El 20 de julio de 2026 fue publicada la propuesta «Cuba Transformación» (cubatransformación.com), elaborada por cinco economistas cubanos. El documento propone una hoja de ruta de tres fases para transformar la economía cubana . La primera de ellas está enfocada en la estabilización y la implementación de medidas de emergencia, propone 20 objetivos específicos y 81 medidas prioritarias que se pondrían en marcha en un horizonte aproximado de tres años.
La selección de las medidas siguió una metodología propia. La propuesta parte de una visión del modelo económico e institucional al que se quiere llegar con las transformaciones, un diagnóstico de la crisis en la isla, cuatro supuestos sobre el escenario político e internacional, tres fases de transformación y nueve criterios de priorización. Uno de esos criterios es la posibilidad de movilizar los recursos financieros necesarios: se favorecieron medidas que pudieran apoyarse en recursos disponibles o razonablemente obtenibles mediante acceso al crédito, llegada de inversión, generación o ahorro de divisas, reasignación de recursos internos, flexibilización de las sanciones y asistencia internacional.
Como ocurre en todo proceso de transformación estructural y ajuste económico, existe una brecha temporal entre los costos y los beneficios: las correcciones de precios y de las tasas de cambio, la reestructuración empresarial, los cambios en los subsidios y la reasignación del empleo pueden generar costos y tensiones inmediatas, mientras que el aumento de la producción, el empleo, los ingresos y el bienestar suele materializarse de forma gradual. El financiamiento resulta indispensable para cubrir esa transición y evitar que el peso del ajuste vuelva a recaer sobre todo sobre los hogares.
En la propuesta se precisan las prioridades que debería marcar el uso del financiamiento: proteger los hogares vulnerables y compensar a los trabajadores afectados por la reestructuración empresarial; evitar nuevas pérdidas del poder adquisitivo de las pensiones y los salarios públicos; sostener subsidios y servicios esenciales; financiar programas de alimentación, salud y energía; garantizar importaciones esenciales, en especial: combustibles e insumos productivos; y apoyar la recuperación inicial de la capacidad productiva y de la infraestructura.
La propuesta plantea cubrir esas necesidades mediante una combinación de ahorro y reasignación de recursos internos, venta de activos, inversión privada y extranjera, recuperación de las fuentes de divisas y financiamiento externo. A continuación, se explican siete fuentes de financiamiento consideradas.
1. Ahorro fiscal y aumento de los ingresos públicos
Una parte importante del financiamiento deberá obtenerse dentro de Cuba. Sin embargo, la propuesta no recomienda profundizar una austeridad que siga reduciendo salarios, pensiones, salud, educación y protección social. Cuba ya ha experimentado un ajuste por empobrecimiento, mediante la inflación y la caída del valor real del gasto público y de los ingresos de los hogares. El ahorro fiscal debe surgir principalmente de la reestructuración de empresas estatales que operan con pérdidas, la eliminación de transferencias automáticas y subsidios empresariales improductivos, la focalización gradual de subsidios y la reasignación del gasto hacia prioridades sociales y productivas.
También se propone incorporar a la arquitectura fiscal civil las operaciones de todas las entidades estatales, incluidas las empresas controladas hoy por Gaesa. Esas entidades deberían contribuir al presupuesto mediante impuestos, dividendos y transferencias.
Al mismo tiempo, la expansión del sector privado formal, la reducción de la informalidad, el crecimiento del turismo, la agricultura, el comercio y los servicios y la inversión de la diáspora ampliarían la base tributaria. Incluso, después de aplicar las reducciones que se proponen en las tasas impositivas que hoy penalizan el empleo y la formalización, una economía más activa y formal podría generar mayores ingresos fiscales.
2. Venta de activos estatales y privatización selectiva
La venta ordenada de activos estatales y los procesos de privatización parcial podrían generar ingresos extraordinarios desde la primera fase. Esos recursos no deberían utilizarse para financiar de manera indefinida el gasto corriente, sino canalizarse hacia un fondo extraordinario de financiamiento de emergencia, el cual tendría como prioridad la protección de los hogares vulnerables, la compensación y reconversión de trabajadores y la recuperación de sectores como la energía, la agricultura, el transporte, la salud y la infraestructura básica.
Esa vía incluye activos controlados por Gaesa. La fragmentación del conglomerado permitiría transferir empresas y operaciones a estructuras civiles, integrar sus ingresos al presupuesto y vender selectivamente activos a empresas privadas nacionales, cooperativas, empresas mixtas e inversionistas extranjeros. Cualquier operación debe contar con valoración independiente, licitaciones competitivas, identificación de los beneficiarios finales, auditorías y mecanismos contra la corrupción. La privatización no debe convertirse en una transferencia opaca de patrimonio público a grupos con acceso privilegiado.
3. Levantamiento de sanciones
Una flexibilización sustancial de las sanciones económicas es indispensable para la viabilidad de las propuestas presentadas para la primera fase. Ello no constituye una transferencia financiera directa, pero modificaría de manera decisiva las posibilidades de financiamiento. Facilitaría el acceso a remesas, turismo, inversión, combustibles, comercio, sistemas internacionales de pago y crédito externo. También reduciría los costos y riesgos de las transacciones financieras y permitiría una participación más amplia de la diáspora, en especial de los cubanos residentes en Estados Unidos.
Para atraer inversión extranjera en la escala necesaria es imprescindible reducir la incertidumbre jurídica asociada a las propiedades confiscadas después de 1959. La propuesta plantea suspender el Título III de la Ley Helms-Burton, habilitar un acuerdo bilateral global sobre reclamaciones —que incluya también las de los nacionales cubanos cuyas propiedades fueron confiscadas sin compensación— y establecer mecanismos transparentes y fiscalmente sostenibles de restitución o compensación. Mientras no se avance en la solución de esas reclamaciones, persistirá un riesgo jurídico que limitará la inversión, la privatización de activos y la recuperación económica.
4. Recuperación del turismo
En un escenario en el que se produzca un cambio en la política de sanciones, el turismo tendría un papel inmediato. Cuba dispone de una amplia capacidad hotelera subutilizada y el turismo es probablemente el sector con mayor capacidad instalada para responder con rapidez a una recuperación de la demanda. Su rehabilitación permitiría generar divisas, ingresos fiscales y demanda para la agricultura, el transporte, la gastronomía, los servicios y las empresas privadas. Parte de las divisas producidas por el sector podría financiar su suministro energético y sus inversiones en generación solar y almacenamiento.
5. Inversión extranjera y capital de la diáspora
La inversión extranjera puede aportar no solo capital, sino también tecnología, acceso a mercados, capacidades de gestión y empleo. Para reactivar esos flujos, la propuesta plantea sustituir autorizaciones discrecionales por procedimientos generales de registro, reducir plazos y trámites, permitir la contratación laboral directa, abrir oportunidades en instituciones financieras no bancarias y establecer mecanismos confiables de arbitraje y solución de controversias. La diversificación de países e inversionistas sería esencial para evitar una nueva dependencia excesiva en la economía estadounidense.
La diáspora constituye una fuente relevante para la fase inicial. Muchos cubanos residentes en el exterior disponen de capital, experiencia empresarial, conocimientos profesionales y redes comerciales que podrían apoyar empresas privadas existentes o nuevos emprendimientos. Si, en efecto, se avanza en la libertad de empresa, en mayor seguridad jurídica, en el acceso al mercado cambiario, y se mejoran los pagos internacionales, el capital familiar y de pequeña y mediana escala puede movilizarse con mayor rapidez y asumir mayores riesgos que los grandes proyectos internacionales (que en su mayoría esperarán por cambios económicos e institucionales más profundos).
6. Reinserción en las instituciones financieras internacionales y reestructuración de la deuda
La incorporación o reincorporación de Cuba al Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF constituye otra fuente fundamental. Estas instituciones podrían, de forma paulatina y en diferentes horizontes, proporcionar financiamiento para la estabilización, la balanza de pagos, la infraestructura y los programas de desarrollo. También aportarían asistencia técnica y apoyo para reconstruir las capacidades estadísticas, fiscales, monetarias y administrativas del país. Su participación reforzaría la credibilidad del programa y facilitaría la movilización de recursos de otros Gobiernos, bancos de desarrollo e inversionistas.
La propuesta plantea, en paralelo, iniciar la reestructuración de la deuda externa. La reestructuración no representa por sí misma la entrada inmediata de dinero, pero permitiría disminuir la presión del servicio de la deuda, preservar recursos para la recuperación económica y social y comenzar a restablecer la solvencia y la reputación financiera del país. Sin una normalización de las relaciones con los acreedores y sin estadísticas transparentes sobre deuda, reservas y balanza de pagos, Cuba difícilmente podrá recuperar el acceso estable al financiamiento internacional.
7. Financiamiento internacional de emergencia
La primera fase no podrá financiarse solo con recursos internos e inversión y créditos externos. Cuba enfrenta en simultáneo carencias críticas de energía, alimentos, medicamentos, agua, transporte e infraestructura, mientras la capacidad fiscal del Estado se encuentra erosionada con severidad. Por esa razón, la propuesta plantea la necesidad de contar con un financiamiento internacional de emergencia que sea un puente para alcanzar condiciones mínimas de funcionamiento económico: permitiría respaldar importaciones esenciales, acuerdos temporales de suministro de combustibles, generación eléctrica de emergencia, protección social focalizada y la recuperación inicial de capacidades productivas estratégicas.
Esos recursos también alimentarían el fondo extraordinario de financiamiento de emergencia, administrado de forma separada del presupuesto ordinario. El fondo podría recibir financiamiento de instituciones financieras internacionales, Gobiernos, bancos de desarrollo, donaciones, créditos concesionales y aportes de la diáspora, además de ingresos procedentes de la venta de activos estatales.
