Las autoridades migratorias del Estado Plurinacional de Bolivia notificaron al cubano Magdiel Jorge Castro, el 19 de diciembre de 2022, una resolución en la que se decreta su expulsión del país. Jorge Castro se identifica como activista por los derechos humanos y la democracia. Desde su perfil de Twitter expresa sus ideas contrarias a las políticas del Partido Comunista de Cuba. 

Debido a su activismo en contra del régimen cubano, los aparatos de propaganda del archipiélago lo han catalogado como «protegido de la Casa Blanca que ataca a Cuba desde Bolivia». 

De acuerdo con las declaraciones que ofreció Jorge Castro luego de que le notificaran la resolución de «salida obligatoria» del territorio boliviano, la decisión de expulsión de las autoridades de Bolivia se debía:«[a mi] activismo en las redes sociales contra la dictadura cubana y las violaciones de derechos humanos que ocurren en mi país».

Las autoridades bolivianas arguyeron en la resolución notificada a Magdiel que la decisión de expulsión se basaba en el hecho de que el activista cubano había infringido «la normativa boliviana, alterando el orden público mediante redes sociales». 

En declaraciones exclusivas que ofreció el activista a elTOQUE Jurídico, aclaró que los funcionarios que le notificaron la decisión le preguntaron si podían grabar la conversación y le mostraron, además, un archivo en el que habían impreso muchos de sus tuits. 

El activista insistió también en que no había en sus publicaciones en redes alusión alguna a la política doméstica boliviana o a sus políticos y, por ende, no entendía cómo sus expresiones podrían entenderse como un atentado al orden público del Estado Plurinacional de Bolivia donde mantiene residencia legal.

La Ley de Migración boliviana, aprobada en 2013 bajo el Gobierno de Evo Morales, establece en el artículo 37 que «la persona migrante extranjera [que] incurra en actos que alteren el orden público» puede ser obligada a salir del territorio nacional previa sustanciación de un proceso administrativo. 

En ese sentido, la ley es ilustrativa, en tanto reconoce en el artículo 12.3 que el «derecho a expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones será limitado» por «razones fundadas de seguridad nacional y de orden público». También reconoce como una limitación a la libertad de expresión de los extranjeros en Bolivia la realización de «cualquier forma de propaganda política o injerencia interna a favor o en contra de conflictos armados internos o internacionales» o cuando en las expresiones se realicen apologías al «odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia».

Más allá de cualquier justificación legal que puedan haber utilizado las autoridades bolivianas para decretar la expulsión de Magdiel Jorge Castro de su territorio, lo que resulta evidente es que la «salida obligatoria» del país andino es una consecuencia de las expresiones del activista en sus redes sociales. Expresiones que mayoritariamente van dirigidas contra las políticas del régimen cubano y generan incidencia en un público que nada tiene que ver con la realidad boliviana o su seguridad.

Por esa razón, Magdiel Jorge Castro considera que su expulsión de Bolivia más que una determinación del Gobierno de Luis Arce es una decisión tomada desde La Habana. 

Una operación de colaboración internacional de este tipo no sería nueva. En otras oportunidades, regímenes aliados al cubano han demostrado la capacidad que tienen de articularse con su par en la isla para exportar la represión al disenso.

Varios han sido los activistas y opositores a los que Nicaragua les ha negado la entrada en los últimos meses a pesar de estar vigente el libre visado para los cubanos. Ahora, el Gobierno de Bolivia expulsa de su territorio a un cubano a quien le había otorgado previamente residencia. 

Además, la expulsión de Magdiel Jorge Castro se decreta luego de celebrarse en La Habana la XXII Cumbre del ALBA-TCP, en la que participaron, entre otros, el presidente boliviano Luis Arce. La reunión se celebró a puertas cerradas en el «Palacio de la Revolución» y su agenda no fue pública. 

Sin embargo, antes de la cumbre hubo una sesión especial ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y allí intervinieron algunos de los jefes de Estado que acudieron al cónclave. En ese espacio, Luis Arce reconoció que la «injerencia extranjera, la inestabilidad política y el irrespeto a la voluntad de las mayorías continúan siendo las principales amenazas que se abalanzan contra la región».

Asimismo, el ALBA como bloque de integración se había propuesto en diciembre de 2021 la creación de un Observatorio contra la Injerencia. Al momento de anunciarlo, la Secretaría Ejecutiva del organismo recordó que en la Cumbre por la Democracia, convocada por EE. UU., «se había hablado de dedicar 400 millones de dólares para la injerencia. Se dijo que sería entregado a las llamadas ONG, cuando en realidad cumplen la política exterior de esos Gobiernos». La Secretaría Ejecutiva anunció, además, que el Observatorio elaboraría un mapa sobre el destino de los fondos y la aplicación de las políticas injerencistas contra los países del área.

Magdiel Jorge Castro también insistió en sus declaraciones a elTOQUE Jurídico en que una de las intenciones fundamentales de la entrevista que sostuvo con funcionarios migratorios bolivianos era la de intentar relacionarlo con políticos y organizaciones no gubernamentales bolivianas. 

En julio de 2022 el medio oficialista cubano Cubadebate replicó un texto de su homólogo boliviano La Época sobre Magdiel Jorge. En el artículo se aseguraba que Jorge Castro estaba «vinculado con los comités cívicos y la ONG Ríos de Pie, financiada por Washington». También se aseguró —sin ofrecer prueba alguna— que trabajaba legalmente en «el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz, institución que puntualmente le paga para únicamente dedicar su tiempo a coordinar con organismos de Inteligencia y represivos yanquis para activar a la contrarrevolución externa y al interior de la isla, aun a costa de provocar sufrimientos a la población civil en medio de un bloqueo y una pandemia».

Jorge Castro asegura que negó ante las autoridades bolivianas los vínculos por los que se le acusa.

La expulsión de Magdiel Jorge Castro es demostrativa de lo imbricadas que están las estructuras gubernamentales y de represión de los regímenes más cercanos a La Habana. Estructuras que dicen luchar contra la injerencia externa, pero que terminan por ser fuentes de injerencia externa entre los aliados. 

De acuerdo con la ley boliviana, Magdiel Jorge Castro tiene tres días para presentar un recurso «revocatorio» contra la decisión de su salida obligatoria. El Reglamento de la Ley 370 establece que el recurso será resuelto por la persona que emite la resolución de salida, por lo que se erige en exclusiva como un recurso de alzada que apela a que la autoridad que ha tomado la decisión recapacite. El recurso debe resolverse antes de las 24 horas posteriores a su presentación. Después de notificada la resolución que resuelva el recurso de revocatoria, Magdiel Jorge tendría otros tres días para interponer «el recurso jerárquico» ante la autoridad administrativa que resolvió el recurso de revocatoria. Esta última tendría entonces que remitir la reclamación a su superior jerárquico, quien contará con cinco días para resolverlo.

La decisión de la autoridad jerárquica superior se remitirá a la Dirección General de Migración, institución que notificará en el plazo de 24 horas la decisión al expulsado. 

Si la autoridad jerárquica superior confirma la resolución que decreta la salida obligatoria del país, «la Dirección General de Migración deberá ejecutarla». 

Así es el procedimiento administrativo que deberá iniciar Magdiel Jorge Castro para combatir la decisión de su expulsión de Bolivia. Más allá de ese procedimiento expedito, siempre quedaría la posibilidad de intentar interponer alguna acción de amparo judicial que suspenda la decisión de expulsión.

No obstante, el activista se ha mostrado receloso y ha asegurado que no sabe si sea factible impulsar acciones legales que, a la postre, resolverá una institucionalidad que ha demostrado responder a intereses políticos definidos en La Habana.

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