Las nuevas disposiciones aprobadas por el Gobierno cubano a finales de noviembre de 2025, abren, al menos sobre el papel, el margen de actuación para las mipymes y cooperativas no agropecuarias (CNA) en el comercio mayorista y la producción. 

A la espera de la publicación de las normas jurídicas que las sustenten, el Consejo de Ministros, aprobó que las mipymes mayoristas puedan establecer relaciones contractuales no solo con empresas estatales, sino también con unidades presupuestadas, sociedades mercantiles, instituciones religiosas, modalidades de inversión extranjera, misiones diplomáticas y otros actores económicos no estatales.

Además, se confirmó que los trabajadores por cuenta propia (TCP), así como las Mipymes y el CNA, que actualmente tienen registrada la producción como actividad principal o secundaria en su objeto social, podían comercializar sus productos tanto al por mayor como al por menor.

También se les autorizó a vender al por mayor las materias primas y productos vinculados a su actividad productiva.

Con estas decisiones cierra un año marcado por la incertidumbre respecto a quiénes podían ejercer el comercio mayorista en la isla, después de la confusión generada en diciembre de 2024 por la Resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN). 

Aunque la resolución se aplicó sólo parcialmente —eliminó la figura del TCP dedicado al comercio mayorista— generó un rechazo inmediato. En abril de este año, el Gobierno decidió posponer su entrada en vigor y, un mes después, anunció una pausa indefinida. Con las nuevas medidas, la resolución recibió su golpe final. 

Aplazan obligatoriedad de mipymes mayoristas de vender a través del Estado

El Gobierno ha decidido extender hasta septiembre de 2025 el plazo para que los negocios privados se adapten a la Resolución 56/2024. La normativa busca «encadenar» de forma obligatoria al sector privado con la empresa estatal, en un intento por «reordenar» el comercio mayorista en Cuba. 

Dudas sobre los precios

Desde el punto de vista económico, las nuevas medidas reducirían los costos de intermediación y facilitarían el acceso a insumos. Pero aún está por verse si podrán abaratar los precios finales para la población.

El economista cubano Pavel Vidal destacó en conversación con elTOQUE, que «es favorable que se amplíen los márgenes de actuación del sector privado en los mercados mayoristas», porque en un entorno más flexible se tiende a expandir la oferta, estabilizar inventarios y reducir la vulnerabilidad de los emprendedores frente a los revendedores y la informalidad.

Sin embargo, advierte Vidal, « los efectos positivos en los precios y la oferta dependerán, sobre todo, de que exista competencia, que no sean unos pocos elegidos que terminen imponiendo unos excesivos márgenes comerciales. Para ello habría que eliminar las barreras a la entrada de nuevos participantes. La cantidad de emprendimientos minoristas no debería depender de un burócrata sino que sea el propio mercado y la demanda lo que lo regule». 

El economista Daniel Torralbas, en un análisis reciente en OnCuba, también coincide en que «aunque la cuerda se ha aflojado», siguen habiendo «altas barreras (burocráticas) a la entrada de nuevos competidores en el sector comercial privado».

«Los comercializadores privados (mipymes que importan, distribuyen o comercializan productos dentro del país) seguirán concentrando el poder de mercado, en una tendencia que perjudica la oferta y los precios», sostiene. 

Incluso con esta mayor flexibilidad, no hay motivos sólidos para esperar una baja significativa. La escasa competencia, los altos costos de importación y la inestabilidad normativa mantienen un escenario donde los precios difícilmente cederán.

Cuentapropistas y una apertura condicionada

Los cuentapropistas lo confirman desde la experiencia diaria, y también revelan el clima de expectativas y frustraciones que rodean las medidas anunciadas. 

Oriel, dueño de una pizzería en Santa Clara, explicó a elTOQUE que hoy debe comprar harina a revendedores que, a su vez, la obtienen de mipymes importadoras: una cadena que multiplica los precios. «Cada comprador le va subiendo el precio al saco de harina», precisó. 

Leoni Aguirre, vendedor de artículos de aseo en Ciego de Ávila, apunta en la misma dirección. Según él, la expectativa general entre quienes viven del comercio es lograr estabilidad: menos dependencia de la disponibilidad puntual, menos cuellos de botella absurdos. «No es solo pagar menos —dice—, es saber que vas a tener mercancía para trabajar».

Sin embargo, entre los entrevistados también abundó el desconcierto. Algunos creían que estas medidas ya estaban en vigor; otros dudan de su impacto real. 

El principal obstáculo —coinciden varios— es que la medida nace condicionada. Todo negocio mayorista deberá contar con «una aprobación avalada centralmente» y alineada con la «estrategia de desarrollo territorial y del país». 

Para algunos emprendedores, se trata de un concepto tan vago que da espacio a decisiones arbitrarias, favoritismos y a más trámites que, en la práctica, pueden neutralizar cualquier beneficio esperado.

«Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Típico», comentó un usuario en Facebook. 

La doble vara fiscal en Cuba: mipymes penalizadas, foráneos privilegiados

Cuba atraviesa una crisis económica marcada por la contracción del PIB, la inflación y la falta de energía. En ese escenario, el sector privado, con más de 11 000 mipymes creadas desde 2021, se ha convertido en un motor clave de empleo y recaudación fiscal. Sin embargo, enfrenta una fuerte desventaja frente a la inversión extranjera: paga más impuestos, recibe menos estabilidad normativa y casi ningún acceso a financiamiento.

En la práctica, la autorización sigue dependiendo del Gobierno, lo que perpetúa la lógica de filtros y permisos que ha limitado al sector privado desde 2021.

Aunque el primer ministro cubano Manuel Marrero insista en que las nuevas medidas «no son prohibitivas y serán positivas», esta afirmación contrasta con otras políticas impuestas con anterioridad como el Decreto 107/2024, que entre otras cuestiones prohibió a los negocios privados vender mercancías «importadas sin carácter comercial o compradas en la red de comercio minorista». 

El economista cubano Mauricio de Miranda describió este patrón, en su blog, cuando señaló que el Gobierno solo realiza «cambios cosméticos» para el sector privado en Cuba, mientras «abre poco a poco algunas cosas y aprieta el control sobre otras». 

La flexibilización de los requerimientos para la venta mayorista en Cuba, es, en efecto, un avance: reconoce —sin admitirlo explícitamente— que el sector privado es indispensable para el abastecimiento del país. Pero no es suficiente para transformar las condiciones en las que opera el sector privado en la actualidad.