Mientras el régimen de Miguel Díaz-Canel enfrentaba una nueva ola de protestas, denuncias de represión y un deterioro acelerado de las condiciones de vida, una delegación de un grupo de figuras de la izquierda internacional viajó a La Habana en lo que definieron como un gesto de solidaridad.
Para muchos activistas y observadores independientes, sin embargo, la llamada «flotilla» ha sido interpretada como una operación política que contribuye a legitimar al poder en Cuba, en un momento especialmente delicado para la sociedad civil y los presos políticos.
En esta entrevista, la activista cubana Carolina Barrero, directora de la organización Ciudadanía y Libertad, organización de derechos humanos con sede en Madrid, analiza el significado de esta visita, cuestiona sus implicaciones y pone el foco en quienes han quedado fuera del relato: las víctimas de la represión.
«Mientras ellos dormían con aire acondicionado y desayunaban en la terraza de su hotel de lujo, a pocos metros de ellos, un policlínico atendía enfermos a oscuras», señala Barrero, también fellow Sájarov del Parlamento Europeo 2024.
¿Cómo interpretas la visita de este sector de la izquierda internacional a Cuba en este momento?
Como una burla. Y uso la palabra burla con precisión, no con exaltación retórica.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó que entre el 13 y el 16 de marzo de 2026 se produjeron al menos 35 acciones represivas dirigidas contra manifestantes, periodistas, activistas, familiares de presos políticos y opositores. Mientras eso ocurría, mientras los cubanos salían a la calle en la mayor ola de protestas desde el 11J, Pablo Iglesias, Gerardo Pisarello, Jeremy Corbyn y varios eurodiputados viajaron a La Habana para reunirse con el dictador Miguel Díaz-Canel. Eso no es solidaridad con Cuba, es solidaridad con el régimen que aplasta a Cuba. Entre acompañar a las víctimas o fotografiarse con sus verdugos, la flotilla escogió lo segundo.
¿Crees que esta «flotilla» responde a un acto de solidaridad o a una operación de legitimación política?
Es una operación de legitimación con decorado humanitario. Pablo Iglesias se alojó en el Gran Hotel Bristol Habana Vieja Meliá Collection, un hotel de cinco estrellas, y desde esa suite grabó un vídeo en el que afirmó que la situación en Cuba «es difícil, pero no como se presenta desde fuera». Eso ya sería suficientemente indignante. Pero hay más. Durante el apagón general del sábado 22 de marzo, ese hotel era el único edificio con luz en toda La Habana. El único punto iluminado en una ciudad y en un país sumidos en la oscuridad. Y justo al lado, un policlínico totalmente apagado.
Iglesias hablando de la pobreza cubana desde una suite con aire acondicionado, piscina en la azotea y electricidad garantizada, mientras a metros de él un centro de salud atendía enfermos a oscuras. Eso no tiene nombre en el diccionario de la solidaridad. Tiene nombre en el diccionario del cinismo.
Pablo Iglesias entrevistó además a Díaz-Canel, quien dijo que Cuba no quiere la guerra, pero que están dispuestos a «dar la vida por la Revolución». La pregunta pertinente es: ¿La vida de quién? Porque la vida que están dispuestos a sacrificar no es la de Díaz-Canel ni la de Iglesias. Es la de los cubanos que llevan semanas protestando en la calle y amanecen detenidos en Villa Marista.
Hay que nombrar además quiénes están detrás de la arquitectura organizativa de este convoy. Integrantes de las organizaciones The People's Forum y Code Pink son parte de una red internacional de organizaciones de izquierdas financiadas en gran medida por el empresario tecnológico estadounidense radicado en Shanghái y partidario del régimen chino, Neville Roy Singham. Esto es una operación política bien financiada y coordinada, con agenda política propia.
¿Este tipo de iniciativas contribuyen a blanquear la imagen del régimen cubano?
No solo la blanquean: le prestan el vocabulario de los derechos humanos para que el régimen lo use como escudo. Ese es el mecanismo más perverso. Cuando Corbyn o Iglesias llegan a La Habana hablando de «bloqueo» y «solidaridad», le están devolviendo al régimen una narrativa que luego se despliega ante los organismos internacionales, ante la opinión pública europea, ante cualquier foro donde Cuba deba rendir cuentas. Le están construyendo la coartada.
El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos fue el receptor oficial de la ayuda. Una organización pantalla de los servicios de inteligencia cubanos. Así que la «ayuda humanitaria» entra al país a través de un brazo del aparato de seguridad del Estado. Eso debería bastar para hacer cualquier pregunta sobre adónde irá esa ayuda realmente, y quién controla su distribución.
¿Qué responsabilidad tienen estos actores cuando omiten la represión o la falta de libertades en la isla?
Una responsabilidad directa y documentable. La omisión no es inocente cuando es sistemática y cuando ocurre frente a evidencia pública. El mismo día en que el régimen cubano anunció la excarcelación de 51 presos políticos, Prisoners Defenders cifró en 1 214 el número de presos políticos en Cuba con corte a febrero de 2026, una cifra superior a la registrada el mes anterior.
Leonard Richard González Alfonso, un artista visual y músico de 33 años, fue condenado a siete años de prisión por pintar frases preguntando «¿Hasta cuándo?» en paredes de La Habana. Eso es lo que Iglesias y Corbyn no mencionaron en ningún comunicado, en ninguna rueda de prensa, en ningún momento de su visita.
¿Por qué parte de la izquierda internacional sigue defendiendo o justificando al Gobierno cubano?
Por varias razones que no son equivalentes entre sí, y que conviene distinguir.
La primera es la identitaria: Cuba es un símbolo constitutivo de cierta izquierda. Admitir que el régimen cubano es una dictadura implicaría una revisión profunda de quiénes son, de qué apoyaron, de sobre qué construyeron sus carreras políticas. Esa revisión tiene un costo enorme, y muchos no están dispuestos a pagarlo.
La segunda es la geopolítica: en la lógica de «el enemigo de mi enemigo», el antinorteamericanismo basta para justificar cualquier alianza. Si Estados Unidos presiona a Cuba, Cuba es buena. Es una lógica de bandos que prescinde completamente de los cubanos, de sus derechos, de su sufrimiento.
La tercera, y quizás la más cínica, es la que señala con precisión el cineasta Basel Ramsis, que formó parte en su momento de iniciativas similares y calificó esta flotilla como «ridícula»: asegura que la peregrinación tiene «buena carga de egocentrismo» y que «su objetivo principal es aumentar la fama y las posibilidades de carreras políticas y mediáticas de algunos de sus líderes». Algunos de estos actores simplemente necesitan a Cuba. La usan. El régimen lo sabe, y también los usa a ellos.
¿Existe un doble rasero en la forma en que se analiza Cuba frente a otros contextos autoritarios?
El doble rasero es estructural y flagrante. Nadie de estos 650 delegados de 33 países organizó una flotilla humanitaria para entrar a Bielorrusia. Nadie fue a visitar a Lukashenko para preguntarle por qué tiene a Ales Bialiatski en prisión. Nadie ha organizado un «convoy de solidaridad» hacia Irán, hacia Corea del Norte, hacia ningún régimen que no lleve la bandera roja y el vocabulario de la Revolución.
Y dentro de América Latina, el contraste es aún más revelador: estos mismos actores que hablan del «derecho de Cuba a decidir su futuro sin injerencias externas» no aplican ese principio cuando se trata de Venezuela, de Nicaragua, donde la injerencia cubana en los aparatos de seguridad está documentada. La soberanía es un principio selectivo para ellos. Se invoca cuando protege a los aliados y desaparece cuando incomoda.
¿Qué impacto tiene esta visita en los cubanos que han sido víctimas de represión o en los presos políticos?
El impacto es el del abandono confirmado. Cuando alguien que se llama a sí mismo defensor de los derechos humanos y la justicia social aterriza en La Habana, estrecha la mano del hombre que los tiene presos, y se va sin pronunciar sus nombres, el mensaje que reciben esos presos es inequívoco: ustedes no cuentan en la narrativa de la izquierda global.
Jonathan David Muir tiene 16 años. Fue detenido en Morón, Ciego de Ávila, tras las protestas de marzo, y la Fiscalía le imputa el delito de sabotaje, figura que el régimen utiliza habitualmente para imponer penas severas a quienes participan en protestas. El Tribunal Provincial de Ciego de Ávila rechazó el recurso de habeas corpus presentado por su familia. El adolescente permanece en el Departamento Técnico de Investigaciones en condiciones de extrema insalubridad, con enfermedades en la piel sin tratamiento y bajo tortura psicológica. Sus padres son pastores. La familia ha sufrido hostigamiento de la Seguridad del Estado durante años por negarse a someterse a los dictados ideológicos del régimen.
Un niño de 16 años en una celda, enfermo, sin garantías judiciales, acusado de sabotaje por protestar contra los apagones. Ninguno de los 650 delegados de 33 países pronunció su nombre.
¿Cómo responde hoy la sociedad civil cubana a este tipo de narrativas internacionales?
Con una combinación de rabia y lucidez que me parece inédita. Las protestas actuales ya no se limitan a reclamar electricidad o alimentos, sino que apuntan directamente al poder con consignas de libertad. Los cubanos dentro de la isla han atravesado demasiado para dejarse representar por quienes llegan en barco por unos días, se reúnen con el dictador, y regresan a sus casas con el material para el próximo discurso.
La sociedad civil cubana lleva años construyendo sus propios marcos de análisis, sus propias organizaciones, sus propias narrativas. No necesita que le expliquen su realidad figuras extranjeras cuya relación con Cuba es instrumental y coyuntural. Lo que sí necesita, y lo que exige, es que el mundo no le preste legitimidad a quienes la oprimen.
Si pudieras hablar directamente con quienes integran esta flotilla, ¿Qué les dirías?
Les diría que la solidaridad no se mide en noches de hotel de cinco estrellas.
Les diría que llamar a uno de los barcos con el nombre de Granma 2.0 no es un saludo a los cubanos, sino una fantasía infantil para mostrar que son iguales a los que integraron el Granma original.
Les diría que si de verdad les preocupa el pueblo cubano, pronuncien el nombre de Leonard Richard González Alfonso, condenado a siete años por pintar «¿Hasta cuándo?» en una pared. Que digan el nombre de Jonathan David Muir, el adolescente de 16 años de Morón al que la Fiscalía acusa de sabotaje y que languidece enfermo en una celda sin que ningún tribunal le conceda el habeas corpus. Que llamen a la dictadura por su nombre y la condenen con honestidad.
Y les diría, finalmente, que mientras ellos dormían con aire acondicionado y desayunaban en la terraza de su hotel de lujo a pocos metros de ellos un policlínico atendía enfermos a oscuras.
Si no pueden asumir esa verdad, que no hablen de Cuba. Que dejen de burlarse de nuestro sufrimiento aupando al verdugo. Que dejen de pisarle la cabeza a un pueblo que lleva décadas luchando, con el peso adicional de tener que combatir no solo a su dictadura sino también a la izquierda internacional que la defiende.
