El 30 de julio de 2020 la corresponsal de la Agencia EFE en Cuba, Lorena Cantó, se sumaba a una denuncia de periodistas independientes tras haberles sido impedido por las autoridades salir de sus casas, sin justificación. “Cosa que no me extraña, porque se trata de una persecución imposible de justificar”, comentó Cantó en su cuenta de Twitter.

Tras su mensaje no tardó en aparecer la respuesta de un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El embajador Juan Antonio Fernández, director de Comunicación del organismo, reprendió a la periodista española públicamente: “(…) ya hablaremos porque tampoco me parece ni creo sea la función de una corresponsal hacer política interna”.

Captura del tweet original de Lorena Cantó y la respuesta del embajador José Antonio Fernández, director de Comunicación del MINREX, de Cuba.

A Fernández lo secundó en la actitud de “salir al paso” un colega suyo. Y luego otro, y otro.

Alberto González Casals, director del Centro de Prensa Internacional (CPI), acusó a Cantó de que su tuit “sin dudas es activismo político, lo que no le corresponde a EFE”. En la misma tesitura, Carlos E. Valdés de la Concepción, jefe del Grupo de Atención a la Prensa Extranjera, insistió en que se trataba “de activismo político concreto, de apoyo a la contrarrevolución, (…) que no le atañe a EFE, ni a ningún medio acreditado en nuestro país”. A la respuesta “enérgica” se sumó incluso Héctor Velázquez, moderador de las conferencias de prensa diarias con el parte epidemiológico por la COVID-19 y funcionario de rango bajo en el CPI.

La Resolución 182 de 2006, o Reglamento para el Ejercicio de la Prensa Extranjera en Cuba, establece que la acreditación “faculta a su titular a ejercer el periodismo en el territorio nacional de acuerdo con las normas y regulaciones establecidas en el país”; y, por otro lado, “no autoriza a su portador para realizar actividades ajenas al perfil del trabajo de prensa, independientemente de las características del medio o agencia que represente”.

Las actividades que pueden ser consideradas ajenas al perfil de EFE, como dejaron ver los funcionarios del Minrex, quedan en un vasto terreno de discrecionalidad. Las amenazas y el acoso que esos mismos representantes ejercieron sobre Lorena Cantó no obedecen solo a su entusiasmo por marcar públicamente lealtades políticas; no es una reacción individual, festinada ni accidental, sino que está articulada, orientada y descrita por normativas y regulaciones estatales en Cuba.

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La censura como Política de Estado y Gobierno

La mencionada resolución de 2006 determina que sea el Ministerio de Relaciones Exteriores el organismo encargado de autorizar y regular el trabajo de la prensa extranjera en Cuba, a través del Centro de Prensa Internacional.

Esta instancia, a diferencia de otras estructuras certificantes para la prensa extranjera en la región (en algunos países incluso basta la credencial del medio y no se requiere un estatus migratorio específico), funge además como mediador entre los periodistas y gran parte de sus fuentes al establecer “que de ninguna manera” el corresponsal o colaborador puede hacer gestiones directas con instituciones del Gobierno, Estado u otras organizaciones e instituciones del país sin notificar al CPI.

Esta dependencia del Minrex tiene, todo el tiempo, la facultad de suspender temporalmente o retirar definitivamente la acreditación transitoria o permanente cuando el titular realice “acciones impropias o ajenas a su perfil y contenido de trabajo, así como cuando se considere que ha faltado a la ética periodística y/o no se ajuste a la objetividad en sus despachos”.

“Es una forma de chantaje”, afirmó Corinne Cumerlato, corresponsal en La Habana del diario francés La Croix, de 1996 a 1999, en un informe compilado por la organización Reporteros Sin Fronteras sobre la vigilancia a los profesionales acreditados en Cuba. “Cada periodista extranjero está perpetuamente en suspenso”.

La Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos (2019) también respalda la actitud del funcionariado motivo de este análisis, porque, fundamentándose en las directrices del Partido Comunista para la Comunicación, y el principio “Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”, abarca a medios de prensa e instituciones y a “todos los ciudadanos cubanos y los extranjeros que residan de forma permanente o temporal o transiten por el territorio nacional”.

Si bien reconoce “la información, la comunicación y el conocimiento” como “un bien público y un derecho ciudadano”, la Política describe la Comunicación como un “recurso estratégico de dirección del Estado y el Gobierno”; recurso que, por su importancia, es directamente gestionado por el Partido Comunista de Cuba.

Este enfoque instrumental le ha permitido al Gobierno cubano darle a la Comunicación tratamiento de recurso partidista en lugar de expresión general de dos derechos fundamentales: el derecho a la libre expresión y el derecho a la información.

El documento, además, reconoce que las limitaciones a la Comunicación están determinadas “por la legislación establecida en materia de Defensa y Seguridad Nacional”. Ergo, la Comunicación en Cuba es asunto de Seguridad Nacional.

Esta concepción, a su vez, permite, entre muchas otras prerrogativas del poder, evaluar y amenazar a periodistas extranjeros acreditados en la isla bajo argumento de generar, no solo en el contenido de trabajo, sino también en opiniones expresadas públicamente, una amenaza a la seguridad de la nación, su Gobierno o su Partido.

Los cuatro funcionarios del Minrex, al reaccionar a un comentario que entra en conflicto con el discurso del aparato propagandístico cubano, no han hecho sino poner en práctica el acápite de que el Estado y el Gobierno “regulan y controlan el cumplimiento de los principios de esta Política (de Comunicación) en el contenido de los productos comunicativos que se distribuyan y exhiban a través de los diferentes canales y soportes de Comunicación”.

Al parecer debemos entender que las redes sociales de las personas naturales están incluidas entre esos canales y soportes que ellos buscan regular.

En la página oficial del CPI, sin embargo, estas funciones de monitoreo, supervisión y fiscalización de medios y corresponsales, no aparecen descritas entre los objetivos del organismo.

En un video filtrado a mediados de 2017 puede verse al entonces primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel acusar a OnCuba, un medio estadounidense acreditado en La Habana, de tener una “plataforma digital (…) muy agresiva contra la Revolución. Se la vamos a cerrar”, aseguró. “Y que se arme el escándalo que se quiera armar, que digan que censuramos. Está bien. Aquí todo el mundo censura”, añadió.

Un video recorre el país con verdades no contadas

Seguridad, control y presión también sobre los medios extranjeros

Por décadas las autoridades cubanas han utilizado el argumento de la Seguridad Nacional para rechazar a discreción la presencia en el país de varios periodistas o medios de prensa; a algunos, después de haber sido recibidos, les ha sido retirada la credencial. La novedad que representan las respuestas de los funcionarios del Minrex en redes sociales es la visibilidad pública de mecanismos de presión y control que hasta el momento solían operar más sutilmente, a través de mensajes privados, llamadas telefónicas o encuentros presenciales.

“Las primeras observaciones se referían a la forma de interpretar lo que yo escribía”, dijo André Birukoff a Reporteros sin Fronteras para su investigación sobre el tema. En julio de 1984 la AFP envió a Birukoff a La Habana, de donde fue expulsado menos de un año después.

Un resumen de la agencia IPS, publicado en 2003, reportaba que en las dos décadas anteriores una decena de reporteros extranjeros habían sido obligados a marcharse “por diversos motivos, no siempre vinculados a la profesión”.

A mediados de 2018 Fernando Ravsberg, quien había sido corresponsal de dos medios extranjeros, recibió la noticia de que su credencial no sería renovada. El argumento del CPI fue que luego de que no le renovaran el contrato en el periódico español para el cual reportaba (Público) no había razón para reacreditarlo, a pesar de que reconocieron estar evaluando otras dos solicitudes de medios para acreditar al periodista uruguayo.

Dos años después no ha sido reacreditado y, desde antes de ese desenlace, era su blog Cartas desde Cuba lo que generaba conflictos, al punto de que ese fue el tema del que hablaron en el encuentro en el cual fue notificado del cese de su acreditación.

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A Mauricio Vincent, corresponsal de El País y la Cadena SER, le fue retirada su acreditación en 2011, después de un año sin ser renovada, por ofrecer “una imagen parcial y negativa” de la realidad cubana. Pablo de Llano, del mismo diario español, terminó yéndose a Miami porque nunca se aprobó su solicitud de corresponsalía en La Habana.

Varios colegas que trabajan hoy para medios extranjeros acreditados en Cuba (actualmente suman 73 presentes en el país) confirmaron a El Toque Jurídico que al menos una vez ellos o sus superiores han recibido llamadas para hacerles algún reclamo o cuestionamiento. No todos conocen en detalle el reglamento que regula su trabajo ni el hecho de que la Política de Comunicación Social, que será base de un Decreto Ley, también aplica para ellos.

La pérdida de la acreditación que establece el Reglamento es también justificación suficiente para perder el estatus migratorio, y esto implica inexorablemente la obligación de abandonar el país. Por tanto, la acreditación representa la permanencia del corresponsal en Cuba, y esta permanencia sigue estando definida no ya por el cumplimiento de un modelo de conducta que de él esperan las autoridades, sino también de una evaluación política y no periodística  que terceros puedan hacer de su trabajo, su persona y su proyección pública.

Especialmente vulnerables son los trabajadores cubanos de las agencias de prensa, pues en el caso de los extranjeros una de las consecuencias más graves que pueden enfrentar por sus textos es la expulsión del país (lo cual, de hecho, les rodea de una aureola de heroicidad ante sus casas matrices y es más un mérito que un problema para sus carreras); mientras que los reporteros nacionales pueden perder un empleo que es, casi siempre, una oportunidad irrepetible de ingresos y desarrollo profesional, con al menos un poco de seguridad jurídica.