Entre 2023 y 2025, mientras la empresa mexicana Pemex transfería a Cuba petróleo por más de 1 500 millones de dólares —cifra que la compañía reportó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)—, los apagones en la isla no cesaron, por el contrario, se extendieron hasta dos días seguidos en gran parte del país.
El dato aparece en el informe «Convenios México-Cuba: un andamiaje legal sin contrapesos ni rendición de cuentas», de las organizaciones Consorcio Justicia y Gobierno y Análisis Político A. C. (Gapac), al que elTOQUE tuvo acceso. La investigación documenta con fuentes oficiales, periodísticas, testimoniales y de organismos de derechos humanos la cooperación bilateral entre ambos gobiernos desde 2022.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha cambiado su discurso sobre el envío de petróleo según el momento en que se encuentren las presiones diplomáticas y económicas de Estados Unidos para forzar cambios en la Isla. A veces defiende los envíos de petróleo como un gesto solidario y otras como una decisión comercial de Pemex.
El informe aporta evidencia para sostener que ese vaivén discursivo importa menos que el hecho de que, independientemente de la narrativa que use Sheinbaum para justificar la colaboración, el destinatario real de esos recursos no es un Gobierno que rinda cuentas a su población, sino Gaesa. Se trata de un conglomerado militar que controla las principales ramas de la economía cubana y al que ni el propio Gobierno de la isla puede auditar.
La cooperación mexicana no se ha limitado al petróleo. El informe documenta que el programa de médicos cubanos, operado a través de IMSS-Bienestar, ha costado más de 2 500 millones de pesos mexicanos (unos 144 millones de dólares) entre 2022 y 2026, sin que ninguna dependencia federal haya publicado una evaluación de impacto.
De los aproximadamente 100 000 pesos mensuales (5 700 USD) que cuesta cada médico, 27 000 se depositan directamente en una cuenta estatal cubana —no en manos del profesional contratado— y el Estado cubano retiene, según el informe, entre el 75 % y el 95 % del salario pactado. A esa cifra se suman 1 576 millones de pesos (91 millones de dólares) en medicamentos cubanos adjudicados sin licitación competitiva internacional y otros 2 004 millones de pesos (115 millones de dólares) en 2025 solo en hospedaje, alimentación y transporte del personal médico.
El informe identifica además al menos 111 millones de pesos (6.4 millones de dólares) asignados de forma directa, sin licitación pública, entre 2022 y 2023, a Neuronic Mexicana S.A., representante en México del laboratorio cubano AICA, parte del conglomerado estatal BioCubaFarma.
Un exfuncionario de la Auditoría Superior de la Federación declaró que el entonces director de Birmex instruyó explícitamente beneficiar a esa empresa; hasta la fecha, ninguna autoridad mexicana ha abierto una investigación formal al respecto.
A esto se suma las más de 4 800 toneladas de «ayuda humanitaria» enviadas a Cuba desde febrero de 2026 y casi 35 millones de dólares para el programa Sembrando Vida en la isla, sin mecanismo independiente que verifique su destino final.
«Alimentos, medicamentos… tampoco hemos tenido claridad sobre cuáles han sido los destinatarios, a quiénes se les ha entregado o cuál ha sido la población atendida», dijo a Martí Noticias Liliana Obregón, directora de Gapac. La investigadora cree que la cooperación internacional debe distinguir entre las necesidades de la población civil y el respaldo institucional al Estado cubano.
La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana confirmó, en respuesta a una solicitud de información del diario El Universal, que el Gobierno cubano pidió que la información de la cooperación fuera clasificada como reservada durante cinco años.
El informe de Gapac y Consorcio Justicia conecta toda esta información con un cambio institucional más amplio en México: la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en 2024 dejó estos gastos sin el organismo que durante dos décadas pudo exigir su fiscalización.
Su sucesor, Transparencia para el Pueblo, no es autónomo —forma parte del gabinete del Ejecutivo—, opera con apenas 2.3 % del presupuesto que tenía el INAI y niega el acceso a la información, según el informe, en el 99.6 % de los casos.
La erosión de los contrapesos institucionales —favorecida además por «la captura de la mayoría legislativa» y la reforma al Poder Judicial que sometió a jueces a elección popular—, abrió un espacio que el régimen cubano, a través de Gaesa, «ha aprovechado para asegurarse recursos públicos mexicanos sin auditoría, sin debate legislativo y sin que la ciudadanía tenga forma de exigir información», sostienen los investigadores del informe.
