El Ministerio del Interior (Minint) desarrolla «más de 300 investigaciones» relacionadas con el mercado informal de divisas en Cuba, durante las cuales ha confiscado millones de pesos cubanos, según las autoridades. La relevancia de este mercado para la actividad económica nacional no ha sido desplazada, como pretendió el Gobierno al establecer, en diciembre de 2025, una tasa oficial «flotante», en un intento por regular la compra y venta de monedas extranjeras.
Tres meses después de establecer una tasa oficial de actualización diaria, ni los bancos ni las casas de cambio estatales (Cadeca) tienen suficientes dólares en efectivo para satisfacer la demanda ni ha bajado el valor de las divisas en el mercado informal. Por el contrario, persisten «estructuras delictivas» que mueven «volúmenes no despreciables de dinero» mediante redes que incluyen financistas en el exterior, intermediarios dentro del país y actores económicos privados, según dijo el 11 de marzo de 2026 —durante el programa televisivo Hacemos Cuba — el teniente coronel Yisnel Rivera Crespo, jefe del Departamento de Enfrentamiento a los Delitos Económicos de la Dirección General de Investigación Criminal.
Las autoridades atribuyen a este fenómeno un impacto en la estabilidad macroeconómica nacional y afirman que constituye su prioridad en la lucha contra el delito económico. Sin embargo, el crecimiento de estas redes también revela un problema estructural: la persistente brecha entre la demanda de divisas en la economía real y la limitada capacidad del sistema cambiario oficial para satisfacerla.
La «ofensiva» del Minint contra actores del mercado informal de divisas no es una operación inédita. A finales de 2025 anunciaron el «desmantelamiento» de una presunta «red de tráfico internacional de divisas» articulada, sobre todo, desde Estados Unidos. Según la versión oficial, estos mecanismos «secuestran» remesas que deberían ingresar por las vías formales y afectan la disponibilidad de divisas en el país.
Cómo funcionan las redes, según el Minint
Uno de los esquemas más frecuentes, de acuerdo con las autoridades, consiste en que «financistas» radicados en el exterior pagan directamente las importaciones en dólares de determinados actores privados en Cuba.
A cambio, impondrían condiciones financieras que incluyen intereses de entre 6 % y 12 % y una tasa de cambio establecida por ellos. El teniente coronel Rivera Crespo explicó que en estos esquemas «las divisas no vienen al país; el dinero se queda en el exterior y se emplea en el financiamiento de importaciones», mientras en Cuba intermediarios se encargan de recaudar dinero en moneda nacional y gestionarlo para la distribución de remesas.
La estructura suele dividirse en varios roles, según el Minint: financistas, remeseros que gestionan los cobros y pagos en el país, supuestos «traficantes de divisas» en espacios físicos y digitales, y operadores de recargas telefónicas internacionales.
El funcionario también señaló el uso de grupos de personas conocidas como «mulas», organizadas para transportar dinero en efectivo fuera del país en viajes reiterados, aprovechando el límite permitido de hasta 5 000 USD por persona al salir de Cuba.
Operativos y decomisos
Durante el programa televisivo, se presentaron ejemplos de operativos recientes. En uno de ellos, realizado en el municipio habanero de Diez de Octubre, fue desarticulada una estructura que operaba desde dos viviendas. El Minint incautó 183 278 USD, 15 560 EUR y más de 1.5 millones de pesos cubanos, además de autos, cajas fuertes, máquinas contadoras de dinero y dispositivos electrónicos.
Otro operativo en los municipios Plaza de la Revolución y El Cerro permitió ocupar más de 17 000 USD, 13 000 EUR y cerca de 2.2 millones de pesos cubanos. Según Rivera Crespo, «los implicados detenidos confesaron su participación en el tráfico ilegal de divisas», y también se encuentra imputado «un actor económico privado» que acudía a depositar la recaudación de su negocio para convertirla a divisas mediante la tasa informal.
Un tercer caso involucró a un ciudadano con movimientos bancarios superiores a 30 millones de pesos en créditos y más de 35 millones en débitos. Según el Minint, la investigación determinó que realizaba operaciones de cambio de divisas, tráfico de monedas bancarizadas y transacciones con criptomonedas.
Parte del dinero ocupado. Foto: Granma
La represalia contra los actores privados que han recurrido al mercado informal para mantener vivo sus negocios confirma que, aunque estas prácticas han sido toleradas por el Gobierno, en cualquier momento y circunstancia pueden ser criminalizadas.
Según la fiscal del Departamento de Procesos Penales de La Habana, Yudenia San Miguel Ramírez, el delito principal investigado en estos casos es tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas, tipificado en el Código Penal cubano. A este pueden sumarse otras figuras penales, como evasión fiscal o lavado de activos.
San Miguel Ramírez señaló que las investigaciones incluyen un análisis patrimonial de los implicados, con el objetivo de rastrear la adquisición de bienes, negocios o propiedades que puedan estar vinculados con las actividades ilícitas.
No obstante, la amplitud de las investigaciones también refleja la dificultad de delimitar dónde termina la actividad económica informal y dónde comienza el delito organizado, especialmente en un contexto en el que gran parte de las transacciones en divisas ocurren fuera de los canales oficiales.
El trasfondo: un mercado que surge de la escasez
Aunque el enfoque oficial describe estas redes como estructuras criminales que afectan la estabilidad económica, su proliferación está muy ligada a la escasez estructural de divisas en el sistema financiero cubano.
Durante los últimos años, empresas estatales, mipymes y trabajadores por cuenta propia han dependido cada vez más de importaciones para mantener sus actividades. Sin embargo, el acceso a dólares o euros mediante el sistema bancario oficial es limitado y, en muchos casos, inexistente.
La ausencia de reservas líquidas accesibles y de instrumentos creíbles limita la capacidad del Estado para competir de manera sostenida por las divisas. El resultado ha sido la consolidación de un mercado paralelo que funciona como mecanismo de asignación de recursos, aunque fuera de la legalidad.
En ese mercado, la tasa de cambio informal —que supera ampliamente la oficial— se convierte en referencia para buena parte de la economía cotidiana: desde el precio de los alimentos hasta el costo de las importaciones privadas.
En ese sentido, los esquemas descritos por el Minint pueden interpretarse como mecanismos financieros informales que intentan suplir funciones que el sistema bancario nacional no logra cubrir, como el financiamiento de importaciones o la transferencia de remesas.
Entre la regulación y la realidad económica
El tráfico de divisas es un delito tipificado en el Código Penal cubano. Sin embargo, desde una perspectiva económica, el fenómeno refleja un problema estructural: la incapacidad del sistema formal para canalizar la demanda de divisas de la economía.
Mientras persista la brecha entre la oferta oficial de divisas y la demanda real de la economía, es probable que el mercado informal continúe expandiéndose y sofisticándose.
Las más de 300 investigaciones que dice llevar a cabo el Minint indican el alcance del fenómeno, pero también evidencian que el problema no es únicamente policial o penal. Es el resultado de distorsiones cambiarias, escasez de liquidez y restricciones institucionales que empujan las transacciones hacia la informalidad.
La ofensiva policial puede desarticular determinadas redes, pero difícilmente eliminará el mercado paralelo mientras persistan las condiciones económicas que lo alimentan.
