Cuando en octubre de 2019 el Gobierno cubano emprendió una reforma económica para superar la coyuntura —la crisis de combustibles que un mes antes había decretado—, las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) se convirtieron en la medida más publicitada y polémica.

Pero las propuestas iban más allá. También contemplaban la eliminación de aranceles o bonificaciones de las importaciones de materias primas y productos de primera necesidad, y la ampliación de las compras en el exterior de automotores destinados a personas naturales. La corporación Cimex lideraría el grupo de empresas con permiso para ejercer las nuevas modalidades de comercio.

«La demanda interna tiene un impulso notable en la economía [y] se escapan divisas del país que son necesarias», declaró el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, en una Mesa Redonda sobre el tema. La meta del Gobierno era competir con las «mulas» para acceder a las divisas.

En igual período y anticipándose a la decisión gubernamental, la consultora Auge encuestó a 126 emprendimientos de La Habana para preguntar qué recursos necesitaban traer al país. «La lista pudiera ser una guía preliminar para que las nuevas empresas importadoras se orienten en cuanto a identificar las necesidades de los cuentapropistas», explicó Oniel Díaz, director de Auge. En la relación sobresalían artículos tecnológicos, de ferretería y textiles.

A la vuelta de tres años, ni los planes oficiales se cumplieron ni el sector privado dispone de canales más expeditos para sus relaciones con el exterior.

¿Para qué sirven las importadoras estatales?

Hace pocas semanas, José Luis Hernández, un programador habanero, preguntó en el grupo de Facebook Mipymes Cuba sobre la utilidad de las importadoras, enfatizando en el hecho de que «el dinero hay que ponerlo en la cuenta del proveedor» desde el comienzo de las operaciones. «Me he entrevistado con comerciales de varios proveedores extranjeros acreditados en el país, todos me han dicho que tienen en los almacenes millones de dólares en mercancía, pero no se la pueden vender directo al cliente», detalló.

Desde que en julio de 2020 el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) publicó la primera edición de su directorio de empresas estatales autorizadas para brindar «servicios de comercialización exterior a las formas de gestión no estatales», el número de las importadoras aumentó de 41 a 60, aunque sin lograr que su servicio dejara de ser irregular y costoso.

«Insatisfacciones hay, y no pocas», reconoció en febrero de 2021 el presidente Miguel Díaz-Canel al pasar revista al programa. De las 58 empresas aprobadas por entonces, 21 no habían realizado operaciones, y el resto lidiaba con las más de 70 normas establecidas para regular el comercio exterior. Parte del cuerpo legal es obsoleto y contradictorio, «y no está a tono con las nuevas condiciones en que funciona [la] economía», consideró el titular del Mincex, Rodrigo Malmierca.

El comercio exterior gestionado por el Estado tiene un marcado signo importador y se rige por la premisa de colocar ofertas que sean de interés para las comercializadoras, en vez de funcionar como un intermediario tradicional.

De acuerdo con el Mincex, entre mediados de 2020 y el cierre de 2021 se habían firmado 9 mil contratos de importación por 139 millones de dólares; los acuerdos de exportación, en tanto, sumaban apenas 170, evaluados en poco más de 12 millones de dólares. De las importaciones concretadas, alrededor de 6 mil se habían cumplido mediante compras de artículos en consignación o de depósitos aduanales; es decir, echando mano a existencias que se encontraban en la isla.

El dueño de un restaurante que prefirió no dar su nombre declaró que importadoras como Cimex y Tiendas Caribe tratan de favorecer en las ofertas a proveedores con los que tienen vínculos previos, «sin importar si son o no los más competitivos». La última experiencia en ese sentido la vivió hace par de meses, cuando quiso comprar varios sets de utensilios profesionales para su cocina.

«Aunque teníamos contactado al comercializador y preestablecido un acuerdo con él, la importadora demoró el trámite durante semanas por motivos diversos, mientras nos ofrecía opciones de menos calidad. Al final, terminamos adquiriendo los utensilios por otra vía», comentó.

Más empresas importadoras estatales, más trabas para el sector no estatal

Siete nuevas empresas importadores fueron añadidas por el Gobierno cubano al listado de estos intermediarios, pese a las constantes recomendaciones de expertos sobre la necesidad de que desaparezcan.

«Puesto en Cuba… »

La crisis eléctrica evidenció la efectividad de los importadores privados con respecto a la ineficiencia de las empresas estatales autorizadas para el comercio exterior: miles de generadores portátiles fueron traídos a Cuba en pocos meses para atender necesidades familiares o de un mercado que el Estado no intentaba siquiera abastecer.

La flexibilización del comercio exterior ha sido una demanda recurrente de actores económicos y especialistas, pero las autoridades insisten en mantener el monopolio de la actividad. Cualquier apertura se considera uno de los «errores estratégicos [que conducirían] a la destrucción del socialismo», mencionados por Raúl Castro durante el Octavo Congreso del Partido Comunista. Solo la presión del desabastecido mercado interno y las dificultades con los proveedores foráneos lograron forzar durante 2022 una limitada autorización de negocios con capital extranjero orientados al comercio interior.

La implementación estará marcada por la discrecionalidad. Aunque al anunciarla, en agosto pasado, el Mincex insistió en que el «monopolio del comercio exterior se mantendrá en manos del Estado», también dejó abierta la posibilidad de que «actores económicos no estatales» importen de manera directa. Se podrán otorgar permisos a «un grupo determinado por las autoridades», acotó la viceministra primera del Mincex, Ana Teresita González.

Desde hace años Cuba enfrenta una severa crisis de liquidez y sus importadoras operan en números rojos. Solo con España, el tercer socio comercial, los atrasos de pagos a proveedores sumaban 350 millones de euros al cierre de 2021, según un informe de la secretaría de Comercio del Gobierno español. Un programa de conversión de deuda vigente entre ambos países apenas se ha traducido en algunas «inversiones de tamaño medio».

Probablemente el programa haya beneficiado a Gran Ferretero S.A., la primera empresa mixta autorizada para ejercer el comercio interior en la isla. De manera oficial, entre sus prioridades está trabajar con productores nacionales, pero sin compras fuera de fronteras resulta casi imposible que logre sostener las existencias de la tienda que construye en La Habana.

Gran Ferretero S.A. nació en abril de 2022 como resultado de un acuerdo entre el Ministerio de Comercio Interior de Cuba y la compañía española Gurea Industrial & Automotive Equipment SL.

A pesar de no contar con igual aval que la entidad ibérica, algunas «formas de gestión no estatal» cubren parte del vacío que dejan las importadoras estatales. Entre sus clientes más provechosos suelen contarse entidades subordinadas al Estado que por «vías oficiales» no pueden adquirir los recursos que necesitan.

Un ejemplo de ese tipo de relación es la que mantienen la mediana empresa Renova y la Empresa Provincial de Transporte de Camagüey para el suministro de baterías, neumáticos y piezas de repuesto. Sin embargo, las comercializadoras del Ministerio de Transporte deberían garantizar los componentes a mejor precio, aprovechando las ventajas de la importación mayorista.

En agosto de 2020 los Ministerios de Economía y Planificación, del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y de Finanzas y Precios (MFP) emitieron las normas que debían cumplir las nuevas formas de gestión para exportar e importar a través de entidades estatales. La Resolución 315 del Mincex estableció pagos por «transportación nacional, flete, seguro, operaciones aduanales, margen comercial y otros gastos que correspondan», pero dejó sin definir las cuantías.

Al abordar el tema de la «distribución del ingreso que se recibe por la exportación e importación», la Resolución 210 del MFP remitió a las «tasas de margen comercial [para importadoras] aprobadas por este Ministerio, según los niveles de circulación y grupos de productos que corresponda». O lo que significa: a unas tarifas variables que por lo regular equivalen al 3 % del costo nominal de la importación. Junto con los impuestos aduaneros y otros pagos a realizar a la entrada al país, el monto final de las erogaciones pudiera terminar en cerca del 10 % del valor de los artículos importados.

En principio, pareciera una cifra razonable. La cuestión es que muchos actores económicos no interactúan de manera directa con los proveedores extranjeros ni con las importadoras cubanas, por lo que se ven obligados a pagar comisiones a empresas intermediarias —privadas o estatales—. En esas circunstancias, el valor de los productos «puestos en Cuba» casi siempre supera su cotización en el exterior.

Tal realidad es común en el sector agropecuario. elTOQUE ha expuesto cómo los tractores y otros implementos son comercializados por Gelma (el Grupo Empresarial Logístico del Ministerio de la Agricultura) a precios que duplican o más los del mercado internacional. En abril, un reportaje de la televisión nacional apuntó el alto costo de los alimentos vendidos por Gelma como uno de los obstáculos que entorpecen la pretendida recuperación de la ganadería porcina.

Gobierno cubano pone freno al sector no estatal

Durante la Asamblea Nacional del Poder Popular se anunció la exención del pago de impuestos para las nuevas formas de gestión no estatal. La medida desestimula la creación de los nuevos actores económicos.

La estructura organizacional de Gelma contribuye a la ineficiencia. Solo una de sus empresas subordinadas, la Mayorista de Suministros Agropecuarios, tiene permiso de importación. Pero no vende los artículos que trae al país, sino que los distribuye a las restantes empresas del grupo, las cuales se encargan de comercializarlos. Cada una suma sus «márgenes de ganancia» al valor inicial del producto, encareciéndolo.

En sentido contrario, para los productores, la imposibilidad de exportar de manera directa supone pérdidas de ingresos, en ocasiones millonarias. Un ejemplo «trazable» es el de la apicultura, el único rubro de la agricultura cubana que en los últimos años registró indicadores positivos.

La de 2021 fue la mayor cosecha histórica con 10 500 toneladas de miel. Del volumen, más de 8 400 toneladas fueron vendidas a clientes de la Unión Europea, a un precio promedio de 2 mil euros la tonelada. Mientras, por cada tonelada los apicultores recibieron entre 30 mil y 45 mil CUP, una bonificación en MLC y subsidios para comprar insumos y combustible. Para suma de males, no pocas veces los productores y campesinos se han quejado del atraso del pago de sus cosechas.

«El Estado cubano afronta una notable escasez de divisas y no está en condiciones de asegurar el abastecimiento de las cadenas de tiendas estatales, incluso de aquellas que venden en dólares bancarizados», reflexionó el economista y profesor universitario Mauricio de Miranda, en un video publicado por elTOQUE a mediados de agosto.

«En el discurso oficial se insiste en “cambiar lo que deba ser cambiado” y en “desatar las fuerzas productivas”, pero no es más que retórica. Desatar las fuerzas productivas —para usar la categoría del pensamiento marxista— significa eliminar todas las trabas que frenan su desarrollo. No obstante, en cada medida adoptada se incluyen restricciones que limitan su efectividad», agregó el economista.

Nada indica, sin embargo, que el Gobierno tenga en planes eliminar un modelo que le permite mantener estrechamente controlada la economía de la isla. A falta de otras fuentes de ingresos el comercio exterior es un campo demasiado valioso para cederle terreno al «enemigo».