Cuba llega a 2023 sumida en una crisis política y económica que afecta de forma diferenciada a las mujeres: se complejizan las tareas de cuidado, se expanden las brechas socioeconómicas y se limita la participación en la vida pública.
Por otra parte, mientras el Gobierno se enfocó durante 2022 en reformas legislativas como vía para abordar el problema de la violencia machista, la sociedad civil independiente movilizó acciones y debates que posicionan el acceso a la justicia, la reparación y el acompañamiento a las sobrevivientes como una prioridad a atender.
También han sido significativos los esfuerzos de activistas y asociaciones independientes para visibilizar el impacto de la violencia de género cuando no se cuentan con datos oficiales. Además, resaltan las denuncias de la violencia estatal y política con sesgo de género contra quienes disienten, en un contexto de mayor represión de la protesta ciudadana.
Justicia y reparación: las deudas del caso Bécquer
En diciembre de 2021 el trovador Fernando Bécquer fue denunciado, de forma pública y legal, por varios delitos sexuales. Los cinco primeros testimonios publicados en el medio independiente El Estornudo abrieron un Me Too cubano que se extendió durante casi todo 2022.
El caso expuso al menos tres deudas importantes del Gobierno cubano con las víctimas de violencia machista: acceso seguro a la justicia, acompañamiento y reparación.
La denuncia se mantuvo en la agenda pública como una presión constante para que las sobrevivientes pudieran acceder a la justicia, gracias al activismo feminista, la constancia de las propias denunciantes organizadas en el colectivo Juntas y la cobertura de diversos medios independientes.
Sin embargo, el juicio no llegó hasta octubre de 2022. Según trascendió en un primer momento mediante reportes de la prensa estatal e independiente, Bécquer fue condenado a 5 años de limitación de libertad como sanción subsidiaria de la privación de libertad. La sentencia que muchas personas consideraban poco severa para delitos cometidos por más de 20 años luego se conoció que era menor.
El 12 de enero de 2023, el Tribunal Municipal Popular de Centro Habana revocó la sanción de limitación de libertad que cumplía el trovador y dispuso que debía cumplir los tres años y cuatro meses de sanción, impuestos mediante sentencia firme, «en régimen interno, en un establecimiento». Era la primera vez que la ciudadanía conocía, de manera oficial, cuál era el tiempo impuesto.
La decisión de recluir a Bécquer llegó después de que publicara desde sus perfiles en Facebook dos letras de canciones con contenidos machistas, violentos y que laceran la dignidad de las mujeres. Las publicaciones provocaron la indignación ciudadana ante la impunidad que parecía disfrutar el trovador y, por primera vez, la condena pública explícita de un grupo de instituciones cubanas: Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Instituto Cubano de la Música (ICM), Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).
Durante los diez meses que demoró en llegar la audiencia, varias de las sobrevivientes y quienes las acompañaron denunciaron el acoso sufrido por perfiles que suponen del propio Bécquer y de personas cercanas. Sin embargo, no obtuvieron respuesta estatal o protección especial, como solicitara la plataforma YoSíTeCreo en Cuba.
Varias de las denunciantes debieron afrontar la sensación de impunidad y desprotección que supuso el silencio de las instituciones en torno al caso, y muy pocas pudieron acceder a apoyo legal y psicológico.
Los servicios de acompañamiento integrales resultan insuficientes y hasta hace poco más de un año se limitaban a experiencias como la del Centro Óscar Arnulfo Romero, ubicado en La Habana; el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, en Matanzas; y el Centro Cristiano Bartolomé G. Lavastida, en Santiago de Cuba.
El 5 de noviembre de 2021 se anunció la apertura de Consejerías para el Tratamiento a la Violencia, con sede en las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia que tiene la Federación de Mujeres Cubanas en cada municipio del país. Esto debía suponer una mayor cobertura de una estructura especializada y multidisciplinar, pero hasta el momento no se dispone de información pública sobre sus resultados.
Por otra parte, especialistas han apuntado que no todos los espacios abiertos por la FMC disponen de los profesionales que se necesitan para brindar apoyo psicológico y legal, sino que cumplen la función de dar las primeras orientaciones. Tampoco se cuenta con un protocolo que estandarice la atención en todo el país.
Con el caso Bécquer también quedó clara la urgencia de reconocer el activismo feminista independiente como parte de las estrategias y acciones para prevenir y atender la violencia de género en Cuba. Las capacidades de organización, de trabajo comunitario y en red de la sociedad civil han sido un valioso recurso en diferentes países de la región; posibilidades desaprovechadas por el Gobierno cubano al criminalizar su autonomía.
Código de Familias: otro recurso para atender la violencia familiar
En septiembre de 2022 quedó aprobado, tras un polémico referendo, un nuevo Código de Familias. Para el activismo feminista y LGBTIQ+, la legislación supuso el reconocimiento de derechos largamente postergados como el matrimonio igualitario y la protección legal a una mayor diversidad de familias.
Las feministas cubanas, además, durante el tiempo que duró el debate ciudadano lograron posicionar otras demandas asociadas a la violencia de género. Por ejemplo, desde 2021 la plataforma de acompañamiento a las víctimas de violencia machista Yo Sí Te Creo en Cuba, en coordinación con medios de prensa independientes, lanzó en redes sociales y espacios digitales la campaña #FinAlMatrimonioInfantil.
La iniciativa buscaba visibilizar el impacto de las uniones tempranas en las que se encuentran una de cada cuatro niñas cubanas. Aunque la mayoría de las uniones son informales, una parte contaba con respaldo legal bajo la antigua legislación de familia. En el nuevo Código finalmente quedó establecida la prohibición de que menores de 18 años contraigan matrimonio, sin excepciones.
Otras demandas estaban conectadas con regular la prevención y atención a otras manifestaciones de violencia machista que ocurren en el ámbito familiar.
En este sentido, uno de los aspectos más significativos es la disposición de la tutela judicial urgente en los casos de violencia intrafamiliar. A ella pueden recurrir las víctimas de cualquiera de los tipos de violencia señalados por el propio Código.
También se establece que «la acción para la reparación de los daños e indemnización de los perjuicios por los hechos de discriminación o violencia en el ámbito familiar es imprescriptible».
Otro avance es el reconocimiento del derecho al cuidado. Aunque todavía existe una omisión sobre la responsabilidad gubernamental para garantizar su ejercicio, que recae nuevamente en el espacio privado o familiar. Este vacío tiene más peso en una crisis acelerada por fenómenos demográficos como el envejecimiento de la población y la emigración; además de la crisis económica que hace cada vez más difícil los cuidados.
Cambios legislativos: la justicia más allá de lo punitivo
El Código de Familias no fue la única legislación que reguló aspectos relacionados con la atención a la violencia de género en el país.
La nueva Ley 143 de 2021 «Del Proceso Penal», en vigor desde enero de 2022, trajo varios cambios favorables para facilitar el acceso a la justicia de las sobrevivientes.
Por ejemplo, la legislación contempla la grabación de la declaración o denuncia de la víctima frente a las autoridades y que esta fuera consultada en el juicio oral para evitar la revictimización. También se puede solicitar la protección cautelar en cualquier fase del proceso.
Por su parte, el nuevo Código Penal, en vigor desde el primero de diciembre de 2022, recoge varias modificaciones relacionadas con la violencia de género.
Entre ellas está la posibilidad que tiene el tribunal de incrementar en un tercio el límite máximo del marco legal de la sanción que corresponda, en el caso de los delitos cometidos como resultado de la violencia de género o la familiar.
También permite imponer la sanción accesoria de prohibición de acercamiento a la víctima o persona perjudicada, sus familiares y personas allegadas, que había sido incluida en la Ley del Proceso Penal y el Código de Procesos.
Otro cambio favorable es que no se requiera de la condición de víctima para formular la denuncia que da inicio al proceso penal. Cualquier persona está obligada a denunciar hechos de este tipo.
Sin embargo, cabe señalar que el enfoque que se mantiene es punitivista, sin considerar otras sanciones accesorias como puede ser la reeducación de los agresores. La experiencia internacional y las estadísticas apuntan que penas más altas no garantizan una disminución del delito ni facilitan las denuncias, menos si no se acompañan de otro tipo de acciones restitutivas.
Una ley integral de violencia de género, como se ha solicitado, posibilitaría estrategias más centradas en la prevención, abriría caminos para la reparación social y para la justicia restaurativa; así como para guiar de forma articulada otros cambios legislativos.
El Código Penal tiene además importantes vacíos: no tipifica el feminicidio como delito ni incluye formas específicas de violencia como el ciberacoso y la violencia obstétrica. La incidencia de estas violencias en la sociedad cubana solo ha sido registrada de manera parcial por la sociedad civil.
Las estadísticas de la sociedad civil
La web del Observatorio Científico de Cuba sobre Igualdad de Género —anunciada desde finales de 2021— debe estar disponible en el primer semestre de 2023, según las autoridades. Su objetivo es brindar información sobre el tema en la isla, pues hasta el momento los datos sobre violencia machista son escasos.
Ante la ausencia de estadísticas oficiales actualizadas —las cifras más recientes fueron recopiladas por la Encuesta Nacional de Género en 2016—, la sociedad civil independiente impulsa iniciativas propias para visibilizar la dimensión del problema.
La mayoría de los reportes se consideran subregistros, dado el alcance limitado de las asociaciones independientes para recopilar información. Sin embargo, logran mantener el tema en la agenda pública y sobre todo exponer formas de violencia menos atendidas.
En 2022 destacó la investigación sobre violencia obstétrica Partos rotos, presentada en julio de ese año por un grupo de periodistas independientes cubanas quienes recopilaron los testimonios de más de 500 mujeres. El proyecto fue reconocido por la Red Global de Periodismo de Investigación entre las ocho mejores investigaciones de América Latina en 2022.
Según anunció Claudia Padrón Cueto, una de sus autoras, en 2023 esperan lanzar la segunda parte.
Días después de publicada la investigación, el 3 de agosto, medios estatales de prensa anunciaron la próxima ejecución de un proyecto piloto para la atención al parto respetuoso, a implementar en en el Hospital General Universitario «Camilo Cienfuegos», de Sancti Spíritus, y en el Hospital Docente Ginecobstétrico «Ramón González Coro», de La Habana.
Entre los esfuerzos independientes para generar datos e información sobre violencia en Cuba, resalta el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), revista feminista cubana; y el Observatorio de Feminicidios de la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, desde 2019, con datos «corroborados con el apoyo de observadores independientes, activistas y periodistas».
En 2022 OGAT reportó 34 feminicidios en el país, mientras el año anterior, el informe anual daba cuenta de 36 casos. Las estadísticas recogidas por Alas Tensas han sido incorporadas recientemente al Mapa Latinoamericano de Feminicidios.
Junto a los reportes, las feministas han denunciado de forma reiterada la necesidad de que el Gobierno atienda de forma urgente la petición de crear refugios para las mujeres, así como de una ley integral contra la violencia de género.
En el año que cerró también fue lanzado el informe «Casa Escucha: Violencias basadas en Género en Cuba 2019-2020» que logró recopilar el testimonio de más de 400 mujeres como parte del proyecto Ministerio de Mujer a Mujer y De Hombre a Hombre.
Las cifras recogidas en el documento confirman que el hogar continúa siendo el lugar más inseguro para las mujeres, donde la violencia alcanza el 77 % de los casos.
También fue significativa la publicación en 2022 del informe Toda violencia es política: Guía sobre la violencia política contra las mujeres en Cuba, elaborado por la Alianza Cubana por la Inclusión (ACI). La investigación recoge los testimonios de 62 mujeres pertenecientes a organizaciones políticas, de la sociedad civil, así como a grupos defensores de los derechos humanos en la isla.
Violencia política con sesgo de género
Ninguna de las reformas legislativas mencionadas o políticas públicas gubernamentales hace referencia a la violencia estatal y política que sufren las mujeres cubanas que participan en la vida pública del país fuera de las instituciones. Tampoco es lógico pensar que estos hechos estarán recogidos en los reportes que ocasionalmente brinda el Gobierno cubano a organismos internacionales.
El informe de ACI recoge que el 96.8 % de las mujeres entrevistadas considera que está expuesta a la violencia política solo por el hecho de ser una mujer activista o una mujer que hace vida de lo público.
Entre los tipos de violencia política que refieren, el 93.8 % identificó que enfrentó violencia psicológica, seguido de un 43.8 % que vivió violencia física.
De las 62 mujeres entrevistadas, el 71 % manifestó haber sufrido violencia en las redes sociales. Asimismo, siete de cada diez mujeres activistas declararon haberse abstenido de publicar algo en sus redes sociales por miedo a que las amenacen o las violenten por su forma de pensar.
La plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba ha identificado, por su parte, diferentes formas de violencia política con sesgo de género en Cuba. Entre estas: detención de familiares para coaccionar de forma vicaria a la persona que disiente; y condicionamiento de ayuda social, asistencia médica o de empleo, con la participación en la represión política a personas en situación de vulnerabilidad como madres solas.
Asimismo, la criminalización del ejercicio del periodismo independiente, respaldada por el Código Penal vigente, supone un acoso y hostigamiento sistemático contra estos profesionales, y afecta de forma diferenciada a las mujeres.
Ante la represión, la sociedad civil ha buscado alternativas propias de cuidado y protección. Este es el caso de Casa Palanca, un proyecto que busca crear el primer lugar seguro de trabajo, refugio y ocio en Cuba para mujeres periodistas independientes que así lo necesiten. Iniciado en enero de 2022, el proyecto fue lanzado a través de una campaña de crowdfunding.
Por otra parte, la violencia estatal se ha hecho más pública desde las masivas manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, al alcanzar a madres y familiares de manifestantes. Entre el 29 de septiembre y el primero de octubre de 2022, la violencia estatal tuvo otro momento crítico tras las protestas ocurridas en esas fechas.
En las fotografías y videos que documentaron las manifestaciones están las voces y cuerpos de mujeres, muchas de ellas madres, cerrando las calles ante la continua precarización de la vida y las labores de cuidado. Las imágenes difundidas en medios y redes sociales registran también la represión vivida en esos días.
En la madrugada del 2 de octubre de 2022 en la esquina Línea y F, Vedado, Hillary Gutiérrez fue tomada por el cuello, minutos antes de su detención, y Esmeralda Cárdenas Hidalgo, quien había salido en su defensa, fue golpeada por una persona que se cree sea un agente paramilitar cubano. El momento ha quedado como una de las instantáneas más dolorosas y significativas de las protestas.
La plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba cuestionó a través de sus redes por qué los sucesos no preocupaban al Gobierno. «Esos hombres, sean civiles o militares encubiertos, tienen como mínimo que ser objeto de una investigación, incluso con basamento en las maltrechas leyes cubanas. Y, como ciudadanía, tenemos derecho a saber, porque fue un hecho público y notorio», enfatizaron.
ACI además advierte que «la situación de mujeres y disidencias sexuales se agrava en los penitenciarios, donde carecen de condiciones elementales y se reportan castigos específicos por motivos políticos y de género como cancelación de llamadas telefónicas y visitas familiares, colocación en lugares alejados que dificultan la visita familiar, desconocimiento de la identidad de género, entre otros», apunta el reporte.
Por una ley integral
Con las etiquetas #LeydeGéneroYa y #TenemosNombres, la Red Femenina de Cuba lanzó en noviembre de 2022, a través de las redes sociales, una nueva campaña por una ley orgánica de protección integral contra la violencia de género en Cuba.
La solicitud que se ha mantenido en la agenda del activismo feminista en los últimos años fue presentada en 2019 por 40 ciudadanas cubanas, ante cuatro representantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Hasta el momento, el Gobierno no ha incluido la ley en el cronograma legislativo, trazado hasta 2028. En sustitución, promulgó una «Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y en el escenario familiar». El documento es hoy la principal referencia del protocolo gubernamental frente al problema.
El primer taller de evaluación de la Estrategia se realizó el 5 de diciembre en La Habana. Durante el evento, Teresa Amarelle Boué, presidenta de la FMC, única organización femenina legítima para el Gobierno, reconoció que la mayor debilidad radica en la atención a las víctimas; es decir, brindarles el acompañamiento y la reparación que necesitan.
Para ello, los asistentes al encuentro creen que hace falta mayor sensibilización y formación de policías, maestros, médicos, juristas y personal que se relaciona directamente con sucesos y víctimas. La deficiente preparación de los actores ha sido denunciada por sobrevivientes y activistas, quienes apuntan a la revictimización como una de las causas de su desconfianza en el sistema institucional.
En el taller se anunció que en febrero de 2023 deberán concluirse cambios en los programas de estudio de primer año de la carrera Ciencias Médicas, que incluirán contenidos de género y violencia en la formación de pregrado, «para lograr profesionales capaces de detectar y tratar el problema».
Información ofrecida por la dirección de Protección a las Familias y Asuntos Jurisdiccionales de la Fiscalía General de la República apunta que solamente en los servicios de atención personal a la ciudadanía de la institución fueron recibidas, entre enero y octubre de 2022, 28 915 mujeres, el 55 % de las personas que utilizaron esa vía.
Un total de 240 casos estuvieron relacionados con presuntos hechos de maltratos o actos violentos contra la mujer y la vulneración de sus derechos. Además, fueron radicadas 464 quejas y peticiones de mujeres que alegaron ser víctimas de violencia en cualquiera de sus manifestaciones. La violación del derecho a la integridad física y moral alcanzó el 40 %.
También se constata en las denuncias inconformidad con la investigación de procesos penales, así como desacuerdo con medidas cautelares incongruentes con la gravedad de los hechos.
Ello habla de la necesidad de servicios de atención integral a las víctimas con profesionales formados en género; de fiscalizar el sistema judicial para evitar revictimización; y garantizar formas de reparación que trasciendan lo punitivo, como siguen reclamando las feministas cubanas.
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