Donald Trump firmó una orden ejecutiva el 23 de febrero de 2026 que revierte aranceles impuestos a varios países y bloques comerciales bajo el amparo de la International Emergency Economic Powers Act (Ieepa). Esa ley permite al mandatario adoptar medidas económicas extraordinarias cuando declara «emergencia nacional». Pero, la Corte Suprema de Estados Unidos limitó el 20 de febrero el alcance de esa facultad para imponer gravámenes de manera unilateral.
Entre los gravámenes eliminados están los que buscan presionar a países que exporten petróleo a Cuba. Con la nueva orden, esos aranceles —que habían sido impuestos hacía menos de un mes, el 29 de enero— dejan de aplicarse.
No obstante, la decisión no elimina las declaraciones de emergencia nacional que sirvieron de base para esas medidas, incluida la relacionada con Cuba a través de la Orden Ejecutiva 14380. Es decir, aunque se retiren los aranceles petroleros, Washington mantiene oficialmente la calificación del régimen cubano como «amenaza inusual y extraordinaria» para su seguridad.
En términos prácticos, ello significa que el andamiaje legal permanece intacto. El presidente conserva facultades amplias bajo la Ieepa para adoptar nuevas sanciones si considera que persisten las condiciones que justifican la emergencia. Por tanto, más que un cambio estructural en la política hacia La Habana, la medida representa un ajuste derivado del fallo judicial.
En medio de la crisis energética que atraviesa Cuba (marcada por apagones prolongados, déficit de combustible y caída en la generación eléctrica), la decisión abre varias interrogantes. Si los aranceles vinculados al envío de petróleo nunca llegaron a aplicarse, pues ningún barco se atrevió a llegar a la isla: ¿qué cambia realmente para el país? ¿Facilita esta medida que México o Rusia retomen o amplíen los suministros de crudo, o la vigencia de la «emergencia nacional» mantiene intacto el efecto disuasorio? Y más allá del comercio formal: ¿la eliminación de los gravámenes modifica el nivel de vigilancia y presión estratégica que Washington mantiene sobre las rutas energéticas en el Caribe?
En un escenario de fragilidad eléctrica y dependencia externa, la pregunta de fondo es si estamos ante un alivio tangible o ante un reajuste que deja intacta la arquitectura de presión sobre el régimen del Partido Comunista. Aunque el 25 de febrero Trump anunció que EE. UU. favorecerá la importación de petróleo venezolano destinado al sector privado en la isla, lo que también supone un giro en la aplicación de sanciones, la incógnita persiste: ¿será suficiente para impactar una matriz energética controlada por el Estado y sostenida por acuerdos políticos de alto nivel?
El efecto disuasorio de los aranceles que no se aplicaron
El abogado Eloy Viera, director de elTOQUE Jurídico, señaló en su espacio habitual de análisis Ahora Qué, el 24 de febrero de 2026, que aunque la orden ejecutiva de Donald Trump del 29 de enero de 2026 amenazaba con imponer aranceles punitivos a los países que suministraran petróleo a Cuba, esos gravámenes nunca llegaron a aplicarse de forma efectiva antes de ser anulados porque ningún petrolero se atrevió a llegar a la isla.
El experto subraya cómo la amenaza de sanciones tuvo un efecto disuasorio inmediato en varios de los proveedores que históricamente habían mantenido flujos de energía hacia la isla. México, por ejemplo, fue uno de los principales abastecedores de petróleo a Cuba en 2024 y 2025. Tras las advertencias de Trump, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum suspendió los envíos de crudo a La Habana.
Aunque Rusia, otro de los posibles proveedores alternativos, ha reiterado su solidaridad con Cuba y prometió brindar «asistencia material» a la isla —como ha hecho México—, no ha concretado envíos significativos de crudo desde finales de 2025.
La situación venezolana se ha vuelto aún más complicada tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 por fuerzas estadounidenses, lo que llevó a un cese total de los envíos petroleros desde Caracas —entre las principales fuentes de combustible para Cuba— en los meses previos a las amenazas arancelarias. Esto dejó a la isla en una posición de extrema vulnerabilidad energética.
Ahora que la figura arancelaria ha sido eliminada, el foco está en qué harán estos países: si retomarán o ampliarán los suministros, si buscarán mecanismos alternativos para sortear las advertencias o si mantendrán su cautela ante las presiones de Estados Unidos.
Por otro lado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 25 de febrero que permitirá la reventa de crudo y productos petroleros de origen venezolano al sector privado de Cuba para uso comercial y humanitario, mediante un sistema de licencias que autorizará específicamente estas transacciones, siempre que apoyen al pueblo cubano y no beneficien a entidades militares, de inteligencia o gubernamentales cubanas. Así lo explicó la OFAC en su página web al presentar la nueva política de concesión de licencias favorable a ese tipo de operaciones.
Vigilancia y control en el Caribe
Aunque se hayan eliminado los aranceles vinculados al suministro de petróleo a Cuba, la vigilancia marítima y las estrategias de presión de Estados Unidos continúan activas bajo la vigencia de la emergencia nacional y otros mecanismos de sanción. La Administración Trump no ha desistido de monitorear y controlar el movimiento de buques petroleros en el Caribe y más allá, ni ha abandonado operaciones destinadas a bloquear o interceptar envíos que considera contrarios a sus políticas de sanciones.
Un ejemplo reciente es la interceptación en el Caribe por parte de la United States Coast Guard del buque Ocean Mariner. El buque carguero zarpó de costas colombianas y declaró como destino a República Dominicana, pero la Guardia estadounidense detectó «un cambio de rumbo sospechoso hacia Cuba».
En los últimos meses, las fuerzas estadounidenses han interceptado múltiples petroleros sancionados incluso fuera del Caribe, en lugares como el océano Índico. El 24 de febrero de 2026, el Departamento de Guerra de EE. UU. anunció el abordaje del petrolero Bertha en esa región, alegando que la embarcación había tratado de evadir la cuarentena marítima impuesta sobre buques sancionados que operan con crudo venezolano o vinculado a Cuba.
Estas acciones reflejan que, lejos de un «bloqueo naval» formal —una figura que implicaría una guerra o estado de sitio legalmente declarado—, lo que Washington ejerce es una vigilancia intensiva y una aplicación extraterritorial de sanciones mediante la Guardia Costera, la Armada y mecanismos legales como las designaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Operaciones como las citadas se articulan dentro del marco de la emergencia nacional, que sigue permitiendo a EE. UU. justificar medidas de control sobre el tráfico marítimo que considera ilícito o contrario a su política de sanciones.
El analista Eloy Viera señala que esta capacidad de prolongar la presión incluso sin aranceles significa que la Administración Trump puede mantener un asedio petrolero sobre Cuba a través de la combinación de supervisión marítima, sanciones financieras y presión diplomática, dejando claro los límites de lo que la eliminación de gravámenes bajo la Ieepa representa en la práctica.
La emergencia nacional sigue como herramienta de presión
Una parte clave de la política de presión de Washington hacia La Habana no es nueva: la declaración de «emergencia nacional» respecto a Cuba ha estado vigente de forma continua desde 1996. Ese año, tras el derribo de las aeronaves de Hermanos al Rescate, el presidente Bill Clinton emitió la Proclamación 6867, declarando que las acciones del Gobierno cubano representaban una «amenaza». Desde entonces, ha sido extendida y modificada por sucesivas Administraciones sin interrupciones.
La emergencia se ha renovado en cada década, y en varios momentos se ha utilizado para ampliar o ajustar las herramientas de presión. Por ejemplo, las proclamaciones de 2004 y 2016 incluyeron disposiciones para negar apoyo económico al régimen cubano o regular el movimiento de embarcaciones relacionadas con el comercio con la isla. No se trata de una declaración ad hoc o temporal: es un marco legal que ha estado en vigor más de 30 años y que se ha mantenido incluso cuando cambian las prioridades de política exterior de Washington.
En la práctica, la vigencia de la emergencia nacional significa que las herramientas de presión de la Casa Blanca no desaparecen con la cancelación de un arancel. Más allá del comercio, esa declaración de emergencia permite al Gobierno estadounidense justificar sanciones financieras, restricciones de visas, controles sobre transacciones y el monitoreo del movimiento de embarcaciones relacionadas con Cuba.
Mucho antes de los aranceles impuestos por Estados Unidos a los países que suministran petróleo al régimen de La Habana. El sistema electroenergético de la isla estaba en
Mucho antes de los aranceles y aun antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Cuba ya arrastraba una crisis energética profunda: termoeléctricas obsoletas, falta de inversión, dependencia casi absoluta del crudo importado y apagones que venían escalando desde años previos. Es decir, la debacle eléctrica no nació con las presiones recientes de Washington, aunque estas hayan agravado un panorama deteriorado.
En ese contexto, la nueva flexibilización —que permite la importación de petróleo venezolano destinado al sector privado cubano mediante licencias— introduce un matiz, pero no altera el núcleo del problema. En un sistema donde la distribución de combustible, la generación eléctrica y la infraestructura estratégica siguen bajo control gubernamental, cualquier alivio parcial podría terminar diluyéndose en los mismos cuellos de botella estructurales. Así, más que un cambio de escenario, la medida parece abrir un margen limitado dentro de un esquema que continúa condicionado por licencias, supervisión y cálculos geopolíticos.
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