La boleta de Florida para las elecciones de medio término o midterms del 3 de noviembre de 2026 incluye tres propuestas para modificar la Constitución estatal. Aunque abordan temas diferentes, las tres están relacionadas con el manejo del dinero público y los impuestos.
La Enmienda 1 propone aumentar el fondo de reserva estatal para enfrentar emergencias o problemas fiscales. La Enmienda 2 eliminaría determinados impuestos sobre equipos y otros bienes utilizados en terrenos agrícolas. La Enmienda 3 ampliaría las exenciones del impuesto a la propiedad y modificaría los límites al crecimiento del valor tasado de determinadas propiedades.
¿Por qué se proponen como enmiendas constitucionales y no como leyes?
La Constitución es la norma fundamental del estado y no se modifica de la misma manera que una ley ordinaria. Si estas propuestas se convierten en enmiendas, podrían perdurar más en el tiempo, a diferencia de las leyes, que la Legislatura puede modificar en cualquier sesión.
Si bien un cambio en una disposición constitucional requeriría atravesar otra vez un proceso de reforma constitucional, en el caso de las tres propuestas de enmiendas de 2026 no se trata de asuntos que los legisladores decidieron trasladar a la Constitución, sino de propuestas que modifican materias que ya tienen fundamento constitucional. La Enmienda 1 cambia las reglas del Fondo de Estabilización Presupuestaria, actualmente contemplado en el artículo III, sección 19 de la Constitución de Florida. Las Enmiendas 2 y 3 afectan reglas tributarias y exenciones reguladas por el artículo VII de la Constitución estatal.
El artículo XI de la Constitución de Florida establece las vías mediante las cuales puede proponerse una reforma constitucional. Una de esas vías es a través de la Legislatura del estado, integrada por el Senado y la Cámara de Representantes. Para que una propuesta de reforma constitucional llegue a los votantes por esta vía, debe ser aprobada mediante una resolución conjunta por al menos tres quintas partes de los miembros de cada cámara.
Pero los legisladores no tienen la última palabra. Una vez que una propuesta llega a la boleta, necesita obtener al menos el 60 % de los votos emitidos sobre esa medida para incorporarse a la Constitución.
Enmienda 1: ¿cuánto dinero debe guardar Florida?
La primera enmienda parece, a simple vista, la menos cercana a la vida cotidiana de los residentes. Sin embargo, decidiría cuánto dinero puede acumular Florida en una especie de cuenta de ahorro para momentos difíciles. Se trata del Fondo de Estabilización Presupuestaria.
La Constitución de Florida establece reglas para este fondo. En la actualidad, dispone que el saldo principal no puede superar el equivalente al 10 % de los ingresos generales netos del último año fiscal concluido.
La Enmienda 1 cambiaría esa regla y aumentaría del 10 % al 25 % el límite máximo del Fondo de Estabilización Presupuestaria.
Además, la Legislatura tendría que transferir anualmente hasta 750 millones de dólares a ese fondo, o la cantidad necesaria para alcanzar ese límite del 25 %. Las transferencias podrían suspenderse bajo determinadas circunstancias previstas en la propuesta. La enmienda también modificaría las condiciones en las que puede utilizarse el dinero acumulado en el fondo, según el análisis legislativo.
Entre quienes respaldan la Enmienda 1 se encuentran el Partido Republicano de Florida, el presidente del Senado estatal, Ben Albritton, y la organización de análisis fiscal Florida TaxWatch. Sus defensores sostienen que aumentar las reservas financieras permitiría al estado enfrentar con mayor preparación una futura recesión, huracanes u otras emergencias sin tener que recurrir de inmediato a recortes de servicios o aumentos de impuestos. Albritton ha defendido la medida como una forma de fortalecer las finanzas estatales ante tiempos difíciles, mientras que Florida TaxWatch considera conveniente aumentar las reservas, aunque advierte sobre la rigidez de exigir transferencias anuales de 750 millones de dólares.
La propuesta recibió un amplio respaldo en Tallahassee: fue aprobada por 100 votos contra uno en la Cámara de Representantes y 29 contra cuatro en el Senado.
El otro lado de la discusión es que ahorrar más significa también reservar recursos que no pueden utilizarse inmediatamente para otras necesidades. El gobernador Ron DeSantis se apartó del Partido Republicano estatal y calificó la enmienda 1 de «insensata». Sostiene que el fondo de reserva ya está al máximo y que los ingresos adicionales deberían destinarse a bajar impuestos. Entre los demócratas, el candidato a gobernador David Jolly la respalda porque considera positivo aumentar las reservas, aunque reclama salvaguardas para que el dinero no se convierta en un fondo discrecional del gobernador. En cambio, el Partido Demócrata del condado Palm Beach recomienda votar en contra porque, según argumenta, la enmienda inmovilizaría unos 16 400 millones de dólares durante unos 22 años, recursos que podrían financiar ahora escuelas, salud y vivienda, y fijaría en la Constitución una política presupuestaria difícil de corregir.
Enmienda 2: una exención para equipos utilizados en la agricultura
La Enmienda 2 tiene como centro los bienes personales tangibles: activos físicos y móviles, entre ellos determinados equipos, maquinaria y herramientas utilizados en actividades comerciales agrícolas.
La propuesta eximiría de impuestos según el valor a determinadas maquinarias, equipos y otros bienes utilizados en actividades agrícolas, siempre que se encuentren habitualmente en terrenos clasificados como agrícolas, se utilicen para la producción agrícola o el agroturismo y pertenezcan al propietario o arrendatario de esos terrenos.
Si los votantes la aprueban, la exención se aplicaría por primera vez a las tasaciones del año tributario que comienza el primero de enero de 2027.
Entre quienes defienden la Enmienda 2 se encuentran la Federación de Oficinas Agrícolas de Florida (Florida Farm Bureau Federation) y la Asociación de Frutas y Vegetales de Florida (Florida Fruit & Vegetable Association) que consideran que la medida permitiría reducir los costos que enfrentan agricultores y productores para mantener sus operaciones.
La Federación de Oficinas Agrícolas sostiene que los productores ya pagan impuestos cuando compran sus equipos y después deben pagar anualmente otros impuestos calculados según su valor. Por su parte, la Asociación de Frutas y Vegetales argumenta que la exención permitiría a los agricultores reinvertir esos recursos en sus negocios, mantener la producción de alimentos y enfrentar el aumento de los costos operativos.
La propuesta recibió un amplio respaldo en la Legislatura: 110 votos contra uno en la Cámara y por unanimidad, 37 votos, en el Senado.
Sin embargo, la exención también tiene un costo para los Gobiernos locales. La estimación fiscal incluida en los materiales sobre la propuesta calcula una reducción recurrente de aproximadamente 31 millones de dólares anuales en los ingresos de los Gobiernos locales a partir del año fiscal 2027-2028.
Hoy, las fincas reciben el mismo trato que el resto de los negocios: los primeros 25 000 dólares del valor de sus equipos están exentos y el resto tributa. La Enmienda 2 eliminaría el impuesto por completo para los bienes agrícolas que cumplan los requisitos, mientras que otros negocios seguirían pagándolo sobre la parte que supere ese umbral.
Marisol Zenteno, de la Liga de Mujeres Votantes de Miami-Dade, reconoció en entrevista con elTOQUE que la exención puede verse como una forma de estimular al sector agrícola y reducir algunos de los costos que enfrentan los productores. Sin embargo, cuestiona que el beneficio se concentre solo en este sector y no se contemple un tratamiento similar para otras actividades económicas.
La representante demócrata Anna Eskamani, de Orlando, fue la única legisladora que votó en contra de llevar la propuesta a la boleta. Según argumentó, la medida tendría un impacto de unos 30 millones de dólares para los Gobiernos locales y las grandes empresas agrícolas podrían acogerse a la exención varias veces. En una entrevista con Spectrum News 13, dijo que la propuesta daría «una ventaja injusta a los grandes sobre los pequeños».
En la misma línea, el Partido Demócrata del condado Hillsborough ha cuestionado que la exención no tenga tope. Argumenta que el mayor beneficio en dólares lo recibirían los propietarios con más equipos y que un límite moderado habría concentrado el alivio en las fincas pequeñas y medianas. La organización añade que las exenciones y sus límites deberían fijarse en la ley tributaria, donde pueden ajustarse o eliminarse si no funcionan como se esperaba, y no en la Constitución.
No obstante, la propuesta permite que la Legislatura establezca a posteriori, mediante una ley general, condiciones y limitaciones para aplicar la exención. Por tanto, la enmienda que votarán los floridanos no establece un tope económico, pero sí deja abierta la posibilidad de que la Legislatura determine límites o condiciones adicionales para implementarla.
Enmienda 3: la propuesta de mayor alcance
El aspecto más visible de la Enmienda 3 es el aumento de la exención conocida como homestead exemption (exención por vivienda principal), que reduce la parte del valor tasado de una vivienda principal sobre la cual se calculan determinados impuestos a la propiedad.
La enmienda elevaría la exención aplicable a impuestos que no sean los escolares hasta 150 000 dólares a partir del primero de enero de 2027 y hasta 250 000 dólares a partir del primero de enero de 2028 , para quienes cumplan las condiciones establecidas. También reduciría del 10 % al 5 % el límite anual de crecimiento del valor tasado de determinadas propiedades que no sean las principales.
Además, introduce otras reglas relacionadas con las facultades de los Gobiernos locales y el uso de los ingresos procedentes de los impuestos calculados según el valor de las propiedades.
Los nuevos residentes recibirían un trato distinto. Quienes fijen su residencia permanente en Florida a partir del primero de enero de 2027 tendrían una exención de hasta 50 000 dólares, ajustable por inflación, y accederían a la cantidad ampliada a partir del quinto año.
Para quienes tengan una vivienda principal y cumplan los requisitos, una parte mayor del valor tasado de la propiedad quedaría fuera del cálculo de determinados impuestos locales. Esto se traduce en que podrían pagar menos impuestos a la propiedad .
Marisol Zenteno ha explicado ese efecto utilizando ejemplos de cómo puede disminuir la cantidad sobre la cual se calculan determinados impuestos cuando aumenta la exención. En declaraciones a elTOQUE señaló que la medida podría representar un alivio importante para los propietarios.
En momentos en que muchos propietarios enfrentan costos elevados asociados a la vivienda, la reforma podría representar una reducción de su carga tributaria. Durante un encuentro en Miami organizado por elTOQUE con sus audiencias para conversar sobre la Enmienda 3, varios adultos mayores compartieron las dificultades económicas que enfrentan debido a los elevados impuestos anuales sobre sus viviendas.
Los participantes explicaron que estos pagos representan una carga importante para sus finanzas, en especial para quienes dependen de ingresos fijos o limitados. En ese contexto, señalaron que la aprobación de la Enmienda 3 podría representar un alivio económico significativo al reducir los impuestos sobre la propiedad de quienes cumplen los requisitos para la exención homestead.
Entre los principales defensores de la enmienda está Florida Realtors, la asociación estatal de agentes inmobiliarios, que ha financiado en su totalidad, con 18 millones de dólares, el comité que impulsa el «sí». Su directora ejecutiva, Margy Grant, estima que el propietario promedio ahorraría unos 1 000 dólares en 2027 y 1 800 dólares en 2028. «La Enmienda 3 trata, en definitiva, de dar a los propietarios de Florida un alivio fiscal real y significativo», afirmó.
Una reducción de la cantidad que pagan determinados propietarios significa también una reducción de los ingresos que reciben ciudades, condados y otras entidades locales.
La oposición a la enmienda no se limita a un sector político. En contra se han pronunciado asociaciones estatales de sheriffs, jefes de policía y jefes de bomberos; grupos ambientalistas como 1000 Friends of Florida y Sierra Club; consejos de desarrollo económico, y el exsenador republicano Jeff Brandes.
Sobre los servicios de emergencia, las posiciones chocan. Los defensores de la enmienda, entre ellos el candidato republicano a gobernador Byron Donalds, aseguran que los Gobiernos locales estarían obligados a destinar primero sus fondos a policías, bomberos y servicios de emergencia. El sheriff del condado Polk, Grady Judd, advierte que la medida podría alargar los tiempos de respuesta y recuerda el peso de esos servicios en las cuentas locales: «Las fuerzas del orden y los servicios de emergencia médica ocupan la partida más grande de los presupuestos de ciudades y condados». Según una verificación de PolitiFact, la enmienda exige que lo que los Gobiernos locales sigan recaudando por impuestos a la propiedad se destine a seguridad pública y a otros servicios, como infraestructura o pensiones de empleados, pero no obliga a financiarlos primero ni fija un nivel mínimo de financiación.
También Florida TaxWatch, que recomienda votar a favor de la Enmienda 2, se opone a la 3. La organización la ha calificado como «el mayor cambio en la estructura fiscal del Gobierno de Florida en la historia del estado» y considera que debió examinarla la Comisión de Reforma Tributaria y Presupuestaria, un órgano previsto en la Constitución que se reunirá en 2027. Aun así, reconoce que las autoridades deben atender el rápido aumento de los presupuestos locales. Grant, en cambio, sostiene que la enmienda dará alivio a los propietarios ahora, mientras continúa esa conversación más amplia.
La Liga de Mujeres Votantes de Florida anunció el 25 de septiembre su oposición a la Enmienda 3. Su presidenta estatal, Jessica Lowe-Minor, recordó que la organización se ha opuesto históricamente a usar la Constitución para limitar o dirigir los ingresos públicos y defendió el principio de home rule, la capacidad de condados y municipios de tomar decisiones fiscales según las necesidades de sus comunidades. Entre los servicios que dependen de esos recursos, la Liga mencionó parques, bibliotecas, carreteras, policías y bomberos.
Lo anterior no significa que esos servicios vayan a desaparecer automáticamente si se aprueba la enmienda. El argumento de sus opositores es que, ante menores ingresos, los Gobiernos locales tendrían que decidir cómo ajustar sus presupuestos, reducir determinados gastos o encontrar otras fuentes de recursos.
La discusión de fondo es cuánto alivio deben recibir los propietarios y cómo se financiarán, a cambio, los servicios locales. Detrás de tres preguntas que ocuparán apenas unas líneas de la boleta existen decisiones que podrían permanecer durante años en la norma fundamental de Florida.
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