La Gaceta Oficial No. 96, en su edición Ordinaria del 24 de agosto de 2021, publicó tres decretos leyes. Dentro de las normativas destaca el Decreto Ley 41/2021, el cual dispone la disolución del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) y la creación del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS).

El modelo de prensa estatal cubano —a pesar de las subordinaciones burocráticas— nunca ha sido dirigido de forma independiente por un organismo de la administración del Estado. El modelo de prensa cubano ha sido controlado desde un inicio por el Partido Comunista de Cuba (PCC), en especial, por el Departamento Ideológico de su Comité Central.

La creación del IICS se acompañó de una reunión del presidente cubano Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez con un grupo de periodistas de medios de prensa estatales en el Palacio de la Revolución. Durante ese encuentro —celebrado el 24 de agosto de 2021— el gobernante cubano afirmó que, desde el momento en que salió presidente, definió «como pilares de la gestión de Gobierno la informatización de la sociedad, la comunicación social, y la ciencia y la innovación. Después, en el Congreso del PCC dijimos: esos son pilares también para el trabajo del Partido».

Díaz-Canel reconoció, además, que el Gobierno tenía necesidad de potenciar la comunicación social. Afirmó que el miembro del Secretariado del Comité Central del PCC y jefe de su Departamento Ideológico, Rogelio Polanco Fuentes, sabía de comunicación social —en una clara alusión a que la persona encargada del control de la prensa cubana estaba capacitada para la tarea—. El mandatario agregó, para su argumentación, que Polanco había sido director de un periódico nacional (Juventud Rebelde) y que era un revolucionario destacado con experiencia diplomática. Para concluir, increpó a los presentes y les preguntó —en franca referencia a la comunicación social— si Polanco era o no una persona adecuada para entender estos temas.

Horas después de la reunión con Díaz-Canel, Polanco Fuentes desde su cuenta de Twitter afirmó que «la gestación del Instituto de Información y Comunicación Social llega tras nueve años de profundo debate e investigación científica, en que se decidieron principios y normas que pautan la política de comunicación del Estado y Gobierno cubanos».

Como afirmara el jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del PCC, la creación del nuevo IICS es parte de la materialización de la «Política de Comunicación» que publicó Periodismo de Barrio, en diciembre de 2018, ante la ausencia de un pronunciamiento oficial al respecto. Periodismo de Barrio y el resto de los medios que forman parte del ecosistema de la prensa independiente cubana fueron catalogados, durante el encuentro, por Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba, como «timbiriches digitales».

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La «Política de Comunicación» (la Política) contemplaba dentro de sus principales objetivos: «contribuir a garantizar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución socialista y el Partido, y fortalecer la cultura del diálogo a nivel social, institucional y comunitario, y el uso responsable de la información y la comunicación; propiciar mayor participación de la población en el control y fiscalización de la gestión pública».

Anunciaba, también, la necesidad de «crear o reorganizar las funciones y estructuras para la comunicación social en los órganos del Estado, organismos de la Administración Central del Estado (OACE), organizaciones superiores de Dirección Empresarial (OSDE), órganos del Poder Popular y otras entidades».

Expresaba que esa reorganización debería implementarse jurídicamente a través de un decreto ley —a ese nivel de especificación llegaba— que dispusiera la creación de un «órgano que respondiera por la conducción de la Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno aprobada según la política general trazada por el Partido Comunista de Cuba para su desarrollo».

La Política reconocía que se debía prestar especial atención a la subordinación y las funciones de ese órgano y disponía que, hasta tanto no se concluyeran los estudios y se aprobara la decisión, la labor de controlar la comunicación en Cuba seguiría en manos del Comité Central del PCC.

Como es costumbre en Cuba, el Decreto Ley 41 no hace sino responder a las indicaciones de políticas partidistas; en este caso, a la «Política de Comunicación». A esta última también respondieron en su momento el Decreto Ley 370 y, más reciente en el tiempo, el Decreto Ley 35 y su paquete normativo complementario.

Para ejemplificar esta afirmación puede utilizarse el hecho de que el Decreto Ley 41 reconoce casi de forma exacta algunos de los objetivos más importante de la Política. Reconoce que el IICS estaría encargado de «controlar la Política de la Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubano; proponer su perfeccionamiento, así como contribuir a fomentar la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad cubana».

No obstante, el Decreto Ley 41 parece ser solo el comienzo de la implementación jurídica de la «Política de Comunicación». La Política también establece el compromiso del Gobierno cubano de emitir otro decreto ley con su reglamento a través del cual se establezcan —por ejemplo— las formas de propiedad y los nuevos mecanismos de gestión de la prensa. La Política decreta la necesidad de aprobar una norma jurídica que regule lo relativo a la publicidad y el patrocinio en los medios de prensa cubanos.

Ninguna de esas disposiciones ha sido emitida hasta la fecha. Los cubanos debemos continuar a la espera para conocer hasta dónde pretende el Gobierno llevar lo que Díaz-Canel —al evocar al periodista Ariel Terrero— ha denominado: «revolución de la comunicación».

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