Después de 2017, con la eliminación de la política pies secos pies mojados, miles de cubanos que llegaron a Estados Unidos por la frontera y fueron liberados con un formulario I-220A han esperado una solución que les permita obtener la residencia permanente. Algunos han presentado solicitudes de ajuste de estatus, otros mantienen abiertos procesos de asilo ante los Tribunales de Inmigración y muchos han depositado sus expectativas en demandas judiciales que buscan el reconocimiento del I-220A como un parole.
Una nueva decisión judicial complica ese camino, aunque no lo cierra. El 17 de noviembre de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito —con jurisdicción sobre Florida, Georgia y Alabama— publicó una sentencia de 16 páginas del caso Aguiar-Fernandez v. U.S. Attorney General.
Lo más importante de la decisión cabe en una frase: aunque las autoridades de Inmigración se hubieran equivocado al liberar a una persona con un modelo I-220A, ese posible error no convierte automáticamente a ese modelo en un parole, una de las dos condiciones de entrada que reconoce la Ley de Ajuste Cubano para solicitar la residencia permanente. La decisión afecta uno de los principales argumentos jurídicos utilizados para reclamar la residencia permanente, pero no significa que las demandas pendientes hayan terminado.
El periodista Wilfredo Cancio Isla, en un artículo publicado en Café Fuerte, describe la sentencia como un revés para los esfuerzos de regularización migratoria de miles de cubanos. Sin embargo, aclara que la decisión no cierra todas las vías legales: permanecen abiertas opciones como las solicitudes de asilo, según las circunstancias particulares de cada caso, y la posibilidad de recurrir el fallo ante el pleno del Tribunal. El jurista Eloy Viera también considera que se trata de un fallo desfavorable, pero advierte que no supone el final de las posibilidades de litigio.
Para entender sus consecuencias es necesario distinguir entre lo que establece la ley, lo que decidió el Tribunal y las opciones que todavía podrían existir según las circunstancias de cada persona.
¿Qué es un I-220A y por qué tantos cubanos lo tienen?
El formulario I-220A —denominado Order of Release on Recognizance— es una orden de liberación emitida por las autoridades migratorias estadounidenses. Permite que una persona que ha estado bajo custodia de Inmigración permanezca fuera de un centro de detención mientras continúa su procedimiento migratorio, siempre que cumpla determinadas condiciones. Por ejemplo, puede estar obligada a presentarse ante las autoridades, acudir a audiencias y mantener actualizada la información sobre su domicilio.
El documento no concede por sí solo la residencia permanente, no equivale a una visa ni significa que la persona haya sido admitida legalmente en Estados Unidos.
Entre 2021 y 2023, medio millón de cubanos que ingresaron de modo irregular por la frontera con México recibieron ese formulario después de ser procesados por las autoridades migratorias.
El problema surge porque muchos de ellos esperaban acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, una legislación de 1966 que permite a determinados ciudadanos y nacionales de Cuba solicitar la residencia permanente tras cumplir ciertos requisitos. Entre esas condiciones se encuentra haber permanecido físicamente en Estados Unidos durante al menos un año y haber sido inspeccionado y admitido o haber recibido un parole.
Aunque tanto el parole como el I-220A permiten que un inmigrante permanezca fuera de detención, tienen significados jurídicos distintos. El I-220A documenta una liberación generalmente vinculada a la sección 236 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, codificada en 8 U.S.C. § 1226. En cambio, el parole que puede satisfacer el requisito de entrada de la Ley de Ajuste Cubano está contemplado en la sección 212(d)(5)(A), codificada en 8 U.S.C. § 1182.
El parole tampoco equivale a una admisión migratoria formal. Sin embargo, la Ley de Ajuste Cubano reconoce expresamente esa autorización como una de las condiciones que pueden permitir solicitar la residencia.
¿Qué ocurrió en el caso que dio origen a la sentencia?
La decisión judicial responde al caso de una familia cubana integrada por Yoan Aguiar Fernández, Yenisley González Sanabria y Essined Yoana Aguiar González. Según explica Wilfredo Cancio Isla en Café Fuerte, la familia ingresó a Estados Unidos en junio de 2021 por la frontera de San Luis, Arizona, después de permanecer en México. Tras entregarse a las autoridades fronterizas, sus integrantes fueron detenidos brevemente y posteriormente liberados mediante formularios I-220A.
Con el tiempo, solicitaron la residencia permanente al amparo de la Ley de Ajuste Cubano. También pidieron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que les concediera un parole, pero la solicitud fue denegada. Un juez de Inmigración rechazó sus peticiones de ajuste de estatus y la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) confirmó esa decisión. La familia acudió entonces al Onceno Circuito.
Uno de sus principales argumentos fue que las autoridades debieron procesar su liberación mediante un parole humanitario y no bajo las disposiciones utilizadas para emitir el I-220A. Sin embargo, los jueces rechazaron ese razonamiento.
Al revisar el expediente, el Tribunal encontró que los formularios de liberación hacían referencia a la sección 1226 de la Ley de Inmigración, que ninguno de los familiares había recibido un documento I-94 que acreditara un parole y que DHS había rechazado expresamente su solicitud de esa autorización. Por tanto, concluyó que no se había demostrado la concesión del parole requerido para el ajuste.
La sentencia también confirmó el rechazo de las solicitudes de asilo y otras protecciones presentadas por la familia, tras examinar las pruebas de su caso particular.
¿Y si Inmigración se equivocó al entregar un I-220A?
Durante los últimos años, parte de los argumentos utilizados en los litigios de cubanos con I-220A se ha basado en que las autoridades migratorias debieron concederles un parole en lugar de liberarlos mediante otro procedimiento.
El jurista Eloy Viera explica que la sentencia del Onceno Circuito establece una distinción fundamental: que las autoridades migratorias debieran haber concedido un parole no significa que este haya sido, en efecto, otorgado. Por tanto, un posible error administrativo no convierte la liberación mediante un formulario I-220A en parole.
La diferencia tiene consecuencias jurídicas importantes. Por ejemplo, imaginemos que una persona fue detenida después de cruzar la frontera y liberada con un I-220A. Su abogado sostiene que, por las circunstancias de su procesamiento, las autoridades debieron utilizar el procedimiento correspondiente al parole. Ese argumento, por sí solo, ya no basta para que un Tribunal del Onceno Circuito considere que la persona recibió esa autorización.
Viera explica que el Tribunal trata la concesión del parole como una cuestión de hechos y no de interpretación de la ley. Lo anterior significa que el expediente migratorio adquiere una importancia particular. Si existen documentos, registros o inconsistencias que permitan demostrar que las autoridades realmente debieron conceder un parole, aunque utilizaran incorrectamente el formulario I-220A, esas pruebas podrían ser relevantes para examinar el caso.
La sentencia del Onceno Circuito afecta, sobre todo, las estrategias utilizadas en las demandas colectivas que buscan una solución para grupos de inmigrantes liberados con I-220A. Eloy Viera explica que las demandas pendientes no desaparecen como consecuencia del fallo del 17 de noviembre, pero sí pierden fuerza en uno de sus principales fundamentos.
Los Tribunales federales de Florida, Georgia y Alabama están obligados a seguir el precedente del Onceno Circuito sobre la cuestión jurídica que resolvió: un juez de esos estados no puede reconocer de manera general que los I-220A equivalen a parole basándose únicamente en que las autoridades pudieron cometer un error.
¿Qué está pasando con la demanda Bello-Rubio en Miami?
La demanda Bello-Rubio vs. Noem, un litigio presentado por el equipo legal del abogado Mark Prada ante una Corte federal de Miami, ha generado expectativas entre personas que esperan una decisión judicial favorable a los titulares de I-220A. Sin embargo, algunas fechas procesales se han interpretado como si fueran anuncios de una sentencia definitiva.
El 19 de noviembre de 2026 vence el plazo concedido al Gobierno para responder a una solicitud de audiencia y presentación de testimonios. Sin embargo, según informó el jurista Eloy Viera tras revisar el expediente judicial, el 17 de noviembre el equipo legal del abogado Mark Prada presentó ante la jueza Jacqueline Becerra la nueva sentencia del Onceno Circuito y solicitó, mediante una moción, suspender durante 60 días la tramitación de la demanda colectiva Bello-Rubio vs. Noem. El Gobierno tiene hasta el primero de diciembre para responder a esa petición.
La solicitud de suspensión no equivale a un desistimiento de la demanda. Sin embargo, indica que sus promotores están evaluando cómo continuar el litigio a partir del nuevo precedente. Viera considera posibles nuevas demoras e incluso un eventual desistimiento, aunque ninguno de esos escenarios constituye, por ahora, una decisión adoptada por la Corte.
¿Todavía existen posibilidades de litigio?
Aunque el fallo del Onceno Circuito representa un obstáculo importante, no necesariamente constituye el final de la controversia judicial. Viera señala que podrían intentarse recursos para solicitar que el Onceno Circuito reconsidere su decisión, siempre que se cumplan las condiciones procesales correspondientes.
También existe otro litigio relacionado con el I-220A ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, cuya jurisdicción comprende Nueva York, Connecticut y Vermont. Ese Tribunal no está obligado a seguir el criterio del Onceno Circuito. Por tanto, podría llegar a una interpretación distinta. Si ambos circuitos emitieran decisiones incompatibles, se produciría una divergencia judicial que podría favorecer la posibilidad de solicitar una revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero eso no significa que la Corte Suprema esté obligada a intervenir ni que una decisión favorable esté garantizada.
Wilfredo Cancio Isla también recoge en Café Fuerte la posibilidad de solicitar una revisión del caso ante el pleno de jueces del Onceno Circuito. Por ahora, la sentencia es el precedente aplicable en los Tribunales federales inferiores de Florida, Georgia y Alabama.














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