No existe información pública precisa sobre cuántas micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes) y trabajadores por cuenta propia (TCP) cesaron sus actividades como consecuencia de la publicación de la Resolución 56/2024 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), anunciada en diciembre de 2024.

La normativa, que reglamenta lo dispuesto en el Decreto 107/2024, establece la prohibición del comercio mayorista para los TCP, y obliga a las mipymes y cooperativas no agropecuarias (CNA), cuya actividad principal sea el comercio mayorista, a realizar sus operaciones solo con empresas estatales.

Según las autoridades del Mincin, la resolución 56/2024 pretende «reordenar» las ventas al por mayor y encadenar al sector privado con la empresa estatal, para minimizar las pérdidas y déficit de divisas de esta última. 

La resolución estableció inicialmente un plazo de 90 días para que los negocios afectados definieran si mantenían o no la actividad mayorista como principal línea de trabajo, bajo las condiciones impuestas por el Estado. 

Al acercarse el vencimiento del primer período—junto con un plazo general de 120 días para la aplicación plena de la normativa—el Gobierno cubano decidió extenderlo hasta septiembre de 2025.

En cambio, para los TCP el escenario es distinto: deberán liquidar sus inventarios y eliminar la actividad de comercio mayorista de sus registros antes del 7 de mayo de 2025.

Comercio mayorista privado directo con el Estado: ¿Qué esperar?

A pocos días de publicada la Resolución 56/2024 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), una de las mayores incertidumbres del sector privado se refiere a los tipos de contrato que ahora, de forma obligatoria, deben establecer con entidades y comercializadoras estatales quienes tengan una licencia de comercio mayorista como actividad principal.

¿Medida político-ideológica o económica?

La noticia sobre la prórroga hasta el 30 de septiembre de 2025 del plazo para cambiar el objeto social y para la puesta en vigor de la Resolución 56/2024 para mipymes y CNA, se supo a través de canales no oficiales. 

Las cuentas en Facebook y X atribuidas al Gobierno de Cuba —ambas sin verificar— fueron la fuente principal de los medios de prensa que luego compartieron la noticia. Ni las redes sociales, ni la página web del Mincin, ni ningún otro ministerio cubano hicieron alusión al tema en sus portales institucionales. 

Algunos usuarios en redes sociales llamaron la atención sobre la «informalidad» del anuncio, que al no estar estipulado en ninguna norma legal, podría servir como excusa para que los inspectores multen o decomisen la mercancía de los negocios privados. 

La nota publicada en las redes del Gobierno, informó que solo seis negocios conjuntos se han aprobado entre entidades estatales y mipymes. No se ha aclarado si el bajo número de encadenamientos se debe a trabas burocráticas en los procesos de tramitación y contratación, o si más bien responde a falta de interés o reticencias por las partes involucradas.

La última posibilidad cobra fuerza dada la crítica generalizada que recibió la medida desde su anuncio en diciembre de 2024.

Empresarios privados y economistas alertaron que la centralización del comercio mayorista podría provocar desabastecimiento y aumento de precios en el mercado minorista, al afectar la continuidad de las cadenas de suministro. 

«Hubo algunos que cancelaron o paralizaron sus importaciones para ver cómo se aplicaba la resolución. Algunos productos como la harina y el aceite se “perdieron” de los puntos de venta de las mipymes», señaló un emprendedor. 

Sobre este último resaltó que, a pesar del tope de precio gubernamental, el desabastecimiento ha provocado un aumento de hasta 1 500 CUP por litro de aceite.

Nuevas reglas del comercio mayorista: el Estado respira, los privados se asfixian

Desde una perspectiva económica, la ley de oferta y demanda sugiere que una disminución en la oferta, combinada con una demanda constante o creciente, puede provocar un aumento de precios. La nueva medida podría entonces convertirse en un bumerán.

Otro emprendedor entrevistado por elTOQUE aseguró que no le sorprende la prórroga del plazo para aplicar la normativa porque en muchos negocios «no existen las condiciones para encadenarse con el Estado y viceversa».

Mencionó que la principal dificultad que enfrentan es la incapacidad de las empresas estatales para pagar las divisas necesarias para importar mercancías y materias primas, «lo que limita cualquier intento de cooperación efectiva».

Señaló que en teoría poder usar la logística estatal para el comercio mayorista es una buena idea, pero en la práctica «todavía el Gobierno no tiene soluciones para la tasa de cambio, y ahí radica uno de los mayores obstáculos». 

Aunque el Gobierno ha planteado soluciones parciales, como el pago en USD mediante las recaudaciones en cadenas de tiendas estatales (Caribe y Fincimex), son muy pocos los negocios que han logrado concretar estos acuerdos. 

De hecho, en algunos casos las autoridades han reconocido que, para iniciar los procesos de «encadenamiento» han necesitado un «voto de confianza» de los negocios privados. 

Una muerte anunciada: fin del comercio mayorista entre privados

El Gobierno cubano ha ordenado la cancelación de todas las licencias comerciales otorgadas a las cooperativas no agropecuarias y a las pequeñas y medianas empresas que tengan autorizado el comercio mayorista como actividad secundaria dentro de su objeto social. 

Posponer el tiro en el pie

En el programa Cuadrando la Caja, Leonel González, director de la empresa Gran Comercial, señaló que existen trabajadores no estatales con suficiente capacidad financiera para participar en el comercio mayorista; sin embargo, carecen de la logística o del conocimiento necesarios para llevar adelante esta actividad, condiciones que, según afirmó, sí poseen las entidades estatales.

Justamente una de las principales preocupaciones de los economistas, emprendedores y cubanos en general, es la capacidad de las empresas estatales para manejar eficientemente el comercio mayorista, dado su historial de ineficiencia y burocracia.

Al igual que con otras medidas, —como la importación y exportación a través del Estado— las críticas también han estado dirigidas a la obligatoriedad impuesta por la Resolución 56/2024, que impide a los actores privados elegir con quién desea establecer contratos comerciales, forzándolos a depender del sector estatal.

Según el economista Ricardo Torres, la reciente prórroga de esta medida representa «otro escape hacia adelante del Gobierno». 

El experto considera esta acción como «uno más de los tantos errores cometidos por un Gobierno que vive dando bandazos, desconectado de la realidad cotidiana, y que cuando se enfrenta con la práctica concreta, evidencia aún más su improvisación».

Desde que se hizo pública la normativa en diciembre de 2024, varios ciudadanos y emprendedores comentaron a elTOQUE que ni siquiera los funcionarios del Mincin tenían claro cómo aplicar de forma efectiva la resolución.

Aunque el presidente cubano asegura que no se «arremete» contra el sector privado, la nota del Gobierno —y las sucesivas medidas económicas— lo han dejado claro: La empresa estatal socialista es el actor fundamental de la economía cubana. 

Para «salvarla» importa poco si se asfixia y afecta al sector privado, y por consecuencia, al pueblo. 

La Resolución 56/2024 es percibida por muchos como un claro retroceso en el proceso de apertura económica iniciado años atrás, ya que restringe la capacidad de las mipymes y otros actores privados para operar de manera independiente y competir en igualdad de condiciones frente a las entidades estatales.

Ricardo Torres agrega: «el principal propósito que ha guiado todas las acciones relacionadas con el sector privado desde 2023 hasta hoy es contener, mediante métodos administrativos, el crecimiento del sector privado, ya que esta es la única manera en la que el Gobierno puede frenar el dinamismo empresarial privado y volver a colocar a este sector por debajo del estatal, en lugar de optar por transformar profundamente a la empresa estatal para que sea competitiva».