El juicio contra Alejandro Gil Fernández, ex viceprimer ministro de Cuba y exministro de Economía y Planificación, tendrá lugar en la mañana del 11 de noviembre de 2025, según informó el Tribunal Supremo Popular (TSP) en una nota publicada por los medios estatales de prensa.

De acuerdo con la escueta comunicación oficial, la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del TSP informó que el acto de juicio oral «de la causa en la que aparece como acusado Alejandro Miguel Gil Fernández» será a las 9:30 de la mañana.

Agregan que, «por razones de seguridad nacional», solo «asistirán al juicio las partes y las personas autorizadas por el Tribunal». La disposición parece ser una respuesta a la familia de Gil Fernández la cual, mediante las redes sociales de su hija, Laura María Gil González, pidió en días recientes «un juicio a puertas abiertas, donde participe todo el que desee, y sea televisado en vivo por la televisión cubana» y medios extranjeros acreditados en el país.

Gil González exigió para su padre un proceso «totalmente transparente y [que el Gobierno diera] información completa al pueblo» sobre el caso. Afirmó que Alejandro Gil «no reconocerá, bajo ninguna circunstancia, ningún delito que se le impute y que no se le sea debidamente verificado».

Captura de pantalla / Facebook.

Al anunciar la fecha del juicio, el TSP aseguró que, «en cumplimiento del debido proceso, los abogados y el acusado han tenido acceso al expediente y a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, y entregaron las conclusiones de la Defensa».

Alejandro Gil Fernández fue durante años uno de los hombres de mayor confianza del gobernante Miguel Díaz-Canel y uno de los rostros visibles de las fallidas políticas económicas del régimen cubano entre 2018 y 2024, sobre todo de la llamada «Tarea Ordenamiento» (2021).

Su cercanía con Díaz-Canel —designado por Raúl Castro para ocupar la presidencia de Cuba y el puesto de primer secretario del Partido Comunista— era tan estrecha que el mandatario fungió como tutor de la tesis doctoral de Gil y lo felicitó por su cumpleaños el 6 de febrero de 2024, aun cuando había sido destituido pocos días antes.

Sin embargo, un mes después, fue publicada una nota firmada por Díaz-Canel en la que se acusaba a Gil Fernández de cometer «graves errores» en el «desempeño de sus funciones» y se anunció una investigación en su contra que llevaría a cabo el Ministerio del Interior (Minint).

El 31 de octubre de 2025, —a pocos días de que el huracán Melissa devastara el Oriente cubano y tras casi 20 meses de silencio oficial sobre del funcionario—, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que, en el caso contra Gil y «otros imputados» cuyas identidades no han sido reveladas, «se solicitó responsabilidad por los delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos, infracción de las normas de protección de documentos clasificados, y sustracción y daño de documentos u otros objetos en custodia oficial».

Aunque la FGR comunicó que pedirá «sanciones privativas de libertad» para cada uno de los acusados, no especificó cuáles delitos corresponden solo a Gil Fernández ni la magnitud de la pena solicitada para el exalto funcionario.

Sin embargo, la hermana del exministro, la expresentadora de la televisión cubana María Victoria Gil, dijo a Martí Noticias que la Fiscalía solicitaría la pena de 30 años para Alejandro Gil.

«Ha bajado 50 libras, perdió todo el cabello y sufre una alopecia causada por el estrés», aseguró la hermana, residente en el extranjero, quien también dijo que el exministro está detenido desde hace más de un año en una prisión de máximo rigor en Guanajay, a medio centenar de kilómetros al oeste de La Habana.

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