La Gaceta Oficial Ordinaria 97, publicada el 18 de noviembre de 2026, trae dos normas que modifican de raíz el sistema de seguridad social cubano. El Decreto Ley 140 del Consejo de Estado reforma la Ley 105 de Seguridad Social y siete decretos leyes de regímenes especiales, mientras el Decreto 186 del Consejo de Ministros actualiza el reglamento que rige los procedimientos para calcular pensiones y acreditar tiempo de servicios.
En un contexto de inflación sostenida, expansión del sector privado y envejecimiento poblacional acelerado, estas modificaciones intentan adaptar un sistema diseñado en 2008 a una realidad económica radicalmente distinta.
Pluriactividad: contribuir por separado, cobrar sumando
Uno de los cambios más significativos es el reconocimiento formal de la pluriactividad —es decir, la situación de quienes trabajan simultáneamente en el sector estatal y en alguna actividad cubierta por regímenes especiales, o en varios de estos a la vez—. El artículo 4 de la Ley 105 establece que esos trabajadores están obligados a afiliarse y contribuir a cada régimen por separado.
La contrapartida es que, al momento de calcular la pensión por edad o invalidez total, se suman las bases de contribución de cada uno de los regímenes. En la práctica, lo anterior significa que un trabajador estatal que además opera como socio de una mipyme podrá sumar su salario promedio del sector estatal con el promedio de su base de contribución al régimen especial para obtener una pensión mayor. Los períodos simultáneos, sin embargo, solo se acumulan una vez como tiempo de servicio.
Los pensionados por edad que se reincorporan al trabajo y realizan pluriactividad quedan exceptuados de contribuir al régimen especial, aunque pueden hacerlo voluntariamente si desean acceder a beneficios adicionales.
Hasta diez años de cuidado familiar cuentan como tiempo de servicio
La reforma introduce una disposición sin precedentes en la legislación cubana: el reconocimiento de hasta diez años dedicados al cuidado de familiares en situación de dependencia como tiempo de servicio computable para la pensión ordinaria por edad. También se reconocen las licencias no retribuidas otorgadas para ese mismo fin, así como los períodos de formación en programas para jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo.
El Decreto 186 detalla los requisitos para acreditar ese tiempo: una declaración del solicitante, certificado del médico de familia avalado por el policlínico, resumen de historia clínica o certificado de discapacidad del familiar cuidado, y una visita de comprobación de la dirección municipal de Trabajo. Las direcciones municipales son las encargadas de emitir la certificación, que debe aprobarse mediante Acuerdo en su Consejo de Dirección.
Además, quienes se dedican al cuidado de familiares dependientes pasan a ser considerados “trabajadores” a efectos de la ley, lo que les otorga acceso formal al sistema de protección social. La norma exige que estos cuidadores soliciten anualmente un certificado médico actualizado sobre el estado de salud del familiar y conserven copia de la solicitud de baja laboral firmada por el empleador.
Nuevas tasas de contribución para el sector no estatal
El Decreto Ley 140 unifica y actualiza las tasas de contribución a la seguridad social en los regímenes especiales. Los trabajadores por cuenta propia, socios de mipymes y empresas privadas con más de 100 trabajadores, titulares de proyectos de desarrollo local, representantes de firmas comerciales extranjeras, creativos de la comunicación y trabajadores contratados individualmente en el exterior contribuirán con el 20 % de su base de contribución. La gente de mar mantiene una tasa superior: el 25 %.
Para artistas y creadores, la contribución individual es del 8 %, complementada con un 12 % a cargo de las entidades que los representan, lo que totaliza también un 20 %.
El sector agropecuario recibe un tratamiento diferenciado: los productores cuya base de contribución no supere los 9 510 CUP aportan el 5 %, mientras que quienes superen los 9 511 CUP contribuyen con el 15 %. En todos los casos, la base de contribución no puede ser inferior al salario mínimo vigente.
La base de contribución puede modificarse únicamente durante el último trimestre de cada año, con efectos a partir de enero siguiente. La norma prohíbe expresamente cualquier modificación durante los cinco años previos a la edad de jubilación, lo que impide incrementar artificialmente las contribuciones en los años inmediatos anteriores al retiro para inflar la pensión.
Cómo se calculará la pensión
El Decreto 186 establece que la pensión por edad e invalidez total en el régimen general se calcula sobre los cinco mayores salarios devengados dentro de los últimos 15 años anteriores a la solicitud. Para los regímenes especiales, la base de cálculo es directamente la base de contribución definida por el afiliado.
Cuando el monto resultante excede la cuantía del grupo de mayor complejidad de la escala salarial del sector presupuestado, se aplica una escala regresiva: el 100 % hasta 14 535 CUP; el 60 % del exceso entre 14 536 y 29 070 CUP; el 40 % entre 29 071 y 43 605 CUP; y solo el 20 % de lo que supere los 43 606 CUP. Ese mecanismo limita el crecimiento de las pensiones más altas y redistribuye proporcionalmente el beneficio.
Lo que la norma deja abierto
La reforma establece que la cuantía mínima de las pensiones se fijará anualmente por el Consejo de Ministros “atendiendo al desarrollo económico-social alcanzado, a las condiciones económicas y a la tendencia de la inflación”, pero no define un mecanismo automático de indexación ni un piso mínimo vinculante. Tampoco especifica montos concretos. En un entorno donde la inflación ha erosionado dramáticamente el poder adquisitivo de las pensiones, la ausencia de una fórmula de ajuste vinculante deja la actualización sujeta a la discrecionalidad gubernamental y a la disponibilidad de recursos fiscales.
La norma tampoco aclara qué ocurre con los afiliados a regímenes especiales que, habiendo contribuido por bases mínimas durante años, ahora enfrentan la prohibición de modificar su base en el quinquenio previo a la jubilación. La disposición transitoria única establece que todos los afiliados deben actualizar su base de contribución en el último trimestre de 2026 para comenzar a aportar por la nueva base en enero de 2027, pero no detalla si esta actualización forzosa cuenta como la última modificación permitida antes de los cinco años de restricción.
Nota: Este texto fue realizado con apoyo de IA y supervisado por el equipo editorial de elTOQUE.
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