En diciembre de 2021, la calificación en Google del hotel Paseo del Prado cayó de 4.8 puntos a 1.7 tras una ola de opiniones negativas de cubanos emigrados, quienes denunciaban la inversión turística del Gobierno en medio de una crisis económica y de derechos humanos.

Entre 2014 y 2022, la Administración del archipiélago ha invertido cinco veces más en construir hoteles que en mejorar servicios básicos como agua, electricidad y gas.

Ante esto y tras la represión de las manifestaciones de julio de 2021, se puso en práctica otra forma de protesta cívica: el boicot. La estrategia del boicot consiste en negar la relación comercial con individuos, empresas o Estados considerados moralmente reprobables.

Los exiliados cubanos también han hecho manifestaciones ante oficinas de empresas como la española Meliá, que administra hoteles del holding militar Gaesa.

Aunque no es posible medir el impacto real de los boicots en la economía cubana, la reacción del Gobierno revela preocupación porque estas iniciativas no se multipliquen y afecten la imagen del país que les interesa difundir.

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