En la mañana de este 3 de febrero de 2021, artistas cubanos presentaron una petición al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado (CE), Esteban Lazo Hernández, para solicitar la revocación de Alpidio Alonso como diputado y ministro cubano. 

El documento contentivo contó con el apoyo original de más de 1200 ciudadanos. Entre ellos destacan: Iván de la Nuez, Gerardo Mosquera, Rafael Rojas, Sandra Ceballos, Ernán López-Nussa, Tomás Sánchez, Haydeé Milanés y Wendy Guerra.

Los firmantes solicitan que se impulse un proceso para revocar la condición de diputado del señor Alonso Grau —quien fuera ratificado en 2018 a la IX Legislatura de la ANPP. Al mismo tiempo, y aunque esta condición no es consustancial a la de ministro, solicitan que el CE —representante del órgano supremo del Estado cubano (la ANPP)— lo revoque también de ese cargo administrativo al frente del Ministerio de Cultura (Mincult).

El 27 de enero de 2021 Alpidio Alonso Grau dio un «manotazo» para quitarle el teléfono a un periodista independiente que se encontraba fuera de la sede del Mincult para cubrir la manifestación pacífica que allí tenía lugar y en la cual participaban algunos de los miembros del grupo conocido como 27N.

Con el «manotazo», el también diputado, inició un acto de violencia colectiva —al que se sumaron otros funcionarios y trabajadores del Mincult— que concluyó con la detención violenta de todos los manifestantes.

Estos hechos suscitaron que el 27N comenzara una campaña en redes sociales para solicitar la dimisión del ministro; campaña que acompañaron con una recopilación de firmas de apoyo a través de la plataforma digital Change.org. 

¿CUÁLES SON LOS FUNDAMENTOS LEGALES QUE AMPARAN LA PETICIÓN?

La petición es un derecho reconocido en el artículo 61 de la Constitución cubana. Este permite que las personas dirijan quejas y peticiones a las autoridades. También establece que las autoridades interpeladas están en la obligación de tramitar el pedido y ofrecer una respuesta oportuna, pertinente y fundamentada.

Los firmantes combinaron el derecho de petición con los planteamientos de la Ley No. 135 de Revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular —recientemente promulgada—. Dicha normativa establece que el CE puede promover el inicio de un proceso para revocar la condición de diputado del parlamentario que incurra «en hechos que lo hagan desmerecedor de buen concepto público» o cuando este «manifieste una conducta incompatible con el honor de ser representante del pueblo en un órgano del Poder Popular».

Los signatarios de la petición consideran que la conducta violenta de Alpidio Alonso no se corresponde con la de un diputado ni con la de un funcionario de Gobierno. Por tal motivo y al apelar al artículo 122 k) de la Constitución —que a criterio de los firmantes permite al CE revocar todos los cargos seleccionados por la ANPP—, se solicita, también, revocar a Alonso Grau del cargo de ministro de Cultura. Un puesto que le viene dado, además, por su condición de miembro del Consejo de Ministros; y estos miembros son designados por la ANPP a propuesta del presidente de la República.

¿ES LA PETICIÓN EL MECANISMO MÁS EFICAZ PARA IMPULSAR LA REVOCACIÓN DE ALPIDIO ALONSO COMO MINISTRO DE CULTURA?

A finales de 2019 un colectivo de cerca de cuarenta mujeres cubanas presentó, amparadas también por el artículo 61 de la Constitución, una petición a la ANPP para solicitar la inclusión en el Cronograma Legislativo de una ley integral contra la violencia de género. Dicha solicitud derivó en una cita, a puertas cerradas, entre cuatro de las firmantes y autoridades de la Asamblea —encabezadas por José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos—.

En aquel entonces, y de acuerdo al testimonio publicado en el perfil oficial de Facebook de la campaña YoSíTeCreo en Cuba, las autoridades gubernamentales no clausuraron la posibilidad de una ley integral, pero sí confirmaron que no formaría parte del Cronograma Legislativo y que este último sería sometido a una revisión constante. 

Al menos en este caso, a través de la reunión privada, la ANPP ofreció su respuesta a la petición de esas mujeres cubanas. 

En otro ejemplo más reciente, el escrito de Queja y Petición que dirigiera la Articulación Plebeya (con más de 400 firmantes) a la Fiscalía General de la República, el Instituto Cubano de Radio y Televisión y el Ministerio de Justicia, para que pusiera fin a la campaña de calumnias de los medios de comunicación estatales sobre personas que ejercen su derecho a expresarse —y no cuentan con la potestad de réplica en esos mismos espacios—; ni siquiera ha obtenido respuesta formal hasta el momento.

Articulación plebeya presenta una Queja y Petición ante autoridades cubanas respaldada por más de 400 firmas

En escenarios democráticos reales, la petición no es el mecanismo idóneo para tramitar demandas de la ciudadanía. En el caso de la solicitud de ley integral contra la violencia de género, bien pudo haberse tramitado a través de una «iniciativa legislativa popular»; una campaña que auxiliada de recolección de firmas y escritura de la norma «desde abajo» hubiese compulsado a los legisladores a incluir el tema en sus prioridades. 

Sin embargo, la iniciativa legislativa popular cubana ha sido castrada desde su diseño. La necesidad de mostrar, conjuntamente con el Proyecto de Ley, los «resultados de las coordinaciones con los órganos, organizaciones y otras instituciones de imprescindible consulta» y la potestad singular del presidente de la ANPP para definir si un proyecto de ley impulsado popularmente puede o no ser discutido por el parlamento, son algunos de los elementos más significativos que demuestran los obstáculos que desde la burocracia pueden imponerse. A la comunidad cubana residente en el exterior —la que con más facilidad puede articularse en pos de impulsar estas iniciativas—, por otro lado, se le ha impedido, por ley, promover este tipo de acciones que deberían ser consustanciales a su condición de ciudadanos.

La revocación de mandato es otro mecanismo de democracia directa que también podría estar en manos de los ciudadanos para procesar la actuación del ministro Alonso Grau y sus subordinados. Sin embargo, este es otro recurso que ha sido amputado, en el archipiélago, desde su esbozo.

En el caso cubano, el electorado solo puede impulsar por sí mismo la revocación del delegado de la circunscripción. El resto de los cargos de elección solo se revocan a partir del impulso de otros órganos del Estado —como las Asambleas Municipales del Poder Popular, el CE, un diputado o la propia ANPP—. Por ende, a la ciudadanía cubana solo le resta realizar peticiones al poder si aspira a revocar el mandato de una persona con real influencia en el Estado.

El gran protagonista de la revocación de mandato tiene que ser el electorado. En el elector debería recaer tanto la posibilidad de elegir, como la de retirarle la confianza a su representante antes del término de su mandato. Una capacidad que en las democracias en las cuales la alternancia política es parte de la realidad, también se expresa en la sanción ciudadana que puede emitirse mediante el voto.

Como en Cuba no existe alternancia política y los cambios de administraciones no dependen del electorado, sino del Partido Comunista; es natural que actos violentos como el de los funcionarios del Mincult no generen preocupación entre quienes los cometen. La conducta de Alpidio Alonso el pasado 27 de enero puede considerarse como una de esas acciones que en otros países provocarían la dimisión o la inmediata remoción de un representante gubernamental, pero Cuba no es uno de esos países.

En ambientes como el cubano —donde se generan sociedades civilmente deformadas y desprotegidas frente al poder absoluto del Estado/Partido— «pedirle» al poder no equivale a rogarle. «Pedirle» al poder —sobre argumentos de una ley que de antemano se hizo a su medida— se convierte en un acto de resistencia ciudadana.  

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