A primera vista, las «reformas» anunciadas por la Administración de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez parecen profundas. Incluso, podrían interpretarse como un cambio sustancial del modelo económico cubano. Sin embargo, a la hora de evaluar su alcance real y las posibilidades de éxito que podrían tener, aparecen dos problemas fundamentales.
El primero es de naturaleza político-jurídica.
El castrismo tardío parece dispuesto, al menos sobre el papel, a transformar aspectos importantes de su modelo económico. Pero no muestra alguna intención de modificar las estructuras institucionales ni las garantías jurídicas que resultan imprescindibles para que esos cambios funcionen de manera estable, transparente y predecible.
Se puede decretar que una empresa estatal deje de serlo y se convierta en una sociedad mercantil por acciones. Eso es relativamente sencillo. Lo difícil es construir el entorno institucional que permita que esa transformación genere confianza, inversión y prosperidad.
Hay algo profundamente paradójico en este panorama.
Todavía recuerdo que en la universidad me enseñaban que el Derecho Mercantil era propio de las economías capitalistas, mientras que el Derecho Económico respondía a las relaciones jurídicas específicas del socialismo. Durante años, incluso, la enseñanza del Derecho Mercantil fue minimizada o eliminada de los planes de estudio en Cuba porque se consideraba una disciplina asociada a un sistema económico que se suponía superado.
La historia, sin embargo, tiene un extraordinario sentido del humor.
Porque, como advertía Ludwig von Mises, el socialismo termina siendo muchas veces el camino más largo para regresar al capitalismo.
Ahora, por primera vez, algunos cubanos podrían convertirse en propietarios reales de participaciones empresariales vinculadas con el Estado. Ello significaría superar la vieja consigna según la cual «todo el pueblo» era propietario de los medios fundamentales de producción, aunque jamás pudiera ejercer algún control efectivo sobre ellos.
La pregunta importante no es si existirán acciones. La pregunta es quién las recibirá. Y ahí aparece el principal obstáculo.
El sistema institucional cubano carece de mecanismos independientes capaces de garantizar procesos transparentes, competitivos y sometidos al imperio de la ley para determinar quiénes serán los beneficiarios de esa eventual redistribución patrimonial.
En ausencia de Tribunales independientes, prensa libre, organismos de control autónomos y procesos políticos competitivos, resulta inevitable preguntarse si estamos ante una verdadera democratización de la propiedad o ante una nueva versión caribeña de la llamada «piñata» sandinista. Si se prefiere una referencia más lejana, también cabría recordar los procesos de privatización acelerada ocurridos en la Rusia de Boris Yeltsin.
El segundo problema tiene una dimensión geopolítica.
Por ambicioso que parezca este movimiento reformista, no surge en el vacío. Ocurre en medio de un proceso de negociaciones con Estados Unidos y bajo una presión económica y política extraordinaria ejercida por la Administración Trump. Por esa razón, la efectividad de cualquier reforma dependerá en gran medida de la respuesta que ofrezca Washington.
No existe forma realista de que una transformación de este tipo produzca resultados significativos si permanece intacto el contexto internacional que limita severamente el acceso de Cuba a capitales, financiamiento, mercados y tecnología.
Las sociedades mercantiles pueden crearse mediante decreto. El capital que las hace funcionar, no.
Y aquí aparece una realidad difícil de ignorar: si la Administración estadounidense decide mantener las actuales restricciones y advertencias sobre Cuba, muy pocos inversionistas racionales estarán dispuestos a arriesgar su acceso al mayor mercado y al sistema financiero más importante del planeta para comprar acciones en empresas cubanas, por atractivas que parezcan sobre el papel.
Dicho de manera más sencilla: si Washington no da alguna señal de apertura, es difícil imaginar una avalancha de inversionistas interesados siquiera en adquirir una participación minoritaria en la empresa de Comunales de Cacocum.
En fin, quedan demasiadas interrogantes. Interrogantes jurídicas, políticas e institucionales que, en el caso cubano, terminan siendo una sola. Ellas solo refuerzan una convicción que tengo desde hace años: no hay solución posible con el castrismo ni siquiera mutando de forma.
Porque el problema no es únicamente un modelo económico fallido; es un sistema de poder incapaz de transformarse hasta el punto de poner en riesgo su existencia. Por ese motivo, cada anuncio de reformas termina chocando contra los mismos límites, las mismas resistencias y los mismos miedos.
A estas alturas, lo único que podría rescatar a los cubanos de la desdicha en que viven no es una nueva promesa de cambio administrada desde arriba, sino una ruptura real con las estructuras que han producido y perpetuado esa tragedia. Que ocurra, para decirlo con las palabras de aquel poeta que creyó en el corazón de Fidel y del Che, algo que «los borre de pronto».
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