El pasado 2 de octubre el Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente emitió una declaración pública. La narrativa que construye desde el año 2012 hasta el año 2016 no es, más allá de su asombrosa fatuidad, un error, porque la mentira, la ambigüedad y la manipulación nace siempre, como en este caso, de una decisión que tiene intenciones y propósitos.

A nombre de quién se miente y manipula, y de paso se injuria nuevamente a mi persona como contrarrevolucionario y subversivo, es algo que no es ni será nunca importante, por lo menos para mí, pero a quién se intenta engañar, tratándose de funcionarios públicos sí lo es, y resulta demasiado evidente: le mienten a la comunidad universitaria, a sus alumnos y profesores, a la sociedad, acaso sobre todo a los destinatarios que son colocados al final de la publicación realizada: la Presidencia de la República y la Dirección del PCC.

¿Cómo encuadran con esa narrativa los hechos que se omiten en ella?

• Recibir, de manera ininterrumpida la calificación de Excelente desde el curso 2010-2011 hasta el año 2015 en que fui evaluado por última vez.
• Ser miembro de la Comisión de Trabajo Político Ideológico de la Universidad de Oriente.
• Haber obtenido la Categoría Docente de Profesor Titular, con fecha 12 de septiembre del 2013.
• Haber sido electo en asamblea de la militancia de la Universidad de Oriente miembro del Comité del PCC de la misma y haberlo integrado hasta octubre del 2015 con una evaluación excelente y reconocimiento de un desempeño integral.
• Haber sido Profesor Guía durante todo ese periodo, hasta el nombramiento por Resolución Rectoral Nº. 788 de 2015 en el cargo de funcionario como Profesor Principal de Año Académico en la Facultad de Derecho.
• Ser ratificado en agosto de 2016 por el Decano y el Consejo de Dirección de la Facultad de Derecho, hasta la liberación por motivo de salud el 21 de octubre de ese propio año por Resolución Rectoral Nº. 835, faltando apenas 23 días para que se me informara haber sido solicitado al Ministro de Educación Superior la revocación de mi categoría docente.

Para cualquiera que conozca mínimamente el funcionamiento de la educación superior cubana, y las tareas específicas asignadas a un Profesor Guía, o de un Profesor Principal de Año Académico en relación a la formación de valores políticos, —por poner sólo un ejemplo de lo que omite maliciosamente el Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente en ejercicio de “su derecho a contar la verdad”, el más elemental sentido común, le puede suponer que hay algo incoherente detrás de la narrativa que nos proporciona tres años más tarde.

Hay que reconocerle al actual Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente el particular denuedo en “esclarecer los aspectos más importantes del proceso administrativo realizado”, aunque ante la escandalosa violación e inobservancia por la institución del procedimiento administrativo prolijamente reglado para la revocación de la categoría docente por el propio Ministerio en Reglamento para la Aplicación de las Categorías Docentes de la Educación Superior en la ahora derogada Resolución Nº.128/2006, se tenga que limitar a describir la ilegítima e ilegal proposición de revocación de categoría docente realizada por la ex Rectora y actual Vice Ministra del MES Martha del Carmen Mesa Valenciano, y su aceptación por parte del Ministro de Educación Superior, dentro de una narrativa atemporal, oscura y típicamente tendenciosa, en la que llega a agregar, incluso, el incumplimiento de los artículos 5 y 6, inciso f) del propio Reglamento, los que, como se puede apreciar en la Resolución dictada por el Ministro de Educación Superior a los efectos de revocar la categoría docente, no son mencionadas, ni apreciadas por este en ningún momento.

Por el contrario a lo que afirma la narrativa que se presentó como un epítome de la verdad, la revocación de la categoría docente de Profesor Titular y la de Profesor, se hizo violando el procedimiento administrativo a que remitían los art 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, y 89, de la derogada Resolución Nº.128/2006, mediante la cual, se establecía el procedimiento a seguir tanto para el otorgamiento, como para la revocación de las categorías docentes de los profesores universitarios, así como la realización de las reclamaciones que pudieran suscitarse en esos procesos, posibilidad esta última cancelada ilegalmente por la Resolución Nº.106/2016 de 2 de diciembre de 2016 del Ministro de Educación Superior en la que se advertía: “contra lo dispuesto no cabe recurso alguno”.

Esto no es una afirmación sin fundamento. Una lectura de la Resolución Nº 85 /16 Aplicación de las Categorías Docentes de la Educación Superior que derogó la Resolución Nº.128/2006, que pueden ser consultadas en la red, permite establecer la deliberada actuación ilegal en este caso de las autoridades universitarias. Como se puede comprobar en el nuevo reglamento, la redacción del artículo 75, a diferencia de su anterior versión, deja fuera del procedimiento a seguir en relación a la revocación de las categorías docentes, las circunstancias asociadas a la pérdida del prestigio social. De modo que, aunque la entrada en vigor de la nueva normativa se produjo a partir del 3 de enero del 2017, el hecho de que fuera aprobada el 17 de octubre de 2016, bastó para, en decidida violación de todos los principios del Derecho, aplicar su contenido anticipadamente en la propia norma que derogaba.

Existe, aunque parcial, un reconocimiento expreso de esas violaciones en la respuesta dada el 20 de enero de 2017 por la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba a la Reclamación Nro.167 de 2016 presentada por violación de derechos laborales y contentiva además de una denuncia posteriormente radicada por el delito de difamación, cuando delicadamente expresó:

corroborándose que ciertamente en el texto de la misma –se refiere a la Resolución del Ministro de Educación que dispuso la revocación de la categoría docente de profesor— no se le expresó el derecho al recurso de apelación, por tal motivo y teniendo en cuenta que hemos constatado algunas incongruencias con lo dispuesto en el artículo 78 en relación con 85, 88 y 89 del citado Reglamento, hemos decidido remitir informe a la Dirección de Atención a la Población de la Fiscalía General de la República para que valore su aclaración con el Ministerio de Educación Superior a los efectos de que se decida lo que corresponda, debiendo aguardar por sus resultados.

En los días siguientes a esa respuesta presenté sendas denuncias contra el Ministro de Educación Superior, ciudadano José Ramón Saborido Loidi, por violación del Derecho de Queja y Petición regulado en el Art. 63 de la Constitución de la República de Cuba de 1976, interpuesto antes de la revocación de la categoría docente, y a raíz de la respuesta dada por este violando lo previsto constitucionalmente en relación a ese derecho, y contra la ciudadana Martha del Carmen Mesa Valenciano, por su actuar CONTRA LA LIBRE EMISIÓN DEL PENSAMIENTO, ABUSO DE AUTORIDAD y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, delitos todos previstos y sancionados en el Código Penal vigente, y presuntamente cometidos durante el proceso y posteriormente a su finalización, en este último delito, al obstaculizar intencionalmente el acceso a toda la documentación enviada al Ministro, u ocultarla.

Desde esa fecha de inicios del año 2017, a pesar de presentar sistemáticamente por todos los canales formales de la Fiscalía General de la República el mismo documento de Queja y Petición contentivo de las presuntas violaciones de la legalidad y del debido proceso administrativo, penal y de derechos constitucionales cometidas, así como la petición de restablecer a plenitud el debido proceso, mis derechos y la legalidad socialista, la respuesta recibida fue el silencio. Por mandato de Ley, la Fiscalía no puede hacer silencio.

Sería hasta el día 16 de noviembre de 2018, a las 8:28 p. m., en que la Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, habiendo recibido por el servicio de mensajería de su cuenta institucional de Facebook la misma Queja y Petición presentada de forma sistemática a la institución, informó educada y escuetamente por la misma, que se tramitaba la reclamación. No recibiendo nunca más comunicación alguna de esa institución.

Hay que agradecerle al Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente aunque no sea este su propósito, el reconocimiento público que hace de la violación del derecho constitucional de Queja y Petición cometida por el actual Ministro de Educación Superior en los finales del año 2016 al plantear en la declaración dada a conocer, haberse intentado infructuosamente desde diciembre de 2018 notificarme una nueva respuesta del Ministro “atendiendo el escrito realizado por el ciudadano a la Fiscalía General de la República”. Solo que una vez más miente deliberadamente al afirmar que ese ejercicio del derecho constitucional fue hecho como “resultado de la revocación de su categoría docente”, cuando le consta perfectamente que el mismo fue, aunque escrito con fecha 18 de noviembre del 2016, interpuesto y recibido formalmente el 21 de ese propio mes en la sede del Ministerio de Educación Superior, 12 días antes de que el Ministro se pronunciara, y del que me permito citar sus dos últimos párrafos por lo reveladores que pueden ser de su contenido, de la naturaleza de los hechos que realmente ocurrieron y de la coherencia de mi conducta posterior:

Pero ello no entraña en ningún caso la aceptación de mi parte de que se me construya una imagen de contrarrevolucionario, algo abominable, mucho menos por un cuadro de nuestro Ministerio, que además ocupa importantes responsabilidades.

Como profesional del Derecho entiendo enfrento ahora un proceso laboral y toda vez que algunas de las actuaciones que han dado lugar a ese proceso configuran delitos de difamación, abuso de poder, y actos contra la libertad de pensamiento, violatorios de nuestra Constitución y de las leyes penales y civiles de nuestro país, es obvio que con la consideración y reflexión necesaria no dudaré en accionar la defensa de mis derechos.

Estoy dispuesto, junto a otras compañeras y compañeros, militantes, profesores y estudiantes, a ofrecer la información que sea necesaria para ratificar lo que, de forma muy sucinta, le he explicado aquí.

Bastaría leer el contenido íntegro de la Queja y Petición interpuesto ante el Ministro de Educación Superior, y que obra en el expediente administrativo elevado por la Universidad de Oriente al ser incorporado por su propia indicación, aunque ninguneado como una simple carta lo que es el ejercicio de un derecho constitucional, para saber todo lo que intenta ocultar al mentir ahora el Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente.

Es por eso que difícilmente alguien pueda prestarle atención, y menos, como conoce perfectamente la Fiscalía General de la República, conceder valor jurídico a esa extemporánea respuesta enviada por el Ministro en el 2018, cuando no existe vínculo administrativo alguno entre su emisor y el destinatario. Faltaría en ese sentido, referirme al intento de validar recientemente por parte de actuales directivos de la institución universitaria, otra respuesta supuestamente llegada a ellos, algo mucho más grave y falaz, que por su alcance y sensibilidad, me reservo la oportunidad para ser tratado.

Es falso también que se realizaran conmigo varios “intercambios directos de la máxima dirección del centro”, cuando consta y puede ser mostrado, que la única reunión de este tipo que se produjo, y le consta perfectamente al Ministro, se hizo a partir de una solicitud hecha por mí en una comunicación por correo electrónico el día 12 de abril a la entonces Rectora, y respondida por esta al día siguiente por el mismo canal.

No pueden por tanto exhibir dos o tres actas de reuniones sostenidas conmigo, sino una sola, y si fuese necesario puedo hacer pública la grabación íntegra de ese encuentro, en el que la mencionada funcionaria reconoció no estar hablando con un contrarrevolucionario, y que mis artículos de opinión no  eran contrarrevolucionarios, a pesar de la hostilidad y el carácter tendencioso de muchos de sus planteamientos y observaciones; o el fraternal diálogo sostenido inmediatamente después de concluida la misma con dos funcionarios que asistieron a esa reunión, en el que por el contrario de lo que da a entender ahora, ambos reconocieron no haber ningún cuestionamiento político sobre mi persona y no refutaron en ningún momento mis alegaciones de ser objeto yo de la creación de una matriz de opinión, denigrante de mis ideas políticas, y de mi persona, proveniente de la Rectora en funciones en ese entonces.

Sería casi risible sino no fuera tan grave y peligroso que el Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente insista y reincida ahora públicamente, en el absurdo, o si se quiere banalidad, de querer analizar, cuestionar, sancionar, o denigrar a alguien, como ahora hace conmigo, por razón “de la libre interpretación” a que pueda dar lugar algo escrito, o dicho por una persona, o que se arrogue la facultad de establecer los límites de la libertad constitucional de palabra y prensa, de la libre emisión del pensamiento. Desconocen que la ciudadanía no se excusa en los derechos reconocidos y garantizados en la Constitución, los ejercen.

Ninguno de ellos, nunca, absolutamente jamás, han publicado un artículo en el complejo escenario de la esfera pública cubana que proporciona Internet defendiendo a la Revolución cubana, ni aportando en ella los argumentos y la crítica que le es necesaria para sobrevivir al Socialismo; no se arriesgan al desafío ideológico de pensar y participar en ella como intelectuales o simples ciudadanos, no expanden su compromiso a donde se libra hoy con más fuerza la guerra ideológica y de valores contra lo esencial de nuestro proyecto social, como hizo antes el líder del proceso revolucionario cubano, o hacen hoy destacados intelectuales y académicos de nuestro país.

Les basta con promover la racionalidad de la sospecha, de la suspicacia, del pensamiento egocéntrico, la misma que es ajena a la habilidad interpretativa de los educandos y el desarrollo del pensamiento crítico, dos de los objetivos a lograr por la educación en Cuba desde el primer ciclo.

Recuerdo perfectamente a una de mis compañeras que cuando se cuestionaba en el núcleo del Partido de la Facultad de Derecho sobre esa absurda pretensión de exigir escribir algo que no fuera objeto de la libre interpretación, reflexionó sobre qué hubiese pasado de haberse publicado por mí la conceptualización hecha por Fidel Castro sobre la Revolución ¿estaríamos analizándolo también?, nos dijo después de citar textual e íntegramente ese texto.

Uno pensaría que después de la reacción generada en plenas vacaciones por la publicación en Cubadebate de apenas unos párrafos escritos por una funcionaria de la educación superior cubana, en los que trasmite su opinión de lo que debe ser un profesor universitario, se había aprendido la lección de la imposibilidad de frenar la libre interpretación, o de poder realmente contestar todos los comentarios que se hacen en las redes sociales alrededor de un escrito, pero no.

¿Lo pudo evitar en esta oportunidad esa misma funcionaria que en aquella reunión siendo Rectora insistía en no estar logrando yo mi función formativa por la libre interpretación de la que eran susceptibles mis artículos?, no. ¿Contestó ella acaso los cientos de comentarios aparecidos nada más en este sitio, como también exigía a quien dependía para hacerlo de una conexión pagada de su propio salario?, no. ¿Fue entonces por eso mismo que ella no pudo evitar que se me despojó de mi categoría docente?, ¿fue por eso que perdí, en opinión del Ministro, mi prestigio social?

¿Quién lo perdió realmente?, ¿o es que existió algo más sórdido y personal, ilegal y despótico?

¿Cuántos controles a clases, cuántos análisis docentes metodológicos del colectivo de asignatura, o del colectivo de año, o del Departamento de Fundamentos Históricos y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente, o del Vice Decanato docente, o de la Vicerrectoría Docente, en uso de sus facultades de supervisión y control del proceso docente respaldan la falacia insostenible de crear “confusión”, o la existencia de “cuestionamientos de profesores y estudiantes, o ciudadanos”, o las “contradicciones generadas con los objetivos planteados en su programa de estudios”?. Ninguno. No existen.

¿Cuál Tribunal de Categorías Docentes, tal como regula el Reglamento de las Categorías Docentes de la Educación Superior para la revocación de categorías docentes, conoció y se pronunció sobre imputaciones sobre la pérdida de prestigio social? Ninguno. Tampoco existe ningún documento del Jefe de Departamento al Decano solicitando el inicio del proceso de revocación de la categoría docente, ni de este a la Rectora, tal como establece la norma aplicada, para ser iniciado el proceso administrativo.

Dónde están las actas de las organizaciones políticas y de masas que, “en sus debates rechazaron indignados la posición del docente, su incidencia negativa en la formación del profesional y el prestigio” de su colectivo de trabajo. No existen, no ocurrieron, y un claustro entero puede dar fe de ello. Como no existe tampoco ningún pronunciamiento del pleno de la Dirección del Ejecutivo la Sección Sindical de la Facultad de Derecho, ni debate alguno, cuando la única reunión sindical que se produjo fue solicitada por mí apenas un día antes en que me fuera notificada la decisión del Ministro con dos propósitos fundamentales:

1) para recoger criterios sobre mi desempeño profesoral a fin de establecer cuál era el concepto público, o prestigio social que merecía de mis compañeros docentes y no docentes,

2) para que se nombrase representante sindical.

El expediente administrativo elevado al Ministro de Educación Superior para revocar la categoría docente al que accedí como abogado acompañado de la representante del sindicato, contenía solamente ocho epígrafes, o divisiones, de acuerdo a su índice:

1. sitios donde aparecen publicados mis artículos, los artículos propiamente dichos (incluidos los comentarios que se producen en uno solo de los sitios, específicamente la Joven Cuba);
2. publicación de El Nuevo Herald sobre el destacado profesor e intelectual cubano Julio Antonio Fernández Estrada (aparece además hoja en la que tendenciosamente se me adjudica ser coautor de un artículo con dicho compañero, cuando se trata de un dossier hecho por la Revista Sin Permiso, luego de la visita de Obama, a partir de artículos elaborados independientemente por cada uno, bajo el significativo título de: “Cuba no le debe nada a los Estados Unidos”;
3. Análisis de la Rectora en los meses de febrero abril, 3.1 OR RS 5 DE FEBRERO DE 2016, 3.2 OR RS188 11 DE MARZO DE 2016, 3.3 OR RS 286 4 DE ABRIL DE 2016;
4. Acta del Consejo de Dirección de la Facultad de Derecho en el que se me pide por la Decana deje de publicar en redes sociales;
5. Comunicación del C. Científico de la Facultad de Derecho;
6. Resoluciones Rectorales (Resolución de la Rectora 78812015 y 8352016);
7. Acta de la Reunión Extraordinaria del C de Dirección de la UO en la que se acuerda revocación (aparece solo listado de participantes y acuerdo sin reflejo de contenido de la reunión y opiniones vertidas);
8. Colección de ensayos entregados por estudiantes como evaluación de la asignatura Sociología de la Democracia, que impartí en el segundo semestre del curso 2015-16.

¿Entonces, cómo se pudo iniciar legalmente el procedimiento de revocación de la categoría docente de profesor? ¿sobre la base de qué procedimiento administrativo reglado y a cuáles elementos de juicio y pruebas decidió el Ministro la revocación de la categoría docente de profesor y se llegó a la conclusión de haber perdido yo mi prestigio social?, ¿o es que basta difamar e injuriar, intentar desacreditar a un ciudadano y profesor, tener los recursos, los medios y el poder necesario para creer que se puede justificar la legalidad de éstos actos?

Lo que existe, por el contrario a la imagen de un individuo aislado y carente de prestigio, repudiado por todos y subversivo que sugiere la narrativa que construye el Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente, son las actas del núcleo del PCC de la Facultad de Derecho en el que militaba y los informes de los resultados de dos comisiones investigativas consecutivas que fueron creadas y funcionaron en los meses de junio y octubre del 2016 y que analizaron milimétricamente cada uno de los artículos producidos y publicados hasta esa fecha, y entrevistaron además a estudiantes y profesores, a dirigentes de la FEU y de la UJC y a militantes del PCC para concluir e informar a la organización de base en ambas oportunidades, en relación a la investigación indicada por el Comité del PCC de la Universidad de Oriente y realizada bajo el supuesto de quebrantamiento de la disciplina partidista por el contenido de los artículos publicados, no existir méritos para apreciar tal quebrantamiento por el contenido, forma, o lugar, en que fueron publicados dichos artículos. ¿Se puede negar esto? No.

Son en esas mismas actas del núcleo del PCC de la Facultad de Derecho en las que se puede confirmar con posterioridad a ser comunicada las conclusiones de la última de estas comisiones partidistas, mi denuncia ante mis compañeros de la existencia de una espuria declaración de principios dada a firmar sin conocimiento alguno del núcleo del PCC, de su dirección, o del Comité UJC de la Facultad de Derecho, a Presidentes de Brigadas y Secretarios de la UJC de la Facultad de Derecho por el entonces Secretario de la UJC y el Presidente de la FEU de la Universidad de Oriente bajo la indicación del Secretario del PCC de la Universidad, mismos que no dudaron, ante la negativa de algunos estudiantes en suscribirla, en afirmar ser yo, de acuerdo a sus fuentes, un mercenario, recibir dinero por las publicaciones realizadas y tratarse de un caso de subversión interna, sin lograr en ese momento, ni con posteriores análisis, el cambio de postura de los estudiantes que se negaron a firmar. ¿Se puede negar esto? No.

Sería el contenido de ésta misma declaración de principios clandestina, la que, a pesar de todas las gestiones y presiones hechas por el núcleo, solo pudo ser leída y analizada meses después, cuando ya se había tomado la decisión por parte del Ministro de ser revocada la categoría docente, y ni incluso así, apareció luego en la revisión del expediente administrativo.

¿Se puede negar la existencia de una cobarde orquestación para la difamación y la devaluación del prestigio de una persona? No. ¿Por qué algo tan impropio de la decencia y de la honradez, de la transparencia, se tuvo que emplear para combatir a un individuo que “no contaba, ni contará, con las condiciones para ser profesor universitario”?, tal como ahora afirma el Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente.

Resulta muy difícil explicar por qué si las publicaciones de ese individuo tan deleznable que “invocaba el derecho a la libertad de palabra(…) como excusa para asumir posiciones o discursar sobre diferentes temas” eran públicas y conocidas desde el 2012, todavía en octubre del 2016 podía ser militante del PCC en activo que atendía una Brigada Estudiantil y se desempeñaba como Profesor Principal de Año Académico en la Facultad de Derecho, el que, en su año académico es “el máximo responsable de la educación de los estudiantes mediante la instrucción, jerarquizando el trabajo político e ideológico en el año, así como el correcto desarrollo del proceso docente educativo”. (Cfr. Perfeccionamiento del sistema de gestión del proceso de formación integral de los estudiantes universitarios en el eslabón base, p. 34, Editorial Universitaria Félix Varela, La Habana, 2014).

Sería muy sencillo para el Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente poner como ejemplo, sugerir, la lectura de un artículo de mi autoría publicado en el periodo en el que enmarca su narrativa, o de un libro, como Ciudadanía, República y Revolución: los desafíos de la ciudadanía en Cuba, presentado el 22 de abril del 2016 en la Feria del Libro de Santiago de Cuba, que le permita demostrar mi condición de contrarrevolucionario, anticomunista, o de asalariado del enemigo. Pero no puede, y entonces para “salvaguardar la ideología revolucionaria”, tal como hizo la anterior Rectora y actual Vice Ministra del MES para solicitar la revocación de mi categoría docente y de mi condición de profesor al Ministro de Educación Superior, descalifica, difama y miente.

Las pruebas de todo lo que describo están en las actas de las reuniones del núcleo partidista, la constancia de las responsabilidades y reconocimientos otorgados por mis compañeros en ponderación de mi prestigio y entrega como militante revolucionario y docente durante ese mismo periodo, en la lamentable traza del silencio institucional de organismos del Estado cubano encargados de velar por la legalidad, y mi propia y consecuente lucha por reivindicar los derechos conculcados para que nadie se sienta intocable en nuestro país, para que nadie se sienta por encima de la Ley. Cuento sobre todo con la integridad de mis compañeros y estudiantes que no dudaron antes, ni dudarían ahora, y eso también les consta demasiado bien, en declarar sobre la mentira, la ambigüedad y la manipulación de la verdad por más que les cueste, porque sólo la verdad es revolucionaria.

¿Por qué el Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente emite una declaración pública pasados tres años de estos hechos?

Porque después de tres años de lamentable e injustificable silencio e inacción de funcionarios del Estado que han expuesto con ello a la Presidencia de la República ocupada en la defensa del país de los más peligrosos planes del enemigo contra su soberanía e independencia a ser demandada por la violación de un derecho constitucional, 22 ex graduados de diferentes carreras y prestigiosos profesores consultantes y militantes de dos universidades cubanas escribieron y enviaron al Presidente de la República una declaración en la que respaldan el artículo publicado en la Joven Cuba bajo el título de “La Cuba que queremos”, por dos ex graduados en la que se solicita mi regreso a las aulas, el respeto a la legalidad, al debido proceso y los derechos constitucionales que se otorgó democráticamente el pueblo cubano para vivir en un Estado de Derecho.

No lo hacen ninguno de ellos como contrarrevolucionarios, o como adversarios del Socialismo, sino poniéndose expresamente bajo “el amparo de los valores, principios y el espíritu de la Constitución de la República de 2019”.  Declarando, además, ser firmantes de la misma, al momento de solicitar que esa, su voluntad, sea tenida en cuenta y respetada.

Cuando conocí la declaración publicada por el Consejo de Dirección de la Universidad de Oriente no pensé nunca en responder un texto que parecía seguir la máxima de miente que algo queda, en un estilo personal que tan familiar me resulta. Sabía que tendría que dedicar varias páginas a desmontar todo lo que en ella se intentaba, para sólo dejar constancia al final de su carácter injurioso, ya que el rastro de ilegalidades y arbitrariedades anteriores que deja su lectura es difícil de ocultar.

Si ahora respondo es por elemental coherencia con los firmantes de esa carta que todavía permanece sin responder. A unos pocos de ellos les he tratado más allá de las relaciones propias del trabajo como educador, a otros ni siquiera los conozco personalmente. La mayoría son jóvenes talentosos y nobles con una destacada trayectoria como dirigentes estudiantiles y un desempeño profesional de excelencia. La solidaridad no se exige, se acepta, pero la decencia, el civismo y el coraje, las convicciones, no se pueden sino admirar y respetar.

Se les acusa ahora pública e irrespetuosamente de estar confundidos, y luego se les cita a reuniones administrativas en la Universidad, o en sus centros de trabajo, o con funcionarios del MININT, por el simple hecho de ejercer su derecho ciudadano al escribirle al Presidente de la República y actuar abiertamente de acuerdo a los valores ciudadanos que deseamos para nuestra sociedad. Otra vez se miente, como si dicha la primera mentira ya no se pudiera parar de mentir, y taimada o abiertamente se les presiona en tales reuniones para que retiren su firma por estar apoyando a un “mercenario” que no existe sino en la práctica más oscura de la infamia y la cobardía, se les advierte de las consecuencias que tendrá el hecho, como toda recompensa a su decencia, como premio a su honradez. ¿Es esa su forma de vencer y convencer?

No se puede estigmatizar a nadie por ejercer o defender derechos, por buscar la justicia en un país cuyo pueblo acaba de votar en un plebiscito constitucional por la democracia y el imperio de la Ley. Es indigno, y es indignante, porque ciertamente nuestros abuelos y padres no hicieron la Revolución en Cuba para eso.

No se puede creer, ni hacer creer a nadie, que la defensa de los derechos sea una agresión contra el mismo sistema político, el Estado, o la sociedad que los reconoce y debe garantizar, siendo como es, esa pretensión, expresión de la búsqueda del respeto de los derechos por todos, de la aspiración de justicia y del decoro, del respeto a la Constitución. En esa cuestión crucial, no hay, ni podrá haber nunca humildad posible. Vamos a luchar por eso, es lo que hacemos.

Este texto fue publicado originalmente en La Joven Cuba. Se reproduce íntegramente en elToque con la intención de ofrecer contenidos e ideas variadas y desde diferentes perspectivas a nuestras audiencias. Lo que aquí se reproduce no es necesariamente la postura editorial de nuestro medio.