Ante la crisis más grande y profunda de la historia de la isla, el Gobierno cubano ha decidido revisar su política de tope de precios. Esta y otras medidas fueron anunciadas por el presidente designado, Miguel Díaz-Canel, en un discurso el 17 de junio de 2026, durante un pleno del Comité Central del Partido Comunista.
«Los topes de precios, en la práctica, no lograron contener la inflación: muchas veces provocaron desaparición de productos, desvíos hacia la ilegalidad, mayores precios, menos recaudación de impuestos y una carrera imposible entre precios reales y decisiones administrativas que siempre llegaban tarde», justificó Díaz-Canel.
Sin embargo, las reflexiones que el gobernante comentó en tono revelador, ya habían sido enunciadas desde hace años por expertos. En fecha tan reciente como septiembre de 2025, la prensa estatal anunciaba una nueva entrega de la serie de control de precios a productos agropecuarios, mientras Díaz-Canel compartía otra de sus «revelaciones»: «Si tenemos comida por la libre, obligatoriamente bajan los precios».
A finales de junio de 2024, el Gobierno impuso un tope a varios productos esenciales que se vendían en mipymes. Según reportó elTOQUE entonces, en una reunión con empresarios privados, funcionarios gubernamentales presionaron por hacer efectivo ese control.
«Aquí lo que estamos planteando es un ordenamiento, para que haya la mayor cantidad de ofertas de bienes y servicios a adecuados precios para la población, y que todo el mundo aporte todo lo que tiene que aportar», explicó Díaz-Canel durante una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2024.
En esa Asamblea, el primer ministro Manuel Marrero Cruz describió la situación económica como «economía de guerra»y añadió: «necesitamos planificar y más necesitamos ejercer control». Ni él ni Díaz-Canel ofrecieron una estrategia concreta para aumentar la producción, atraer inversiones o corregir los desequilibrios macroeconómicos que alimentan la inflación.
«Es muy incongruente la idea que se intenta vender de que los topes de precios e inspecciones burocráticas pueden ser efectivos para contener la inflación en una economía con baja capacidad de oferta y con un tremendo desequilibrio macroeconómico», dijo el economista Pedro Monreal en respuestas a las medidas de control en 2024.
Más control, menos productos
No es un asunto nuevo. Tras los huracanes Gustav e Ike, en 2008, se establecieron precios máximos para 16 productos, pero la medida provocó una reducción de la oferta y un deterioro de la calidad de los productos disponibles en los agromercados.
Más tarde, en el contexto de la expansión inicial del sector privado, las autoridades cuestionaron los precios fijados por las nuevas formas de gestión no estatal y aprobaron en 2013 el Decreto 318, que volvió a limitar los precios agropecuarios. No obstante, los precios continuaron aumentando.
En 2016, la política se extendió también a las cooperativas no agropecuarias. Aunque en 2017 se aplicaron más de 21 000 multas por violaciones de las regulaciones, estas acciones no se tradujeron en mejoras para el bienestar ciudadano ni en una recuperación del poder adquisitivo de los salarios, lo cual evidenció la limitada efectividad de los controles de precios.
Las advertencias de los expertos se han repetido por años. Lo único que parece haber cambiado es hacia quién apunta el dedo acusador del Estado como responsable del desabastecimiento y la inflación. En 2020, antes de que existieran las mipymes, fueron los llamados carretilleros y los trabajadores de los agros. Ángel Marcelo Rodríguez Pita, director del Centro de Investigación del Desarrollo Local, alertó entonces que la medida «oprimiría aún más el mercado interno».
Irónicamente, funcionarios gubernamentales han reconocido las contradicciones de la política oficial, pero se han negado explícitamente a hacer cambios profundos. Durante reuniones con empresarios, representantes del Ministerio de Finanzas y Precios admitieron que los elevados precios en los comercios privados están estrechamente vinculados con los altos costos de importación que enfrentan esos negocios. Sin embargo, en el discurso público el Gobierno ha insistido en atribuir la inflación principalmente a la «especulación» privada, a pesar de que la mayoría de los economistas señalan como causas fundamentales el enorme déficit fiscal, la emisión monetaria y el colapso de la producción nacional.
Desde finales de 2025, la ofensiva contra el sector no estatal se ha intensificado. Tras la presentación por parte del primer ministro Manuel Marrero de un plan para combatir las «distorsiones económicas» y «organizar el sector no estatal», las autoridades han detenido a algunos propietarios de negocios bajo acusaciones de evasión fiscal, impuesto restricciones migratorias a deudores tributarios y aprobado nuevas limitaciones a las relaciones contractuales entre empresas estatales y privadas.
Varias de esas alianzas entre los emprendedores y el Estado habían permitido suplir carencias críticas de la economía. En algunos territorios, por ejemplo, importadores privados contribuyeron a garantizar harina para la elaboración de pan destinado a la población. Aun así, el Gobierno ha insistido en restringir esos vínculos mientras reclama un mayor protagonismo para la empresa estatal socialista, precisamente el sector que ha encabezado décadas de bajos niveles de productividad.
En reuniones anteriores del Ministerio de Finanzas y Precios, Díaz-Canel había exhortado a la población a participar en la vigilancia de los precios ante la insuficiencia de inspectores estatales. Tanto él como Marrero reconocieron entonces la «justa insatisfacción» ciudadana por el encarecimiento sostenido de los bienes y admitieron la ausencia de «resultados concretos» en la lucha contra la inflación.
También reconocieron una verdad elemental: la única solución duradera pasa por producir más bienes y servicios. Sin embargo, las referencias oficiales a ese objetivo suelen desembocar en una retórica propagandista y en llamados a la unidad política o la participación popular, sin explicar cómo incrementar efectivamente la oferta en una economía marcada por apagones crónicos, falta de financiamiento, escasez de combustible y una sostenida fuga de fuerza laboral.
Mientras tanto, las medidas implementadas por el Gobierno han contribuido a presionar aún más los precios. El llamado paquete de corrección de distorsiones, anunciado a finales de 2025 y puesto en marcha parcialmente en 2026, incluyó aumentos en los combustibles y una mayor dolarización de determinados mercados. El resultado fue un incremento adicional de los costos del transporte y una nueva escalada en las cotizaciones de las divisas en el mercado informal.
Después de años de críticas, ahora la inflación ha erosionado los salarios hasta niveles históricos, la producción permanece estancada y más de 1 millón de cubanos ha abandonado el país en pocos años, las autoridades reconocen errores que economistas, emprendedores y ciudadanos comunes venían señalando desde hace mucho tiempo. La pregunta pendiente es si el reconocimiento llegará acompañado de reformas capaces de transformar una economía en caída libre o si será apenas otro capítulo en una larga secuencia de aprendizajes tardíos y rectificaciones incompletas.
Puede ver un resumen de las medidas de las que habló Díaz-Canel aquí.
