La doble vara fiscal en Cuba: mipymes penalizadas, foráneos privilegiados

Foto: elToque

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Cuba enfrenta una contracción productiva prolongada, una inflación desbordada y una crisis energética que paraliza sectores claves.

Según estimaciones del Ministerio de Economía, el PIB se contrajo un 1.1 % en 2024. El ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, confirmó que en los últimos cinco años (2020-2024) la actividad económica había registrado una caída del 11 %.

En ese escenario adverso, el sector privado emerge como uno de los pocos motores de dinamismo en la economía nacional. Desde septiembre de 2021, cuando el Gobierno autorizó formalmente las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), se han aprobado más de 11 000 entidades. De ellas, el 60 % son de nueva creación, lo que evidencia la vitalidad emprendedora pese a algunas restricciones.

El papel de los privados es cada vez más relevante en el país: generan empleo, aportan ingresos fiscales y abastecen segmentos del mercado desatendidos por la empresa estatal. Entre 2012 y 2024, el sector privado —incluidos los cuentapropistas y las mipymes— creó alrededor de 570 000 puestos de trabajo, mientras que el sector público eliminó cerca de 1 millón. Solo en 2024, las mipymes contribuyeron con el 23 % de los ingresos tributarios del país.

Sin embargo, como documenta el economista Ricardo Torres Pérez en el informe especial «Sector privado en Cuba: ¿válvula de escape o motor de desarrollo?» (Cuba Study Group, septiembre de 2025), ese dinamismo enfrenta diversos obstáculos, entre ellos una arquitectura tributaria que penaliza a las empresas nacionales y privilegia la inversión extranjera.

Trato desigual: la ley es más dura para las mipymes cubanas

El informe subraya que «cuando se compara la carga tributaria general de las mipymes frente a inversionistas extranjeros (en sus diversas modalidades), se aprecia de forma clara que estas están en completa desventaja: no solo están sujetas a mayor número de tributos, sino que las tasas que reciben son similares o más altas».

El caso más evidente es el impuesto sobre utilidades. Las mipymes nacionales deben tributar el 35 % sobre sus beneficios, mientras que los inversionistas foráneos en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM) disfrutan de una exención total durante los primeros ocho o diez años. Pasado ese período, pagan solo entre el 12 % y el 15 %.

«Beneficios para los de afuera, para atraer “fulitas en líquido”, que como se sabe, no es para todos. Y los de adentro, seguimos chapoteando en lo mismo», comentó sobre este tema un comerciante privado a elTOQUE.

La diferencia no es solo de porcentajes, sino también de estabilidad normativa. Mientras las mipymes enfrentan cambios frecuentes en la regulación, controles, topes de precios y nuevas cargas administrativas, los inversores extranjeros reciben un paquete de incentivos estables.

«La matriz tributaria ilustra, como casi ninguna otra dimensión, el visible sesgo de la política pública en contra del desarrollo de la empresa privada de capital nacional», señala el informe.

Al respecto, un exasesor jurídico de la empresa estatal cubana, que solicitó anonimato, comentó a elTOQUE: «lo que se busca es capital foráneo, sí o sí. Con tal de que entren divisas les damos los beneficios que sean. Lo interno es otro análisis que tiene más que ver con el tipo de moneda que aportan las mipymes, en su mayoría el peso cubano».

A esta inequidad se suma el problema del financiamiento. Según Torres Pérez, solo el 1.2 % de los créditos oficiales llega a las mipymes, lo que las deja dependientes del dinero que envían familiares desde el exterior o de préstamos informales para las inversiones que necesitan.

El precio de la desigualdad fiscal

El impacto de esta disparidad fiscal es profundo. Al soportar una carga desproporcionada, las mipymes tienden a concentrarse en actividades de corto ciclo y bajo riesgo —importación de productos, servicios básicos, gastronomía— en lugar de apostar por industrias más complejas o con capacidad exportadora.

«La presión tributaria, junto con el alto costo de los insumos, la falta de crédito y la volatilidad regulatoria, fuerza a muchos negocios privados a centrarse en actividades rápidas y de baja complejidad», resume el especialista.

El resultado es un freno a la diversificación productiva, mayor vulnerabilidad a los vaivenes regulatorios y escasos incentivos para innovar. «No pedimos un trato especial, solo igualdad de condiciones. Si a las mipymes cubanas nos dieran el mismo respaldo que a los grandes inversionistas, podríamos crecer, contratar más gente y aportar más impuestos. Pero con tantas cargas, uno se asfixia», comentó el dueño de un restaurante privado en La Habana.

El informe asegura, además, que el sesgo fiscal «profundiza la incertidumbre en lugar de generar condiciones propicias para el emprendimiento». Ejemplos recientes confirman esta tendencia. En 2024, el Gobierno eliminó beneficios fiscales iniciales que, en teoría, estimulaban la creación de nuevas mipymes. A la par, aumentaron las inspecciones y se introdujeron topes de precios en sectores sensibles.

Una prioridad de política económica: equiparar el trato fiscal

El informe de Torres advierte: «el Gobierno cubano, si muestra genuino interés por el desarrollo de la isla y por consolidar la recuperación económica, puede dar pasos concretos para derribar los obstáculos que impiden un mayor despliegue del sector privado».

Entre las medidas, menciona de forma explícita: «reestructurar el código tributario para, como mínimo, equiparar al sector privado nacional con el tratamiento que recibe la inversión extranjera». El argumento es de peso. El sector privado ha demostrado su capacidad para generar empleo, aportar recursos fiscales y dinamizar la economía en medio de un contexto adverso.

Sin embargo, opera en condiciones más restrictivas que las empresas foráneas. Si el Estado cubano igualara las reglas, no solo avanzaría hacia una mayor equidad, sino que permitiría que estas empresas desplieguen su potencial transformador.

«El tamaño relativamente pequeño del sector tiene más que ver con el marco regulatorio y de incentivos al que se enfrentan los emprendimientos que con su potencial, ampliamente demostrado en un contexto desafiante», insiste Torres.

El cambio tributario no puede seguir esperando: garantizar que las mipymes cubanas reciban el mismo trato fiscal que los grandes inversores extranjeros es esencial para que este sector deje de ser marginal y pueda contribuir de manera real al desarrollo económico del país.

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