El régimen de Cuba publicó el 25 de mayo de 2026 el Decreto Presidencial firmado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que formaliza el indulto a más de 2 000 personas presas anunciado en abril como un gesto hacia el Vaticano, pero deja fuera a cientos de personas que cumplen condena por motivos políticos.
Se trata de un «indulto total y definitivo» a un extenso grupo de sancionados por tribunales de todo el país, una medida que el propio decreto califica como «gesto humanitario y soberano» vinculado a las celebraciones de Semana Santa. A inicios de abril, algunos medios extranjeros vieron en el anuncio un supuesto indicio de apertura y de beneficio a los presos políticos en el contexto de las presiones de EE. UU. contra el régimen del Partido Comunista.
Sin embargo, tras una comparación preliminar, aunque exhaustiva, del listado incluido en la Gaceta Oficial con una base de datos sistematizada por elTOQUE e información de organizaciones independientes de derechos humanos, solo hemos podido verificar a dos detenidos por motivos políticos entre las personas beneficiadas con el indulto: Ivan Leydis Acosta Matos (sic), residente en la provincia Guantánamo, y Kevin Lay Laureido Rojas (municipio especial Isla de la Juventud).
Según Prisoners Defenders, Acosta Matos es un joven de 25 años que fue arrestado en junio de 2023 «tras manifestarse de manera pacífica contra el Gobierno de Cuba en un espacio de esparcimiento y recreación».
El decreto lo relaciona con dos causas: la «20/2023 del Tribunal Municipal Popular de Baracoa» y la «153/2021 de la Sala Cuarta de lo penal del Tribunal Provincial Popular La Habana».
Por otra parte, Kevin Lay Laureido Rojas era considerado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) una persona presa por motivos políticos tras ser detenido y enjuiciado por «abandonar una unidad militar donde fue ingresado a la fuerza», luego de que se negara a cumplir el Servicio Militar. Según el listado del indulto, estaba relacionado con la «Causa 7/2025 del Tribunal Militar Región Isla de la Juventud».
El indulto consiste en la remisión total o parcial de la pena impuesta a una persona condenada mediante sentencia judicial firme. No elimina el delito ni borra la condena, por lo que la persona indultada mantiene sus antecedentes penales y conserva la condición de condenado.
El decreto no especifica los delitos por los que fue sancionada cada persona, ni el tiempo de pena que tenían cumplido. El preámbulo del documento menciona que para otorgar el indulto se tuvo en cuenta «las características de los hechos cometidos, su conducta durante el cumplimiento de la sanción y el tiempo extinguido de la pena», pero no ofrece criterios objetivos. Esto impide conocer explícitamente si el indulto prioriza ciertos tipos penales o si se aplicó un estándar uniforme.
Cuando fue anunciado en abril, las autoridades indicaron que estarían excluidos del beneficio quienes cometieron «delitos contra la autoridad», una descripción atribuible a cargos de desobediencia, desacato y atentado, utilizados en Cuba para enjuiciar a personas por motivos políticos.
Recibieron el indulto personas juzgadas por tribunales municipales y provinciales de prácticamente todas las provincias del país: desde Pinar del Río hasta Guantánamo, pasando por La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín, Granma y Santiago de Cuba. También aparecen causas tramitadas por tribunales militares de múltiples regiones y por el Tribunal Especial de la Isla de la Juventud.
La medida representa un alivio concreto para las familias de los sancionados en un país cuyo sistema penitenciario está en precarias condiciones y con múltiples denuncias de violaciones de los derechos de los reclusos, registradas por organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas.
Sin embargo, la exclusión de la gran mayoría de las personas presas por motivos políticos —cuyo número estiman entre 700 y más de 1200, según diversas ONG—, posterga los reclamos de justicia de cientos de familias cubanas.
«El listado oficial confirma la falta de voluntad política del régimen para reparar el daño causado, comenzando por la liberación de los presos políticos; no quiere atender el clamor de sus familias ni escuchar las exigencias de las organizaciones de derechos humanos», dijo a elTOQUE, Yaxys Cires, director de estrategia del OCDH.
Para el abogado y activista, «el único y verdadero gesto en la coyuntura actual sería la liberación inmediata de todos los presos políticos».
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