La Corte Suprema de Estados Unidos dictó el 23 de junio de 2026 una decisión de amplio alcance en materia migratoria al resolver el caso Blanche vs. Lau. Estableció que los agentes de Inmigración en los puertos de entrada no necesitan contar con pruebas «claras y convincentes» de que un residente permanente legal haya cometido un delito descalificante antes de tratarlo como una persona que solicita admisión al país.
La decisión, adoptada por una mayoría de seis votos contra tres, fortalece la capacidad de los funcionarios fronterizos para impedir temporalmente el reingreso de titulares de la llamada green card mientras se determina su elegibilidad para ser admitidos en Estados Unidos.
La opinión mayoritaria fue redactada por el juez Clarence Thomas, quien concluyó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) no impone a los agentes fronterizos la carga de demostrar mediante pruebas claras y convincentes que un residente permanente ha cometido un delito que afecte su admisibilidad.
Según Thomas, ese estándar probatorio proviene de precedentes administrativos aplicables a procedimientos de deportación, pero no a las decisiones iniciales que deben adoptar los funcionarios migratorios en la frontera.
Origen del caso
La controversia surgió a raíz de la situación de Muk Choi Lau, ciudadano chino y residente permanente legal en Estados Unidos.
En junio de 2012, Lau intentó regresar al país después de un viaje al extranjero. Un mes antes, había sido acusado en Nueva Jersey de vender mercancía falsificada valorada en casi 300 000 USD.
Aunque los residentes permanentes normalmente tienen derecho a reingresar al país tras viajes breves al extranjero, la legislación contempla excepciones para quienes hayan cometido determinados delitos considerados de «depravación moral», categoría que incluye conductas como fraude, robo u otros actos deshonestos.
Basándose en esa excepción, los agentes migratorios permitieron a Lau ingresar mediante una figura conocida como parole, pero aplazaron la decisión definitiva sobre su admisión.
Un año después, Lau se declaró culpable de falsificación de marcas comerciales y fue condenado a dos años de libertad condicional. A partir de esa condena, el Departamento de Seguridad Nacional inició procedimientos para su expulsión del país.
Lau sostuvo que los agentes migratorios habían actuado incorrectamente al momento de su reingreso y que debió haber sido admitido como residente permanente, lo que habría obligado al Gobierno a seguir un procedimiento distinto para intentar deportarlo.
Revés para la Corte de Apelaciones
Tanto un juez de inmigración como la Junta de Apelaciones de Inmigración rechazaron los argumentos de Lau. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito falló a su favor y sostuvo que los agentes fronterizos debían disponer de pruebas claras y convincentes antes de negar la admisión a un residente permanente.
La Corte Suprema revocó ahora esa decisión.
La mayoría consideró que nada en la legislación vigente exige semejante estándar probatorio en el contexto de una inspección fronteriza y afirmó que los funcionarios migratorios pueden considerar que un residente permanente está solicitando admisión desde el momento en que existan indicios de que ha cometido un delito de depravación moral, incluso si la condena penal se produce posteriormente.
Thomas señaló, además, que imponer esa carga probatoria dificultaría la labor de los agentes encargados de adoptar decisiones rápidas en los puntos de entrada al país.
Fuerte disidencia
La decisión encontró una firme oposición en el ala liberal de la corte.
La jueza Ketanji Brown Jackson redactó una opinión disidente respaldada por Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
Jackson sostuvo que la interpretación adoptada por la mayoría reduce significativamente las garantías que acompañan el estatus de residente permanente legal y otorga al Gobierno una discrecionalidad excesiva.
A su juicio, la ley exige que las autoridades cuenten con pruebas suficientes antes de privar a una persona de los beneficios inherentes a su residencia permanente.
La magistrada advirtió que la decisión permite que residentes permanentes sean colocados en una especie de «limbo migratorio» basándose únicamente en acusaciones penales aún no demostradas.
«Es un principio fundamental de nuestro sistema: toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad», escribió Jackson.
La jueza destacó, además, que ser reclasificado como solicitante de admisión puede tener consecuencias significativas, incluida la detención migratoria, pérdida temporal de derechos asociados a la residencia permanente e, incluso, dificultades para mantener autorización de empleo.
Posibles implicaciones
La decisión podría tener efectos importantes para millones de residentes permanentes legales en Estados Unidos.
A partir de este fallo, los agentes migratorios dispondrán de un margen más amplio para considerar que un residente permanente está solicitando admisión al país cuando existan acusaciones relacionadas con delitos que afecten su admisibilidad, sin necesidad de contar con el elevado estándar probatorio exigido en los procedimientos formales de deportación.
Los defensores de la decisión sostienen que esa interpretación facilita el control fronterizo y se ajusta al texto de la legislación migratoria vigente.
Sus críticos, en cambio, consideran que debilita las protecciones jurídicas históricamente asociadas a la residencia permanente legal y aumenta el riesgo de que personas aún no condenadas sean privadas temporalmente de derechos fundamentales como la presunción de inocencia, atendiendo exclusivamente a su condición migratoria.
