Después de varias horas en medio de un limbo migratorio, la periodista cubana Karla María Pérez regresó a Costa Rica. Actualmente posee un estatus migratorio de solicitante de refugio que le fue concedido por el Gobierno del país centroamericano después de que se viera forzada, la noche del 18 de marzo, a hacer un inesperado viaje de retorno desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá. En la escala camino a Cuba desde Costa Rica, un agente migratorio cubano no identificado notificó a Copa Airlines que la periodista no tenía permitida la entrada a su propio país.

Karla Pérez es cienfueguera, ciudadana cubana. Sin poder permanecer en Panamá ni contar con permiso para entrar nuevamente a Costa Rica (donde estudió por cuatro años después de ser expulsada de la Universidad Central «Martha Abreu» de las Villas  por publicar en el blog de una organización opositora), la cubana de 22 años quedó en medio de una total incertidumbre durante horas, varada, fuera de todos los Estados y sin poder entrar legalmente en ninguno. Técnicamente una apátrida.

«Karla no solo ha sido violentada en su derecho a la educación y discriminada por motivos políticos en Cuba con anterioridad, sino que ahora se le limita su libertad de movimiento», explicó el abogado Eloy Viera en una transmisión directa de elTOQUE sobre el tema.

Esta situación de atropello provocó expresiones de solidaridad entre colegas cubanos y organismos internacionales como Human Rights Watch, cuyo director ejecutivo para las Américas, José Miguel Vivanco, agradeció «a las autoridades costarricenses por proteger los derechos» de la periodista cubana. El representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, comentó que su oficina está atendiendo y acompañando el caso.

Cuando Karla se encontraba aún en Panamá, una activista y cuatro periodistas cubanos se dirigieron personalmente a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex). El embajador Gilberto Mazola, jefe de Atención a la Población del organismo, recibió a Maykel González Vivero, director de Tremenda Nota. «Fue bien amable —comentó el periodista después de su reunión con Mazola—; reconoció las irregularidades que ha habido en la historia de Karla Pérez (…). El embajador se comprometió con nosotros a dar respuesta sobre este incidente y a comunicarle además la situación de Karla a la Embajada cubana en Panamá».

Un día después, en una conferencia de prensa, Yaira Jiménez Roig, directora de Comunicación e Imagen de la Cancillería cubana, habló de un «show mediático», en el que el grupo de personas que fue a su sede estaría “usando a una emigrada cubana», «directamente vinculada a planes y personeros» que la oficialidad permanentemente acusa de intentar dar un «golpe blando» contra el gobierno cubano. La vocera afirma que «son conocidos los estrechos vínculos [de Karla Pérez] con su mentor Eliecer Ávila, y con otros de estos personeros».

«Ella es un instrumento  —afirma Jiménez—, no es la primera vez que es utilizada (…). Ahora sencillamente pretenden reinstalarla en el país en función de propósitos subversivos».

En una entrevista hace dos años, Karla Pérez comenta abiertamente sus desencuentros con el activismo opositor en Cuba y específicamente con el movimiento Somos +, que lidera Ávila.

Este no es un caso aislado. El Gobierno cubano ha usado sistemáticamente la prohibición de entrada o salida del país, la limitación de movimiento, como un mecanismo de sanción no oficial por motivos políticos y bajo el argumento de supuesta amenaza a la seguridad nacional.

Aun cuando la Constitución cubana aprobada en 2019 reconoce el derecho a la libertad de movimiento, la Ley de Migración, en su artículo 24.1, regula motivos por los cuales las autoridades cubanas pueden impedir la entrada al territorio nacional de «cualquier persona», incluidos sus nacionales. Dentro de esos motivos destacan razones de seguridad nacional; participar en acciones hostiles contra los fundamentos políticos del Estado cubano; estar declarado como indeseable, etcétera, explica Viera.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 13 reconoce el derecho de toda persona a circular libremente, a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que nadie puede ser arbitrariamente privado del derecho de entrar a su propio país.

Cuba lo firmó en 2008, pero nunca lo ha ratificado. Sucede —comenta el abogado— que Cuba puede justificarse con el hecho de no tener ningún compromiso internacional en este sentido, puesto que no ha ratificado este Pacto.

La periodista cubana Karla Pérez ha sido sometida a un refugio forzado; ella tenía intención de regresar a Cuba y reunirse con su familia después de cuatro años. La limitación de entrada al país ha funcionado como un destierro de facto, y la solución legal a su caso —convertirse en refugiada— le ha sido impuesta.

 

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