El historiador, diplomático y politólogo cubano Juan Antonio Blanco Gil cuestiona en el dossier «Intervención en Cuba: ¿indeseable, preferible o imprescindible?», publicado por Cuba Siglo 21, varias de las principales narrativas utilizadas en el discurso oficial cubano sobre la soberanía, la intervención extranjera y la relación con Estados Unidos.
A lo largo del texto, Blanco desmonta ideas instaladas por el oficialismo, como que una intervención estadounidense equivaldría automáticamente a una invasión o a la pérdida de la soberanía nacional; que pedir apoyo externo constituye una traición a la patria; o que el pueblo cubano respondería de forma masiva en defensa del sistema político actual.
El análisis aparece en medio de un debate cada vez más visible dentro y fuera de la isla sobre las posibles salidas a la crisis cubana y el papel que podría jugar la presión internacional en un eventual cambio político. Los resultados de la primera encuesta de opinión a gran escala sobre Cuba, impulsada por elTOQUE y una coalición de más de 36 medios y organizaciones de la sociedad civil, mostraron un fuerte rechazo al sistema político vigente y respaldo a escenarios de cambio profundo, incluidos mecanismos de presión externa.
Según la encuesta, el 92 % de los participantes dijo sentirse «muy insatisfecho» con el Gobierno cubano y el 60.5 % de los encuestados dentro de la isla apoyó el derrocamiento del poder «por cualquier medio, incluida la vía armada». Apenas el 0.5 % defendió mantener el sistema actual.
En ese contexto, el dossier de Blanco revisa críticamente algunas matrices de opinión promovidas durante décadas por el poder en Cuba.
1. «Una intervención de Estados Unidos sería una agresión contra la soberanía cubana»
Blanco sostiene que la soberanía cubana dejó de existir plenamente desde que el sistema político eliminó la competencia electoral. «La soberanía nacional fue conculcada desde 1959 cuando la libre elección desapareció para instalar un partido único con poderes totalitarios», afirma el texto.
Desde esa lógica, el autor plantea que una eventual intervención no equivaldría a destruir la soberanía cubana, sino posiblemente a «restablecerla» mediante un proceso de transición política.
Informes internacionales también han cuestionado el carácter democrático del sistema cubano. En su evaluación más reciente, la organización Freedom House clasificó nuevamente a Cuba como un país «No Libre», señalando la ausencia de elecciones competitivas, restricciones severas a la libertad de expresión y represión contra la disidencia.
2. «Pedir ayuda externa equivale a traicionar la patria»
Uno de los ejes centrales del ensayo es el paralelismo con la guerra independentista de finales del siglo XIX. Blanco argumenta que líderes históricos como Máximo Gómez, Antonio Maceo y Tomás Estrada Palma terminaron promoviendo la participación estadounidense cuando consideraron que era imposible derrotar solos a España.
El analista recuerda que incluso estas figuras inicialmente reacias a una intervención cambiaron de postura ante el deterioro de la guerra y la crisis humanitaria. «Lo preferible entonces era vencer por medios propios. Pero a fines de 1896 comenzaron a considerar imprescindible la ayuda de Estados Unidos», resume el ensayo.
3. «Una intervención terminaría inevitablemente en la anexión de Cuba»
El análisis desea desmontar el temor anexionista y argumenta que hoy no existe un interés político real de Estados Unidos para incorporar a Cuba como territorio.
Para sostener esa idea, compara la Enmienda Teller con el capítulo II de la Ley Helms-Burton; argumenta que ambos marcos plantean una transferencia posterior del poder a un Gobierno electo por los cubanos.
4. «Una intervención militar significaría bombardeos indiscriminados y masacres»
Blanco defiende la idea de que las capacidades militares actuales permitirían operaciones «quirúrgicas» contra estructuras represivas específicas, una hipótesis que presenta como distinta a las guerras convencionales del siglo XX.
El académico plantea que el escenario «más probable y legítimo» para la isla sería una combinación entre protestas populares y ataques selectivos contra fuerzas represivas.
No obstante, aunque el dossier presenta este escenario como una hipótesis plausible, no ofrece evidencia de que exista actualmente una estrategia oficial estadounidense en esa dirección.
5. «El pueblo cubano resistiría masivamente una intervención extranjera»
El autor sostiene lo contrario: que el deterioro económico y social ha provocado una ruptura entre la población y el sistema político. «La idea de que los ciudadanos presentarán una “resistencia atroz” a quienes vengan a liberarlos de sus opresores es una fantasía anacrónica», señala.
En línea con los resultados de la reciente encuesta impulsada por medios independientes cubanos y organizaciones de la sociedad civil, otros estudios también reflejan un fuerte deterioro del respaldo ciudadano al sistema político cubano. El VIII Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y basado en 1 344 entrevistas en todo el país, reveló que el 92 % de los encuestados desaprueba la gestión del Gobierno cubano, mientras apenas el 5 % expresó una valoración favorable. El rechazo fue aún mayor entre los jóvenes de entre 18 y 30 años: solo el 3.39 % evaluó positivamente al sistema.
Plataformas independientes como elTOQUE y observatorios ciudadanos también han documentado un aumento sostenido de protestas antigubernamentales por apagones, escasez, deterioro de las condiciones de vida y falta de libertades.
La economía cubana acumula años de contracción, inflación y crisis de abastecimiento. Informes de la Cepal han situado a Cuba entre los países con peor desempeño económico de América Latina en los últimos años.
6. «Los problemas de Cuba deben resolverse únicamente entre cubanos»
En la publicación se cuestiona la viabilidad de una salida exclusivamente interna frente a un aparato estatal armado y altamente centralizado. «Nadie tiene derecho a solicitar a un pueblo desarmado, hambreado y sin recursos de conexión a Internet que salga a las calles a inmolarse frente a una maquinaria estatal brutal», sostiene.
Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta y restricciones sistemáticas a libertades fundamentales en Cuba. Hoy existen en el país más de 1 000 presos políticos, según los subregistros de independientes.
Blanco también desacredita las propuestas de diálogo político, al considerar que el Gobierno cubano utilizaría cualquier negociación para «ganar tiempo» y preservar el poder.
El historiador argumenta que ningún régimen autoritario abandona el poder únicamente por presión moral o negociaciones, y sostiene que la élite gobernante solo reaccionaría ante «una amenaza creíble de fuerza».
7. «El Gobierno cubano representa históricamente el antiimperialismo y la no injerencia»
El autor señala que esa narrativa se desmonta al revisar como el Gobierno cubano fue dependiente de la Unión Soviética durante décadas. Blanco recuerda la presencia militar y de inteligencia soviética en la isla y afirma que el sistema político cubano mantuvo una relación de subordinación con Moscú. «Muchos de los más furiosos antiestadounidenses de ahora fueron en el pasado fervorosos cuasi anexionistas al tratarse de la URSS», escribe.
Según indica el historiador, «el régimen cubano adoptó una política proinjerencista (podría decirse que rayana en el anexionismo) en favor de la URSS. Fueron sus líderes quienes hicieron la economía totalmente dependiente del mercado y subsidios soviéticos, sometieron a los funcionarios civiles y oficiales a su influencia, adoptaron sus mecanismos de censura totalitaria sobre la libre expresión. Por si fuese poco, entregaron parte del territorio nacional a su control absoluto para establecer enclaves militares y de inteligencia del ejército soviético (antes y después de la crisis de los misiles de 1962)».
8. «Los “americanos” y cubanoamericanos se apoderarán de la economía cubana para su exclusivo beneficio»
Blanco sostiene que, lejos de un escenario de «ocupación económica», la diáspora cubana sería uno de los principales motores de recuperación mediante inversiones familiares, pequeños negocios y generación de empleo.
Según el autor, durante décadas los cubanoamericanos han sostenido económicamente a familiares y amigos en la isla mediante remesas y ayuda material, pese a la estigmatización oficial. «Esos que el régimen cubano hasta hoy ha calificado como gusanos, mafia, odiadores y otras lindezas», escribe.
El dossier plantea que, con garantías para la propiedad privada y la inversión, parte de ese dinero dejaría de destinarse únicamente al consumo y pasaría a capitalizar negocios dentro del país. Cuba Siglo 21 estima que en los primeros tres o cuatro años posteriores a un eventual cambio político podrían entrar a Cuba alrededor de 40 000 millones de dólares en inversiones medianas y pequeñas provenientes de la comunidad cubanoamericana.
9. «Estados Unidos tendría que mantener económicamente a Cuba»
El autor rechaza la idea de que Cuba sería una carga económica para Washington tras un cambio político.
En su lugar, plantea un modelo basado en la diáspora cubana, la inversión privada y la cercanía geográfica con Estados Unidos. «El país no hay que reconstruirlo tal y como era en 1958, sino reinventarlo», subraya.
Según el ensayo, los principales recursos estratégicos de una futura transición serían «el capital humano, financiero y social» de la diáspora, la cultura emprendedora de los cubanos y la proximidad al mercado estadounidense.
10. «La política hacia Cuba responde solo a Marco Rubio y la “mafia de Miami”»
El dossier cuestiona la narrativa de que la actual política estadounidense hacia Cuba responde exclusivamente a intereses de la comunidad cubanoamericana o a la influencia personal del secretario de Estado de Estados Unidos, el cubanoamericano Marco Rubio. Blanco sostiene que esa idea ha sido promovida durante años por la inteligencia cubana para desacreditar posiciones críticas hacia el Gobierno de La Habana y presentar el conflicto bilateral como el resultado de presiones de un grupo particular y no de intereses políticos más amplios dentro de EE. UU., la diáspora cubana y una gran mayoría de residentes en la isla.
Según el autor, el discurso sobre la supuesta «mafia de Miami» busca generar rechazo hacia el exilio y restar legitimidad a figuras políticas de origen cubano dentro de las instituciones estadounidenses. «Presentar la política hacia Cuba como rehén de los caprichos ideológicos de un descendiente de cubanos (...) es un intento tan mediocre como desesperado», afirma el texto.
Entre las conclusiones, Blanco sostiene que la discusión sobre una eventual intervención o mayor presión internacional no surgió tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, sino que comenzó a tomar fuerza desde las protestas masivas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.
No obstante, según el ensayo, la Administración Trump sí podría modificar el escenario político porque Estados Unidos estaría ahora más dispuesto a abandonar la «coexistencia incómoda» con el Gobierno cubano, en un contexto en el que —afirma el autor— amplios sectores de la ciudadanía se sienten «abandonados» por la comunidad internacional.
El dossier refleja cómo temas que durante décadas permanecieron marginados en el debate público cubano —como la intervención extranjera, la legitimidad del sistema político o el papel del exilio— han comenzado a discutirse abiertamente en medio del deterioro económico, el aumento de la protesta social y la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones del Estado.
