación de académicos cubanos críticos, residan en el país o en el extranjero. Es una práctica habitual del sistema político cubano excluir a investigadores críticos emigrados o que han permanecido en la isla pagando el alto costo del ostracismo.

La Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana ha sido un espacio en el que se ha ejercido de manera sistemática la censura académica. Entre los casos documentados por el Observatorio de Libertad Académica se encuentran la expulsión de los profesores Julio Antonio Fernández Estrada y Enrique Patterson, así como los estudiantes Yamilka Abascal Sánchez y Enrique Valdés López. 

Visión de vencido

Yo confieso que he sido vencido. Han ido por nosotros al detalle, sin equivocarse. A los oportunistas y a los arribistas no los han tocado. A los mediocres y cobardes los han entronizado.

La intención legitimadora del evento se personifica en la Dra. Martha Prieto Valdés, a la sazón presidenta del Comité Organizador. La intelectual cubana, profesora de Derecho constitucional y coordinadora de la sección de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Academia de Ciencias de Cuba, fue la autora del documento «El derecho a manifestarse», publicado en Cubadebate el 12 octubre de 2021. El texto vio la luz a raíz de la convocatoria de la Marcha Cívica por el Cambio. En él, la profesora validaba la limitación de un derecho fundamental debido a que la manifestación convocada exigía la democratización de la vida política del país.

Escribió la jurista Prieto Valdés: «Por tanto, los derechos humanos no son absolutos en su expresión o realización; y si bien se pueden tener criterios diferentes y reclamos, se necesitan acciones conjuntas en los del desarrollo integral de todos, por lo que a través de tales conductas no se debe atentar contra lo que se acordó salvaguardar, que no es solo tema político, sino también económico o sociocultural, el respeto al otro y sus derechos, al orden social, a la seguridad, así como respecto a las definiciones esenciales, los principios y valores rectores de la sociedad».

Así, la académica reducía el ejercicio de los derechos humanos en Cuba a los dictámenes del Partido Comunista —basado en una ideología totalitaria— que excluye de la participación política de la nación a los ciudadanos que manifiesten públicamente el disenso. El compromiso de la profesora Prieto con el irrespeto de los derechos humanos se evidenció otra vez con su firma en el mensaje de educadores, periodistas, escritores, artistas y científicos cubanos a sus colegas de otros países.

Con su rúbrica, la docente legitimaba la tesis propuesta en el documento emitido para respaldar el sistema político cubano ante la oleada de protestas populares de septiembre de 2022: «La represión solo existe en los mensajes que incitan a la violencia y respaldan el bloqueo, contrarios a los intereses y anhelos de la Patria. Cualquier análisis de nuestra situación requiere de una mirada abarcadora y contextualizada, que considere en primer término la creciente y sostenida agresión del Gobierno de los Estados Unidos».

El apoyo al documento es la reafirmación del compromiso político de la profesora Prieto en detrimento del apego a la universalidad de los derechos humanos. Lamentablemente, episodios como los anteriores son una constante en la historia reciente de la academia oficialista cubana y de sus resortes en importantes universidades extranjeras radicadas en Estados democráticos.

Encuentros académicos como «Cuba Con-Para» evidencian la necesidad del sistema político cubano de buscar resortes legitimadores en la comunidad académica internacional. Comunidad que, en reiteradas ocasiones, recurre a términos edulcorados o negacionistas para desconocer las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el archipiélago; lo cual anula a intelectuales censurados e invisibiliza a las comunidades populares.

El insostenible mito historiográfico de la Revolución cubana y la complacencia de intelectuales —que en un contexto restrictivo como el de la isla no hubieran producido su obra— se manifiesta en «Cuba Con-Para».

Como tengo fe en el mejoramiento humano, espero que en sus próximos textos sobre Derecho comparado o constitucional los académicos participantes analicen todos los matices (y sin utopías) de lo que sucede en Cuba hoy. Nunca será tarde para dejar de voltear el rostro.