Mientras Cuba atraviesa una de las crisis económicas y sociales más profundas de las últimas décadas, un grupo de opositores, abogados y activistas reunidos en Miami aseguró que ha llegado el momento de prepararse para una transición democrática. «2026 es el año de la transición», dijeron durante un encuentro organizado por los promotores del Acuerdo de Liberación para Cuba.
El Acuerdo, impulsado por las coaliciones opositoras Pasos de Cambio y la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y presentado públicamente en marzo de 2026, propone una ruta dividida en varias etapas que incluye la liberación de presos políticos, el desmantelamiento de los mecanismos represivos, la creación de instituciones provisionales y la celebración de elecciones libres.
Pasos de Cambio agrupa a organizaciones y activistas de la oposición cubana dentro y fuera de la isla, entre ellos Cuba Decide, la iniciativa fundada por Rosa María Payá. Por su parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana reúne a decenas de organizaciones del exilio que promueven el cambio democrático en Cuba. Ambas plataformas impulsan el Acuerdo de Liberación como una propuesta para preparar una eventual transición política.
¿Quién redactará las leyes de una nueva Cuba? ¿Qué ocurrirá con los presos políticos? ¿Cómo se reconstruirán las instituciones del Estado? ¿Qué mecanismos garantizarán elecciones libres y la independencia judicial? ¿Cómo evitar un vacío de poder durante el proceso? Esas fueron algunas de las preguntas que guiaron el debate que se realizó el lunes 15 de junio de 2026 en la Sala Félix Varela de la Ermita de la Caridad del Cobre. Allí, promotores del Acuerdo, representantes de la oposición, defensores de derechos humanos y miembros de la diáspora conversaron sobre los desafíos del llamado «día después».
La conferencia cobró especial relevancia tras el anuncio de una alianza entre los representantes del Acuerdo de Liberación para Cuba y la Asociación Cubano-Americana de Abogados (CABA), una organización que agrupa a centenares de profesionales del derecho en Estados Unidos. El objetivo, según explicaron sus promotores, es comenzar a diseñar las bases jurídicas e institucionales de una eventual transición democrática en la isla.
La propuesta contempla el trabajo conjunto de abogados, académicos, jueces retirados y especialistas legales de la diáspora para diseñar proyectos relacionados con la restauración del Estado de derecho, la independencia judicial, la protección de los derechos fundamentales y la reorganización institucional del país.
«Estamos construyendo los cimientos jurídicos de una Cuba democrática», afirmó a elTOQUE Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide e impulsora del Acuerdo de Liberación para Cuba. «La oposición tiene que estar lista no solo para denunciar los abusos del régimen, sino también para responder a las necesidades de gobernabilidad que surgirían en un escenario de cambio», sostuvo.
Según explicó Payá, el Acuerdo de Liberación ya no se limita a plantear una hoja de ruta política, sino que ha comenzado a organizar equipos especializados para acompañar y gestionar un eventual proceso de cambio en Cuba.
«Hay un equipo preparándose para liderar y acompañar la transición en el momento en que el poder se fracture en Cuba, que creemos es un momento que va a llegar muy pronto», aseguró.
Payá calificó la incorporación de la Asociación Cubano-Americana de Abogados como pieza clave para desarrollar la infraestructura legal que, a su juicio, será necesaria durante el período de cambio. Entre las prioridades mencionó una legislación provisional que permita garantizar la estabilidad institucional hasta que los cubanos puedan aprobar un nuevo orden constitucional mediante mecanismos democráticos.
A su juicio, la transición requerirá la salida del poder de la actual cúpula gobernante, incluida la familia de los Castro y los generales; la liberación de los presos políticos; el fin de la represión y el reconocimiento de derechos fundamentales que permitan iniciar un proceso de estabilización nacional.
Payá insistió además en que la reconstrucción del país no puede depender únicamente de líderes políticos o de organizaciones del exilio. «Después del desastre, de la barbarie totalitaria, no viene el vacío; vienen los cubanos a construir juntos esa Cuba de después», afirmó al convocar a ciudadanos de dentro y fuera de la isla a sumarse al proceso.
El desafío del día después
Durante décadas, gran parte de la oposición cubana se concentró en denunciar violaciones de derechos humanos y exigir la liberación de los presos políticos. Sin embargo, el deterioro económico y social de la isla ha llevado a numerosos grupos a plantearse otra interrogante: ¿cómo evitar un vacío institucional si algún día se produce una transición?
Jordi Martínez-Cid, presidente de CABA, explicó en exclusiva a elTOQUE, que la organización ha trabajado durante años en una propuesta de ley transicional que serviría como puente entre el fin del actual sistema y la celebración de una asamblea constituyente donde los cubanos decidan el futuro marco constitucional del país.
Para Martínez-Cid, una transición democrática requiere mucho más que voluntad política. «Lo importante es que la nación tenga un marco legal sólido», afirmó. A su juicio, el Estado de derecho no surge de manera espontánea, sino que debe construirse mediante planificación previa, acuerdos y herramientas jurídicas capaces de garantizar estabilidad durante el proceso.
El abogado explicó que la propuesta elaborada por CABA contempla el reconocimiento de derechos que han sido negados durante más de seis décadas en Cuba. Entre ellos mencionó la libertad religiosa, el derecho a la propiedad privada y las garantías recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Martínez-Cid señaló, además, que el proyecto no pretende convertirse en una ley definitiva, sino en una base de discusión para una futura Cuba democrática. «No es la ley; es un borrador», precisó. La intención es ofrecer una herramienta que pueda servir de punto de partida para el debate nacional cuando llegue el momento de la transición. En el sitio de CABA puede encontrarse el proyecto de ley al que hizo referencia el abogado.
Como parte de esa propuesta, el jurista describió una estructura provisional integrada por un Consejo Nacional de 15 miembros: cinco representantes del exilio, cinco de la oposición dentro de la isla y cinco de la ciudadanía. Ese órgano tendría la responsabilidad de designar un Gobierno transicional encargado de tareas fundamentales como la realización de un censo nacional y la convocatoria de las primeras elecciones libres.
La voz de quienes han sufrido la represión
Entre los asistentes al evento también estuvo María Elena Alpízar, representante de las Damas de Blanco en el exilio, organización que surgió en 2003 tras la Primavera Negra y que durante más de dos décadas ha denunciado la existencia de presos políticos en Cuba. Su presencia sirvió como recordatorio de que cualquier discusión sobre una eventual transición no gira únicamente en torno a leyes o estructuras de Gobierno, sino también alrededor de las víctimas de la represión y de las familias que han sostenido la lucha por las libertades civiles durante años.
María Elena dijo a elTOQUE que cualquier proceso futuro deberá incluir justicia para las víctimas y garantías de que las violaciones de derechos humanos no queden impunes.
La discusión sobre el futuro de Cuba adquiere especial relevancia en un momento en que organizaciones internacionales continúan denunciando la existencia de presos políticos en la isla y el encarcelamiento de figuras opositoras.
La alianza entre juristas y opositores ocurre además en medio de un debate más amplio dentro de la disidencia cubana sobre cómo debería producirse un eventual cambio político.
Mientras algunos grupos defienden una ruptura total con las estructuras del actual sistema, otros sectores consideran necesaria una transición negociada. Esas diferencias han marcado durante años las relaciones entre organizaciones del exilio y actores opositores dentro de la isla.
Sin embargo, los promotores del Acuerdo de Liberación sostienen que la preparación institucional no puede esperar a que ocurra el cambio político.
Para ellos, el desafío ya no consiste únicamente en imaginar una Cuba libre, sino en responder una pregunta más concreta: ¿cómo gobernarla cuando llegue ese momento?
