feminista con cartel

Foto: Ella Fernández

Represión a activistas: así responde el Gobierno cubano ante la emergencia por violencia de género

20 / marzo / 2023

El 8 de marzo de 2023, un pequeño grupo de feministas cubanas leyeron los nombres de las víctimas de feminicidio en Cuba en un espacio público en La Habana. La acción replica una tradición seguida en muchos países para recordar que las víctimas no solo son números, tienen un nombre, una historia y personas que las lloran. 

Una semana después, varias de esas activistas reportaron en sus redes sociales haber recibido, por vías informales, el supuesto castigo de engrosar la lista de personas «reguladas», un eufemismo usado para nombrar la violación al derecho de movilidad en Cuba. 

Al momento de la denuncia, ascienden a 18 las mujeres asesinadas por razón de género en 2023, según el subregistro de los observatorios independientes. Una cifra alarmante, de al menos dos casos cada semana, que hasta el momento no ha tenido una respuesta específica del Gobierno.

Estado de la violencia de género en Cuba

En la primera semana de febrero de 2023, activistas y organizaciones independientes solicitaron al Gobierno declarar el estado de emergencia por violencia machista, ante el aumento de feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas en la isla. En lo que va de año, y cuando aún no termina marzo, se registraron 7 asesinatos más que los verificados en igual periodo en 2022.

Como también sucedió con la petición de una ley integral contra la violencia de género, las activistas no han sido escuchadas y el Estado no ha tomado medidas excepcionales como se requiere en estos casos. 

El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) registró, en su Informe Anual de Feminicidios de 2022, 36 muertes por razones de género. Más de dos tercios (26 mujeres) fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Al menos 6 de los agresores, reporta la organización, tenían antecedentes de violencia machista, y para el resto de los casos, no se pudo verificar el indicador.

La cifra de agresores con antecedentes de violencia es esencial para conocer y fiscalizar el funcionamiento de las estructuras de prevención. Las capacidades de las activistas, que dependen de redes comunitarias y de la denuncia ciudadana para mantener los registros, son limitadas. Se necesitan datos oficiales, públicos y actualizados.  

Por otra parte, al menos dos casos en 2023 hablan de la ineficiente actuación de las autoridades para prevenir feminicidios. La muerte de Leydis Bacallao, de 17 años, en una estación de Policía y a manos de un agresor que había sido denunciado por su familia; y la de Nancy Peña, cuatro días después de que advirtiera por redes sociales el riesgo para su vida y la inacción de las instituciones ante las que lo había reportado. 

Al menos 24 de las 36 mujeres asesinadas en 2022 tenían personas dependientes, en su mayoría hijas e hijos. Dieciséis de ellas fueron agredidas en su hogar, en otros 15 casos no pudo verificarse el lugar de la agresión, pero es probable que también haya sido la propia casa.

Persecución del activismo feminista 

La importancia del activismo feminista para prevenir y atender la violencia de género es innegable. La primera plataforma virtual cubana para atender a las sobrevivientes desde un acompañamiento especializado, Yo Sí Te Creo en Cuba, es independiente. Los datos más actualizados sobre feminicidios, que se han incluido en reportes regionales, son independientes. 

Sin embargo, o quizá por eso, las feministas cubanas que trabajan de forma autónoma siguen siendo acosadas y hostigadas. Esta no es una historia reciente. 

En 1996 la Asociación de Mujeres Comunicadoras Magín, que pretendía cambiar la imagen de la mujer en los medios de comunicación, se disolvió en contra de la voluntad de sus creadoras luego de tres años de trabajo durante los cuales intentaron, sin éxito, legalizarse. Llegó a reunir entre 300 y 400 personas de diferentes provincias del país. 

En una entrevista concedida a Alas Tensas, Mirta Rodríguez, fundadora de la organización, contó: «Nos convocaron al Comité Central y nos dijeron que no siempre lo bueno era oportuno y que en el caso de Magín no era oportuno que siguiéramos actuando».

Marthadela Tamayo, activista feminista y por los derechos humanos, ha denunciado en varias ocasiones la violencia política que se ha ejercido contra ella. En noviembre de 2019, por ejemplo, era una mujer sitiada con una prohibición expresa de salir de su vivienda.  

En ese momento Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, impulsaba la campaña Unidas por Nuestros Derechos. La iniciativa buscaba tipificar la violencia de género en el Código Penal cubano ―hecho que se logró con limitaciones en la reciente reforma de 2022―. También pedían que se actualizaran de manera oficial los datos de los feminicidios y el cese de la violencia política contra defensoras de los derechos humanos dentro de la isla. Estas dos últimas demandas se mantienen.

En septiembre de 2020, la activista Sandra Heidl, conocida como Negra Cubana, anunció que se distanciaba del activismo al estar «siendo víctima de episodios graves de acoso por parte de las autoridades cubanas y de la Seguridad del Estado y de feministas blancas cubanas, además de hombres blancos cubanos que se autodenominan “feministas”».

El 24 de marzo de 2022, a las 10:40 de la noche, la activista feminista y periodista Marta María Ramírez recibió la «visita» de tres agentes de la Seguridad del Estado en la casa donde vivía con su hija de tres años. La intención de los agentes era evitar que asistiera a un conversatorio sobre violencia obstétrica, al que estaba invitada por un grupo de estudiantes de Comunicación Social. 

«Ya habían presionado a las organizadoras. Y vinieron a convencerme de no asistir. Les dije que iría si las muchachas lo hacían. Me dijeron que no me dejarían y que tendría vigilancia. Me presentaron al agente Ariel que me “atendería” a partir de ese momento. Las muchachas suspendieron el evento por sus presiones, en las que me nombraron “delincuente”», contó a elTOQUE sobre el hecho que también denunció en sus redes sociales. 

En fechas más recientes, trascendió la negativa, con respuesta represiva, de la solicitud de marcha por el 8 de marzo, realizada formalmente por activistas de la Red Femenina de Cuba. La petición fue presentada por las activistas Elsa Isaac, Zuleydis Pérez y María Elena Mir. Aun cumpliendo con todas las formalidades, dos de ellas ―Pérez y Mir― fueron detenidas e interrogadas en las propias instituciones donde suscribieron la solicitud. Isaac fue citada el 12 de enero por la Policía por recopilar las firmas necesarias para presentar la petición, y dos días después fue recluida forzosamente en su vivienda para imposibilitar su asistencia a las oficinas estatales. 

Mientras feministas cubanas sigan siendo reprimidas, acosadas o sufriendo cualquier forma de violencia estatal por su activismo, será lógico cuestionar el compromiso del Gobierno cubano para atender la violencia de género.

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