Carmen regresa de una de sus caminatas diarias por Centro Habana buscando qué poner en la mesa familiar. «Salí a comprar dos libras de arroz que están dando por persona; esto es a buchitos», dice la jubilada de 63 años. A veces logra adquirir algún embutido en una mipyme, media docena de huevos o dos o tres panes magros. En otras ocasiones, la mayoría, vuelve con la bolsa vacía.
Su nombre real no es Carmen. Protegemos su identidad porque teme las consecuencias de aparecer en un medio independiente tras 67 años de una dictadura que prometió un futuro de bienestar bajo el «comunismo», pero que hoy utiliza sus recursos para reprimir el disenso y perseguir a quienes denuncian la responsabilidad gubernamental en el colapso del país.
Puede que, a partir de abril de 2026, Carmen —exempleada de Educación y con una pensión de 4 000 CUP mensuales, equivalentes a menos de 8 USD en el mercado informal— sume al listado de sus carencias los pocos productos subsidiados de la «canasta familiar normada» que todavía vende el Estado mediante el sistema de la libreta de racionamiento, vigente desde la década de 1960.
Durante una sesión de trabajo del Consejo de la Administración Municipal del Cotorro, donde participó la gobernadora de La Habana, Yanet Hernández Pérez, las autoridades informaron que el próximo abril «comenzará una nueva forma de distribución de la canasta familiar normada, diferenciada, con productos que van a estar controlados, liberados a la venta, pero a precios diferentes a los actuales (…)», según una nota publicada el 17 de febrero de 2026 por el periódico Tribuna de La Habana.
Según el plan del oficialismo, «subsidiarán a las personas y no al producto», aunque no detallaron los precios que fijarán ni a qué productos ni quiénes podrán seguir comprando un poco más «barato» en un país donde la pobreza es creciente. Para la distribución de los alimentos «será fundamental las producciones que cada territorio sea capaz de realizar», de acuerdo con lo dicho en la reunión que reseñó el medio estatal.
La discreta revelación de las autoridades del Cotorro coincide con lo adelantado por el gobernante Miguel Díaz-Canel el 5 de febrero de 2026, durante su comparecencia en televisión para anunciar un nuevo período de «contingencia» energética. Ese día, Canel anunció cambios en la estrategia de distribución de la canasta básica bajo el principio de «comer lo que se produzca en cada territorio», una decisión forzada por la falta de combustible para el transporte de alimentos.
La socióloga Elaine Acosta, directora ejecutiva del Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos «Cuido 60», explica a elTOQUE que «no estamos en presencia de medidas que se correspondan con la profundidad y la complejidad de la crisis estructural cubana ni toman en cuenta el patrón de ampliación de la “vulnerabilidad” que impacta cada vez en sectores más amplios de la sociedad».
Acosta, investigadora asociada al Cuban Research Institute de Florida International University (FIU), opina que «el Estado no ha sido capaz de promover políticas sociales compensatorias adecuadas y sostenibles para revertir los impactos negativos de las múltiples crisis, que impactan más en los sectores vulnerables de la sociedad cubana, pero que la atraviesan por completo».
El contexto actual no es el único momento en la última década en que se le ha puesto un clavo en el ataúd de «la libreta», un sistema que ha ido convirtiéndose en un cascarón casi vacío, aunque mitiga en algo la escasez.
En realidad, dice Carmen, «desde hace tiempo están quitando [la libreta], empezaron por unas libras o gramos de algunos víveres, y luego han eliminado por completo algunos productos, por ejemplo, cárnicos».
Explica que «se pasan meses sin vender jamonada o picadillo. El pollo no se sabe desde cuándo no se vendía hasta que, al final del año pasado, vendieron una miseria para la población. La sal la venden a veces, el café, los granos…».
Los datos oficiales disponibles indican que al menos 182 000 familias cubanas —unas 310 000 personas— reciben asistencia social por estar en «situación de vulnerabilidad», según dijo el primer ministro Manuel Marrero, en julio de 2025 en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Aunque no utilizó la palabra «pobres», Marrero admitió que estas no son todas las personas que enfrentan dificultades económicas.
Sin embargo, las cifras oficiales no alcanzan para tener una dimensión real del problema. Elaine Acosta señala la falta de datos de instituciones públicas y de estudios sistemáticos sobre pobreza en Cuba: «Sin esa información es imposible tener una política eficaz e informada para intervenir y detener el aumento significativo del empobrecimiento de sectores cada vez más amplios de la población cubana».
Delegar responsabilidades a la comunidad, ¿la solución?
Las «zonas rurales, de difícil acceso, aisladas o suburbanas» es otro frente de la asistencia social en el que retrocede la acción directa del Estado cubano. En estos lugares, la atención a «personas en situación de vulnerabilidad» recaerá en los Hogares de Alimentación Comunitaria (HAC); centros que, aunque son autorizados por los Gobiernos locales y dependen de la disponibilidad de recursos en los territorios, serán gestionados por privados como «alternativa al servicio del Sistema de Atención a la Familia (SAF)».
La Gaceta Oficial Extraordinaria 15, publicada el 5 de febrero de 2026, establece el marco legal para la creación y funcionamiento de los Hogares de Alimentación Comunitaria en Cuba, mediante el Acuerdo 10 057 del Consejo de Ministros. Entre los elegibles para ser beneficiados están los adultos mayores sin apoyo familiar, personas con discapacidad, familias vulnerables y, de forma excepcional, embarazadas que requieran refuerzo nutricional.
El servicio será prestado en viviendas particulares por trabajadores por cuenta propia, previamente seleccionados en la comunidad y aprobados por los Consejos de la Administración Municipal. Cada hogar podrá atender hasta diez beneficiarios, ofrecer alimentación al menos de lunes a sábado y garantizar una ingesta mínima del 30 % de los requerimientos nutricionales diarios. El precio máximo del menú se fija en 50 CUP.
El acuerdo define, además, responsabilidades específicas para los Gobiernos provinciales y municipales, las direcciones de Comercio y de Trabajo y Seguridad Social, así como para gobernadores e intendentes, incluido el control de la calidad del servicio, la selección de beneficiarios, el aseguramiento de módulos alimenticios (vendidos en la bodega estatal de la comunidad donde radica el HAC), el financiamiento del equipamiento y la evaluación periódica del funcionamiento del programa. Cuando el pago del servicio lo asume la Asistencia Social y el costo excede lo establecido para el SAF, la diferencia corre a cargo del privado que presta el servicio, «como parte de su responsabilidad social».
La prensa oficial ha presentado los Hogares de Alimentación Comunitaria como un programa necesario para «facilitar la atención a personas en situación de vulnerabilidad que viven en zonas intrincadas del país», con un total de 325 centros de este tipo previstos, de los cuales ya abrieron 29 en Guantánamo, Holguín y Santiago de Cuba.
La idea no representa un cambio sustancial en las condiciones de vida de los teóricos beneficiarios —apenas 3 000 cubanos, confirmó Grettel Portales Pérez, directora general de servicios del Ministerio de Comercio Interior— ni en el conjunto de la sociedad.
Asimismo, tanto la canasta familiar normada como los comedores sociales enfrentan un obstáculo insalvable con las medidas anunciadas por el Gobierno: la escasez de alimentos en las comunidades.
De acuerdo con el economista Pedro Monreal, Cuba en 2026 es «un país fragilizado por una crisis agropecuaria mucho peor que la existente durante el “período especial” [de los años noventa], con desmoronamiento masivo de la producción nacional de alimentos cruciales».
El experto explicó que los datos agropecuarios oficiales más recientes del Anuario Estadístico (2024) «confirman siete años de dinámicas de declive agropecuario, desde el pico productivo de 2017».
La pregunta que no responde el poder político es fundamental: ¿cómo se garantizará el suministro de los productos en las bodegas estatales de las ciudades y campos? La cuestión no está resuelta porque el objetivo principal no es asistir a los «vulnerables», sino reducir la carga pública del Estado que prometía «no dejar a nadie desamparado».
El Estado cubano, a través del Acuerdo 10257/2025, mantiene un papel formal de garante de derechos sociales, pero reduce su intervención directa y delega operaciones a privados y autoridades locales. Ello genera una cobertura insuficiente, riesgos de inequidad y dependencia de la disponibilidad de recursos locales. Los HAC funcionan más como un parche paliativo que como una política integral de asistencia social, evidenciando que la garantía del derecho a la alimentación está comprometida en la práctica.
Regresión de derechos sociales
Para la investigadora Elaine Acosta, «la política social en Cuba, en lugar de ampliar y profundizar el presupuesto, los programas y los mecanismos de protección social, se ha comportado de manera regresiva, disminuyendo la participación del Estado en la asistencia social y transfiriendo buena parte de estas responsabilidades a las familias, a los municipios y las comunidades. Sabemos que en el caso cubano esos actores locales no pueden por sí mismos tomar esa responsabilidad por la estructura de poder político y por la insuficiencia de recursos».
También afirma que «la eliminación de estos subsidios universales de alimentos básicos puede interpretarse como una regresión de derechos sociales, en particular del derecho a la alimentación».
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) obliga a los Estados que lo han ratificado a adoptar medidas para la realización de derechos como el trabajo, la salud, la educación, la seguridad social y un nivel de vida adecuado. Además, establece que estos derechos deben realizarse de manera progresiva, hasta el máximo de los recursos disponibles, y que las medidas regresivas deben estar justificadas. Sin embargo, aunque Cuba firmó el Pidesc en 2008, no lo ha ratificado.
En el Gobierno cubano «no existe ni el intento creíble de buscar soluciones a los problemas que agobian a la gente», ha dicho Yaxys Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), en declaraciones ofrecidas a elTOQUE para un artículo anterior, relacionado con protestas ciudadanas.
Según el VIII Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, publicado por el OCDH en 2025, los apagones se situaron como la primera preocupación de los cubanos (72 %), superando por poco margen a la crisis alimentaria (71 %). Los encuestados también expresaron su malestar por el alto costo de la vida (61 %), los bajos salarios (45 %) y la deficiente salud pública (42 %).
Ante esas realidades, las autoridades responden con «medidas puntuales que no pueden resolver la crisis de la protección social en Cuba», según la socióloga Elaine Acosta, por lo cual «estamos frente a una crisis de esa asistencia social y del compromiso del Estado con la garantía de los derechos sociales».
Acosta aclara que no es erróneo a priori adoptar «una política de focalización de recursos hacia grupos más vulnerables, el problema es que la manera en que se está implementando en Cuba es incorrecta».
Según la experta, «las políticas de ajuste que ha venido realizando el Estado cubano (disminuyendo su participación en la protección social, eliminando subsidios, achicando programas de alimentación, debilitando el Sistema de Atención a la Familia, encareciendo el acceso a productos básicos y dolarizando su venta, etcétera) han ocasionado un estado de inseguridad alimentaria en la medida en que no existe oferta suficiente y estable de alimentos ni acceso económico y físico oportuno».
Yaxys Cires, del OCDH, ha dicho a elTOQUE que «la situación socioeconómica de Cuba es crítica y el régimen está asumiendo una posición peligrosa entre el inmovilismo y la represión. Es como si quisiera deliberadamente que la gente sufra».
Elaine Acosta insiste en que el Estado tiende a «desentenderse de una responsabilidad sin asumir las consecuencias, cuando debería distribuir democráticamente esas responsabilidades sin abandonar lo que le corresponde, sin retroceder en la garantía de derechos».
Mientras tanto, para los cubanos como Carmen, en las zonas rurales o urbanas, el horizonte inmediato no ofrece otro escenario que el de la sobrevivencia. «Resuelvo muy poco con la libreta; ahora mismo me ahorró tener que comprar arroz durante dos o tres días, que está bien caro, pero después es “arréglatelas como puedas”. Si la eliminan por completo, veremos entonces qué pasará o qué haremos», concluye la jubilada.
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