La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció el 30 de mayo de 2025 con respecto a la disputa sobre la decisión de revocar de manera inmediata el parole humanitario a inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que no tengan otra forma legal de permanecer en el país.

En abril de 2025, la jueza de distrito Indira Talwani, en Massachusetts, había bloqueado la orden de la Administración Trump de revocar inmediatamente el estatus legal de estos inmigrantes. Luego de ese bloqueo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, le solicitó a la Corte Suprema que suspendiera la decisión de Talwani, lo cual fue concedido.

La suspensión estará vigente hasta que se resuelvan dos asuntos. Primero: que el caso se decida en el siguiente nivel de apelación (la Corte de Apelaciones del Primer Circuito). Segundo: una vez que la Corte de Apelaciones decida, la suspensión continuará si alguna de las partes pide a la Corte Suprema que revise el caso (writ of certiorari).

¿Cuáles son los posibles escenarios que siguen? 

Si la Corte Suprema decide no tomar el caso (deniega el certiorari), la suspensión termina automáticamente en ese momento. Si la Corte Suprema decide tomarlo (concede el certiorari), la suspensión continuará hasta que lo revise, emita la decisión final y la envíe oficialmente.

La pausa que le ha concedido la Corte Suprema a la Administración Trump le permite proceder con la revocación del estatus legal de quienes entraron bajo el programa parole humanitario mientras continúan los procesos. Estos inmigrantes (si no poseen otra forma legal que justifique su estancia en el país) quedan en peligro de deportación y se invalidan sus permisos de trabajo.

Según la opinión de los magistrados que se opusieron, la actual concesión de la suspensión significaría que la Corte ignoró el requisito de demostrar daño irreparable por parte del Gobierno y subestimó las «consecuencias devastadoras» y el «sufrimiento humano necesario» que causará a casi medio millón de personas que se les termine su estatus legal mientras los reclamos legales están pendientes.

El Departamento de Seguridad Nacional ya había anunciado en octubre de 2024 que no extendería el estatus temporal del programa una vez expirara el período de dos años aprobado.

Este caso forma parte de una serie de disputas legales de orden migratorio en las que la Administración Trump ha criticado a jueces de instancias inferiores por bloquear sus políticas.