Desde el podio, Rousseff saluda a varios de sus homólogos: Nicolás Maduro, de Venezuela; Evo Morales, de Bolivia. También menciona en su discurso a empresarios: Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía bajo su mismo apellido, a cargo de la construcción; y Luis Alberto Rodríguez López, presidente del Grupo de Administración Empresarial (GAESA) de Cuba, la administradora de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM). Al final de los discursos, las primeras grúas cargaron contenedores en el renovado puerto, y todo fue festejo. No era para menos. Ya se materializaban las reformas del Puerto Mariel y su aledaña zona económica especial, cuya inversión fue de 862 millones de dólares procedentes de líneas de crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico (BNDES) de Brasil.

Cinco años después la situación de los protagonistas de aquella fiesta no podía ser más distinta:  Odebrecht cumple condena de 19 años de prisión por delitos de corrupción transnacional tras revelarse que su firma pagó más de 3.500 millones de sobornos para obtener contratos en la región. Rousseff fue destituida. Maduro no es reconocido como presidente de Venezuela por medio centenar de países; el BNDES es cuestionado y está bajo investigación por financiar proyectos multimillonarios que según las pesquisas sólo beneficiaron a las empresas constructoras; GAESA está en la lista de las entidades bajo restricciones  para negociar impuesta por el Departamento de Estado de los Estados Unidos; y la operatividad del Puerto así como de la la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) es muy poca tal como lo demuestran los balances comerciales de las empresas bajo operación.

El proyecto, definido por Castro como la inversión “más grande llevada a cabo por la Revolución cubana, en los últimos 50 años”, ha tenido mucho en contra: miedo de los inversionistas debido a las restricciones comerciales de los Estados, renovadas recientemente bajo la activación del título III de la Ley Helms Burton; lentitud administrativa en los procesos de inversión; una economía local alicaída que desde el socialismo no logra alinearse con los pragmatismos de capitalismo, y ahora los reclamos del financista principal de la obra, el BNDES, que con cambio de ideología en el coloso del sur y sin la generosidad de otros momentos, reclama porque sean honrados los acuerdos de pago que le hicieron posible a Cuba la inversión.

En septiembre de 2013, la ZEDM fue creada y aprobada por el Consejo de Ministros, bajo el decreto 313, como una de las estrategias de “actualización del modelo económico cubano”.  Su operatividad es posterior a la rehabilitación del Puerto de Mariel al que se invirtió una millonaria inversión desde el 2009. Ubicada al norte de la provincia de Artemisa, a 45 km al oeste de La Habana, la Zona cuenta con una extensión aproximada de 465 kilómetros cuadrados.

Según la revisión documental para esta investigación, hasta el 5 de marzo de 2019, la ZEDM tenía registrados 43 inversionistas: seis empresas cubanas, una bajo la denominación de “Asociación Económica Internacional”, 24 extranjeras y 12 mixtas (asocio de una empresa cubana y una extranjera). Sin embargo, del total sólo 19 se encontraban bajo estatus de “en operación”. El resto, bajo estatus de “en proceso inversionista”.

El siguientes es un detalle de las empresas aprobadas como inversionistas con su rubro, país, fecha de aprobación, entre otros datos.

De las 19 empresas listadas como “en operación”, cuatro son exclusivamente cubanas. Desde 2014, decenas de publicaciones de medios de comunicación oficialistas han insistido en que la inversión extranjera atraída hacia la ZEDM supera los mil millones de dólares. Si la contabilización fuera exclusivamente por el valor de las compañías aprobadas como operarias, podría ser un número cierto. Pero la realidad que presentan las cifras de balances comerciales de algunas de las empresas inversionistas es distinta. Algunas sólo reflejan un máximo de 700 mil dólares destinados para su operación en Cuba.

Para esta investigación, se buscó entrevistar a los responsables de la ZEDM a través de la Secretaría de Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la oficina de la ZEDM y de una de las representaciones diplomáticas de Cuba en centroamérica, sin obtener respuesta a los cuestionarios enviado.

¿El dinero está fluyendo?

CONNECTAS revisó documentos y los últimos balances comerciales inscritos por 14 empresas mixtas e internacionales bajo estatus de “en operación”.  Algunas de ellas son corporaciones mundiales y no hacen un desglose detallado de activos, tales como Unilever, compañía británico-holandesa, cuya subsidiaria Unilever Suchel, opera en la ZEDM desde junio de 2016.  Esta empresa en su último reporte de cuentas anuales, público en sitio web, únicamente mencionan que tienen una subsidiaria en la ZEDM. Otras que no hacen un desglose detallado en sus balances son CMA CGM LOG, de Francia; China Communications Construction Company Ltd, de China y Bouygues Construction, también de Francia.

En el caso de Engimov Caribe, S.A., de Portugal, no fue posible acceder a los balances comerciales debido a que sus detalles no son accesibles a distancia; sólo a sus ventas anuales, que fueron por 9.4 millones de dólares. Otras seis de las empresas sí hacen mención directa a su inversión en Cuba. Y otras, a pesar de estar aprobadas operativamente, ni siquiera reconocen su actividad en la isla.

Uno de estos últimos casos es la empresa mixta Tecnologías Constructivas, S.A. (Teconsa), conformada por la empresa cubana Simen Aut y la española Estructuras Titán Steel, que fue aprobada para operar desde enero de 2016. Para noviembre de ese año, sus directivos hablaban de una inversión inicial de 13 millones de dólares.

La empresa Estructuras Titán Steel en su balance comercial de cierre del año 2017 declaró que sus activos totales – activo y pasivo – era de 5.1 millones de dólares. En el documento no están mencionadas sus inversiones en la isla.

En el caso de la empresa Resa Caribe, S.A., que opera como compañía internacional parte de la española Euro Resa, S.L., fue aprobada para operar en diciembre de 2017. Su balance comercial de ese mismo año – último disponible para acceso público -, únicamente reseña una línea sobre su inversión en la isla, dentro de su apartado de “Evolución de la sociedad”.  “Continuar con el desarrollo y la expansión internacional. Inicio de Resa Caribe (Cuba) y Resa Perú. Creación del departamento de desarrollo internacional”, explica en su informe financiero.

Logística Hotelera del Caribe, S.A. es una empresa mixta aprobada para operar en la ZEDM desde el 15 de diciembre de 2016. La compañía es subsidiaria de Iberostar Hotel & Resorts, de origen español. Su contraparte cubana es AT Comercial, S.A. Según su balance comercial, Iberostar es propietaria del 70 por ciento de Logística Hotelera.

Al 31 de diciembre de 2017, el patrimonio neto de Logística Hotelera del Caribe, S.A. era de 5.1 millones de euros y en el apartado de “Dividendos distribuidos” la empresa no tenía registro alguno. Iberostar es un viejo inversionista de Cuba. Antes de ingresar a la ZEDM, ya poseía negocios regentados por tres subsidiarias más: Cubacaribe Hoteles, S.A. (50 por ciento de participación),  Costa Varadero, S.A. (50 por ciento) y Trinidad Hoteles, S.A. (50 por ciento de participación), según su balance comercial de 2017. Su página web da cuenta de 20 hoteles manejados en distintas regiones de Cuba.

Según la información publicada en su sitio web de la ZEDM, el giro comercial de Logística Hotelera del Caribe, S.A. es ser proveedora de insumos personalizados para la red hotelera cubana.

Con una industria del internet  todavía reciente y con una larga tradición de falta de transparencia, casi no hay datos mercantiles oficiales sobre Cuba. Sin embargo, el Centro para la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Procuba) posee publicaciones recientes sobre el Directorio Comercial de la isla. En este documento oficial, hay información de gran cantidad de empresas establecidas en ese país, aunque varias relacionadas a la ZEDM no están.

Una de las pocas empresas cubanas relacionadas a la ZEDM que sí figura en el directorio es AT Comercial, S.A. En el directorio se especifica que la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE), es decir, la entidad regente correspondiente a esta compañía es Gaviota, S.A., una empresa administrada y perteneciente al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR). Un detalle que ha influido directa y negativamente sobre las cuentas felices de los deseos de atraer inversión extranjera a la isla, debido a las restricciones establecidas por los Estados Unidos sobre las empresas ligadas al MINFAR.

Algunos de los usuarios más “antiguos” de la ZEDM son dos empresas subsidiarias de la belga BDC International, S.A. Se trata de BDC LOG, Transporte y Logística; y BDC TEC, S.A., ambas funcionando bajo el estatus de compañías ciento por ciento de capital extranjero y dedicadas a los servicios logísticos y transporte la primera, mientras  la segunda a la electrónica. Sus operaciones fueron aprobadas en abril y mayo de 2015, respectivamente.

De acuerdo a su balance comercial de 2018, BDC LOG reportó resultados netos por 99,686 euros; y BDC TEC, por 1,164,762 euros. Los activos reportados por BDC International, S.A., la empresa matriz belga, fueron 57.7 millones de euros para 2018.

Profood Service, S.A. también es uno de los inquilinos más antiguos  de la ZEDM. Su operatividad fue aprobada desde marzo de 2015 bajo el estatus de empresa de capital extranjero. De origen español, es una subsidiaria de Hotelsa Alimentación, S.L.

En su balance comercial del año 2017, tras dos años de aprobarse su operatividad dentro de la ZEDM, Hotelsa declaró tener una participación del 99 por ciento de Profood, y un patrimonio neto de 76,012.39 euros; con un resultado negativo del ejercicio, de menos 57,327 euros. Además, en sus dos cuentas bancarias registradas bajo titularidad de la empresa, en la isla, los fondos eran de 508,703 dólares estadounidenses.

Hotelsa, S.L. está dedicada a la producción y distribución de productos alimenticios para la hostelería. Según su balance comercial de 2017, sus activos totales rondaban para entonces los 24 millones de euros, y tiene representación – además de España y Cuba – en Marruecos, Cabo Verde, Túnez, Portugal, Sri Lanka y México. De acuerdo al mismo documento, también tuvo resultados negativos, al final del año, en Marruecos y México.

Pese a ser uno de los usuarios más antiguos de la ZEDM, recién en febrero de 2019 una publicación oficial informó que la compañía había empezado su productividad, cuatro años después de ser aprobada. “Tras culminar el proceso inversionista de su planta, la empresa de capital español Profood Service, S.A. entró en operaciones este mes de febrero”, reseña la publicación y añade que “Se prevé que al máximo de su capacidad productiva dispondrá de un catálogo de más de 300 productos y podrá elaborar unos 26 millones de unidades anuales”.

Restricciones financieras

La Regulación Federal sobre dinero y financiamiento de los Estados Unidos estableció para Cuba una serie de restricciones basadas en el intento de evitar el financiamiento del MINFAR, o cualquier institución relacionada a las fuerzas armadas. Bajo esa lógica, el Departamento de Estado publica y actualiza periódicamente una lista de entidades y subentidades identificadas como vinculadas al MINFAR, bien directamente, o bien a través de las empresas y holdings que controla. Dentro de ellas está la ZEDM.

La legislación estadounidense establece la prohibición de cualquier persona o entidad, relacionada al territorio estadounidense, de establecer tratos comerciales o transacciones financieras con los negocios identificados. Las únicas excepciones operan si la transacción hubiera ocurrido antes de la inclusión de la entidad a la lista de restricciones.

La lista no deja en claro la fecha en que la ZEDM fue incluida, pero al menos desde 2017 ya era identificada como una subentidad de GAESA, o Grupo de Administración Empresarial dirigido por Luis Alberto Rodríguez López, antes yerno de Raúl Castro, y uno de los invitados de honor a la inauguración de la Fase I del Puerto de Mariel. Información oficial de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba especifican que GAESA es administrado por el MINFAR, pero no especifica si la ZEDM está bajo esa jurisdicción.

Aún así, el Banco Sabadell, de origen español, es la contraparte internacional de la empresa mixta Financiera Iberoamericana, aprobada para operar en la ZEDM desde septiembre de 2016. La parte cubana está a cargo del Banco Internacional de Comercio de Cuba. Durante esta investigación no se pudo comprobar si el Banco Sabadell estaba incluído en las excepciones de la lista de restricciones. Se les buscó por correo electrónico queriendo saber cómo sortean los riesgos internacionales de sus inversiones, sin respuesta al cierre.

De acuerdo a su balance financiero de 2017, el Banco Sabadell tiene participación de un 50 por ciento dentro de Financiera Iberoamericana y un capital que llegó a los 38.2 millones de euros y activos totales de 81.4 millones de euros para finales de ese año. Según el mismo documento, durante 2017 se pagaron dividendos por apenas 747 mil euros.

La operación de Financiera Iberoamericana fue aprobada desde septiembre de 2016. Es llamativo que Banco Sabadell había cancelado parte de sus operaciones en la isla apenas tres años antes. Reportes de prensa detallaron que en 2013, la entidad bancaria española solicitó el cese de licencia para la Caja de Ahorros del Mediterráneo en la isla, negocio que adquirió dos años antes. No hubo un comunicado público explicando su salida. Sin embargo, un año después ante la posible flexibilización de relaciones comerciales entre los Estados Unidos y Cuba, según dichos reportes, Sabadell analizaba su regreso.

Por otra parte, también hay reportes de prensa que ubican que el nacimiento de Financiera Iberoamericana como empresa mixta y con Banco Sabadell como contraparte fue en 1999, con participación del Grupo Nueva Banca, S.A. (Cuba) y Natcan Holding International LTD, una subsidiaria de una entidad bancaria canadiense.

Banco Sabadell es el nombre más visible de un conglomerado empresarial que compone el Grupo Sabadell, compuesto por 130 sociedades por integración global y otras 30 por método de participación.  La inversión del Grupo Sabadell en Financiera Iberoamericana es de 19.1 millones de euros, según el balance comercial de 2017.

Con un volumen de negocios de más de 5 mil millones de euros anuales; y activos totales declarados por 221 mil millones de euros para 2017, no es extraño que Grupo Sabadell tenga múltiples representaciones y más de mil oficinas en diversos países. Entre ellos, Estados Unidos. El balance comercial no especifica cuántas cuentas bancarias y volumen de transacciones maneja el grupo en los Estados Unidos.

El balance comercial de 2017 tampoco muestra en el desglose de sus representaciones y oficinas a Cuba,  como un país vinculado a su quehacer financiero.

Los arranques dispares de actividades también quedan manifiestos en otra empresa, de capital foráneo,  aprobada para operar en la ZEDM: TGT Caribe, S.A., subsidiaria de la española TGT Ultramar Overseas, S.L.U., que aún se encuentra bajo estatus de “proceso inversionista” y fue aprobada para ingresar a la ZEDM en noviembre de 2017. Su giro comercial será la fabricación de lácteos.

De acuerdo a su balance comercial de 2017, la empresa fue fundada en 2016 y tiene varias subsidiarias en España. Y aunque TGT Caribe aparece ya referenciada como empresa del grupo, su actividad comercial hasta ese momento era ser deudora de TGT Ultramar Overseas por dos millones de euros.

El puerto sin éxodo

En la misma zona de la ZEDM está el Puerto de Mariel, que tampoco ofrece un panorama que pueda constituir un salvavidas para la economía de la isla. Emilio Morales es el presidente de The Havana Consulting Group, una firma consultora arraigada en Florida dedicada al  asesoramiento económico a potenciales inversores en la isla,  y afirma sin dar mayores datos que “los barcos (del Puerto Mariel) van vacíos, Cuba casi no exporta”.

Un indicio en la línea de lo expuesto por el consultor puede deducirse de la información que presenta herramientas de monitoreo marítimo, como Marine Traffic que muestran que la llegada y partida de buques cargueros es poca.

Para el 21 de agosto pasado, había 33 buques en el Puerto de Mariel, según dicha herramienta. Sin embargo, la mayor parte eran de bandera cubana (28) y varios de ellos no mostraban actividad reciente. De hecho, varios de ellos parecen estar anclados desde hace varios meses.

Aún así la comunicación oficial del gobierno cubano ha referido que el Puerto Mariel es  actualmente uno de los principales enclaves comerciales de la isla. Aunque las llegadas no son frecuentes, comparativamente a otro puerto cubano, su actividad sí es mayor.

Otro de los que se han dedicado a analizar la complejidad económica de la isla y sus posibles vías de solución es  William LeoGrande, politólogo y doctor en filosofía por la Universidad de Siracusa. Es especialista en política exterior y ha estudiado a detalle la historia cubana.  Sus palabras coinciden, sin saberlo, con lo que los balances refieren: mucho bombo en los anuncios de nuevos inversionistas, poca transparencia en su ejecución. “Creo que las cifras del gobierno cubano sobre IED (Inversión Económica Directa) son generalmente confiables, pero tienden a publicitar nuevos acuerdos en lugar de flujos de capital. Y rara vez discute acuerdos que nunca se materializan o empresas que deciden irse”, explica.

Lo que describen los expertos coincide con los datos consultables en la herramienta Observatorio de la Complejidad Económica (OEC), del MIT Media Lab, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que ha analizado datos comerciales globales, basándose en la información depositada en la base de datos comercial de las Naciones Unidas (UN Comtrade). El OEC  muestra cómo las exportaciones de Cuba hacia el resto del mundo han estado muy por debajo de sus importaciones.

Pese a que hay vacíos de información para algunos años, el comportamiento estadístico no detalla una diferencia consistente luego de la apertura de la ZEDM, en 2013.  Es decir: que pese a importantes reformas como la emisión de dos leyes de inversión extranjera y un proyecto como la ZEDM, la dependencia de Cuba a suplir sus necesidades con exportaciones y no con producción interna, no ha variado. Por el contrario, la economía de la isla ha experimentado un mayor volumen de importaciones.

Para Emilio Morales, otro de los problemas que impide despegar a la ZEDM es que las empresas inversionistas no sean libres para contratar a su propio personal, lo que implica burocratización excesiva. De acuerdo al sitio web oficial de la zona especial, hay empresas cubanas específicas a las que abocarse para llenar la planilla necesaria para la operatividad. De esta manera buscan cumplir lo dispuesto en la Ley de Inversión Extranjera de 2014, en su artículo 30.1: que el personal debe pasar por un intermediario estatal. El resultado es una traba interna estructural que busca sin éxito resolverle al capitalismo una solución desde el socialismo.

No es fácil establecer comparación de la ZEDM en generación de empleo con respecto a otras áreas. Su sitio web oficial establece que el proyecto ha generado 6,850 trabajos  directos. Aunque no hay un desglose para determinar si estarían los puestos que Odebrecht refiere en sus balances comerciales – y que ya cesaron-, relacionados con la construcción y ampliación del Puerto Mariel y la zona especial, que llegaron a los 2,435 cuando se finalizó la obra.

CONNECTAS buscó a través de correo electrónico a todas las empresas mencionadas para entrevistarles sobre este tema, ahondar más en los balances y relaciones comerciales con la isla. Hasta el momento de la publicación de este reportaje, ninguna había hecho uso de su derecho de respuesta.

La sombra de Odebrecht

El plan para financiar la zona siguió un guión dibujado en otros países, como Venezuela, por parte de la cooperación brasileña: contratos de líneas de crédito con una tasa baja, que amarraba la dación del dinero a exportaciones de Brasil. Estas transacciones implicaban un acuerdo a tres voces: el Banco Nacional de Cuba, como deudor obligado; el BNDES, como financista; la Compañía de Obras e Infraestructura (COI), filial de Odebrecht, como fiador y beneficiado que actuaría como exportador de todos los bienes necesarios para ejecutar el proyecto, o bien, la empresa de Ingeniería del Transporte (TRANSPROY). Los fondos pasaban directamente del BNDES a la COI, y los contratos estaban fundamentados en el convenio de cooperación entre Brasil y Cuba, que databa desde 2008.

La auditoría TC-034.365/2014-1 del Tribunal de Cuentas de Brasil establece que Cuba financió proyectos de ingeniería por 848 millones de dólares, procedentes del BNDES. 831 millones de estos fueron a parar a Odebrecht y el resto a TRANSPROY. Pese a ello, la auditoría no es contundente respecto a posibles irregularidades cometidas en el caso cubano. Únicamente señala que no se cumplió con un proceso de licitación y, si bien la isla no tenía instrumentos legales para una licitación, el BNDES debió informar que en Brasil dicho proceso sí era obligatorio, antes de conceder los créditos, reseña el documento del Tribunal de Cuentas.

Una investigación periodística de El Nuevo Herald sacó a la luz,  en julio recién pasado, que la relación entre Cuba y Odebrecht consta dentro de la plataforma llamada “Drousys”, un sistema de contabilidad secreta guardado en servidores informáticos en Suiza, y manejado por la División de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña, departamento responsable de la gestión y pago de sobornos a nivel global.

Según el Herald, “entre los más de 13,000 documentos que se guardaron en el sistema Drousys, hay referencias a un pago de $8.44 millones mencionado en el título de un documento que también contiene en inglés la frase ‘Mariel Port Cuba Conquest’”.

Sin embargo, el mismo Herald admite dentro de la misma publicación que el destino sobre ese monto no es claro; como tampoco lo son  las múltiples referencias de Cuba en Drousys. “Es posible que nunca se sepa si funcionarios del Gobierno cubano recibieron sobornos”, plantea el periódico que integró la investigación colaborativa del caso Lava Jato del International Consortium of Investigative Journalists.

A esto se le suma la afectación por otros vaivenes políticos: en diciembre de 2018, la delegación de cerca de 8.000 médicos cubanos que prestaban servicios en Brasil vieron cancelado su contrato y, por ende, la isla dejó de recibir un ingreso millonario. Al mismo tiempo, el actual  presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió una investigación sobre los créditos otorgados por el BNDES a Cuba. En medio de esto, Bolsonaro, según publicó el New York Times en junio pasado, aún no ha logrado reemplazar a los médicos después de la salida de los cubanos.

El quid de todo es el tema del impago de Cuba de los préstamos adquiridos con el BNDES para el desarrollo de la ZEDM y la rehabilitación del Puerto de Mariel. Según diversos medios, los impagos rondarían los 580 millones de dólares.

La misma compañía redujo drásticamente su presencia una vez finalizada las obras del Puerto Mariel y la ZEDM, de acuerdo a datos de sus memorias de labores anuales.

El mar está picado para la ZEDM

“El gobierno cubano no aprovechó la oportunidad que generó la apertura impulsada por Barack Obama y es palpable que el glamour que se levantó sobre Cuba como destino de inversión ha caído a niveles mínimos”, esgrime como argumento Emilio Morales, como una de las razones del poco éxito de atracción de inversionistas en la ZEDM, en una columna publicada en junio de 2018.

Morales hace referencia al inicio de una apertura de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, iniciada en 2014 y culminada en 2016, con la visita del expresidente estadounidense a la isla. Durante uno de sus actos públicos, la encargada de explicar las oportunidades de inversión fue, precisamente, la entonces directora de la ZEDM, Ana Teresa Igarza. Para él “la Zona de Mariel es un proyecto casi muerto. Por las circunstancias, la aplicación de la ley Helms-Burton. Si antes no logró atraer inversiones, ahora menos”.

Morales, cubano y residente en los Estados Unidos desde 2007, hace referencia a la entrada en vigencia desde el pasado 2 de mayo del Título III de la conocida como Ley Helms-Burton. Los efectos de ese acápite habían sido postergados, reiteradamente, por los presidentes estadounidenses. Ahora, Donald Trump avaló su puesta en marcha. Lo que el Título III posibilita es que los ciudadanos cubanos residentes fuera, o empresas extranjeras a los que expropiaron, luego de 1959, puedan hacer reclamos monetarios en tribunales estadounidenses. No obstante, el requisito principal es que dicha propiedad sea usada para generar algún tipo de lucro. “Los empresarios están muy cautelosos”, dice Morales, “nadie se va a arriesgar a invertir”, remata. Una afectación indirecta que prácticamente está ahuyentado potenciales inversores, según otro de los expertos consultados para esta investigación, William LeoGrande.

Para el académico William LeoGrande, “La economía cubana definitivamente está sufriendo como resultado de las nuevas sanciones económicas de Estados Unidos y la disminución de los envíos de petróleo desde Venezuela. Hay escasez de bienes de consumo básicos y se está restringiendo el consumo de combustible para las empresas estatales. El sector privado se ha visto especialmente afectado por las sanciones de Estados Unidos, en particular por la abolición de los viajes educativos entre personas y la prohibición de los cruceros”.

“La ZEDM tiene sentido como una forma de atraer IED (Inversión Económica Directa), pero una limitación ha sido la pobre infraestructura que lo rodea y la dificultad general que tienen los inversores extranjeros para hacer negocios en Cuba. Ahora, la activación estadounidense del Título III de Helms-Burton desalentará aún más a los nuevos inversores”, opina vía mail LeoGrande. Según él, no solo es que los plazos administrativos de la inversión en la ZEDM son demorados, como queda demostrado con el inicio de operaciones de algunos inversores.

Los efectos desalentadores de la activación del Título III de la Ley Helms-Burton ya se hicieron notar. Recién a inicios de agosto, el grupo hotelero español Meliá ya reportaba pérdidas del 10 por ciento de sus ingresos en la isla en el primer semestre de 2019, donde su representación hotelera es la más grande de entre todos los países en donde se encuentra, según información de su página web, con un total de 36 hoteles. Parte de esto está relacionado con la suspensión de la autorización de buques de turistas para poder visitar la isla, ordenado por Trump en junio pasado.

Reportes de prensa refieren que hay indicios que apuntan a que, incluso, empresas establecidas como Banco Sabadell estarían efectuando movimientos para dejar la isla, debido al endurecimiento de las restricciones.

Por su parte, Morales se niega a echarle la culpa a las restricciones estadounidenses. “No tiene nada que ver, es la falta de visión estratégica del gobierno”, así explica la falta de éxito del proyecto hasta ahora.

Morales no da datos, pero su opinión coincide con lo que los balances comerciales muestran. Una operatividad que ha demorado en zarpar. “Se ha firmado la aprobación, pero no se ha movido un metro de tierra. Muy pocos inversionistas están en la etapa de construcción”, dice el consultor.

No hay una perspectiva de mejoría inmediata. “Es probable que Cuba sufra una leve recesión este año como resultado de la caída del turismo debido a las restricciones de viaje de Estados Unidos, la disminución de los envíos de petróleo barato desde Venezuela y la pérdida de ingresos del programa de médicos en Brasil”, dice LeoGrande.

Para el académico, aunque no da por perdido el proyecto, la estrategia para salvar a la ZEDM pasa por mejorar infraestructura física y administrativa para los inversores extranjeros, en vista que “Cuba no puede hacer nada con respecto a las sanciones de Estados Unidos.” Morales apunta hacia otro lado: liberalizar el mercado y permitir la inversión de ciudadanos cubanos particulares, residentes dentro y fuera de la isla.

Algo es cierto, el Estado cubano empezó a migrar a una política económica más liberal, tal y como lo señala Morales y LeoGrande.  La Ley de Inversión Extranjera promulgada en 1995 detallaba un impuesto del 30 por ciento sobre las utilidades, para las empresas definidas como mixtas, extranjeras y asociación extranjera. Para 2014, año en que se promulgó una nueva ley, ese mismo impuesto se redujo a un 15 por ciento y se determinó una gracia fiscal para los primeros ocho años de operación.

Los pasos siguen siendo lentos para la denominada “más grande inversión de la revolución cubana” un proyecto que, según los datos, languidece atracado en un puerto sin buen clima para zarpar.