The test of a first-rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in the mind at the same time, and still retain the ability to function
F. Scott Fitzgerald
El 20 de julio de 2026, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó Cuba: The Capital of 21st Century Communism. Es un documento de cerca de 100 páginas que presenta a La Habana como el articulador —durante casi siete décadas— de una red de espionaje, propaganda e influencia ideológica que se habría extendido desde las guerrillas latinoamericanas de los años sesenta hasta el movimiento Black Lives Matter, Antifa, el ala izquierda del Partido Demócrata e, incluso, Hamás y Hezbolá.
La reacción crítica fue amplia e inmediata. Los reparos dominantes señalaron tres elementos: a) que el informe exagera y descontextualiza hechos históricos para sugerir vigencia actual; b) que puede leerse como preparación discursiva para una escalada de sanciones o una agresión militar; y c) que funciona como instrumento de macartismo doméstico contra la izquierda estadounidense. Esas objeciones aparecen, con matices, tanto en analistas académicos de reconocida trayectoria como en el Gobierno cubano, que calificó el texto de «mediocre panfleto de propaganda».
Sin embargo, aunque esa crítica —mayoritariamente centrada en el carácter desmesurado y el uso instrumental del informe— tiene puntos atendibles sobre sesgos y (ab)usos potenciales de la narrativa del documento, tiende a pasar por alto un hecho que el texto denuncia: que existe en la academia y el activismo occidentales un comprobado sesgo ideológico estructural hacia posiciones favorables al relato oficial cubano, sostenido tanto por afinidad militante directa como por una inercia romantizadora de lo que llaman «la Revolución cubana». Un sesgo que ha dificultado el reconocimiento y la denuncia de la influencia política real —no imaginaria ni civilizacional, pero sí verificable— que el Estado cubano ejerce fuera de sus fronteras.
Este ensayo tiene dos objetivos. Primero, ponderar la validez de las denuncias centrales del informe del Departamento de Estado contrastándolas con los hallazgos de cinco organizaciones independientes al informe —Gapac, 4Métrica, el Observatorio de Libertad Académica (OLA), Cuba Archive y elTOQUE — que documentaron esa influencia antes de que el Departamento de Estado publicara su reporte. Segundo, proponer una hipótesis sobre las razones por las que diversos intelectuales minimizan, en sus respectivas respuestas al informe, la dimensión verificable del fenómeno.
Lo que el informe acierta y la evidencia independiente permite sostener
Antes de examinar la convergencia, es necesario separar dos afirmaciones que el informe del Departamento de Estado mezcla deliberadamente: (a) que el Estado cubano mantiene, desde 1959, una infraestructura activa de proyección política, propagandística y de alianzas —una forma de sharp power adaptada a un país con recursos materiales mínimos—, y (b) que esa infraestructura constituye una amenaza «civilizacional» que ha «gobernado la vida interior» de Estados Unidos y que explica fenómenos como el asesinato de George Floyd o el ascenso de la corriente socialista dentro del Partido Demócrata.
Si bien esta última es objeto de debate —y reconocible por su potencial uso político—, la primera afirmación tiene sustento empírico confirmado. Para ello, identificamos varios tópicos particulares: 1) Cuba representa un ejemplo único de poder asimétrico, con magra base material y enorme influencia exterior; 2) el Estado cubano ha articulado, por casi siete décadas, una red de aliados globales para proyectar esa influencia; 3) los sesgos izquierdistas dentro del maestrean académico e intelectual occidental minimizan el alcance de esa influencia cubana; 4) hay narrativas —como la del bloqueo— que operan como síntesis de la sinergia entre ese poder autoritario transnacionalizado y la invisibilidad y legitimación ilustradas.
Vamos al primer punto: sobre la desproporción entre recursos materiales e influencia política. El monitoreo de Gapac (Gobierno y Análisis Político A. C., México) documenta, edición tras edición desde 2025, que el régimen cubano «mantiene una capacidad de influencia que excede su peso económico y político real, fundamentada en una narrativa histórica robusta y en alianzas estratégicas con actores clave de América Latina». Su serie AlertaSharp —con informes bimestrales sobre sharp power cubano— describe la «activación coordinada de actores estatales y no estatales en América Latina y Europa» para sostener la legitimidad externa del Gobierno de la isla. Este es, en esencia, el diagnóstico estructural que abre el informe del Departamento de Estado norteamericano: que la relevancia de Cuba «no se basa en su economía ni en su poder militar, sino en su capacidad para construir y mantener alianzas, influir en movimientos y cultivar redes que han perdurado a lo largo de generaciones». La diferencia no está en el diagnóstico de fondo, sino en el tono, la escala atribuida y el uso político que cada texto le da.
Abordemos ahora la coordinación transnacional de actores solidarios. La investigación Red de apoyo al autoritarismo, de elTOQUE, documenta una red «político-intelectual-empresarial» —The People's Forum, el International People's Assembly, Progressive International, Code Pink— que actúa en concierto: organiza manifestaciones, produce medios «alternativos» que luego se colocan en medios corporativos, hace lobbying directo sobre la política exterior estadounidense (los casos citados de Acere y Belly of the Beast, creados para incidir en la política de Washington hacia Cuba) y ha actuado como «inhibidor» de la protesta cubana interna —por ejemplo, ocupando el espacio público en La Habana junto a brigadas progubernamentales durante las protestas de noviembre de 2021—. elTOQUE llega a una conclusión que el informe del Departamento de Estado reformula de manera hiperbólica pero no inventa: que ver esta red «como mera articulación de esfuerzos de activistas extranjeros solidarios e ideológicamente afines, o como una manifestación de soft power... sería distraer la atención» de su función coordinada de sostén al régimen.
Retomemos el tópico, tantas veces ignorado, del sesgo ideológico dentro de la academia. Aquí reside el punto que la crítica académica al informe tiende a eludir. El Observatorio de Libertad Académica, en más de 40 informes desde 2020, ha documentado de manera sistemática la persecución a profesores y estudiantes disidentes dentro de las universidades cubanas —el caso más citado es la disolución de la revista Pensamiento Crítico y la instauración del marxismo-leninismo como «ideología oficial y única» de la enseñanza superior en 1971—. Este historial de censura interna es relevante porque establece la contraparte doméstica de la influencia externa: el aparato universitario cubano que expulsa a la disidencia interna mientras exporta, mediante viajes académicos, congresos y redes de «amistad» (ICAP, Casa de las Américas) una imagen alternativa de pluralismo y legitimidad revolucionaria hacia el exterior. El estudio de Diálogo Político «Amistades peligrosas», que cita a OLA y al proyecto V-Dem, formula la pregunta de manera directa: «¿Qué se gana con la participación en eventos académicos instrumentalizados por Gobiernos autoritarios?». Un texto reciente de ese medio también demuestra, con evidencia abrumadora, el modo en que la influencia autoritaria del Estado cubano se ha enraizado en redes regionales de Ciencias Sociales.
Un ejemplo de lo anterior radica en las realidades y narrativas en torno al costo del embargo y el retorno simbólico de la propaganda pacientemente construida al respecto por el régimen cubano. Los estudios de 4Métrica y su programa Food Monitor documentan, con datos duros sobre pobreza y crisis alimentaria en la isla, el contraste que Gapac señala como motor de la proyección exterior cubana: «la legitimidad que la dictadura no obtiene de sus ciudadanos la importa del exterior, y los recursos que su economía no produce los extrae de su influencia política» —formulación de un análisis publicado en Diálogo Político que sintetiza el hallazgo compartido por estas cinco fuentes—. Cuba Archive, por su parte, sostiene desde hace años un proyecto específico —«Cuba in the World»— dedicado a investigar lo que denomina el «internacionalismo» cubano, en paralelo a su base de datos sobre víctimas del régimen.
La convergencia entre estas cinco fuentes —de perfiles distintos: un centro mexicano de análisis político, una ONG colombiana de derechos humanos, un observatorio académico cubano en el exilio, un archivo histórico de Miami y una investigación periodística cubana independiente— es consistente para descartarse como coincidencia ni como eco del Departamento de Estado, ya que la mayoría de estos trabajos son anteriores al informe de julio de 2026. En ese sentido, la denuncia central del informe —que existe una infraestructura cubana de influencia política, académica y propagandística fuera de proporción con sus capacidades materiales— tiene, en efecto, un correlato verificable en investigación independiente.
Pero la ponderación no puede detenerse ahí porque ninguna de esas cinco fuentes respalda el salto inferencial que convierte esa infraestructura con la capacidad de generar fenómenos domésticos estadounidenses —el asesinato de George Floyd, las protestas de Antifa, el auge del ala socialista demócrata— a partir de una causalidad e intencionalidad cubanas.
Los críticos reaccionan
Aquí llegamos a un segundo objetivo de este ensayo: si existe, como se ha mostrado, evidencia independiente y anterior al informe sobre una influencia cubana real, ¿por qué textos como los publicados por los académicos Rafael Rojas, Julio Cesar Guanche y Jorge I. Domínguez construyen su respuesta casi exclusivamente sobre la denuncia de la exageración y el peligro de instrumentalización represiva del documento, sin detenerse en su núcleo empírico corroborado —al menos— por los analistas de Gapac, 4Métrica, OLA, Cuba Archive y elTOQUE?
Conviene, primero, matizar la premisa: ninguno de los tres autores —muy claramente Rojas y Domínguez— replica tout court el arrogante y cínico discurso oficial de La Habana que niega toda forma de influencia cubana. Domínguez invoca de manera explícita el concepto soft power de Joseph Nye para explicar el atractivo internacional de Cuba —«un poder seductor»— y reconoce sin reservas la eficacia real de la inteligencia cubana en los casos de espionaje de agentes como Ana Belén Montes y Víctor Manuel Rocha. La distinción entre «solidaridad voluntaria» y «operación coordinada» que Domínguez defiende invocando a Nye es un debate académico legítimo y no resuelto dentro de la Ciencia Política sobre el poder blando y el poder agudo (sharp power). Lo que Domínguez rechaza no es la existencia de influencia, sino su atribución exclusiva a una operación estatal coordinada —que tiende a minimizar— frente a la posibilidad de una adhesión genuina y voluntaria fundada en la valoración —real o idealizada— de los logros sanitarios y educativos cubanos.
Rafael Rojas, en su columna en El País, enmarca el informe como una hipérbole que amplía la definición de «comunismo» mucho más allá de lo que hizo el senador McCarthy, situándolo en la genealogía retórica de la Guerra Fría. Guanche, en una perspectiva de larga data que tiende a abordar Cuba minimizando la naturaleza, los efectos y las responsabilidades del autoritarismo cubano, ofrece simplemente una genealogía del macartismo y el fascismo aplicada a la retórica del informe; su tesis explícita es que «la crítica al Gobierno cubano es necesaria... pero no es un cheque en blanco para el macartismo 2.0».
Con esa matización, vemos un conjunto de factores —no excluyentes entre sí— que podrían explicar por qué estos autores —y con ellos buena parte de la academia e intelectualidad crítica del Informe— dejan en segundo plano el hallazgo compartido por los observatorios independientes.
Lo primero que se evidencia es la lógica compartida de una respuesta reactiva. Los tres textos son respuestas de urgencia a un documento concreto, publicado por una Administración que simultáneamente amplió sanciones hacia la isla y puede estar preparando, según algunas interpretaciones, un uso del informe como «instrumento para la versión 2.0 de la Doctrina Monroe» en forma de preparación discursiva para una «agresión militar».
En ese contexto retórico, la tarea que se autoimponen los tres autores no es «evaluar la influencia cubana en abstracto», sino «desactivar un documento de guerra». Por tanto, la estructura de la polémica reactiva les empuja, casi por diseño, a la refutación punto por punto de las afirmaciones más extremas —se liga a Cuba con el «nacimiento» del movimiento Black Lives Matter, por ejemplo— y deja poco espacio para conceder, aunque sea de manera parcial, que el documento contiene un núcleo de verdad. Es una dinámica bien conocida en la teoría de la argumentación: cuando un texto mezcla una tesis moderada verdadera con una tesis extrema falsa o polémica, refutar la segunda tiende a arrastrar el descrédito sobre la primera, incluso si son lógicamente independientes.
Pero esa lógica se enmarca en un contexto y coyuntura signados por el costo político de conceder terreno en un campo de batalla bipolar. El debate público sobre Cuba —en la prensa hispanoamericana, en la academia de estudios latinoamericanos y en el activismo transnacional— está estructurado desde hace décadas como una disputa binaria entre la narrativa del embargo/bloqueo como causa central del sufrimiento cubano y la narrativa de la represión interna como causa central. A ello se suma ahora el ambiente polarizado y creciente por las pugnas del trumpismo —poderoso en redes sociales y ámbitos políticos—y un antitrumpismo que resulta prácticamente hegemónico en el campo intelectual.
En ese contexto, reconocer la validez, aunque sea parcial, de la tesis de sharp power formulada por el Departamento de Estado —incluso si se documenta en investigaciones como las de Cuba Archive, elTOQUE, Gapac, OLA o 4Métrica— corre el riesgo, para un autor liberal o izquierdista, que escribe desde una posición que pretende equilibrar la crítica a políticas del Gobierno cubano con la crítica del embargo y de la Administración Trump, de ser leído como una concesión al ala más dura de la política exterior estadounidense. El temor a ser instrumentalizado por el marco del informe puede operar como un desincentivo real, aunque no declarado, para desarrollar el punto de la influencia verificable.
Por último, hay un mecanismo lógico que merece señalarse porque explica, mejor que cualquier motivación política, cómo se produce la desestimación. Los tres autores refutan la tesis maximalista —Cuba como amenaza civilizacional que «gobierna la vida interior» de Estados Unidos— mostrando que carece de proporción con la capacidad real de un país en colapso económico.
Pero al hacerlo, dejan que esa refutación se lea como si invalidara también la tesis moderada —una infraestructura real, aunque modesta en recursos, de propaganda, coordinación transnacional y proyección académica— que es la que documentan Gapac, 4Métrica, OLA, Cuba Archive y elTOQUE, y que no depende en absoluto de que Cuba sea una potencia mundial. Refutar la hipérbole no refuta el fenómeno; pero retóricamente, en un texto de opinión con espacio limitado, ambos elementos tienden a caer juntos. Lo que produce, al final, una elisión retórica entre dos escalas del argumento.
Por último, es conocida la posición estructural de los autores respecto al objeto que describen los observatorios. Ese es el elemento más delicado —pero verificable— de nuestra hipótesis, y conviene formularlo con claridad y ponderación. Guanche es un académico que hace vida dentro de la institucionalidad oficial de la isla (Uneac), escribe regularmente para Temas, publicación con más de tres décadas de existencia dentro del ecosistema cultural de la isla, y para OnCuba, un medio que —aunque crítico y plural en comparación con la prensa oficialista— opera desde una posición de permisividad inaccesible para el resto de la prensa crítica e independiente.
Domínguez, por su parte, es el arquetipo del académico estadounidense de la llamada «escuela del compromiso» (engagement school) en los estudios cubanos: promotor histórico del intercambio académico y del diálogo bilateral y, por tanto —sin que ello implique en absoluto una acusación de deslealtad o de mala fe—, un actor situado en el tipo de circuitos de conferencias e intercambios universitarios que el informe del Departamento de Estado, y en menor medida los informes de OLA sobre «internacionalización de la represión académica cubana», identifican como uno de los canales de proyección de la narrativa oficial de la isla hacia el exterior. Rafael Rojas, representante destacado de la historia intelectual y de ideas de la Cuba posterior a la Guerra Fría —sin cuya obra no podría comprenderse ese contexto y sus debates— ha evolucionado en la última década a una postura más afín a círculos intelectuales de los llamados progresismos latinoamericanos; esos que oscilan, como postura mayoritaria, entre el silencio y la apología del régimen de la (hace ratos extinta) Revolución cubana.
Estas contextualizaciones no significan que sus argumentos sean per se inválidos, pero sí sugiere que estos autores tienen un interés profesional y biográfico legítimo en que el eje de la discusión permanezca en la desmesura retórica del Departamento de Estado y no se traslade a preguntas sobre el funcionamiento del régimen cubano —Guanche— y del campo académico —los tres—en el que son actores centrales. El hecho de que Guanche y Domínguez sostengan hoy densos vínculos institucionales con espacios oficiales cubanos es un factor de riesgo epistémico que debe señalarse. Sin convertirse por ello en descalificación biográfica de sus argumentos ni en ignorar problemas del informe —déficits de proporción, omisiones históricas, función instrumental para una política de sanciones— que resisten el escrutinio con independencia de quien los formule.
Una mirada necesaria
Cuba: The Capital of 21st Century Communism combina un diagnóstico estructural verificable —la existencia de una infraestructura cubana de influencia política y académica desproporcionada con respecto a sus recursos materiales, corroborada de forma independiente— con una escalada retórica e inferencial no plenamente demostrada por la evidencia que convierte un fenómeno de sharp power agresivo y real en una amenaza civilizacional y en un instrumento de sospecha doméstica contra la izquierda estadounidense. Las respuestas de Rojas, Guanche y Domínguez buscan desmontar esa segunda dimensión, pero tienden —por razones que combinan la lógica de la polémica reactiva, el costo político de conceder terreno en un debate binario, la posición institucional de los autores respecto al objeto descrito, y una elisión retórica entre escalas del argumento— a dejar en la sombra la primera.
Ponderar con justicia el informe del Departamento de Estado exige hacer lo que ninguna de las dos partes —los autores de Cuba: The Capital of 21st Century Communism y sus críticos intelectuales— hizo por separado: sostener simultáneamente que el Estado cubano ejerce una influencia política autoritaria real, nociva y verificable fuera de sus fronteras, y rechazar el potencial uso que se haga de ese informe de cara a una agenda interna de horizonte iliberal independiente de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba.
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