En un panorama de crisis sistémica aguda como el que atraviesa Cuba, los resultados de las votaciones del 26 de marzo de 2023 para la conformación de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) mostraron la participación más baja en unas elecciones parlamentarias desde 1959.

Sin embargo, en Cuba se vota, pero no se elige. A esa conclusión ha llegado Transparencia Electoral de América Latina, organización regional que tiene como objetivo la promoción de los valores democráticos y de elecciones transparentes, íntegras y equitativas en el continente.

Luego de un amplio diagnóstico constitucional y legal en la Mayor de las Antillas mediante la aplicación de las mejores prácticas que aporta el derecho internacional comparado, la entidad presentó un Informe en el que argumenta la existencia de limitaciones al ejercicio de los derechos humanos, entre ellos los de libertad de expresión, manifestación, asociación y participación política.

«De acuerdo a la Constitución en la isla solo puede existir una ideología, la socialista, y autoriza incluso el uso de la violencia contra quienes pretendan revelarse a esta imposición», afirma Transparencia Electoral.

El informe de la organización expone una serie de recomendaciones luego de identificar los principales factores por los cuales no se puede hablar del sistema electoral cubano como un modelo democrático. Las diez medidas mínimas que plantean —las cuales reconocen como necesarias, pero no suficientes— tienen como objetivo el avance de Cuba hacia una transición democrática mediante elecciones; así como desmantelar un modelo electoral diseñado para perpetuar a una élite gobernante.

La primera medida consiste en eliminar el régimen de partido único y la irrevocabilidad del modelo socialista. A ella se añade el cese de las restricciones arbitrarias de los derechos civiles y políticos que impiden la libre participación política.

Además, recomiendan eliminar las comisiones de candidaturas y las organizaciones de masas; facilitar la constitución de partidos políticos diversos y organizaciones de la sociedad civil independientes; garantizar la libertad de expresión y prensa, de manera que los electores puedan informarse por medio de fuentes diversas en igualdad de condiciones.

Otro de los elementos necesarios que identifican para revertir la situación actual es la conveniencia de establecer el voto directo como mecanismo de elección del poder ejecutivo y constituir órganos de administración y justicia electoral profesionales y funcionalmente independientes.

También, aconsejan incorporar en la legislación la figura de observación electoral nacional e internacional de largo alcance, y someter todo el sistema electoral a una auditoría exhaustiva por parte de actores independientes.

Finalmente, para lograr una transición democrática en Cuba por la vía de las elecciones, la organización de observación electoral propone brindar recursos de reclamación efectivos que permitan cuestionar la legalidad o constitucionalidad de determinados actos.

El objetivo fundamental del estudio consiste en entender el funcionamiento del sistema electoral cubano e identificar en un primer término los derechos y garantías reconocidos para que todo ciudadano pueda ejercer a plenitud sus derechos políticos. En segundo término, se busca identificar las herramientas que incorpora la legislación para asegurar la concreción del ejercicio de tales derechos.

«Si bien es claro que el régimen gobernante no tiene ninguna intención de permitir la transición hacia la apertura de un modelo que cumpla con parámetros elementales de integridad democrática, y que brinde garantías mínimas de participación plural a todas las voces, la aportación de Transparencia Electoral es visibilizar ante la comunidad internacional todas las contradicciones existentes para ocultar el perfecto funcionamiento de una dictadura constitucional, a través de una fachada de democracia que entrelaza reglas que, aunque “democráticas”, son de imposible materialización», apunta el comunicado de la organización.

Por una democracia efectiva y la participación de todas las voces

Con el objetivo de promover y desarrollar acciones para fomentar la celebración de elecciones bajo los estándares de integridad internacionalmente reconocidos, Transparencia Electoral cuenta con distintos programas que buscan visibilizar las amenazas al sistema democrático, perfeccionar los procesos electorales y capacitar a funcionarios electorales, integrantes de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil en buenas prácticas electorales.

Sus iniciativas incluyen el acompañamiento en implementación de tecnología para procesos electorales, las investigaciones, la observación electoral, la capacitación, la certificación de integridad de elecciones para entidades civiles y la formación.

«Elecciones generales» en Cuba: ¿Qué pasó este 26 de marzo?

Los tiempos de mayoría abrumadora han pasado a la historia. Estas elecciones han sido las «más irregulares» en Cuba desde 1976.

Ante la exclusión de la diáspora cubana de ejercer su derecho al voto, el pasado año Transparencia Electoral creó una plataforma electrónica junto a DemoAmlat para que la comunidad cubana en el exterior expresara su opinión sobre el Código de las Familias. Se empadronaron en la plataforma 69 personas, de las cuales 52 emitieron su voto desde Alemania, Argentina, Armenia, Bolivia, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, México, Puerto Rico, República Dominicana, Suecia y Uruguay. Ante la pregunta «¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?», un 57.69 % votó que sí y un 42.31 %, no.

En el reciente diagnóstico constitucional y legal cubano, Transparencia Electoral argumenta que el poder en el archipiélago se concentra de forma autoritaria o totalitaria en manos de un dictador o grupo de personas que controlan, directa o indirectamente, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; por lo que en los hechos no existe como tal el principio de separación de poderes, requisito indispensable para consolidar un Estado de derecho.

«El principal problema identificado en el sistema electoral de Cuba radica en el hecho de que es un modelo diseñado no para regular y arbitrar la competencia política entre diferentes fuerzas, sino para perpetuar la vida del régimen gobernante desde 1959, simulando tanto la realización periódica de ejercicios democráticos, como el reconocimiento de derechos fundamentales para ejercer la participación política», apunta el Informe.

A pesar de que las reglas de organización electoral son similares a las de cualquier país democrático, la organización alega que no está consolidado un órgano electoral auténticamente autónomo de los poderes públicos electos, así como ajenos a cualquier organización dependiente del régimen gobernante. De establecerse lo anterior, se garantizaría la inclusión de ciudadanas y ciudadanos imparciales que se involucren en el sistema electoral mediante un cuerpo profesional creado ex profeso para la organización y calificación de los procesos electorales.

Al propio tiempo, deberían generarse canales para asegurar la depuración de un auténtico padrón electoral que brinde confianza, junto a un cronograma de cada proceso electoral dotado de los recursos de reclamación efectivos en el que cada ciudadano esté legitimado para cuestionar la legalidad o constitucionalidad de determinados actos; los cuales tendrían que ser resueltos por instancias ajenas tanto al órgano electoral como a los poderes públicos, de manera que tengan la objetividad e imparcialidad necesaria para resolver los asuntos en disputa. 

A su vez, la integración de las mesas de votación debe brindar la certeza de no ser parte interesada de ningún ente vinculado a los intereses ni del Gobierno ni del Partido Comunista de Cuba.

Por otro lado, Transparencia Electoral identifica en la Constitución de Cuba el reconocimiento de derechos como la libertad de pensamiento, conciencia y expresión; derecho de reunión, manifestación y asociación; y derechos a elegir y ser electo para los cargos públicos. Sin embargo, para que estos derechos sean efectivos, afirma que debe abrirse la participación política universal. Ello permitiría la creación de partidos políticos y la libre competencia política a través de campañas políticas abiertas y de contraste, sin mayores obstáculos que aspectos de edad, de modo honesto de vivir y de residencia.

La organización identifica varios obstáculos en el procedimiento actual que impiden la garantía de la participación política libre, como:

• Concepto de soberanía condicionada a reglas inamovibles
•  Imposición del sistema socialista como único admisible e irrevocable, y criminalización de cualquier intento de contravenirlo
• Pretender que por mandato constitucional cualquier persona que se exprese en forma distinta o contraria al sistema socialista se convierte en disidente
• Órganos electorales funcionalmente dependientes y supeditados a los poderes públicos electos
• Restricciones arbitrarias de los derechos civiles y políticos que permiten bajo cualquier pretexto perseguir y sacar de la jugada a todo ciudadano disidente
•  Restricciones arbitrarias de acceso libre a todos los cargos públicos
•  Imposición de monopartidismo e imposibilidad de que exista competencia política
• Existencia de comisiones de candidaturas como filtros ideológicos
• Intervención de las organizaciones de masas tanto en la función pública como en todas las etapas de selección de candidatos
• Existencia de Comités de Defensa de la Revolución (CDR) como mecanismo de espionaje, intimidación y control de la población disidente.

Según el diagnóstico, los elementos anteriormente identificados «convierten a todo el sistema electoral cubano en una gran contradicción» expresada en las siguientes interrogantes: ¿de qué sirve que exista la libertad de pensamiento o expresión, si esta solo puede ser apegada a la idea socialista?, ¿cómo concebir que los órganos electorales sean independientes, si es la Asamblea Nacional quien designa y remueve a sus integrantes, y quien por ley puede asignarles atribuciones que están obligados a acatar? Es decir, los diputados designan a las autoridades que organizan las elecciones en las que ellos mismos son designados.

Encuesta revela que más del 70 % de cubanos entrevistados no cree legítimas las elecciones

De cara a los comicios del 26 de marzo de 2023, la plataforma Cuba Data consultó a 1 719 personas residentes en el archipiélago. Los resultados muestran la indiferencia que generan las votaciones para conformar el Parlamento cubano.

Por otro lado, ¿cómo concebir la existencia de pluralidad política o ideológica, si disentir al modelo político establecido es considerado un crimen? ¿De qué sirve tener el derecho de reunión y asociación, si no se admite la posibilidad de crear otros partidos políticos? ¿De qué serviría que hubiera otros partidos políticos, si los comités de candidaturas responsables de verificar quién se puede postular se integran por organizaciones de masas cuyo fin constitucional es la edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista? ¿Cómo se podría ejercer el pleno derecho a la participación política y a ocupar cargos públicos sin quedar en el camino de todos los filtros de validación?

«El control ejercido por el régimen gobernante inmiscuido en todo el sistema de postulación y elección de candidatos disfrazados como organizaciones de masas es tal que solo pueden transitar personas verificadas que sean parte del propio sistema. Respecto a la igualdad de derechos, en Cuba el reconocimiento a los derechos está supeditado al respeto de la Constitución que impone formas únicas de pensar y de actuar, que se deben acatar, de manera que aquellos que no lo hagan tendrán limitaciones en el ejercicio de sus derechos», refiere el Informe.

La organización alega que en un sistema democrático tendría que abrirse la puerta para la constitución de nuevas y diversas fuerzas políticas de distintas ideologías, las cuales posteriormente puedan postular sus propios candidatos con independencia de si tienen o no representatividad. En última instancia, plantea que deberían ser los electores los que con sus votos validen o rechacen el ingreso de distintas ideologías o propuestas.

«Resulta muy cuestionable que en todas las etapas del proceso electoral y de revisión de requisitos que se hace de los posibles candidatos, los órganos electorales intervienen en procesos propios de los órganos públicos, y los órganos públicos intervienen en procesos que deberían ser exclusivos de los órganos comiciales, lo cual no se puede entender de otra forma que, como se ha sostenido en el presente estudio, todos los órganos forman parte de un mismo ente y todos velan y trabajan para los mismos fines e intereses: salvaguardar la integridad del régimen gobernante», continúa el diagnóstico.

La organización llama la atención sobre la cada vez más baja participación en los procesos electivos en Cuba, en los que se ha pasado de tener participaciones del 97 % de la población (2003), a porcentajes que rayan el 69 % (2022). El incremento del abstencionismo se interpreta como «la única forma de expresión política disidente exenta de represión, y que proceso tras proceso levanta la voz de rechazo a un modelo que está por demás agotado».