El primer ministro Manuel Marrero Cruz anunció las principales medidas que el Gobierno cubano se propone implementar para paliar la profunda crisis en la que está envuelta la isla. En su intervención, el funcionario dijo que el régimen buscaba no ser dogmático ni inmovilista y que el objetivo principal es mantener el socialismo.
Sin embargo, las reformas parecen a priori orientadas a reducir la participación del Estado en la gestión logística de varios sectores estratégicos, lo que se contrapone con la idea de la propiedad socialista de todo el pueblo que durante décadas han defendido a pesar de su ineficiencia.
No hay manera de que el régimen cubano pueda justificar que estas «nuevas medidas» no pudieron hacerse mucho tiempo atrás. No había ninguna condición material que lo impidiera, salvo la tozudez de los burócratas que dirigen la isla empeñados en administrar el país como si fuese una finca privada. Tampoco hay manera —salvo en el discurso— de creer que las «transformaciones» no son el inicio del desmantelamiento del modo de producción marxista sobre el que se institucionalizó el país y que jamás funcionó. Sin embargo, hay pocas garantías de que este salvavidas funcione.
Las transformaciones ocurren tras cinco meses en los que se acrecentó de manera drástica la situación económico-social de la isla debido a presiones sostenidas de la Administración Trump. En apariencia, concuerdan con una de las líneas que ha exigido el Gobierno estadounidense: que se realicen cambios económicos profundos en Cuba. Pero ninguna de las medidas anunciadas se refieren a cambios políticos ni movimientos de poder en la isla, los cuales son más o igual de imprescindibles.
Por primera vez desde el triunfo de Fidel Castro en 1959, se fomentará la participación de capital privado en la actividad bancaria. Marrero añadió que la banca privada actuará bajo supervisión del Banco Central de Cuba en «igualdad de condiciones» con la banca estatal.
Asimismo, se permitirá la apertura de cuentas en divisas a personas naturales y jurídicas sin autorización administrativa previa.
Se anunció, además, la apertura a la importación y comercialización de combustible a actores privados y extranjeros. También dijo que se permitiría a personas extranjeras y a cubanos residentes en el exterior la compra de propiedades estatales, siempre que se demostrara el origen lícito de los fondos.
Para estimular el movimiento de capital se anunció que a partir de ahora se permitirá que los depósitos de divisas de actores no estatales se acrediten en sus cuentas bancarias en la misma moneda. Hasta ahora, los depósitos eran transformados a pesos cubanos, lo que hacía que perdieran significativamente su valor. Queda por ver si, en efecto, el banco entregará las divisas una vez se solicite su retirada en efectivo o si argumentará falta de liquidez como en otras ocasiones.
Con las nuevas medidas, ahora una misma persona podrá ser titular de más de una empresa privada, así como tener participación accionaria en varias. Desde el nacimiento de las mipymes en 2021 hasta ahora, se reguló cuántas empresas podía tener cada individuo para evitar la acumulación de poder económico. Además, se permitirá la creación de sociedades anónimas; hasta el momento, la gestión privada está restringida a Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL) o Sociedades Únicas de Responsabilidad Limitada (SURL).
En lo respectivo a las tasas de cambio, el Gobierno propone una profunda reestructuración del sistema cambiario mediante la ampliación del mercado oficial de divisas y remesas, con la participación de actores económicos no estatales y la autorización de casas de cambio privadas. Entre las medidas previstas figuran la creación de un mercado cambiario digital que opere en tiempo real, la implementación de subastas de divisas y la realización de devaluaciones sucesivas del peso cubano para reducir la brecha entre las distintas tasas de cambio.
Por otro lado, el régimen se propuso ampliar el usufructo por tiempo indeterminado de la tierra a personas naturales y jurídicas privadas o mixtas. En lo relativo a los productos agropecuarios, a partir de ahora se prevé dejar más espacio al mercado en la conformación de precios. Por años, la política estatal estuvo centrada en el tope de precios a productos, lo que de manera usual produjo inflación y desabastecimiento de insumos.
Las medidas incluyen, además, incentivos fiscales para inversiones en energías renovables.
La propuesta plantea una transformación del sistema de planificación económica hacia un modelo basado en criterios financieros y mecanismos de mercado. En este esquema, el Estado reduciría gradualmente la asignación centralizada de recursos, y permitirá que las empresas estatales accedan de manera descentralizada a insumos, divisas y otros recursos productivos. Además, los encargos estatales pasarían a gestionarse mediante contratos entre oferentes y demandantes, mientras que la planificación económica tendría entre sus objetivos responder con mayor atención a las necesidades del mercado interno.
En materia laboral, se propone una subida salarial y el otorgamiento a las entidades de mayores facultades para decidir despidos por razones económicas o tecnológicas, con compensaciones monetarias para los trabajadores afectados. Asimismo, los trabajadores contratados por cuenta propia recibirían una protección equivalente a un mes de salario en caso de suspensión o cancelación de la actividad.
Se propuso una mayor apertura a la inversión extranjera, lo cual permitirá su participación en empresas privadas y cooperativas mediante empresas mixtas y otras formas de asociación económica. También se propone ampliar los plazos de los derechos de superficie y usufructo para proyectos con capital extranjero, así como flexibilizar las operaciones financieras al autorizar la apertura de cuentas bancarias en el exterior sin necesidad de aprobación previa.
El programa contempla, además, cambios relevantes en los sectores inmobiliario y laboral. Entre ellos, permitir la compraventa de viviendas en negocios inmobiliarios con participación extranjera y eliminar la obligatoriedad de utilizar entidades estatales empleadoras para la contratación de personal. Asimismo, se busca otorgar a los inversionistas extranjeros mayor control sobre sus ingresos en divisas y facilitar su acceso al mercado cambiario en un contexto de dolarización parcial de la economía.
Manuel Marrero dijo que el régimen de La Habana creará comisiones para implementar las nuevas medidas, cuyo aterrizaje se prolongaría hasta 2030. Lo anterior sugiere que el Gobierno cubano confía en que mantendrá el poder de la isla y que la misma cúpula seguirá rigiendo en el corto plazo.
