El Ministerio del Interior cubano (Minint) publicó, el 7 de diciembre de 2023, en la Gaceta Oficial su Resolución 19/2023 en la que se nombra a un grupo de personas y entidades que el organismo considera «vinculadas a actos de terrorismo».

La resolución dispone que las 61 personas y 19 organizaciones señaladas pasen a formar parte de la «Lista Nacional de Terroristas». La mayoría de los mencionados están radicados en Estados Unidos (EE. UU.).

Dentro de las personas aludidas destacan nombres de lo que muchos denominan «exilio histórico» y que han apostado por la lucha violenta en contra del régimen del Partido Comunista. Entre ellos destacan Guillermo Novo Sampoll, Pedro Ramón Crispín Rodríguez y José Francisco Hernández Calvo. Los tres, de acuerdo con lo establecido en la resolución fueron acusados en las Causas 1, 2 y 4 de 1999, referidas a las explosiones que se produjeron en esos años en varios hoteles y centros turísticos del país.

También, dentro del grupo de anticastristas más longevos se encuentran los nombres de José Jesús Basulto León, Ramón Saúl Sanchez Rizo —quien recientemente enfrentó en una corte de inmigración de EE. UU. la posibilidad de ser deportado— y Santiago Álvarez Fernández Magriñá, este último reconoció haber abandonado la lucha violenta contra el castrismo y ha apostado por el apoyo al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en Cuba. Santiago Álvarez fue incluido en la lista por su supuesta participación en la organización de diferentes atentados contra Fidel Castro.

Lo más llamativo del listado es la inclusión de varios comunicadores e influencers. Dentro de ese grupo se encuentran algunos periodistas con un largo ejercicio e influencia en el exilio como Ninoska Pérez Castellón, incluida por estar acusada en el expediente 12/2010 que investiga actos de terrorismo cometidos en Cuba en la segunda mitad de la década del noventa y que fueron organizados desde EE. UU.

La lista incluye, además, a influencers de la nueva hornada como Alexander Otaola Casal, Eliécer Ávila, Liudmila Santiesteban (Liu Santiesteban), Manuel Milanés Pinzonero, Alain Lambert Sánchez (Paparazzi Cubano) y Jorge Ramón Batista Calero (Ultrack). De acuerdo con la resolución, todos estos influencers conjuntamente con el Director del Directorio Democrático Cubano, Orlando Gutiérrez Boronat y Eduardo Arias León, están acusados en el expediente 71/2021, «iniciado por incitar a la realización de acciones que afectan el orden social en Cuba, mediante actos violentos contra funcionarios públicos y el normal funcionamiento de entidades socioeconómicas; así como promover la agresión armada contra Cuba».

La influencer Ana Olema Hernández Matamoros es parte también de este listado, supuestamente se le acusa en el expediente 8/2020 por «financiar y ejecutar actividades dirigidas a desestabilizar el orden social en Cuba». 

Figuran otros activistas como Yamila Betancourt García (Yamila la Hija de Maceo) y Leo Juvier Hendrick, un cubano radicado en Bélgica que ha centrado su activismo en las instituciones europeas y en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El documento asegura que Yamila está acusada en los expedientes 41/2020 y 2/2023 por incitar, financiar y ejecutar hechos de sabotaje y acciones contra el orden constitucional en Cuba. Por su parte, Leo Juvier está acusado en el expediente investigativo 01/2021, iniciado por «incitar a la realización de acciones que afectan el orden social en Cuba, mediante actos violentos contra funcionarios públicos y bienes de significativa consideración social».

El Minint asegura, en su resolución, que tiene «motivos o bases razonables» y «elementos probatorios debidamente documentados» para incluir a estas personas y entidades en la «Lista Nacional de Terroristas».

No obstante, llama la atención que una resolución que fue firmada desde el 2 de noviembre de 2023 se publique en medio de la crisis mediática producida tras la detención de Manuel Rocha, exembajador estadounidense que, de acuerdo con el Fiscal General de los Estados Unidos, llevaba más de cuarenta años trabajando para los servicios de inteligencia cubanos; y luego de la reinclusión de Cuba en el listado de países patrocinadores del terrorismo.

Caso Rocha, de qué se le acusa y cómo podría ser procesado el exdiplomático de EE. UU.

La denuncia contra Rocha sostiene que desde 1981 apoyó y recopiló información de inteligencia, de forma secreta, para Cuba.

Es llamativo porque uno de los argumentos permanentes de la propaganda cubana para justificar el mantenimiento de agentes/espías cubanos infiltrados en EE. UU. ha sido la necesidad de proteger a Cuba del terrorismo que se gesta en aquel país. Bajo este argumento catalogaron como «luchadores antiterroristas» a los cinco espías cubanos que formaban parte de la Red Avispa.

Y ese es el mismo objetivo que se persigue ahora al publicar este listado: desviar la atención hacia la presencia en suelo estadounidense y europeo de personas que el régimen de La Habana considera «terroristas» y de los que supuestamente tiene que defenderse. La lista juega con la necesidad de insertar la matriz de que más que un país que sirve de refugio a terroristas, Cuba es un estado que se defiende del terrorismo gestado «impunemente», sobre todo, desde Estados Unidos.

En uno de los POR CUÁNTOS de la Resolución 19/2023 se expresa que una de las motivaciones de la normativa es la exhortación que ha hecho el Consejo de Seguridad de la ONU para que los Estados trabajen «de conjunto para prevenir y reprimir los actos de terrorismo, en particular acrecentando su cooperación y cumpliendo plenamente los convenios internacionales contra el terrorismo».

La utilización de una motivación como esa más que nada es un recordatorio de que la mayoría de los incluidos en la lista cubana de terroristas se encuentran en suelo estadounidense sin sufrir ninguna consecuencia. Una idea que está además ratificada con la inclusión en el listado de Alexander Alazo, el cubano que el 30 de abril de 2020 tiroteó la embajada cubana en Washington. 

Desde entonces, Alazo está detenido y ha sido procesado por las autoridades estadounidenses. Sin embargo, el Minint ha decidido incluirlo en este listado atendiendo a la teórica existencia en su contra de un expediente investigativo que pretende esclarecer y sancionar a los responsables de los mismos hechos por los que Alazo ya está siendo juzgado en suelo estadounidense. 

El listado no parece cumplir con fines represivos reales o intenciones de cooperación internacional. Persigue más que nada obtener un documento político que justifique la narrativa victimista del régimen comunista cubano. 

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