Hace un año los movimientos feministas latinoamericanos encabezaron jornadas históricas en conmemoración al 8M. En la Ciudad de México se calculó la asistencia de más de 80 mil personas; en Chile, unos dos millones; miles en Quito, Colombia y Brasil; más de 3 mil en San Salvador y unas 10 mil en Perú. Las unían los siguientes reclamos: el cese de la violencia de género, la despenalización del aborto y la justicia social.

Catalizadas por «Un violador en tu camino», el performance creado por la colectiva Las Tesis y que meses antes se viralizó en todo el mundo, las demandas iban dirigidas a la sociedad en general y al Estado. Durante esos días y en todo el continente, el derecho a vivir sin miedo y a tener una vida digna de ser vivida fue el propósito que nos llevó a las calles y sigue siendo el objetivo primero en nuestras agendas.

Días después, se reportaron en América Latina y el Caribe los primeros casos de coronavirus y comenzaron a decretarse los confinamientos, los toques de queda y la emergencia sanitaria bajo el «quédate en casa». Así como subían las curvas de contagio, también lo hacían las llamadas de emergencia, las denuncias por violencia de género y el abuso sexual infantil.

Inmediatamente ONU Mujeres alertó sobre este problema e instó a las autoridades y los Gobiernos a que también respondieran con urgencia y de forma prioritaria contra la violencia de género.

Organizaciones y colectivas se organizaron para reducir el impacto de las medidas de aislamiento a partir de las cuales agresores y víctimas permanecían encerrados en casa por más tiempo.

En sincronía, las desigualdades existentes se acentuaron. La CEPAL calcula que la pandemia hizo retroceder unos diez años los niveles de participación laboral de las mujeres en la región como consecuencia del aumento de las demandas de cuidado en los hogares, trabajo aún invisibilizado y altamente feminizado.

A su vez, la crisis ha develado que el 73,2 % de las personas empleadas en el sector de la salud en América Latina y el Caribe son mujeres y, por tanto, se encuentran más expuestas  a contraer el virus.

En resumen, se estima que, sin apoyos gubernamentales adecuados, alrededor de 118 millones de mujeres de América Latina y el Caribe se encontrarán en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019.

Cuba

Las marchas feministas, los paros o las huelgas no han caracterizado al movimiento de mujeres en Cuba, conducido en las últimas décadas por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). El punto de partida para comprender esta asincronía con el estándar mundial es  que, ciertamente, a partir de 1959 demandas feministas medulares lograron institucionalizarse o convertirse en ley: la integración de las mujeres a las fuerzas productivas, a los cargos de dirección y a la defensa del país; el reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; la socialización de los cuidados mediante la creación de círculos infantiles, la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, y más.

Es decir, las mujeres organizadas encontraron un terreno de trabajo en común con el Gobierno, aunque con una subordinación paulatina de su propia agenda a las necesidades del proyecto revolucionario. De ahí que la movilización generalizada de las mujeres cubanas ha respondido principalmente a tareas de emergencia nacional orientadas desde la dirección del país. Por ejemplo: la campaña de alfabetización, el combate al trabajo sexual (jineterismo) como consecuencia de la crisis de los noventa, y más recientemente en el enfrentamiento a la COVID-19.

Los 8 de marzo se fueron convirtiendo en la celebración de los logros de las “féminas” cubanas (fundamentalmente aquellos alcanzados desde el triunfo de la Revolución) mediante jornadas de trabajo productivo, festejos en centros de trabajo y felicitaciones públicas desde las instituciones.

Sin embargo, cada año son más las organizaciones e iniciativas que se desmarcan de las tradicionales felicitaciones por el Día de la Mujer y, en cambio, regresan al enfoque feminista de la fecha. En 2020 se realizaron el Festival de la Mujer 7 Palabras, el Espacio Feminista Berta Cáceres del Instituto de Filosofía, el Encuentro de Casa Insurgente y Feministas en Sororidad, la jornada cultural en Santa Clara, el proyecto Expresividades femeninas en el cual convergieron exposiciones, paneles literarios, performances y emprendimientos, entre otros.

El sitio oficial Cubadebate cubrió las jornadas desde una perspectiva feminista.

Aunque en Cuba «Un violador en tu camino» no trascendió con el mismo impacto que en otros países, el catalizador del resurgimiento y la proliferación de demandas feministas en el escenario político fue la solicitud de una ley integral contra la violencia de género por parte de cuarenta mujeres de la sociedad civil pocos meses antes del 8M de 2020.

Sin embargo, el 11 de marzo el Estado cubano anunció los primeros casos de COVID-19 en el país y, como en el resto de la región, semanas después comenzarían a aplicarse las medidas de contención de los contagios.

A propósito de las alertas por el aumento de la violencia de género en el mundo entero, el 27 de marzo la plataforma digital Yo sí te creo en Cuba abrió una línea de atención telefónica para brindar asesoría y acompañamiento a víctimas de violencia machista. A esta iniciativa civil se sumaron el Centro Oscar Arnulfo Romero mediante un correo electrónico, el Cenesex y los teléfonos habituales de la FMC y de la Fiscalía General de la República.

Aunque no se publican con regularidad estadísticas que permitan confirmar el aumento de la violencia de género durante el período de confinamiento, la plataforma Yo sí te creo declaró haber percibido un agravamiento del problema. Asimismo, el trabajo realizado por activistas y proyectos independientes en sistematizar un registro de feminicidios también alcanzó mayor visibilidad en esta etapa.

La prensa oficial (véase Cubadebate y Granma) y no estatal comenzó a dar cobertura con más frecuencia a la problematización entre el aumento de la violencia de género, las dificultades para enfrentarla y la respuesta del Gobierno en el contexto de la pandemia.

En consecuencia, el 21 de julio el Noticiero Nacional de Televisión anunciaba la aprobación de una guía metodológica para atender, mediante una línea telefónica, las denuncias por violencia de género. A través de esta misma emisión se confirmó, esta vez de manera oficial, el aumento de la violencia de género durante los confinamientos en Cuba.

Meses después se supo que, durante los primeros nueve meses de la pandemia, el 60 % de las llamadas registradas a la línea 103 solicitaron apoyo psicológico por situaciones de convivencia intrafamiliar y un 14 % estuvieron relacionadas con la violencia de género.

No obstante, la respuesta del Gobierno no terminó en la puesta en marcha de la línea y en la redacción de la guía.

Le siguieron la aprobación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, la Campaña Junt@s por la no violencia; la creación de la aplicación para celulares Directorio VBG, que facilita el acceso a números telefónicos para la atención a víctimas de violencias basadas en el género; programas televisivos que ayudan a la concientización de la gravedad de la violencia de género; mesas de debate en los medios oficiales y la campaña digital «Reconocer y Valorar los Cuidados». Finalmente, el 5 de marzo, la FMC anunció que creará un Observatorio de Género que incluirá los registros actualizados de los feminicidios y otras expresiones de violencia machista.

Espacios no institucionales y digitales han articulado alianzas para procurar objetivos específicos en torno a la prevención, y han creado nuevos proyectos como el de Chicas Poderosas en Cuba, el servicio de comunicación Matria, la revista Con/texto Magazine, Afrocubanas. La Revista, varios webinars, todos sobre género o feminismos.

La discusión sobre la violencia de género y los feminismos se ha expandido en la ciudadanía, condicionada por la propia pandemia, por una mayor cobertura de los distintos medios, por el aumento en el acceso a Internet y por el creciente activismo. También la respuesta institucional se ha ampliado y diversificado. Sin embargo, la violencia de género solo se logrará erradicar cuando desaparezcan también las desigualdades de género, casi siempre agravadas por cuestiones raciales y de pobreza.

Desigualdades

La CEPAL pronosticó para Cuba una contracción de -8,1 % del PIB. Nuestro país se encuentra atravesando una crisis económica con graves efectos sobre la población, y bajo la presión de factores externos como el bloqueo estadounidense y la propia pandemia.

No es casual que, según una breve encuesta realizada a diez especialistas en género integradas a las instituciones cubanas, los tres temas que representan un mayor desafío para 2021 sean:

1- responsabilidad del cuidado con sobrecarga para la mujer,

2- brechas de empoderamiento derivadas del ordenamiento económico, y

3- sistema integral e integrado de atención a la violencia machista que incluya tratamiento legislativo.

Las mujeres seguimos teniendo mayores tasas de desocupación laboral [1], mayor promedio de horas semanales dedicadas a los trabajos de cuidado [2], menor presencia en el trabajo por cuenta propia; somos menos dueñas de negocios [3], somos más jefas de hogares solas [4], tenemos menor acceso a la moneda cambiaria, a las remesas y podemos generar menos ahorros.

Si sumamos condiciones como el color de la piel y la migración, las desigualdades anteriores se acentúan. Las mujeres racializadas, migrantes y trans son las que, en mayor proporción, engrosan el empleo informal, las ocupaciones no calificadas y de servicios, y las que tienen además que enfrentarse al racismo, la xenofobia y la transfobia.

En el contexto de la Tarea Ordenamiento, en el cual disminuirán los subsidios y la asistencia social, en el cual los precios han experimentado un alza importante y en el que el llamado a la eficiencia de la empresa estatal puede provocar un éxodo considerable de trabajadores en este sector, la situación de las mujeres se presenta en franca desventaja.

La pandemia reveló que, tal como sucede en el resto del mundo, el sector de salud en Cuba está feminizado: el 71,1 % de las personas empleadas en el sector son mujeres, también con mayor exposición a los contagios y con la doble jornada a cuestas.

En efecto, la articulación de leyes y políticas públicas (no solo sancionadoras o punitivas) pueden considerarse la espina dorsal de una respuesta integral e integradora para luchar contra la violencia de género y para eliminar las grandes brechas de desigualdades.

Ilustración: Matria

Lo que falta

Ha corrido un año en el que la violencia de género, en particular, ha adquirido mayor visibilidad en Cuba. También el Gobierno ha dado más muestras de su trabajo por atenderla y ha logrado responder con programas más bien de tipo emergencial (Línea de teléfono 103 y guía metodológica).

Sin embargo, nos siguen faltando refugios para mujeres en situación de violencia, la Ley integral contra la violencia de género (a pesar de que en el reajuste del cronograma legislativo se incluyeran nuevas normativas), la eliminación de la excepcionalidad legal que permite el matrimonio infantil y adolescente en el actual Código de Familia, y el reconocimiento de delitos asociados a la violencia de género en el Código Penal, entre ellos el más recurrido ha sido el feminicidio. Esto, de acuerdo con las peticiones más leídas y más urgentes provenientes de la sociedad civil.

El anunciado Observatorio de Género tendrá la obligación de hacer públicas las estadísticas sobre feminicidios y violencia machista, con total transparencia y con pleno acceso público a los registros. Todavía hoy el último dato sobre feminicidios en Cuba data de 2016. Esta información, de tener carácter sistematizado, potenciará la efectividad de los programas de prevención.

Otras demandas también tienen carácter perentorio. La transversalización general del enfoque de género en el ordenamiento jurídico cubano es una de ellas. Máxime cuando seguimos inmersos (y a tiempo) en el cronograma legislativo aprobado en 2020.

Además, urge que los programas de la vivienda atiendan de manera particular la situación habitacional de las mujeres en sus variadas condiciones como jefas de hogares solas, migrantes, con deterioro del inmueble que habitan, albergadas, desempleadas, con bajos ingresos, familias monomarentales, etcétera). En la misma tesitura es inminente que la Tarea Ordenamiento se articule también en clave de género, por ejemplo, mediante ventajas fiscales, moratorias impositivas, otorgamiento de créditos, ampliación de los derechos y las garantías laborales para el sector cuentapropista, políticas de cuotas en todos los niveles y sectores no solo atendiendo el sexo-género sino además a la racialidad y a las identidades trans, entre otras posibles medidas.

Es esperanzador que se estén dando los primeros pasos para tener en cuenta los cuidados (trabajo en el hogar y cuidado de personas dependientes) como una de las piedras angulares de las desigualdades de género. No obstante, la sobrecarga doméstica no se soluciona únicamente con la distribución equitativa de las tareas entre los distintos miembros de una familia. Los cuidados son también responsabilidad del Estado y de la sociedad, tal y como ampara el artículo 44 de la Constitución.

También durante el confinamiento dos madres lograron inscribir a su hijo como tales. Este reconocimiento legal marca un precedente destacable para el nuevo Código de Familias que está próximo a aprobarse, y en el cual se juegan los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, entre ellos, el de formalizar matrimonio.

El aumento de los embarazos en niñas y adolescentes apunta a un incremento en la violencia sexual infantil, agudizado seguramente en tiempos de pandemia. Reelaborar los programas de educación sexual integral, los programas de prevención tanto en espacios escolares, públicos y privados, y atender sin moratorias ni dilaciones procesales los casos de abuso infantil, con la debida protección a víctimas y familiares, son deudas a saldar con urgencia. Para ello, el trabajo comunitario es imprescindible, así como las articulaciones entre las instituciones y los proyectos de la sociedad civil.

Pensar en términos de justicia restaurativa, mediación penal y otros procedimientos alternativos a la solución de conflictos en materia de violencia de género, es contribuir también a la intención integradora para enfrentar las desigualdades. Sobre todo teniendo en cuenta que las violencias de género no solo son físicas, también sicológicas, económicas o patrimoniales, digitales, entre otras. La vía penal, los recursos punitivistas y carcelarios son soluciones reduccionistas a un problema tan complejo y multidisciplinario que, la mayoría de las veces, no logran frenar y menos erradicar la violencia de género.

Reducir las desigualdades supone implementar leyes complementarias que garanticen lo dispuesto en los artículos 42, 43 y 44 de la Constitución, como, por ejemplo, una ley contra la discriminación, sea racial, de identidades de género u orientación sexual, y demás.

Del mismo modo, avalar el trabajo de organizaciones y proyectos de la sociedad civil en alianza con las instituciones, mediante su reconocimiento en la futura ley de asociaciones, puede ser una vía segura para llegar, con lentes y trabajo feminista, a cada rincón de Cuba.

Notas:

[1]  Anuario estadístico, 2019.

[2] Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género, 2016.

[3] Torres Santana, A. (2020). Regímenes de bienestar en Cuba: mujeres y desigualdades. Cuban Studies, (49).

[4] Censo de Población y Viviendas, 2012.

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