Faby Rodríguez, de 22 años, no pensó que aquella mañana la iban a detener, que sería su último día en libertad en Estados Unidos. Llegó puntual a la cita de control migratorio en San Antonio, Texas, como lo había hecho siempre. Ese día, comenzó su viaje de regreso a Cuba.

Hasta ese momento, su historia parecía una más dentro de los miles de procesos migratorios abiertos en Estados Unidos. Había salido de Cuba en 2022 hacia Nicaragua, desde donde comenzó una travesía larga y peligrosa. Al entrar a territorio estadounidense, fue detenida durante tres días y luego liberada con un formulario I-220A, el documento que le permitía continuar su proceso en libertad mientras su caso lo revisaba una Corte de inmigración.

Como lo hizo durante todo ese tiempo, Faby cumplió con cada paso: presentó su solicitud de asilo, asistió a sus citas en la Corte y se reportó puntualmente a cada control migratorio en la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Nunca tuvo problemas. Nunca faltó. Por eso, cuando aquel día entregó sus documentos y pasó a la sala de espera, no pensó que algo pudiera salir mal.

30 minutos después —más de lo habitual— comenzaron a llamar a varias personas por sus nombres. El primero fue el suyo.

La puerta que lo cambió todo

Cuando los oficiales le pidieron guardar silencio y atravesar una puerta, Faby no sabía que estaba entrando en una nueva etapa del sistema migratorio: la detención. Según cuenta a elTOQUE en entrevista exclusiva, una vez dentro, les explicaron que sus casos serían revisados «al 110 %», que habían sido mal procesados en la frontera y que ahora serían procesados «correctamente».

El mensaje fue directo: quedarían detenidos. La alternativa era la salida voluntaria de EE. UU.

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«Ni una luz roja se ha llevado Osmani desde que vive aquí. Trabajar es lo único que ha hecho», dice Pedrito sobre su amigo deportado. Osmani fue devuelto a una Cuba cada vez más inhabitable, separado de su familia y de una vida que empezaba a reconstruir en EE. UU. 

Faby fue retenida desde la mañana hasta la noche. Pasadas las 11:00 p. m., fue trasladada a otro centro de detención, a una hora de San Antonio. Llegó alrededor de las 12:30 de la madrugada. El proceso fue lento. Eran alrededor de 12 mujeres y 60 hombres. Terminaron de procesarlos cerca de las 4:00 de la mañana y a esa hora les dieron algo de comer. A las 10:00 a. m. del día siguiente pudieron salir de esa área.

Allí comenzó a entender que su historia no era excepcional.

Detención prolongada, espera indefinida

En el centro coincidió con personas de decenas de nacionalidades: Honduras, Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Colombia, Afganistán, Pakistán, Rusia, China, Cuba. La mayoría había sido detenida en circunstancias similares: una cita, una revisión, un traslado inesperado.

Muchos llevaban seis, siete u ocho meses detenidos. Otros aún no tenían fecha de Corte. Al llegar, les explicaban que, tras diez días hábiles, se les asignaría una audiencia. En la práctica, algunas personas esperaban más de 40 días sin recibir fecha alguna.

Faby tuvo su primera audiencia ese mes. Su abogado pidió que fuera liberada bajo fianza o con un grillete electrónico para poder continuar el proceso desde fuera. El juez lo negó.

Según explicó, bajo las políticas migratorias aplicadas en ese momento, las personas detenidas no tenían derecho automático a fianza ni a medidas alternativas. Debían permanecer detenidas hasta que el proceso concluyera. Las opciones eran claras: pelear el asilo desde detención o aceptar la salida voluntaria.

Faby decidió pelear.

¿Qué es el formulario I-220A y qué cambió?

El I-220A es una orden de libertad bajo palabra (Order of Release on Recognizance) emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. No concede estatus migratorio legal, residencia permanente ni protección definitiva contra la deportación. Su función es permitir que una persona permanezca fuera de detención mientras su caso migratorio continúa activo ante una Corte de inmigración, bajo condiciones específicas como presentarse a citas de control, informar cambios de domicilio y cumplir con el proceso judicial.

Aunque durante años fue percibida como una forma de estabilidad temporal, el I-220A tiene una limitación clave para los inmigrantes cubanos: no es considerado un parole bajo la ley migratoria estadounidense. Ello significa que no permite acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, que exige haber sido admitido o haber recibido parole para poder solicitar la residencia permanente tras un año y un día en Estados Unidos.

¿Si pagas 1 000 USD podrás entrar más fácilmente a Estados Unidos?

El anuncio, el 16 de octubre de 2025, de una nueva tarifa de 1 000 USD para la mayoría de las personas que reciban un parole migratorio ha generado confusión y desinformación. Para aclarar las dudas, elTOQUE reúne las preguntas y respuestas más relevantes.

En la práctica, esa interpretación dejó a miles de cubanos atrapados en un limbo migratorio. Personas que ingresaron de manera irregular por la frontera y se entregaron a las autoridades fueron liberadas de forma discrecional con un parole o con un I-220A, en dependencia de los oficiales que los procesaron. Los últimos, debido a ese estatus, no han podido ajustarse bajo la Ley de Ajuste Cubano, en su mayoría.

Aunque por años el I-220A fue visto como una señal de relativa estabilidad, esa percepción cambió radicalmente en 2025, con la nueva Administración de Donald Trump.

Con el endurecimiento de la política migratoria durante este año, la situación se volvió aún más frágil. El I-220A no solo dejó de representar una expectativa de regularización futura, sino que también expuso a sus portadores a nuevas detenciones y deportaciones, incluso durante citas migratorias rutinarias. Casos de personas detenidas pese a llevar años cumpliendo con el sistema comenzaron a multiplicarse.

El cambio de escenario explica por qué el miedo y la incertidumbre han crecido de forma notable en los últimos meses entre cubanos con I-220A. La combinación de un estatus que no permite ajustarse por la Ley de Ajuste Cubano y una política migratoria más agresiva ha transformado lo que antes se veía como una espera larga pero estable, en una situación de vulnerabilidad constante.

El peso de las cifras de deportaciones

La experiencia de Faby ocurre en un contexto más amplio. En 2025, Estados Unidos ha intensificado las deportaciones, alcanzando cifras de años anteriores.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), más de 2 millones de inmigrantes indocumentados han salido de EE. UU. en lo que va de 2025. De ese total, 1.6 millones lo hicieron de manera voluntaria y más de 527 000 fueron expulsados hasta finales de octubre de 2025 bajo la coordinación de ICE.

La población detenida por ICE alcanzó más de 65 000 personas en diferentes centros de detención, un nivel histórico que supera ampliamente los registros previos y que incluye tanto casos con antecedentes penales como personas sin condenas criminales, lo que ha generado críticas de defensores de derechos humanos.

Las cifras contrastan con años recientes: a principios de enero de 2025, había aproximadamente 39 000 personas detenidas, una cifra que creció rápidamente con la expansión de centros y de operaciones migratorias.

En el caso de Cuba, en 2025 las devoluciones se han movido en dos carriles paralelos: por un lado, los vuelos de deportación directa a La Habana; por otro, un aumento de expulsiones hacia «terceros países», principalmente México, que deja a muchos deportados en un limbo legal.

Deportan a una madre cubana, su niña queda en Estados Unidos

Heydi Sánchez Tejeda, ciudadana cubana sin antecedentes penales y madre de una niña de un año, fue deportada a Cuba por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el 24 de abril de 2025. El Ministerio del Interior de Cuba confirmó la llegada a La Habana de un vuelo con 82 cubanos deportados, 74 hombres y ocho mujeres, entre las que estaba Sánchez Tejeda. 

A lo largo de 2025, las deportaciones directas a Cuba desde Estados Unidos mostraron un incremento sostenido. Un total de 1 498 nacionales han sido devueltos por la Administración Trump desde el pasado enero en 12 vuelos de deportación de ICE, la mayor cantidad para un presidente estadounidense en un solo mandato. Los operativos se realizaron de forma periódica y consolidaron la repatriación aérea como herramienta de control migratorio, no como medida excepcional.

Tras el último vuelo que tuvo lugar el 18 de diciembre de 2025, Trump acumula la mayor cantidad de cubanos deportados en la historia de Estados Unidos, con 4 883. Las estadísticas registradas por anteriores presidentes estadounidenses quedan muy lejos del récord establecido por Trump: Joe Biden (978), Barack Obama (341) y George W. Bush (416).

En paralelo, se documentó un aumento de expulsiones hacia países distintos del de origen del deportado. Hasta mediados de 2025, al menos 731 cubanos habían sido enviados a «terceros países», según recuentos basados en registros oficiales y análisis independientes. Dentro de ese grupo, México se convirtió en el principal destino, concentrando alrededor de 640 deportaciones en pocos meses.

Estas expulsiones a México suelen implicar que las personas no reciben un estatus legal para residir o trabajar allí y terminan desplazadas hacia el sur del país, en ciudades como Villahermosa, Tabasco. En muchos casos, sobreviven en condiciones de alta precariedad, expuestas a extorsiones, violencia y falta de acceso a servicios básicos.

Detrás de esas cifras hay historias como la de Faby: personas que cumplían con el sistema y que, aun así, terminaron detenidas.

El regreso de Faby

Faby reunió nuevamente sus evidencias y volvió a presentar su caso desde cero ante un nuevo juez. Pero el 26 de septiembre de 2025, durante su segunda audiencia virtual, el juez le dijo que no veía posibilidades reales de que ganara el asilo. Consideró que sus pruebas no eran suficientemente fuertes.

Le ofreció la salida voluntaria como alternativa para evitar una orden de deportación formal que pudiera cerrarle las puertas en el futuro. Faby aceptó.

«Fue un juez bueno», dice. «Muchos ni siquiera te dejan hablar y te dan una orden de deportación».

Dos meses después, tras un vuelo cancelado y semanas de espera, Faby fue trasladada, esposada —manos, cintura y pies— a Louisiana y de ahí al aeropuerto, desde donde salió el vuelo de deportación. Las esposas se las quitaron apenas 25 minutos antes de aterrizar en La Habana.

El impacto de la deportación para Faby no terminó tras el aterrizaje. Al llegar a Cuba, se encontró con una realidad que apenas le dejó espacio para procesar lo vivido: familiares enfermos, apagones constantes, escasez y un clima de estrés permanente.

Volver a empezar en un país muy distinto al que dejó convirtió el regreso en una experiencia aún más dura. La urgencia por atender lo inmediato desplazó cualquier posibilidad de duelo migratorio, una situación que se repite entre muchas personas deportadas.

«Llegar fue muy duro», cuenta. «La Cuba que dejé estaba mal, pero ahora está peor».

Hoy, Faby está con su hijo y su familia. Agradecida por el reencuentro, pero consciente de que su historia es también una advertencia.

«No den nada por sentado», dice. «Aunque estés cumpliendo, todo puede cambiar de un día para otro».

En un año marcado por deportaciones aceleradas, revisión de casos antiguos y detenciones inesperadas, la historia de Faby Rodríguez resume una realidad que atraviesa a miles de migrantes: en el sistema migratorio actual, cumplir las reglas ya no garantiza permanecer en libertad.