Hubo una época en Estados Unidos en la que algunos inmigrantes podían votar sin ser ciudadanos, los partidos Demócrata y Republicano todavía no existían y el derecho a elegir a los gobernantes estaba reservado a una parte muy limitada de la población. Aunque parezca raro, así comenzó a construirse el sistema electoral estadounidense.
Cuando se celebraron las primeras elecciones de medio término, en 1790, George Washington era presidente, los ciudadanos no elegían directamente a los senadores y las reglas para participar en las votaciones eran muy diferentes de las actuales. La democracia estadounidense daba sus primeros pasos, pero no todos podían formar parte de ella.
Desde entonces, la historia de las elecciones ha estado marcada tanto por las disputas entre partidos como por las luchas de quienes quedaron fuera de las urnas. Hubo inmigrantes que pudieron votar antes de naturalizarse, mujeres que reclamaron durante generaciones ese derecho y ciudadanos afroamericanos que, incluso después de obtener protección constitucional, tuvieron que enfrentarse a nuevas barreras para ejercerlo.
¿Cómo pasó Estados Unidos de aquellas primeras votaciones al sistema electoral actual? La respuesta atraviesa más de 230 años de cambios políticos, reformas constitucionales y conquistas sociales. Una historia que permite entender no solo el origen de las elecciones de medio término, sino también cómo el derecho al voto se convirtió en uno de los grandes escenarios de disputa de la democracia estadounidense.
1790: las primeras elecciones de medio término de Estados Unidos
Cuando George Washington asumió la presidencia en 1789, Estados Unidos todavía estaba construyendo las instituciones de su nuevo Gobierno. La Constitución había sido redactada apenas dos años antes y el Congreso comenzaba a establecer las leyes que organizarían el funcionamiento del país.
Una de las decisiones fundamentales de los constituyentes fue establecer elecciones periódicas, sin que el presidente pudiera decidir cuándo convocarlas. Según explica la Oficina de Historia de la Cámara de Representantes, durante la Convención Constitucional de 1787 se discutieron diferentes duraciones para los mandatos legislativos. Finalmente, se acordó que los representantes serían elegidos cada dos años, mientras que los senadores cumplirían mandatos de seis años y el presidente, de cuatro.
De esa combinación surgió el calendario que todavía determina las elecciones de medio término: cada dos años se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, incluso cuando no corresponde elegir un presidente.
Las primeras elecciones de este tipo se desarrollaron entre 1790 y 1791, durante la presidencia de Washington, para integrar el segundo Congreso estadounidense. A diferencia de la actualidad, los estados podían celebrar sus votaciones en fechas diferentes.
El martes electoral que hoy conocemos tampoco existía. Fue en 1872 cuando el Congreso estableció una fecha uniforme para las elecciones de la Cámara de Representantes: el martes siguiente al primer lunes de noviembre, una regla que comenzó a aplicarse en los comicios legislativos de 1876, de acuerdo con los registros históricos de la Cámara.
Pero había otra diferencia fundamental: los ciudadanos no elegían directamente a los senadores. Esa responsabilidad correspondía a las legislaturas estatales. El sistema permaneció vigente durante más de un siglo, hasta que las denuncias de corrupción y los bloqueos en la elección de senadores impulsaron una reforma constitucional. En 1913, se ratificó la Decimoséptima Enmienda, que estableció la elección directa de los senadores por los votantes. En 1914 se celebraron las primeras elecciones generales al Senado bajo el nuevo sistema.
Así, las elecciones de medio término conservaron su estructura básica, pero cambiaron las reglas mediante las cuales los estadounidenses elegían a sus representantes.
Cuando votar era un privilegio y no un derecho para todos
La Constitución de 1787 organizó el sistema de Gobierno, pero no reconoció un derecho universal al voto. En sus primeros años, Estados Unidos dejó en manos de los estados buena parte de las decisiones sobre quién podía participar en las elecciones. Las condiciones variaban según el territorio, aunque en muchos lugares el derecho estaba reservado principalmente a hombres blancos y, en determinados casos, se exigía poseer propiedades o pagar impuestos.
La exclusión no afectaba solamente a las personas esclavizadas. También limitaba la participación de mujeres, comunidades indígenas, personas negras libres y sectores de bajos ingresos. Sin embargo, la historia electoral estadounidense no siguió una línea de ampliación constante de derechos. Hubo avances, retrocesos y diferencias importantes entre estados.
Un ejemplo poco conocido ocurrió en Nueva Jersey, donde algunas mujeres que cumplían determinados requisitos de propiedad pudieron votar a finales del siglo XVIII. Ese derecho fue restringido en 1807, cuando el estado limitó expresamente el voto a hombres blancos libres.
Los inmigrantes que podían votar sin ser ciudadanos estadounidenses
En marzo de 1790, el Congreso aprobó la primera ley federal de naturalización que estableció un procedimiento para que determinadas personas nacidas en el extranjero adquirieran la ciudadanía estadounidense.
La legislación permitía naturalizarse a inmigrantes blancos y libres, considerados de buen carácter moral, que hubieran residido al menos dos años en el país. Se trataba de un sistema profundamente restrictivo que dejaba fuera a amplios grupos de población. Los inmigrantes que obtenían la ciudadanía podían participar en las elecciones si cumplían los requisitos de su estado. Pero la relación entre ciudadanía y voto no siempre fue tan estricta como en las elecciones federales actuales. Durante parte de los siglos XVIII, XIX y comienzos del XX, algunos estados y territorios permitieron votar a extranjeros que todavía no habían completado su naturalización.
El Migration Policy Institute, un centro de investigación especializado en migración, documenta que entre 1776 y 1926, un total de 22 estados y territorios federales permitieron en distintos momentos alguna forma de voto de personas no ciudadanas, incluso en determinadas elecciones estatales y federales.
Eso no significaba que cualquier inmigrante pudiera llegar a un centro electoral y votar. Las condiciones dependían del lugar y del período histórico. En algunos casos, el derecho estaba reservado a extranjeros que habían declarado formalmente su intención de convertirse en ciudadanos estadounidenses.
Un análisis histórico más reciente del instituto explica que estas prácticas comenzaron en distintos territorios desde los siglos XVIII y XIX, cuando la participación electoral seguía limitada a grupos reducidos, fundamentalmente de hombres blancos.
Con el avance de los movimientos contrarios a la inmigración y los cambios políticos de finales del siglo XIX y principios del XX, los estados fueron eliminando progresivamente esas posibilidades. Para 1926 había desaparecido aquella etapa de participación de no ciudadanos en las elecciones estatales y federales.
La diferencia con la actualidad es importante: hoy la ciudadanía estadounidense es un requisito para votar en elecciones federales. Algunas jurisdicciones mantienen excepciones limitadas para determinados comicios locales, pero estas no autorizan a participar en las elecciones presidenciales o del Congreso. La historia muestra que la relación entre inmigración, ciudadanía y participación política ha cambiado considerablemente desde los primeros años de Estados Unidos.
La larga lucha por ampliar el derecho al voto
Mientras los partidos políticos se organizaban y competían por el poder, millones de habitantes de Estados Unidos continuaban excluidos de las elecciones. La Guerra Civil (1861-1865) y el período de Reconstrucción que siguió al conflicto abrieron una etapa de reformas constitucionales destinadas a redefinir la ciudadanía y los derechos de las personas anteriormente esclavizadas.
En 1870, se ratificó la Decimoquinta Enmienda de la Constitución que prohibió negar o limitar el derecho al voto de los ciudadanos por motivos de raza, color de piel o por haber sido esclavizados. La reforma fue un avance decisivo para los hombres afroamericanos, pero no eliminó las prácticas discriminatorias. Durante las décadas siguientes, especialmente en los estados del sur, se establecieron impuestos electorales, pruebas de alfabetización y otros mecanismos que dificultaban o impedían votar a las personas negras. La existencia de una protección constitucional no garantizaba, por sí sola, que pudiera ejercerse efectivamente.
1920: las mujeres consiguen una protección constitucional para votar
La lucha por el voto femenino tuvo su propio recorrido. En 1848, una convención celebrada en Seneca Falls, Nueva York, se convirtió en uno de los acontecimientos fundacionales del movimiento organizado por los derechos de las mujeres en Estados Unidos.
Durante las décadas posteriores, las activistas organizaron manifestaciones, presentaron peticiones, impulsaron campañas políticas y desafiaron las restricciones electorales. Algunos estados y territorios reconocieron el voto femenino antes de que existiera una garantía nacional. Wyoming, por ejemplo, lo permitió en 1869, cuando todavía era un territorio.
Sin embargo, la transformación constitucional llegó en 1920, cuando se ratificó la Decimonovena Enmienda, que prohibió negar el derecho al voto por razón de sexo. El cambio fue resultado de más de siete décadas de movilización organizada, aunque tampoco significó que todas las mujeres pudieran acudir inmediatamente a las urnas.
Muchas mujeres afroamericanas, indígenas y pertenecientes a otras minorías continuaron enfrentando restricciones relacionadas con la discriminación racial, la ciudadanía y las leyes estatales. La historia del voto femenino, por tanto, tampoco terminó con una sola reforma constitucional.
1965: una ley para hacer cumplir los derechos que ya existían
Casi un siglo después de la Decimoquinta Enmienda, las barreras raciales continuaban afectando la participación electoral. Las movilizaciones del movimiento por los derechos civiles, especialmente las protestas en el sur de Estados Unidos, contribuyeron a impulsar una nueva intervención federal.
El 6 de agosto de 1965, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act). La legislación prohibió prácticas discriminatorias y estableció mecanismos federales para combatir las restricciones que impedían votar a numerosos ciudadanos afroamericanos.
Su impacto fue considerable. Según los Archivos Nacionales, para finales de 1965 se habían registrado aproximadamente 250 000 nuevos votantes negros, un tercio de ellos mediante examinadores federales. La ley fue modificada y ampliada en las décadas posteriores. También ha sido objeto de disputas judiciales, entre ellas una decisión de la Corte Suprema en 2013 que invalidó una disposición fundamental del sistema de supervisión federal de cambios electorales.
La evolución continuó en otros ámbitos. En 1964, la Vigesimocuarta Enmienda prohibió los impuestos como condición para votar en elecciones federales, y en 1971, la Vigesimosexta Enmienda redujo a 18 años la edad mínima de voto en las elecciones estadounidenses.
¿Qué significan hoy las elecciones de medio término para los ciudadanos naturalizados?
Más de dos siglos después de las primeras elecciones legislativas, Estados Unidos conserva el calendario electoral establecido en la Constitución, aunque la participación ciudadana y las reglas para elegir representantes han cambiado considerablemente.
En las elecciones de medio término se renuevan los 435 escaños con derecho a voto de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio de los 100 puestos del Senado. También se celebran, según el estado y el año, elecciones para gobernadores, legislaturas estatales, autoridades locales, juntas escolares y otros cargos públicos. En determinadas jurisdicciones, los electores deciden además sobre enmiendas constitucionales, impuestos y otras propuestas sometidas a votación.
Estas elecciones pueden modificar el equilibrio de poder en Washington. Aunque el presidente permanece en el cargo, los resultados pueden determinar qué partido controla una o ambas cámaras del Congreso y, con ello, influir en la aprobación de leyes, presupuestos y la supervisión del Gobierno federal.
Para los inmigrantes que han obtenido la ciudadanía estadounidense, participar en estos procesos también tiene un significado particular. La naturalización permite acceder a derechos políticos que no están disponibles para los residentes permanentes, entre ellos el voto en las elecciones federales, siempre que se cumplan los demás requisitos legales.
Según la guía oficial de USAGov sobre los requisitos para votar, los ciudadanos naturalizados tienen derecho a participar en las elecciones estadounidenses bajo las mismas reglas generales que los ciudadanos por nacimiento. Deben cumplir los requisitos de edad, residencia, inscripción electoral y las demás condiciones aplicables. No ocurre lo mismo con quienes poseen una residencia permanente o green card, ya que ese estatus migratorio no autoriza a votar en elecciones federales.
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