Durante la más reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2024, el primer ministro Manuel Marrero informó que, de las 73 empresas estatales con autorización para importar y exportar, se revocaron 24 licencias «por el bajo nivel de actividad y por mal funcionamiento».

«Para facilitar que las formas de gestión pudieran importar y exportar, autorizamos desde el Gobierno a 73 empresas. Pero, en el análisis que hicimos había muchas barbaridades, varios errores», reconoció Marrero.

Aunque algunos medios de prensa aseguraron que se trataba de empresas privadas, la información es errónea. El Gobierno cubano no permite que el sector privado —con excepción de algunas mipymes de tecnología y fuentes renovables— exporte o importe directamente sus servicios o productos.

«Nosotros no aceptamos que exista una empresa privada exportadora en Cuba, sino que se utilicen las empresas estatales», dijo Marrero ante el Parlamento cubano.

Entre las medidas anunciadas por el primer ministro para garantizar el monopolio estatal del comercio exterior también se encuentra ordenar las nomenclaturas de importación y exportación; condicionar el servicio de las entidades estatales a un certificado de no adeudo fiscal; implementar los costos y pagos de las formas de gestión no estatal (FGNE) desde cuentas y bancos cubanos; y declarar el origen de los fondos.

Aunque el premier hizo alusión a 73 empresas importadoras y exportadoras que hoy dan servicio al sector no estatal, un equipo de elTOQUE pudo constatar que solo 68 han sido publicadas en la Gaceta Oficial. En la página del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), el directorio con las entidades data de 2022 y solo incluye 59 de ellas.

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Monopolio estatal del comercio exterior

En 2020, el Gobierno cubano anunció la autorización de las primeras empresas estatales para la importación y exportación de productos de las FGNE en Cuba (primero los trabajadores por cuenta propia y un año después las mipymes, cooperativas no agropecuarias y programas de desarrollo local).

En aquella ocasión, las autoridades cubanas argumentaron que, por su experiencia en ese tipo de operaciones, las entidades estatales tendrían más contactos con proveedores extranjeros y podrían facilitar las relaciones contractuales.

Al explicar la decisión, el entonces ministro de economía y planificación Alejandro Gil argumentó que necesitaban captar las divisas generadas por las importaciones y exportaciones.

Rodrigo Malmierca, otrora ministro de Comercio Exterior, dijo: «Si queremos de verdad facilitar las exportaciones, debemos asegurar las condiciones en las empresas estatales para brindar un servicio de calidad a las formas de gestión no estatal».

Un año y medio después (en febrero de 2022), al resumir la actividad del Mincex en 2021 Malmierca informó que de las 58 empresas aprobadas entonces, 21 no habían realizado operaciones. Especificó: «16 porque no han concluido los trámites y cinco lo tienen todo listo, mas no han hecho acción alguna de comercio exterior». Reconoció, además, que el cuerpo legal de más de 70 normas era obsoleto y contradictorio.

A la lentitud de las operaciones, Malmierca agregó la falta de preparación de los recursos humanos, la burocracia y la falta de iniciativa. Varias de las limitaciones se repitieron en los informes siguientes del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, en 2022 y 2023.

Según reconoció en septiembre de 2022 Vivian Herrera Cid, directora general de Comercio Exterior del Mincex, una operación de comercio exterior que requiere permisos de organismos e instituciones demoraba como promedio entre 50 y 60 días.

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La ineficiencia estatal no es nueva

En diciembre de 2021, varios campesinos que exportan sus mercancías a través de empresas estatales se quejaron del incremento de los costos al ejecutar las exportaciones y del aumento de las tarifas de servicios asociados con las operaciones. También lamentaron las demoras excesivas en la liberación de los pagos a los proveedores de la consignación, lo que causaba deficiencias en el aprovisionamiento.

La revocación de las licencias a 24 empresas estatales importadoras y exportadoras llega con retraso y da la razón a los emprendedores y economistas que han sugerido eliminar la obligatoriedad de la contratación de una empresa estatal de intermediaria. Sobre todo porque los trabajadores privados pueden —la mayoría de las veces— establecer las relaciones con proveedores extranjeros y pagar directamente.

El socio habanero de una mipyme dedicada a las ventas mayoristas aseguró a elTOQUE que eliminar la obligatoriedad de tener empresas intermediarias permitiría la reducción de los precios.

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«Solamente en las comisiones en divisas y en pesos cubanos que se paga a las empresas estatales hay un aumento de los costos de la mercancía y una reducción de los beneficios. Muchas veces ni siquiera saben o hacen bien su trabajo», añadió.

Según contó el socio de la mipyme, la obligatoriedad también da pie a la corrupción porque no siempre se tramitan con igual celeridad la totalidad de los contratos. «Si sobornas a los funcionarios, tu importación o exportación se prioriza», precisó.

Existen otros riesgos y limitaciones que imponen costos adicionales a los emprendedores privados y afecta su eficiencia, competitividad y capacidad de crecimiento —además de la ineficiencia burocrática y de la corrupción—. A saber: la falta de control sobre las transacciones privadas y la gestión ineficaz de los contratos.

En diciembre de 2023, un consultor económico camagüeyano aseguró a elTOQUE que las empresas estatales intermediarias de importación del Mincex agravan los costos de las importaciones y exportaciones, lo cual otorga un protagonismo falso a las empresas que monopolizan —de forma ineficiente— el comercio exterior.

El economista Ricardo Torres comentó que al obligar al sector privado a hacer operaciones de comercio exterior a través de empresas estatales, el Gobierno asegura el control de la actividad —sea estatal o no—.

«Las empresas cobran una tasa por el servicio de intermediación y, por tanto, otro objetivo claro es recaudar divisas, sobre todo en la crisis actual», añadió.

Según su experiencia, para algunos empresarios —la mayor parte— las entidades estatales no aportan sino el mero cumplimiento de la norma; pero también existen otros que están satisfechos con los servicios contratados.

Ricardo Torres opina que debería permitirse la creación de mipymes especializadas en comercio exterior para que fuera libre la decisión de contratar una empresa, sea privada o estatal, para realizar las operaciones. «Pero entonces el Gobierno perdería el monopolio», concluyó.