¿Qué migrantes cubanos en Rusia tendrán que firmar un contrato con el ejército si quieren regularizarse?

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Foto de referencia / Yasmin Peyman / Unsplash.

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Un nuevo decreto presidencial firmado por Vladímir Putin el 5 de noviembre de 2025 introdujo una exigencia inusual para la regularización de migrantes masculinos en Rusia. A partir de ahora, muchos de los extranjeros que aspiren a obtener la residencia permanente o la ciudadanía rusa deberán firmar un contrato con las Fuerzas Armadas. La medida, revelada por una investigación de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), apenas ha sido mencionada por los medios rusos, tanto estatales como privados; lo cual es altamente inusual.

El Decreto 821 obliga a determinados solicitantes a presentar, como condición previa para regularizar su estatus, un contrato militar de al menos un año, un contrato con el Ministerio de Situaciones de Emergencia o un certificado que acredite su incapacidad para el servicio militar. Requisitos similares se aplican a quienes buscan la ciudadanía, salvo contadas excepciones. Aunque el texto del decreto señala que se trata de medidas «temporales», no establece algún plazo de vigencia para la medida.

Para Akif, un hombre de 48 años originario de Azerbaiyán, la nueva norma significó el final de un proyecto de vida. Llegó a Rusia hace cuatro años, se casó con Maria, ciudadana rusa, y juntos levantaron una pequeña granja en la región Nizhni Nóvgorod, donde crían ovejas, cabras y conejos. Akif había aprobado el examen de lengua rusa y contaba con residencia temporal. Todo parecía encaminarse hacia la estabilidad legal.

La sorpresa llegó en una oficina del Servicio Federal de Migración. Allí le informaron que, para solicitar la residencia permanente, debía firmar un contrato militar. La pareja decidió abandonar el país. «No sabemos qué hacer. Somos peones en una picadora de carne», dijo Maria, describiendo una sensación compartida por otros migrantes atrapados entre la guerra y el exilio.

Para los cubanos, la situación no es diferente. Las opciones de regularización son muy escasas una vez que pasan los 90 días de estancia permitidos bajo el acuerdo de exención de visado.

La residencia permanente en Rusia ofrece ventajas claves: permite entrar y salir del país sin visados adicionales y trabajar sin permisos especiales. Para muchos ciudadanos de antiguas repúblicas soviéticas, es el único camino real hacia la ciudadanía.

No todos los extranjeros están sujetos a la norma. Quedan exentos, por ejemplo, los llamados «especialistas altamente cualificados» y quienes solicitan la residencia por estudios. Pero la gran mayoría de los cubanos no migran con estas categorías. Tampoco se aplica a ciudadanos de Bielorrusia, aliado militar de Moscú. En el caso de Kazajistán y Moldavia, la exigencia rige solo para la ciudadanía, no para la residencia permanente. Existen, además, disposiciones específicas para los ciudadanos ucranianos.

Sin embargo, RFE/RL descubrió que ni siquiera los funcionarios de migración rusos entienden totalmente la medida. La aplicación del decreto está, por tanto, a discreción de cada funcionario.

Burxon, un joven de 24 años procedente de Tayikistán que trabaja en la región petrolera de Janti-Mansi, se enteró de la obligación de manera similar. «Le prohibí firmar el contrato», contó su padre desde Tayikistán a Azattyq Asia, la unidad de RFE/RL para Asia Central. La familia teme que la promesa de regularización termine en el frente de guerra.

Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, el Kremlin ha buscado soldados por múltiples vías. Tras la impopular movilización de septiembre de 2022, que provocó la huida de cientos de miles de rusos, las autoridades han recurrido a incentivos económicos, promesas de ciudadanía acelerada y presiones administrativas. Según estimaciones de agencias de inteligencia occidentales, más de 1 millón de soldados rusos han muerto o resultado heridos en el conflicto.

Algunos extranjeros han aceptado alistarse voluntariamente a cambio de dinero o de trámites simplificados. Los combatientes extranjeros, por ejemplo, no están obligados a aprobar el examen de lengua rusa para obtener la ciudadanía. Legisladores rusos, incluso, han debatido proyectos de ley para impedir la extradición de extranjeros que hayan luchado del lado ruso y sean reclamados por otros países.

En mayo, el jefe del Comité de Investigación (que vendría a ser algo así como el fiscal del Estado), Aleksandr Bastrykin, afirmó que al menos 20 000 hombres naturalizados procedentes de Asia Central combatían en el frente y que otros 10 000 habían sido enviados a cavar trincheras. En paralelo, se han registrado redadas masivas contra migrantes naturalizados, a quienes se amenaza con retirarles la ciudadanía si se niegan a firmar contratos militares.

La inteligencia ucraniana ha afirmado que más de 20 000 cubanos se han enrolado en el ejército ruso. Cifras más conservadoras calculan un número cercano a los 5 000. Hasta ahora, totalmente confirmados con pasaporte y contrato, hay poco menos de 2 000 nacionales de la isla que pelean o pelearon en la invasión.

Lo novedoso del decreto, señalan los analistas, es que extiende la presión a quienes aún no son ciudadanos. «En la mayoría de los países con servicio militar obligatorio, este se aplica a ciudadanos y, en raras ocasiones, a residentes permanentes», explicó Temur Umarov, investigador del Centro Carnegie Rusia Eurasia en Berlín. «Aquí estamos viendo algo distinto».

«Con estas reglas, el Gobierno ruso resuelve dos problemas: aumenta la movilización entre personas con limitada capacidad para defender sus derechos y hace que la migración a largo plazo sea menos atractiva», dijo Umarov. En el futuro, añadió: «los migrantes tendrán que venir a Rusia exclusivamente como mano de obra temporal».

Mientras tanto, el silencio mediático dentro de Rusia contrasta con el impacto real de la medida. En lugar de anunciar abiertamente una nueva vía de reclutamiento, los grandes medios se han limitado a hablar de procedimientos «simplificados» para quienes se unan al Ejército. 





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