En días recientes ha circulado en las redes sociales, sobre todo en WhatsApp, un mensaje que afirma que «el país se declara en guerra debido a la contingencia energética, por lo que se activan todos los grupos de repuesta rápida para su funcionamiento». Esto es FALSO.
En Cuba no se ha declarado la guerra. En el transcurso de mayo, ninguna autoridad nacional, medio de prensa estatal, perfil o canal oficial de la isla ha informado una disposición semejante. Además, el texto tampoco establece la fecha en la que supuestamente comenzó a aplicarse en el país la situación excepcional de un estado de guerra.
Sobre los denominados grupos de respuesta rápida
Acerca de la activación de «todos los grupos de respuesta rápida», y el montaje de «la guardia obrera» referidos por el texto, resulta preciso aclarar que sí existen en las entidades estatales las conocidas como brigadas de respuesta rápida.
Estas solo se activan ante situaciones políticas de choque. Así, por ejemplo, los reportes mediáticos posteriores a las protestas que tuvieron lugar a lo largo del país el 11 de julio de 2021 registraron la participación de los miembros de las brigadas en la contención de las manifestaciones.
Su activación posee, por tanto, un carácter circunstancial, pero, además arbitrario; pues se trata de grupos conformados y convocados con fines políticos y represeivos, para responder en momentos específicos y donde el Gobierno los necesite.
No hay información pública oficial sobre el funcionamiento de estos grupos. Fuentes consultadas nos confirmaron la existencia de un documento guía, que se aplica a nivel nacional y posee carácter confidencial, en el cual se dispone quiénes los integran y sus protocolos de actuación en situaciones en que el Gobierno lo precisa. Solo quienes tienen acceso al documento conocen en qué situaciones particulares deben ser convocados, quién tiene la potestad para activarlas o cómo está concebido que actúen sus miembros en cada caso en particular.
Por lo general, conforman las brigadas los miembros del consejo de dirección de las entidades, tanto cuadros administrativos, como dirigentes y miembros de organizaciones políticas y del sindicato, y quienes tienen a su cargo la defensa, seguridad y protección (contra incendios), entre otras responsabilidades semejantes en los centros estatales.
Al margen de la existencia de las brigadas, en los días que siguieron a los sucesos de julio, la prensa oficial reportó la realización de actos de reafirmación revolucionaria en los que, en algunos casos, se abanderaron los llamados destacamentos de respuesta rápida. Estos fueron integrados por trabajadores sin cargos administrativos ni políticos que, de forma contingente, se brindaron para responder al llamado de la dirección del país «a la defensa» del sistema, en cualquier momento en que se les necesitara.
Por esos días, también la prensa se hizo eco de disposiciones internas de los propios centros de trabajo para reanimar la guardia obrera, en pos de evitar o minimizar la ocurrencia de sucesos similares a los del 11J, y en particular la agresión a inmuebles y bienes del Estado.
El estado de guerra en Cuba: ¿quién puede declararlo y por qué?
En Cuba, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República actual, vigente desde 2019, solo se declara el estado de guerra o la guerra en caso de agresión militar y únicamente tienen la potestad para imponer la disposición la Asamblea Nacional (ANPP) o el Consejo de Estado (CE). El presidente del país tiene solamente la prerrogativa de proponer la declaración a dichos órganos.
La ley suprema respalda que solo «corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular declarar el estado de guerra o la guerra en caso de agresión militar» (en el artículo 108, ñ) y «al Consejo de Estado asumir, a propuesta del presidente de la República, las facultades de declarar el estado de guerra o la guerra en caso de agresión» y cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular «se halle en receso y no pueda ser convocada con la seguridad y urgencia necesarias» (el artículo 122, l).
Por su parte, al presidente de la República se le otorga la facultad de presidir el Consejo de Defensa Nacional y, además, puede proponer a la ANPP y al CE «según proceda» la declaración del «estado de guerra o la guerra en caso de agresión militar» (artículo 128, j).
El estado de guerra, por su parte, está definido en la Ley 75 de Defensa Nacional, vigente desde 1994 como aquella «situación excepcional de mayor trascendencia que se declara en todo el territorio nacional, con el objetivo de emplear todas las fuerzas y recursos de la sociedad y el Estado para mantener y defender la integridad y la soberanía de la patria» (artículo 14).
La propia Ley 75 subraya que la declaración, por parte de la ANPP o el CE, del estado de guerra o la guerra como tal debe realizarse «mediante un acuerdo en el que exprese las causas que lo originan y las medidas que se adopten» (artículo 15). Y al ser dispuesta esta situación de emergencia, el Consejo de Defensa Nacional pasa a «dirigir el país».
El Consejo de Defensa Nacional durante las situaciones excepcionales es el máximo órgano de poder estatal, político y de dirección. Lo preside el jefe del Consejo de Estado y lo integran, además, el primer vicepresidente del Consejo de Estado «y cinco miembros más, designados por el Consejo de Estado, a propuesta de su presidente» (artículos 24-26).
De tal modo, solo el cumplimiento de las referidas disposiciones normativas y de la condición de hallarse el país en peligro de agresión militar permitiría la declaración de un estado de guerra en la isla. La situación de contingencia energética que vive Cuba en los momentos actuales no constituye, sobre la base legal, una razón que permita a los órganos facultados para ello la disposición de un estado de guerra.
Sobre la contingencia energética actual
El marcado déficit de generación eléctrica en la isla se ha visto acompañado de una programación de cortes de fluido eléctrico diarios a las áreas residenciales en las distintas provincias, los cuales oscilan en promedio entre cuatro y seis horas diarias, aunque se reportan cifras superiores. En mayo la situación se ha agravado.
No es esta la primera contingencia que se reporta en la isla en los tiempos más recientes. Entre junio de 2021 y el 25 de mayo de 2022, hemos contabilizado un total de 328 afectaciones en las unidades térmicas del país reportadas por la UNE. En casi todos los casos, se trató de unidades fuera de servicio por mantenimiento y averías.
El 17 de mayo marcó el inicio de la actual contingencia. Un comunicado oficial de la Unión Nacional Eléctrica (UNE) informó que un grupo de centrales termoeléctricas se hallaban «en mantenimiento, sumadas a otras unidades de generación en avería», a lo que se añadió «la salida imprevista, por salidero en caldera, de la unidad 1 de la Central Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton».
Según acotaba la nota de prensa, «estas condiciones provocaron afectaciones al servicio eléctrico» durante el propio 17 y se mantuvieron en la noche. Para paliarlas, declaraba, «se adoptaron medidas de restricciones al consumo en el sector estatal». Mas, las limitaciones al consumo no residencial—que aún se mantienen— no resultaron suficientes.
La difícil situación energética del país se ha mantenido y resulta «muy tensa», según reconoció el 23 de mayo el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Las informaciones oficiales más recientes ofrecidas por la UNE confirman que «continúa el déficit de generación de electricidad, lo cual provoca afectaciones en el servicio». En la tarde del martes 24 de mayo, una descarga eléctrica impactó el pararrayos de la línea de salida de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras y la planta salió abruptamente del sistema eléctrico nacional.
En palabras de Edier Guzmán Pacheco, director de Generación Térmica de la UNE, la capacidad instalada de las termoeléctricas cubanas es de 2 608 megavatios por hora. Y en este momento no se encuentran disponibles 1 089 megavatios por hora, por averías, y 203 megavatios por hora, por mantenimiento.
La UNE ha subrayado como causas de la actual situación la conjunción de «varios factores». Las principales razones esgrimidas son «las limitaciones financieras y el bloqueo, que han impedido realizar los mantenimientos requeridos» a 16 de los 20 bloques con los que cuenta el país para la generación.
Justo cuando, según declara la entidad, los bloques están quemando «un combustible muy agresivo, que acorta los ciclos de operación entre mantenimientos y requiere una intensificación de los procesos de limpieza, de lavado y la sustitución de conductos que están sometidos a una alta corrosión, lo que hace al sistema muy sensible, que se produzcan muchas averías, y que trabaje con muchas limitaciones».
A todo esto se suma el hecho también reconocido por la entidad de que, «cuando los bloques están en servicio, no alcanzan su máxima potencia y requieren de intervenciones porque pierden la carga muy rápido», debido en lo fundamental, aunque no lo declara la UNE, a la obsolescencia tecnológica de las plantas nacionales.
La llegada de la actual contingencia coincide con el aumento de las temperaturas de la etapa de verano, en la que históricamente el país registra un crecimiento del consumo eléctrico. En el anterior período estival, la UNE reportó un déficit de generación de 500 megavatios por hora.
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