Jorge Luis Arias García no recuerda un momento de su vida que no esté marcado por la represión del Estado cubano. Durante su infancia, al tiempo que descubría palabras, sabores, emociones, también conoció algunas de las consecuencias más oscuras que el régimen reserva para los disidentes: las detenciones arbitrarias, el acoso y las agresiones contra su madre, la activista Yaquelín García Jaén.
«Tengo 23 años y desde que tengo uso de razón mi mamá está luchando por los derechos humanos aquí en Cuba; yo he vivido muchas cosas, he visto muchas cosas contra ella y contra Ariel, el padre de mi hermana Esther», dice a elTOQUE, desde su casa en Bayamo, provincia Granma.
Ahora, la hija de 2 años de Jorge también está creciendo en medio de ausencias: la abuela Yaquelín está en prisión provisional desde noviembre de 2024. Lleva un año y nueve meses separada de su familia, sin juicio, por su oposición al Gobierno.
elTOQUE recibió declaraciones de Yaquelín desde el centro penitenciario para mujeres conocido como «El Estalaje», en las afueras de Bayamo. En la grabación, se escucha a la mujer de 44 años decir, sin levantar la voz, que preferiría morir antes que seguir así, en cautiverio y apartada de los suyos mucho tiempo más.
Advierte que podría comenzar una huelga de hambre si no se resuelve pronto su situación judicial: «O es mi libertad o es mi muerte. Una de las dos, o me sacan viva o me sacan muerta. Ya yo estoy cansada».
Yaquelín García Jaén fue una de las fundadoras de las Damas de Blanco en Bayamo. También estuvo vinculada a los Círculos Democráticos Municipalistas de Cuba y, más recientemente, a Cuba Primero, una organización opositora con sede en Florida, Estados Unidos que afirma tener «el apoyo de más de 80 miembros dentro de la isla».
El 14 de julio de 2026, el Tribunal Provincial Popular de Granma rechazó de plano el procedimiento de habeas corpus que había presentado uno de sus abogados, según consta en un documento de la Sala Primera de lo Penal, al que tuvo acceso elTOQUE. Las personas encargadas de su defensa legal llevan meses tratando de que le permitan, al menos, esperar el juicio en libertad.
Para Jorge, el hijo mayor, la última respuesta negativa del Tribunal fue el detonante para que él escalara los esfuerzos por hacer visible el caso de su madre entre activistas y la prensa independiente: «Haré lo que sea para que ella esté mejor y pueda salir de la prisión donde la tiene metida la dictadura cubana», dice.
El registro y los supuestos delitos
Yaquelín García Jaén cumplió en febrero de 2024 una condena de cinco años por un presunto delito común, proceso que, según la familia y organizaciones de derechos humanos, estuvo motivado por razones políticas.
El 8 de noviembre de 2024, la Policía política volvió a irrumpir en la vivienda familiar.
«Ese día, a las siete de la mañana, llegó a mi casa un grupo de oficiales. Yo me encontraba durmiendo. Me detuvieron y me llevaron para la unidad provincial de instrucción del Minint, donde terminé detenida por el supuesto delito de instigación a delinquir», recuerda Yaquelín.
Pero, al inicio, la justificación para apresarla fue otra. Los agentes que llegaron a su domicilio dijeron que buscaban arroz y azúcar que supuestamente la familia acaparaba, revisaron hasta debajo de los colchones y no encontraron nada. Aun así, se llevaron a la activista disidente.
La ONG Cubalex informó en su momento que ese día decomisaron una cafetera, un fogón de inducción, dinero en efectivo y su documentación personal, y que el cargo inicial que le imputaron fue «venta ilícita de alimentos».
«En el proceso se han señalado varias irregularidades, como la ausencia de una orden de registro y detención, la falta de instrucción formal de cargos y la incomunicación» de la detenida, denunció Cubalex.
Alain Espinosa, abogado de la ONG, dijo a elTOQUE que se trató de «una violación de domicilio y por ende se efectuó de manera ilegal». Además, explicó que «los registros no pueden ser amplios, llegar a buscar a ver qué se encuentra».
Tras su detención en noviembre de 2024, Yaquelín fue recluida en la cárcel El Estalaje. El supuesto delito cambió entonces al de «instigación a delinquir», como explicó en sus declaraciones a elTOQUE. Posteriormente, fue imputada por supuesta «propaganda contra el orden constitucional» y «desórdenes públicos», cargos que constan en la respuesta al habeas corpus de julio de 2026.
El habeas corpus es la herramienta legal más expedita que puede utilizarse en casos de detenciones arbitrarias. La defensa de Yaquelín presentó el recurso al considerar que su prisión provisional era ilegal, pues ella llevaba recluida más tiempo que el establecido por un delito (instigación a delinquir) cuya pena máxima es de un año.
En respuesta, el Tribunal integrado por Ana Luisa Méndez Acosta, Haydee María Aponte Tornés e Isabel Teresa Freixas Roblejo sostuvo que, «una vez avanzada la investigación», la imputación por instigación a delinquir había sido sustituida por los delitos de propaganda contra el orden constitucional y desórdenes públicos. El primero puede ser sancionado con penas de entre cuatro y diez años de privación de libertad.
Con ese argumento, los jueces rechazaron el habeas corpus al considerar que el tiempo que Yaquelín llevaba en prisión provisional «no ha alcanzado el límite inferior de la sanción» correspondiente al delito más grave que se le imputa: propaganda contra el orden constitucional.
El abogado de Cubalex Alain Espinosa dijo a elTOQUE que el recurso de habeas corpus se presentó porque la prolongación de la prisión preventiva vulnera el derecho al debido proceso. Señaló que la ley cubana fija un plazo inicial de 90 días para la fase preparatoria del proceso penal, prorrogable por otros 90 días y, excepcionalmente, por un período adicional, siempre que las extensiones sean solicitadas por la autoridad competente y estén fundamentadas en hechos y derecho.
Sin embargo, explica Espinosa, en este caso —como en otros similares— esas prórrogas no constan debidamente justificadas en el expediente, lo que constituye una violación tanto de la legislación cubana como de los estándares internacionales que exigen que las personas sean juzgadas en un plazo razonable.
Según el abogado, la prisión provisional en Cuba es, por ley, una medida excepcional destinada solo a asegurar que el acusado comparezca a juicio. En el caso de Yaquelín, ese fin ya no tiene sentido después de casi dos años.
«El material probatorio que no hayan logrado recabar a lo largo de este período no lo tendrán ya ni existe circunstancia que haga pensar que ella tiene la intención o la posibilidad de evadir la acción de la justicia», refiere Espinosa.
Según la versión de Yaquelín y la de su defensa, la única evidencia que la Seguridad del Estado tiene en su contra son conversaciones telefónicas sobre el movimiento Cuba Primero y una pregunta que le hizo a otra activista sobre el hijo de esta, preso tras las protestas de julio de 2021.
«Prueba contundente hacia mí no hay», insiste Yaquelín, «porque yo llevo un año y nueve meses y no me han podido procesar, pero me mantienen aquí en prisión».
Explica que, al menos, espera lograr con sus denuncias y una posible huelga de hambre que le hagan el juicio pronto, porque ahora se encuentra en un limbo. «Quiero que me acaben de procesar y ver ante los Tribunales en qué se han basado ellos para encerrarme todo este tiempo».
El abogado Espinosa opina que el rechazo del habeas corpus de Yaquelín es parte de un patrón que su organización documenta hace años, y una evidencia de «la subordinación del poder judicial» al Ministerio del Interior, «sobre todo en el sentido de garantizar impunidad a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos».
Para el experto de Cubalex, entre los recursos que aún podrían activarse —además de presentar nuevas solicitudes de cambio de medida y habeas corpus ante Tribunales cubanos—, menciona una acción urgente ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, una queja ante el Comité contra la Tortura y una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Un padre, preso por reclamar
Yaquelín no es la única persona de su familia presa por motivos políticos. Ariel Eugenio Arzuaga Peña, su esposo y padre de crianza de Jorge, se declaró opositor hace más de 15 años y en 2011 fue sentenciado a seis años de cárcel por un presunto delito de atentado.
También fue detenido en noviembre de 2024 tras reclamar ante las autoridades por la prisión de su esposa Yaquelín. Estuvo recluido en la prisión de Las Mangas, en Granma, hasta finales de abril de 2026 cuando lo trasladaron a Boniato, una prisión de máxima severidad en Santiago de Cuba, lejos de Bayamo.
Desde su traslado a Boniato, la familia denuncia un deterioro de sus condiciones de reclusión. Su hija Esther Arzuaga García, quien tiene 17 años, dijo en un video enviado por la familia a elTOQUE: «A mi papá lo están maltratando, lo están apaleando, le quitan sus cosas, está muy delgado y temo por su vida».
La adolescente atribuye los abusos tanto a otros reclusos como a los guardias. Afirma que su padre, de 63 años y con problemas de próstata, está recluido junto a hombres sancionados a graves condenas por delitos comunes y violentos.
Estas acusaciones no han podido ser corroboradas de forma independiente por elTOQUE ante la prisión de Boniato. Sin embargo, son frecuentes las denuncias de abusos sistemáticos contra los reclusos en la isla, documentadas por organizaciones defensoras de derechos humanos.
Enma Luisa Jaén, madre de Yaquelín García, dijo en un video enviado a elTOQUE que la Seguridad del Estado ha amenazado con quitarle la custodia de Esther, todavía menor de edad, si la familia continuaba reclamando la libertad de la activista presa y su esposo.
«Me mandaron una citación, y yo me presenté, y me dijeron que la iban a recoger para menores, por estar reclamando lo que de verdad ha pasado», cuenta Enma Luisa.
Esther resume así lo que ha sido crecer como hija de dos disidentes: «Es injusto que yo, siendo menor de edad, tenga que pasar tanto trabajo y tanto sacrificio, ya que no me he podido criar con mis padres porque ellos lo han tenido recluidos todo el tiempo».
Desde la prisión
Yaquelín habla también de la ausencia que siente su hija en la llamada desde la cárcel cuya grabación fue enviada a elTOQUE.
«Me he perdido todas las etapas de mis hijos», dice. «No creo que también tenga que morir aquí en prisión sin haber hecho nada, solamente por reclamar los derechos míos como ser humano, como madre».
Según describe, en El Estalaje son obligadas a cohabitar 14 mujeres en cubículos de 5.5 metros de largo y ancho, compartiendo un solo baño. Los frecuentes cortes eléctricos hacen más difícil la vida en prisión, bajo el calor del Oriente cubano, intensificado por un techo de zinc.
Tampoco tienen agua suficiente ni de calidad. Llega dos veces al día, cuando no hay apagón. Si falta la electricidad, entonces hay que acarrear el agua desde una cisterna que Yaquelín solo ha visto limpiar una vez, en un año y nueve meses de encierro.
La presa política arrastra secuelas de la huelga de hambre de 18 días que hizo entre mayo y junio tras una negativa a cambiarle la medida cautelar —dolores lumbares, pérdida de equilibrio, calambres en las manos—. Dice que está esperando a recuperarse un poco más antes de decidir si empieza otra, ahora que el habeas corpus también fue rechazado.
Yaquelín describe la prisión como «tortura psicológica» durante una llamada telefónica de pocos minutos con su hijo. En su casa en Bayamo, Jorge intenta darle fuerzas: «Mami, yo tengo mucha fe en que pronto vas a estar aquí afuera con tus hijos, con tu madre, con tu familia».
Ella contesta que sí, pero se lamenta porque su familia ha pasado por «un trauma», sometida a «provocaciones constantes» de la Policía política para borrar su rebeldía.
Jorge quiere que Yaquelín se sienta acompañada, al menos en el dolor: «Todo lo que tú sufres también lo sufrimos nosotros que somos tus hijos», le dice.
Las respuestas adversas de las autoridades a los reclamos por la liberación de su madre no han desalentado a Jorge Arias García. Dijo a elTOQUE que seguirá exponiendo el caso para que «el mundo sepa el nombre» de Yaquelín García Jaén, con la esperanza de que ella salga de El Estalaje antes de verse obligada a realizar otra huelga de hambre.
