El más reciente Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos documentó un amplio patrón de violaciones y restricciones de derechos fundamentales en Cuba durante 2024. El reporte, elaborado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, señaló desde desapariciones forzadas hasta represión trasnacional y sistemática contra periodistas, activistas y ciudadanos comunes.

El reporte del Departamento de Estado señaló que las autoridades recurrieron a supuestos delitos «contra el orden constitucional» y de «propaganda enemiga» como pretexto para acosar y detener a quienes ejercían la libertad de expresión. La represión incluyó ataques físicos, detenciones y presiones que, en algunos casos, forzaron el exilio de periodistas independientes.

En su informe, el Departamento de Estado incluyó casos de violencia e intimidación contra periodistas cubanos en el exilio, entre ellos el de José Jasán Nieves, editor general de elTOQUE. En junio de 2024, Nieves denunció que agentes de la Seguridad del Estado le enviaron mensajes amenazantes por WhatsApp, uno de los cuales era un video que sugería que vigilaban su hogar en Estados Unidos.

En junio, el periodista Julio Aleaga Pesant fue multado con 3 000 CUP por «propaganda enemiga» debido a publicaciones en redes sociales en las que criticaba la falta de derechos en la isla. Según el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), entre enero y septiembre se registraron 99 detenciones arbitrarias, 179 acciones agresivas y amenazas, 126 agresiones físicas y 36 casos de artistas, reporteros, activistas, presos políticos y líderes religiosos encarcelados o bajo arresto domiciliario por ejercer la libertad de expresión.

El acoso también alcanzó a corresponsales extranjeros, a quienes se negó acceso o se presionó para evitar que publicaran reportajes críticos mientras estaban en Cuba. El informe no mencionó ningún caso específico.

El reporte criticó que el Gobierno cubano «no tomó medidas creíbles» para identificar y sancionar a los funcionarios responsables de abusos. Como ejemplo, citó un informe publicado por la ONG Cubalex, que documenta 56 muertes ocurridas entre enero de 2022 y enero de 2024 en centros de detención o bajo custodia de las autoridades. De acuerdo con testimonios de familiares, medios de comunicación y otras ONGs, una de las principales causas de las muertes fue el uso excesivo de la fuerza.

Uno de los casos más graves fue el de Roleívis León, quien falleció el 7 de enero de 2024 en un hospital de Colón, Matanzas, tras recibir una golpiza de funcionarios penitenciarios mientras realizaba una huelga de hambre. Según Cubalex, las investigaciones oficiales carecieron de transparencia y, en varios casos, manipularon las causas de muerte para encubrir la responsabilidad estatal, algo que, consideran, refuerza una «cultura de impunidad» en la isla.

Por otra parte, el informe denunció que el Gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC) limitaron de manera reiterada el debate público sobre temas considerados políticamente sensibles. El Departamento de Estado escribió que la entrada en vigor, el 1 de octubre, de la Ley de Comunicación Social, incrementó el control estatal sobre la información, los medios y las redes sociales.

Un año marcado por el descontento y la represión

Decenas de cubanos recurrieron en 2024 a la protesta pública para externalizar su descontento con las políticas del régimen y con la crisis generalizada. Pero las muestra de desobediencia social tanto en las calles como en las redes sociales fueron reprimidas por el poder.

Desapariciones forzadas y violencia en prisiones

Aunque no se confirmaron desapariciones forzadas prolongadas, sí se reportaron numerosos casos de desapariciones de corta duración. Activistas y manifestantes fueron retenidos en lugares no registrados, sin que las autoridades informaran a sus familiares. Esto ocurrió especialmente después de las protestas en Santiago de Cuba, en marzo de 2024, motivadas por la escasez de alimentos y cortes eléctricos. Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de Cuba y Justicia 11J documentaron estos casos.

Pese a que la ley prohíbe el arresto y la detención arbitraria y reconoce derechos como el habeas corpus, el informe afirma que, en la práctica, estas garantías no se respetan. Activistas y familiares de opositores fueron objeto de registros domiciliarios y arrestos bajo cargos como desorden público, desobediencia o desacato.

La legislación exige que la policía entregue un informe de detención con fecha, lugar, causa y registro de objetos incautados, pero, según el reporte, las autoridades suelen ignorar este requisito. Muchos detenidos no reciben información sobre los cargos en su contra y se les impide comunicarse con abogados o familiares.

En varios casos, personas fueron retenidas más allá de los plazos legales sin investigación formal. Durante el año, medios independientes reportaron más de 684 arrestos tras protestas. 

Aunque la ley prohíbe estas prácticas, existen informes creíbles de que funcionarios del Gobierno cubano las emplearon. Organizaciones como Justicia 11J, Prisoners Defenders, Cubalex, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaron que miembros de las fuerzas de seguridad y sus agentes hostigaron, intimidaron y agredieron físicamente a defensores de derechos humanos, activistas prodemocracia, disidentes políticos y manifestantes pacíficos, actuando con total impunidad.

Algunos detenidos y presos sufrieron abusos físicos y amenazas de agresión sexual por parte de funcionarios penitenciarios o de otros reclusos instigados por los guardias. Pese a que la ley prohíbe la coerción durante los interrogatorios, la policía y otras fuerzas de seguridad utilizaron tácticas agresivas, abusos físicos, amenazas y hostigamiento durante las entrevistas.

La represión siempre ha sido la misma

La mayoría de los periodistas independientes que han sido reprimidos en Cuba en los últimos años no han sido procesados ni judicializados. El régimen ha utilizado su poder para doblegarlos mediante la extorsión.

Varios detenidos afirmaron que los oficiales los intimidaron con amenazas de prisión prolongada, pérdida de la custodia de sus hijos, prohibición de salir del país y otras represalias. Algunas ONGs reportaron casos de funcionarios que golpearon e insultaron a prisioneros mientras estaban inmovilizados.

Uno de los incidentes documentados ocurrió el 4 de abril en la prisión de Boniato, Santiago de Cuba, donde, según Prisoners Defenders, siete guardias golpearon a Ibrahim Domínguez Aguilar, uno de los manifestantes del 11 de julio en Contramaestre.

La impunidad fue generalizada: no se registraron casos conocidos de enjuiciamiento contra funcionarios del gobierno por abusos de derechos humanos, incluidas la tortura y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante.