Exclusión política y adoctrinamiento: otros límites de la educación en Cuba

Foto: Sadiel Mederos

Exclusión política y adoctrinamiento: otros límites de la educación en Cuba

30 / enero / 2024

Reniel Rodríguez abrió su canal de Youtube —Lunático debates— en abril de 2021. El set de grabación era su dormitorio. Vivía en Cárdenas, Matanzas. El joven —quien entonces tenía apenas 15 años—, desde su centro de operaciones, desarrollaba materiales para —según él— desafiar el adoctrinamiento ideológico que recibía en la escuela. Incluso, llegó a criticar el sistema de educación público cubano en su totalidad. 

«Lunático», como era conocido en los espacios virtuales, había hecho público su apoyo a la Marcha Cívica por el Cambio que convocó la plataforma cívica Archipiélago para el 15 de noviembre de 2021. Ese día, publicó un video en el que llamaba a los cardenenses a sumarse a la movilización. Salió vestido de blanco y con una rosa de igual color en la mano, según lo pactado por los organizadores de la iniciativa. Al poco tiempo, Rodríguez recibió una llamada de agentes gubernamentales en la que se le ordenaba regresar a su casa y eliminar el video. La presión familiar lo llevó a obedecer. La madre, según informó después a medios oficialistas, no estaba al tanto de las actividades de su hijo. 

El 17 de noviembre de 2021, mientras el joven estaba en su centro de estudios —el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) «Carlos Marx»—, un profesor le pidió salir del aula y lo guio a las afueras del centro. Allí lo esperaban fuerzas policiales para trasladarlo a una Escuela de Formación Integral (EFI) bajo la dirección del Ministerio del Interior (Minint). Los centros son conocidos porque internan a menores de edad calificados con «problemas de conducta social» o que han cometido algún delito. 

El hecho se difundió ampliamente en redes sociales. Con la complicidad de sus profesores, un adolescente había sido internado por expresar ideas políticas y participar en una acción pública pacífica. A este hecho le siguió una ola de indignación que, sumada a la presión de organismos internacionales, llevaron a las autoridades cubanas a liberar a Rodríguez. La represión no terminó ahí. 

En abril de 2023, el Observatorio de Libertad Académica (OLA) denunció que Reniel había sido expulsado del IPVCE. Durante un tiempo —cita la plataforma— sufrió las vejaciones de profesores y directivos que lo calificaban de «mancha» para el instituto. En varias ocasiones fue desacreditado por educadores e, incluso, fue agredido físicamente por un docente de Química, quien le propició un golpe en el pecho. Una última confrontación entre ambos llevó a su salida definitiva del centro educativo. 

El caso de Reniel no es único. La discriminación política y el adoctrinamiento en las escuelas es una realidad constatable. Testimonios que recopiló elTOQUE y el registro de organizaciones de la sociedad civil (Observatorio de la Libertad Académica) muestran un problema extendido en el sistema educativo cubano. 

Discriminación institucionalizada 

El 6 de junio de 1961, en el marco de la reforma educacional impulsada por el Gobierno de Osvaldo Dorticós —con Fidel Castro en el poder ejecutivo—, se dictó la Ley de Nacionalización de la Enseñanza. La normativa, considerada una adición a Ley Fundamental de febrero de 1959, suprimió la educación privada y los viejos métodos de enseñanza. A su vez, denunció la labor de centros privados —en su mayoría operados por órdenes religiosas católicas— que impulsaban entre sus pupilos «propaganda contrarrevolucionaria». El objetivo final era la consolidación de una «educación revolucionaria». 

En 2009, Miguel Díaz-Canel Bermúdez —entonces titular del Ministerio de Educación Superior (MES)— emitió la mítica frase «las universidades para los revolucionarios». La afirmación no quedó en la superficie de la retórica del oficialismo, sino que fue trasladada al marco jurídico. En mayo de 2022, el MES aprobó el «Reglamento del proceso docente y de dirección del trabajo para la carreras universitarias». La Resolución 47/2022 establece, entre otros aspectos, las normas y procedimientos que regulan el tránsito de los estudiantes desde la matrícula hasta el egreso. 

«La preparación integral de los estudiantes de las carreras universitarias, que se concreta en una sólida formación científico-técnica, humanista y de altos valores ideológicos, políticos, éticos y estéticos; con el fin de lograr profesionales revolucionarios». 

El documento, que sustituye resoluciones previas (2/2018 y 210/2007), aborda las directrices del trabajo político-ideológico en la formación de profesionales, el trabajo docente y las evaluaciones de profesores y estudiantes. El articulado del reglamento pone énfasis en la participación en actividades políticas, en objetivos de interés político y en la evaluación de la conducta política. Se trata de otra restricción de las libertades académicas y de los derechos humanos en el sector educativo.

En el capítulo VI «Bajas», el reglamento menciona la «pérdida de requisitos», la cual sucede por conductas del estudiantado que atenten contra los presuntos principios éticos y morales de la sociedad. También se habla de «baja definitiva», que aplica cuando el estudiante incurre en faltas graves recogidas en el Reglamento Disciplinario para los Estudiantes Universitarios. 

El reglamento disciplinario, aprobado a través de la Resolución 240/07, divide las indisciplinas estudiantiles en tres categorías: «menos grave», «grave» y «muy graves». Las faltas muy graves aluden a varias actitudes; a saber: «mantener una actitud o cometer un acto manifiestamente contrario a nuestro proceso revolucionario» o «no reverenciar los símbolos patrios ni cumplir con los demás deberes establecidos en la Constitución». 

Las faltas fueron los agravantes que «justificaron» la expulsión en 2017 de Karla María Pérez González de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV) en la cual cursaba la licenciatura en Periodismo. En ese momento, Karla era parte del movimiento opositor Somos+. En una misiva oficial, la UCLV declaró que la carrera tenía «un perfil ideológico» al que Karla obviamente no correspondía. 

El adoctrinamiento y los mecanismos institucionales de discriminación política no son exclusivos de la vida universitaria. Poco más de una década después de las controversiales palabras de Díaz-Canel, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, vice primer ministro del Ministerio de Educación (Mined) habló en marzo de 2022 sobre la necesidad de formar político-ideológicamente a niños y jóvenes para enfrentar, dijo, el «contexto actual de guerra no convencional». 

«En el currículo docente deben asegurarse espacios para conducir el razonamiento de los educandos hacia una concepción revolucionaria y crítica de la realidad cubana», afirmó el funcionario durante una reunión de balance. 

Un año más tarde, quedó aprobada la última versión del «Manual Nosotros» de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), organización encargada de agrupar a los centros de enseñanza media en Cuba. Con un total de 23 capítulos, la guía incluye en su cuerpo la misión de la entidad —que se dice «independiente», pero acepta la conducción política de la Unión de Jóvenes Comunistas—. También detalla los procesos orgánicos de la organización, los movimientos científicos, artísticos y deportivos del estudiantado, e incluso el ingreso a las Fuerzas Armadas (FAR) durante el Servicio Militar Activo para la supuesta defensa «de las conquistas de la Revolución». 

El propósito de la FEEM, según el texto, recae en «representar a sus miembros, conducirlos y agruparlos en torno a las tareas de la Revolución socialista a través del cumplimiento y la exigencia del estudio como principal deber». Quienes deseen pertenecer de forma voluntaria a la federación se comprometen a «defender, bajo cualquier circunstancia, a la Revolución y el socialismo». 

«Para el cumplimiento exitoso de su Misión, la FEEM desarrolla el trabajo político ideológico como vía fundamental para lograr la participación de sus miembros en las tareas de la Revolución, utilizando diversas formas e implementando disímiles movimientos, procesos y actividades», norma el artículo 18. 

En su código de ética, el manual agrupa las sanciones aplicadas al estudiantado en caso de incurrir en una o varias faltas. El artículo 136 define «indisciplina» el incumplimiento de los deberes y tareas de la organización y las «actitudes negativas» que afecten el funcionamiento de la federación o de la sociedad en general. El estudiantado puede enfrentarse a varias sanciones, incluida la separación indefinida —se aplica cuando el alumno traiciona «los principios de la Revolución (...), su conducta va en contra de la defensa de estos»—. 

La puerta que abrieron las redes

El acoso y la represión contra estudiantes por motivos políticos se ha hecho más frecuente en los últimos años, o al menos más visible. Una mayor presencia en redes sociales ha incidido en las formas de participación política de la ciudadanía cubana. 

Para Nathan, de 17 años, Facebook es su vía de escape, su red de contención. Su muro es el espacio en el que puede decir lo que piensa. «En mi Facebook no hay mentira», expresa el adolescente de La Lisa, quien cursa estudios en el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas «Vladímir Ilich Lenin». 

Sin embargo, su sinceridad ha desatado la molestia de varios profesores, entre ellos el de un subdirector del centro. Ha sido objeto de encuentros disciplinarios, reuniones y regaños innecesario que ponen en juego su entrada a la enseñanza universitaria, asegura. 

«Lo último que me dijeron fue que si posteaba algo de nuevo me botaban de la escuela». 

Yessica, de 16 años y residente en Plaza de la Revolución, habla de turnos de una hora en los que no dan «asignaturas de verdad». Son clases sobre cómo «combatir la desinformación». A su prima, residente en el municipio Playa, le sucede lo mismo.En la asignatura les explican el uso ideológico de las redes sociales y cómo saber cuándo rechazar cierta información «contrarrevolucionaria». Las «clases» están acompañadas de varios capítulos del programa oficialista Con filo. En uno de los programas, presentaron la lista de los «nuevos terroristas» publicada el 7 de diciembre de 2023 en la Resolución 19/2023 de la Gaceta Oficial —entre ellos estaba el youtuber Ultrack, conocido por hacer bromas telefónicas—. 

«Nos destartalamos de la risa. ¿Cómo podría ser ese un terrorista?», cuenta.

Yariel* —también del IPVCE «Vladímir Ilich Lenin»— habla de un compañero de clase. No dice el nombre. Aún faltan dos años para las pruebas de actitud del Instituto Superior de Relaciones Internacionales «Dr. Raúl Roa García», pero a este amigo le indicaron que no podrá presentarse a los exámenes. «Tiene un promedio excelente y es el más estudioso del aula», señala el muchacho de 15 años. El inconveniente, al parecer, es que su madre está en Estados Unidos. Ella constantemente postea en Facebook y lo etiqueta. 

Yariel revisa las redes sociales de su amigo y solo un post le llama la atención. «Uno que decía “ABAJO LA DICTADURA”. Al final creo que es lo mejor, él se dará cuenta de que es mejor no coger una carrera en la que te discriminan por algo que ni siquiera tú publicaste». 

Adoctrinamiento

Desde los primeros años escolares, las actividades curriculares y extracurriculares, los matutinos en fechas señaladas y las consignas responden a la interiorización de los llamados «valores revolucionarios». Los libros de texto normalizan las armas y las milicias. La mayoría de los lemas también son propaganda altisonante. Los turnos de «Reflexión y Debate» hablan de desinformación y fake news y de la guerra contra los periodistas «mercenarios» (independientes). 

Sin embargo, disímiles factores han erosionado la eficacia del sistema de adoctrinamiento político. Por una parte, la crisis sistémica ha golpeado los hogares y las aulas; por otra, con la prensa independiente y las redes sociales se han abierto otras fuentes de información para que la ciudadanía mire su realidad. 

Aunque en Cuba presuntamente se reconocen y defienden los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud —incluso, el Estado se adhiere a la «Convención de los Derechos del Niño»—, en el país no existe una ley de educación ni una legislación nacional que prohíba los castigos corporales de manera tácita ni otras formas de maltrato y discriminación en los centros de enseñanza. Tampoco se cuenta con políticas públicas dirigidas de forma específica a la prevención de la violencia escolar. 

Las políticas educativas, ejecutadas por el Mined, derivan de las directrices del Partido Comunista de Cuba y de la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ese vínculo ideológico deja desprotegidos a los estudiantes que disienten o que se posicionan de forma pública contra los dogmas del régimen.

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Alina B. Lopez Gonzalez

SIN PALABRAS. ESO LO CATALOGO COMO REPRESION A ADOLESCENTS Y JOVENES
Alina B. Lopez Gonzalez

Verdine Ranero

Para mí eso no es algo nuevo. No lo quiero expresar por esta vía porque es muy visible y el ciberspacio esta plagado de peces gatos, pero todo esto me produce un deja vou respecto a mi época de estudios y posterior etapa laboral. Conozco muy bien esta arista...
Verdine Ranero

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