El monto total de gastos aprobados por los diputados para 2023 fue de 347 896 millones de pesos cubanos y fue insuficiente. El Gobierno gastó 30 000 millones más y tampoco se notó en el país ante el aumento de las necesidades y el encarecimiento de la vida. ¿Para qué se usa el dinero público?, ¿por qué no alcanza?, ¿cómo y cuándo van a mejorar las condiciones en el país?

Después de casi dos años de investigación y compilación de datos, DeFacto —el equipo de verificación y datos de elTOQUE— presenta un nuevo especial multimedia sobre el presupuesto del Estado cubano. La investigación explica cómo se estructuran las finanzas públicas y qué uso hace el Gobierno de él. Sin embargo, quedan más preguntas que respuestas ante la falta de información y transparencia sobre este asunto medular.

El presupuesto son todos los recursos económicos con los que cuenta el Estado. Es el Parlamento quien lo aprueba, por unanimidad siempre. Ese dinero —que no es mucho para un Estado— proviene fundamentalmente de los impuestos que pagan los ciudadanos y de las empresas y otros aportes estatales y donaciones, etcétera. Pero no es suficiente para cubrir todas sus obligaciones. Así que, como regla general, hay más gastos que ingresos y el Estado se va endeudando. Mientras mayor sea el gasto público, más cosas puede hacer el Estado, pero tiene que garantizar cómo conseguir ese dinero. La situación actual es crítica.

¿Qué podemos saber a partir de la ley?

El Estado no genera dinero propiamente, no es su finalidad. Aunque en Cuba sea dueño también de la mayor parte del sector empresarial. Su función es administrar el dinero público que se obtiene por diferentes vías y determinar prioridades sociales, hacer inversiones y planificar el desarrollo del país. En otras palabras, el Estado existe —en materia de dinero— como una representación colectiva que debe decidir dónde es mejor poner los recursos, pero el dinero en realidad es nuestro, de todos y cada uno de los ciudadanos que contribuimos de manera individual o como empresas de diferentes formas, sobre todo con impuestos, multas, trámites, etcétera.

Sin embargo, que sea el Estado quien tenga la misión de gestionar ese dinero no significa que sea un cheque en blanco para que haga con él lo que quiera. En todos los países los gobiernos elaboran un presupuesto anual que debe ser cumplido de la forma más eficiente posible y que no puede modificarse arbitrariamente. Sus decisiones deben ser evaluadas y estar en consecuencia con las necesidades de la ciudadanía. En principio, es un rol que le corresponde a los diputados; pero también a cada ciudadano. Es un derecho saber cómo se usa el presupuesto y para eso es fundamental tener información. Para ello, los gobiernos deben tener políticas de transparencia sobre el manejo de recursos públicos.

Revisar la ley del presupuesto nos permite saber, por ejemplo, cuánto dinero se destina cada año a cada sector de la sociedad. Los números a simple vista parecen altos, pero para un país puede no ser suficiente. Entonces, lo que sí podemos comparar es si la cantidad es mayor o menor de lo que se ha otorgado en años anteriores y cuánto ha crecido.

Incluye también, aunque no en todos los casos lo han publicado, cuánto gasta el Gobierno en asociaciones y organizaciones, en rescatar empresas improductivas, en sustitución de importaciones en subsidios a empresa estatales y otros gastos de la actividad no presupuestada.

Si miramos los ingresos, también es posible saber cuánto estima el Gobierno que recibirá por ciertos impuestos. Por ejemplo, si los impuestos sobre circulación y ventas y sobre los servicios disminuyen, podemos prever que habrá escasez y que faltarán productos en los mercados. O si es menor el impuesto sobre utilidades, sabremos que las empresas no están aumentando su productividad.

También podemos conocer, cuando lo desagregan, cuántos de los aportes provienen de trabajadores privados y cuántos del sector estatal.

La deuda del presupuesto es otro número a mirar con atención. No tanto su valor numérico como cuánto representa de producto interno bruto (PIB). Ese valor desde 2020 está por encima del 10 % y todo parece indicar que también se sobrepasará este año. El dato nos indica que no va a bajar la inflación y que la riqueza que se está generando crece mucho más lenta que la deuda que vamos asumiendo. O sea, que vamos a peor y se necesitan medidas de emergencia.

¿Qué no podemos saber a partir de lo que se publica en la ley?

La estructura económica de la ley, planteada a partir de ingresos, gastos y deuda, hace que para buscar información sea necesario conocer previamente en dónde podrían encontrarse los datos que uno necesita, una barrera en el acceso que evita cuestionamientos públicos.

Además, el poco nivel de desagregación solo nos permite conocer totales, pero cómo se reparten esos montos es imposible discernirlo y, por tanto, analizarlo y cuestionarlo.

Por ejemplo, sabemos que el presupuesto total de educación en 2023 fue de 53 468 millones de pesos cubanos; pero no podemos saber cuánto de ese dinero representa los salarios de los trabajadores del sector, cuántas escuelas recibieron mantenimientos ni por qué valores, qué provincias recibieron mayor cantidad, qué tipo de educación demanda más recursos, cuánto cuesta mantener las escuelas rurales, qué presupuesto se destina a la alimentación escolar o a los materiales de estudio y la impresión de libros de texto en el país.

Sabemos que el presupuesto de salud en 2023 fue de 60 541 millones de pesos cubanos; pero no sabemos cuánto se ha dedicado a la compra de ambulancias, cuánto a la compra o producción de medicamentos o equipos e insumos médicos, muchos de ellos en falta en los hospitales. Tampoco describe el presupuesto cuál es el ingreso por la exportación de servicios médicos, una importante fuente de ingresos del país.

El turismo es otra gran ausencia. No es posible saber cuáles son los aportes del turismo si se revisa la ley. Pasa lo mismo con las restantes actividades económicas. Por lo que, si se quisiera conocer qué sectores son los que más aportan al país, no se puede buscar en el presupuesto y, por lo tanto, tampoco los diputados debatirán al respecto.

Las políticas públicas no están desglosadas en la ley del presupuesto. Sabemos que el programa de subsidios de vivienda es competencia local y que de los ingresos que reciban de la venta de materiales de construcción destinan un tanto por ciento variable. Pero el resto de los programas que anuncia el Gobierno, de inversiones en la infraestructura eléctrica, en la red de acueductos y alcantarillados, el Programa de Adelanto de la Mujer, el de soberanía alimentaria y otros no se ven reflejado en el presupuesto. ¿Es mucho, es poco, en qué partida se encuentra? No se puede determinar.

Los gastos de defensa desde 2016 se juntaron con los de administración pública, para hacer todavía más inaccesible esa partida. Sin embargo, hay cuestiones que, aunque no se pueda saber en la ley, sí se notan en las calles, como la compra de carros patrulla para la Policía o el armamento que estrenaron en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021. Es importante poder debatir sobre el gasto militar y también el de seguridad interna del país.

Otras preguntas sin respuestas en las leyes publicadas son ¿cuánto gasta el Gobierno en servicios consulares y embajadas en el exterior?, ¿cuánto cuestan los viajes oficiales o qué cantidades ejecuta cada ministerio?

Sin embargo, lo más difícil de determinar es cuánto de esos números que aparecen en la ley están respaldados por divisas, que al final son las que permiten al Estado pagar en el mercado internacional a proveedores, saldar las deudas y hace inversiones de mayor escala.

Según estima el economista José Luis Rodríguez, exministro cubano de Economía, las reservas internacionales del país en 2022 eran de aproximadamente 6 553 millones de dólares, equivalentes a 7.5 meses de importaciones. Las reservas han descendido en un 42.3 % en los últimos cinco años, 4 800 millones de dólares de reducción. Ese es el dato más cercano del dinero real con el que cuenta el Estado cubano, cifra que no se refleja en ningún sitio en la ley del presupuesto. Las cuentas en divisas se manejan independientemente y de ellas no se rinde cuenta.

La aprobación de la ley del presupuesto cada año es una formalidad legal que solo enseña, incluso a los diputados, la punta del iceberg más grande y complejo que es la economía cubana. Un presupuesto que cada año se parece mucho al anterior, con algunas variaciones. Sus números no dependen de la voluntad política, por mucho que se maquillen; sin dinero poco puede hacer un Estado para transformar la realidad.

La propuesta que hoy presentamos pretende compartir la información disponible y hacer notar las ausencias con mayor claridad. Ser más conscientes de cómo funciona y qué podemos encontrar nos ayuda a hacer las preguntas correctas y a exigir más información. Saber qué hace el Estado con nuestro dinero es un derecho. El debate sobre el presupuesto estatal debería formar parte de la actual sesión del Parlamento cubano.