Óscar Pérez-Oliva, viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, anunció en el programa Mesa Redonda del 16 de marzo de 2026 que los cubanos residentes en el exterior podrán asociarse con empresas privadas dentro de la isla mediante diferentes modalidades empresariales y establecer alianzas con entidades tanto estatales como privadas.
El llamado «zar» económico de la isla comunista explicó que estas asociaciones no se limitarían a pequeños negocios. Según el funcionario, también podrían abarcar proyectos de mayor escala, incluidas infraestructuras y otras iniciativas empresariales de gran tamaño.
Pérez-Oliva añadió que las nuevas medidas contemplan, además, la participación de los cubanos en el exterior en el sistema financiero-bancario del país. Afirmó que quienes residan fuera de Cuba podrán abrir cuentas bancarias en divisas en bancos cubanos, como parte de una apertura —según la versión oficial— al ámbito de los negocios y las operaciones financieras desde la diáspora.
El viceprimer ministro, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, también adelantó que se prevé la entrega de tierras en usufructo para el desarrollo de proyectos productivos, con el objetivo de canalizar inversiones y experiencias de la diáspora hacia el sector agropecuario y otras áreas vinculadas.
Según el funcionario, estas medidas buscan ampliar las fuentes de financiamiento, dinamizar la economía y fortalecer los vínculos con la comunidad cubana fuera del país, en un contexto en el que —según afirmó— las posibilidades de comercio con empresas estadounidenses siguen condicionadas por las restricciones de las sanciones de EE. UU.
Horas antes de que la noticia fuera anunciada en la Mesa Redonda, la cadena de televisión estadounidense NBC News publicó una entrevista con Pérez-Oliva en la que el ministro también reveló que el régimen cubano permitirá a sus ciudadanos en el exterior invertir en el sector privado.
Estas declaraciones se dan apenas tres días después de que La Habana reconociera haber iniciado un diálogo con Washington, aunque lo negó durante semanas.
Según el funcionario, las medidas van «más allá de la esfera comercial» e incluyen «grandes inversiones, especialmente en infraestructuras» de sectores considerados prioritarios como el turístico, la minería y el energético.
«Cuba está abierta a tener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses» y «también con cubanos que residan en EE. UU. y sus descendientes», aseguró Pérez-Oliva durante la entrevista en La Habana.
Según la actual legislación, los cubanos residentes en el exterior no pueden ser socios de una micro, pequeña o mediana empresa (mipymes), aunque sí pueden participar en empresas extranjeras y mixtas.
El abogado y analista político Eloy Viera Cañive, director de elTOQUE Jurídico, analizó en su programa habitual Ahora Qué el anuncio realizado antes por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel durante una conferencia de prensa difundida el 13 de marzo en la que adelantó nuevas medidas para «acercarse a la migración cubana».
Según Viera Cañive, a primera vista, el anuncio podría interpretarse como un intento de normalizar la relación entre el Gobierno cubano y los millones de ciudadanos que viven fuera de la isla. Sin embargo, al observar el contexto aparece una contradicción: hace aproximadamente dos años el régimen aprobó nuevas leyes de Migración y de Ciudadanía que recogían varias de las demandas históricas de la diáspora, pero que hasta ahora no han sido publicadas en la Gaceta Oficial ni han entrado en vigor. Para el jurista, las disposiciones permanecen en una especie de limbo, lo que —a su juicio— sugiere que el régimen ha preferido mantener un alto grado de discrecionalidad para decidir qué derechos reconoce y a quién se los concede.
El abogado también señaló que la emigración cubana constituye uno de los principales soportes económicos externos del país. Las remesas, las recargas telefónicas, el envío de paquetes, las visitas y los gastos que realizan los emigrados dentro de la isla representan un flujo de recursos significativo, especialmente en medio de la profunda crisis económica. Por ello, añadió, no resulta casual que cada vez que la economía cubana entra en una fase crítica reaparezcan en el discurso oficial llamados a la reconciliación o al acercamiento con la emigración. Según el analista, el Gobierno suele administrar estos gestos «a cuentagotas» en una lógica de supervivencia política y económica: necesita el dinero que llega desde el exterior, pero al mismo tiempo desconfía del potencial político de la diáspora y evita reconocer o legitimar las formas de oposición que se articulan fuera del país.
