El próximo 24 de febrero, los cubanos que asistan a las urnas podrán seleccionar SÍ o NO en una boleta, para ratificar o rechazar una nueva constitución.

Por primera vez, en más de 43 años, los cubanos tendrán la oportunidad de escoger ante una propuesta de Estado y de gobierno. Será importante no solo la participación sino también la cualidad del voto.

Luego de la aprobación por la Asamblea Nacional del proyecto de constitución, a fines de diciembre de 2018, el gobierno ha desplegado una intensa campaña a favor del SÍ, utilizando los recursos públicos a su alcance.

Aunque existen dos opciones, para el poder cubano parece no haber más que una: el SÍ.

En las escasísimas oportunidades en las cuales se deja entrever que también hay una casilla por el NO, se le presenta, por contraposición a los argumentos del SÍ, como una opción antisoberana que busca el mantenimiento de la Constitución de 1976, un instrumento jurídico al que señalan como anquilosado y necesitado de reformas.

Pero, insistimos, también existe una opción NO, cuya improbabilidad de éxito (asumida por muchos cubanos, no solo por la masividad presumible de apoyo por el SÍ, sino también por la falta de transparencia del mecanismo de conteo de los votos) mueve a parte de la ciudadanía a ni siquiera preguntarse qué pasaría si ganara el NO, y las autoridades lo reconocieran.

No obstante, durante nuestro segundo debate público “La Cuba que viene…” una de las preguntas más reiteradas por el público asistente fue, precisamente, cuál podría ser un escenario imaginable en el supuesto de la mayoría negativa.

Desde elTOQUE hemos solicitado a seis juristas sus opiniones sobre el tema. Con las respuestas de Julio Antonio Fernández Estrada, Amalia Pérez, Michel Fernández Pérez, René Fidel González, Raudiel Peña Barrios y Eloy Viera Cañive, tratamos de bosquejar el asunto.

La primera consecuencia jurídico-material de un NO mayoritario es el mantenimiento temporal de la Constitución de 1976.

El doctor en Ciencias Jurídicas Julio Antonio Fernández Estrada, advierte que si bien “quedaría muy golpeada la legitimidad del sistema político cubano y la fuerza de su convocatoria y comunicación con el pueblo, (…) la continuidad institucional del sistema político y específicamente del Estado”, seguiría estando segura.

“El NO, en ningún caso, pone en peligro la independencia ni la soberanía ni el socialismo, porque estos principios están claros en la Constitución que quedaría viva”, insiste.

Como afirma el profesor y asesor jurídico Michel Fernández —para quien imaginar la victoria del NO es ciencia ficción— “la nueva constitución no es una constitución de cambio sino de continuidad, mantiene intacto el núcleo duro del ejercicio del poder en Cuba. Es decir, los que detentan el poder político en Cuba no necesitan de una nueva constitución para continuar en el poder”.

Panel: ¿Qué no podemos obviar de cara al referéndum constitucional?

Teniendo en cuenta que, “a diferencia de otros países, en Cuba no existe una regulación legal que impida iniciar un nuevo proceso constitucional en el actual período electoral”, la candidata a doctora Amalia Pérez explica que “legalmente, las posibilidades serían las mismas que teníamos antes de empezar este proceso.

“Con base en la actual Constitución, que quedaría vigente de ganar el NO, las opciones básicas serían:

1) iniciar un nuevo proceso constituyente con consulta y referendo popular si se insiste en reformar la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) o de su Consejo de Estado o los derechos y deberes, consagrados en la Constitución;

2) la propia ANPP pudiera modificar parcialmente la constitución (en el resto de sus contenidos, excepto aquellos incluidos en la cláusula de intangibilidad), mediante acuerdo adoptado por mayoría no inferior a las dos terceras partes del total de la ANPP;

3) la ANPP pudiera dictar una ley modificando la cláusula de reforma y habilitar un nuevo proceso bajo condiciones legales distintas (pudiera habilitar una asamblea constituyente);

4) el pueblo, en ejercicio de la iniciativa legislativa popular, pudiera proponer esa nueva ley de reforma”.

Todos los escenarios citados contemplan crear una nueva constitución.

Ello permitiría, de acuerdo con el Máster en Derecho Constitucional Raudiel Peña, elaborar una Carta Magna “desde otra perspectiva, no con la lógica de crear un texto sobre la base de los criterios de un grupo de expertos, sino que se estaría dando la posibilidad de volver a desarrollar un debate nacional. Dicho debate no sería sobre un proyecto pre elaborado, sino para construir un proyecto a partir de las ideas de todos”.

¿Son leyes todo lo que entienden por leyes en la nueva Constitución?

Eloy Viera, abogado y bloguero, reconoce que el triunfo del NO puede dar lugar a dos escenarios jurídico-políticos previsibles:

“En el primer escenario, el triunfo del NO puede concluir con la utilización de la exclusiva capacidad constitucional de la Asamblea Nacional del Poder Popular para promover un proceso de reforma parcial que no requiera ser refrendada mediante el voto directo de la ciudadanía.

“Esa salida impediría teóricamente modificar las facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el catálogo de derechos, pero permitiría redactar un texto que resuma todas las herramientas que garanticen la continuidad imaginada por los impulsores del texto no aprobado.

“La inexistencia de órganos eficientes de control constitucional, pudiera favorecer que se aprobara una reforma total como si fuera parcial sin que los ciudadanos que sostuvieron el NO puedan oponerse legalmente.

“Esta solución fue la misma empleada con anterioridad en un momento de mucha tensión política en Cuba. La Reforma Constitucional de 1992, para muchos una reforma total del texto de 1976, fue aprobada exclusivamente por la Asamblea Nacional del Poder Popular, mediante una ley.

“En el segundo escenario, la misma ciudadanía que votó y, sin articulación, logró hacer que triunfara el NO y se reconociera como tal, podría organizarse e impulsar un proyecto de Ley de Reforma Constitucional.

“Ese documento tendrá que vencer los escollos burocráticos y subjetivos diseñados para dificultar el ejercicio de la iniciativa legislativa popular. Sin embargo, de lograrse materializar el triunfo del NO, los escollos burocráticos serían elementos completamente secundarios”, concluye Viera.

La sonrisa de la Constitución

Al imaginar el triunfo del NO, también deben tenerse en cuenta las consecuencias políticas.

Además del golpe a la legitimidad de una forma de gobierno, en consideración de Michel Fernández no se puede perder de vista que podría ser utilizado como “un instrumento de presión política contra el gobierno revolucionario, ya que como mismo el (gobierno) utiliza el SÍ como legitimación de su sistema, los opositores al sistema utilizarían el NO para atacarlo y afirmar que no tiene el apoyo mayoritario del pueblo.

“Quizás aquí lo que más pesaría sería la presión internacional, porque a lo interno no existe ninguna fuerza política capaz de movilizar a todos los que por diversas razones votaron NO.”

Y aunque no triunfe el NO, dice Julio Antonio Fernández Estrada, la población no satisfecha con la constitución refrendada, también puede hacer uso de las herramientas que resulten de la nueva legislación complementaria, “por ejemplo, la iniciativa constitucional de los 50 mil ciudadanos y los procesos por posibles violaciones de derechos que puedan ser abiertos a partir de ahora”.

Según el profesor y Doctor en Ciencias Jurídicas René Fidel González, “cuando el escrutinio final del referéndum arroje los resultados, los márgenes porcentuales y la estadística de la población implicada en cada una de las opciones, será posible entender que la mayoría ganó, aunque acaso nunca reparemos completamente en cuál fue la minoría que realmente fue derrotada cuando la ciudadanía discutió y vapuleó el anteproyecto constitucional”.

“Gane el SÍ o el NO —en opinión de Amalia Pérez—, sea esta o una nueva ANPP, el órgano legislativo deberá asumir las deudas acumuladas desde su creación con el pueblo y dictar las leyes complementarias que debió emitir según la propia Constitución del 1976 (por ejemplo, ley de ciudadanía) o que incluso acordó dictar en su Pleno y no lo ha hecho (por ejemplo, la ley de control constitucional)”.

Tras uno u otro resultado, concluye Amalia, “mantener y aumentar el nivel de participación y articulación social que hemos visto durante este proceso es crucial para poder decidir los tiempos y el rumbo de ese nuevo derecho”.