La Instrucción 2 de 2023 que emitió Manuel Marrero Cruz, primer ministro cubano, establece que «las estructuras del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) y del Ministerio del Interior (Minint)» deben participar, de conjunto con el Ministerio de la Agricultura (Minagri), en las labores de «control [de] la posesión, uso y legalidad de la tierra, investigación especial de la ganadería y control de la contratación».

Hasta la fecha, no hay registro público de la instrucción, que parece conceder privilegios al Minfar y al Minint en materia de contratación agrícola e, incluso, parece conferirles mayor participación en los controles sobre el uso de la tierra en el país. La política de publicación de la Gaceta Oficial establece que solo las normas de «interés general» serán publicadas, lo cual evita que la ciudadanía tenga acceso a ciertas normativas (como la Instrucción 2), pero no impide que entren en vigor.

Hoy se conoce sobre la existencia de la Instrucción 2 porque la Resolución 275/24 del Minagri —que regula el proceso de contratación agrícola para 2025 y fue publicada el 4 de septiembre de 2024 en la Gaceta—, menciona algunas de las disposiciones de la instrucción como sustento de sus previsiones. 

Ante la falta del texto íntegro de la Instrucción 2, dos lecturas fundamentales pueden realizarse a partir de lo mencionado en relación con la misma en uno de los POR CUANTOS de la Resolución 275/24. 

La primera se relaciona con una idea que ha defendido la burocracia cubana desde hace mucho tiempo. El modelo empresarial del Minfar y del Minint son ejemplos de eficiencia que deberían reproducir el resto de los sectores de la economía.

Ministerio de Agricultura: gerentes de la escasez

El ministro de la Agricultura cubano, Ydael Pérez Brito, develó por qué el país vive una crisis alimentaria de grandes proporciones.

Por esa razón, a organismos en teoría vinculados con funciones de defensa y seguridad se les conceden privilegios en materia de contratación. Privilegios que, en el caso de la agricultura (como en otros sectores de la economía cubana), pudiesen devenir en administración y disposición autónoma y sin interferencia de los recursos que se produzcan.

El Minfar y el Minint cuentan con organizaciones productivas controladas por ellos. Quizá el ejemplo más destacado es el Ejército Juvenil del Trabajo (EJT). Sin embargo, la agricultura es de los pocos sectores de la economía cubana en el que los privados tienen una participación mayoritaria. Pero el hecho de que la agricultura sea impulsada por el sector privado no impide que el Estado establezca un sistema de «contratación forzada» que obliga a los tenedores de tierra a vender sus producciones a entidades estatales a partir de las disposiciones de los comités de contratación que controlan las autoridades locales.

La Resolución 275/24 ratificó la política de contratación forzada, por lo que la libertad de contratación del Minfar y del Minint es un privilegio en un ambiente en el que los precios y la venta de las producciones agropecuarias —sin importar si el origen es privado— es controlado de manera central. Al tiempo que a los productores privados se les obliga a contratar la venta de sus producciones con entidades estatales bajo la justificación del «bien común», a organizaciones de defensa y control (como el Minint y el Minfar) se les pudiera permitir que dispongan de sus producciones libremente y sin interferencia del órgano regulador de la materia, el Ministerio de la Agricultura.

La segunda lectura que puede hacerse de lo dispuesto en la Instrucción 2 de 2023 es que se han entregado facultades de control adicionales al Minint y al Minfar para el control sobre la posesión y uso de la tierra. La idea no resulta descabellada en Cuba, donde las fórmulas de «dinamización» de la economía vienen muchas veces acompañadas por el aumento de la coacción.

La Resolución 275/24 del Minagri contempla la posibilidad de aplicar normas contravencionales a quienes incumplan sus disposiciones. Si la Instrucción 2 es uno de los fundamentos legales para justificar la normativa (pero no es de conocimiento público y parece otorgar privilegios al Minfar y al Minint), no sería erróneo suponer que también concederá facultades que permitan una mayor intervención —en especial del Minint— en el control del uso de la tierra, la comercialización de la producción y el manejo del ganado.

Lo anterior cobra más relevancia al considerar que las autoridades, a pesar de la evidencia empírica que sugiere lo contrario, han señalado que una de las principales causas del descontrol en el ámbito agrícola se debe a las ilegalidades cometidas por los productores y a las deficiencias en el cuidado y aseguramiento de sus recursos.

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