“Ciudadanos: la mujer en el rincón oscuro y tranquilo del hogar esperaba paciente y resignada esta hora hermosa, en que una revolución nueva rompe su yugo y le desata las alas. Aquí todo era esclavo; la cuna, el color, el sexo. Vosotros queréis destruir la esclavitud de la cuna peleando hasta morir. Habéis destruido la esclavitud del color emancipando al siervo. ¡Llegó el momento de libertar a la mujer!”.

Ana Betancourt, 1869

 

Faltaban apenas 48 horas para que terminara 2020 y Argentina sorprendía al mundo con la legalización del aborto. Tras más de dos años de debate parlamentario y casi medio siglo de lucha feminista, el Senado aprobó el proyecto de Intervención Voluntaria del Embarazo con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.

Diecinueve días antes, en Bolivia un Registro Civil emitió una resolución que reconocía por primera vez en la historia del país andino la unión civil entre dos hombres; hecho que establece jurisprudencia para el futuro e ignora una Constitución que desconoce el matrimonio de parejas del mismo sexo.

En México, el 5 de noviembre se aprobó a escala nacional la Ley Olimpia, un conjunto de reformas al Código Penal Federal y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el fin de reconocer las agresiones de género en el entorno digital y castigar las prácticas que vulneran la privacidad e intimidad sexual de las personas, especialmente niñas y mujeres.

Estos acontecimientos fueron recibidos como grandes victorias por los movimientos feministas latinoamericanos, que durante el aislamiento provocado por la Covid-19 vieron a  más de 3 mil mujeres ser asesinadas, de acuerdo con datos ofrecidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la mayoría de ellas en Centroamérica y el Caribe.

Movimientos feministas cubanos: avances y retrocesos

El año 2020 la pandemia de la covid-19 dejó al descubierto otra: los feminicidios y la violencia de género. La relatora especial de las Naciones Unidas Dubravka Šimonovic alertó sobre la urgencia de establecer mecanismos observadores para evitar dichos crímenes a nivel nacional y en todos los países.

En Cuba, iniciativas de la sociedad civil contabilizan al menos 32 mujeres asesinadas y cuatro infanticidios relacionados durante 2020. La figura del feminicidio no está tipificada en el Código Penal, pero el desconocimiento no hará desaparecer una realidad evidente.

Los vacíos legales van más allá, pues los delitos de violación y abusos lascivos, contemplados desde 1978, son punibles si se demuestra que el agresor ejerció fuerza o intimidación o que la víctima estuvo incapacitada para resistir. Esta es una norma a revisar con urgencia. Casos como el de La Manada en España han demostrado al mundo que la ausencia de resistencia física no implica consentimiento de la persona agredida.

Más de una docena de países europeos ya tienen leyes que ponen el consentimiento sexual en el centro de las normas jurídicas, como un cambio de paradigma para entender y juzgar las violencias sexuales. Se pasa de normas que basan su definición de violación en el hecho de que se haya utilizado la fuerza o en medir la resistencia de la víctima hacia el acto sexual, a otras en las que lo fundamental es si las relaciones fueron consentidas o no. Demostrar judicialmente la resistencia, apuntan expertas, revictimiza a la mujer y centra el procedimiento judicial en las acciones que ella realizó o supuestamente pudo haber realizado, en lugar de enfocarse en los agresores. Muchos estudios explican que ante una agresión sexual muchas víctimas se quedan paralizadas, entran en shock y no dicen ni hacen nada.

“Eso no es consentir. Por esto es tan importante el cambio de la ley. Muchas de las víctimas sienten que la legislación no las acompaña. Creen que no les van a creer porque no dijeron nada o no fueron explícitas en su negativa. Por eso es tan importante ese cambio de paradigma. Sólo sí es sí”, explica Mónica Costa, coordinadora en Europa de campañas sobre derechos de la mujer de Amnistía Internacional.

La revisión de las normas y leyes referentes a actos violentos contra las mujeres sigue pendiente en la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP). Una demanda de 2020 fue precisamente que el órgano incluyera en su cronograma legislativo una ley integral contra la violencia de género. La solicitud fue presentada formalmente por un grupo de cuarenta mujeres ante la ANPP.

El 10 de enero cuatro de las firmantes fueron citadas a una reunión con parlamentarios. Durante el encuentro, los diputados descartaron la creación de una ley de este tipo por el momento. La petición no sería incluida en el cronograma legislativo que modificaría 107 normas, aun cuando el Parlamento cubano se enorgullece de ser el segundo con mayor representación femenina en el mundo, después de Ruanda. El 53,2 por ciento del órgano son diputadas.

A pesar de la negativa, instituciones y colectivos continuaron demostrando la necesidad de una norma jurídica sobre violencia de género. En Matanzas el proyecto comunitario AfroAtenas organizó un taller sobre desafíos de la violencia machista para el derecho. Otros fueron de la teoría a la acción: en la sede del proyecto Arthaus Habana hubo un entrenamiento de Jiujitsu con técnicas básicas del arte marcial para defenderse ante una amenaza de violación.

A principios de año Cubadebate inició la columna semanal Letras de género, de las periodistas Dixie Edith y Ania Terrero. Al mismo tiempo, el Instituto de Literatura y Lingüística acogió un debate sobre expresiones de violencia machista en el país.

El reclamo trascendió las fronteras. El 18 de febrero, la Red Femenina de Cuba y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos solicitaron al Parlamento europeo que incluyera en su diálogo con el gobierno cubano la Agenda 2020/Igualdad de Género. Por esas fechas nació Cubanas Musulmanas, una iniciativa en Facebook que denuncia la violencia machista que sufren las seguidoras de esa religión.

Cuando la pandemia de la covid-19 llegó a Cuba en marzo, el gobierno tomó medidas drásticas para prevenir la propagación del virus. El paquete contemplaba acciones protectoras, pero muchas de ellas carecieron de lentes violetas. De acuerdo con estadísticas de la Cepal, de 88 medidas tomadas por el Estado, sólo seis tenían enfoque de género.

En un primer momento, las medidas obviaban que en Cuba, al igual que en el resto del mundo, son mujeres en mayoría quienes cuidan a menores, personas con necesidades especiales y de la tercera edad, y establecían diferencias que dejaban de lado, por ejemplo, a las cuidadoras que trabajaban en el sector por cuenta propia. El Estado también les otorgó ciertos beneficios a los cuentapropistas, pero como no existe una diferenciación entre propietarios –mayoritariamente hombres– y empleados –mujeres en su mayoría– se invisibilizó la situación de subordinación de estas últimas, sin contar la desprotección laboral a la que estuvieron sujetas.

En ese contexto, desde la sociedad civil la plataforma #YoSíTeCreoEnCuba creó la primera línea de apoyo a las víctimas de violencia de género durante el aislamiento físico. El protocolo les permitió acompañar a más de treinta personas entre 18 y 70 años de edad y sus familiares, hasta su cierre en junio.

Posteriormente, se sumaron a la iniciativa organizaciones como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), el Centro Oscar Arnulfo Romero y el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo. De acuerdo con datos ofrecidos por la Agencia Cubana de Noticias, durante los primeros nueve meses, más del 60 por ciento de las llamadas solicitaban apoyo psicológico por estrés, depresión y ante situaciones relacionadas con violencia intrafamiliar.

Si bien varias organizaciones decidieron prestar servicios de acompañamiento a través de una línea telefónica, activistas enfatizaron la necesidad de una línea única nacional y de refugios para las víctimas. La primera tuvo respuesta a finales de julio, cuando un reporte del Noticiero Nacional de Televisión anunció la creación de una guía para atender denuncias telefónicas sobre violencia de género e intrafamiliar en Cuba. No fue hasta principios de diciembre que se concretó la iniciativa en la línea telefónica 103, que funcionaba desde 2002 como un mecanismo anónimo, gratuito y confidencial para prevención y control de adicciones, y desde marzo de 2020 extendió su alcance a la ayuda psicológica ante situaciones emergentes de salud mental en el contexto de la Covid-19.

La miembro del Secretariado Nacional de la FMC Osmayda Hernández anunció que la organización capacitó a quienes atenderían las llamadas, a instructores policiales, juristas y especialistas de las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia.

Durante la pandemia las autoridades cubanas reconocieron el aumento y las consecuencias de la violencia machista, sin ofrecer datos sobre los hechos; sin embargo el año terminó y la norma jurídica reclamada por los movimientos feministas continúa siendo una utopía, así como refugios temporales como parte de un sistema de atención integral con participación de distintos actores, incluido el Estado.

A mediados de año, el Anuario Estadístico de Salud 2020 revelaba que 105 mujeres murieron en 2019 en Cuba víctimas de agresiones. Los datos no esclarecen cuántos de estos crímenes fueron feminicidios.

Un mes más tarde, el diario Granma publicaba el artículo “Revictimizada mil veces”, dedicado a la “mediatización del feminicidio en las redes sociales” como “uno de los recursos más explotados” en la “guerra comunicacional” de Estados Unidos contra Cuba. El texto no analiza causa alguna de los feminicidios ni de las violencias machistas; su objetivo era descalificar los esfuerzos de la sociedad civil por un país más justo, igualitario e inclusivo. Su retórica terminó cayendo en lo que denunciaba: la instrumentalización de la vida y los derechos de las mujeres con fines políticos, y desató indignación en redes sociales de un país cuya consciencia de género avanza con lentitud pero firmemente.

En Cuba existe una tradición de reconocimiento a los movimientos sociales, especialmente en el contexto latinoamericano. Sin embargo, hacia sus adentros, las experiencias cubanas con agendas progresistas que surjan al margen de una institucionalidad que no les da cabida, suelen representarse por el Estado con una narrativa de “matiz subversivo”. Esto hace que el trabajo de lxs activistas sea una tarea mucho más compleja, porque a la carga emocional y física que supone el voluntariado, se suma tener que defenderse constantemente de la sospecha, el descrédito e incluso la difamación.

En medio del debate, el proyecto Sol-Luna de Matanzas inauguró en septiembre una oficina de atención a personas en situación de violencia. No solo acompañan a mujeres, también estudian los perfiles de los victimarios y abren un espacio de sensibilización para la sociedad.

Desde la comunicación y en interacción con otras disciplinas y saberes se creó el 30 de octubre Chicas Poderosas Cuba, una colectiva por y para el empoderamiento femenino. La comunidad en la isla parte de la necesidad de ampliar espacios feministas que sean seguros e impulsen un diálogo que contemple no solo a las mujeres, sino también a las disidencias.

En este contexto, tuvo lugar la demanda que iniciara el médico y activista Alberto Roque contra la cantante Danay Suárez, por el delito de injuria, a raíz de un post que esta replicara en Facebook donde se comparaban las causas y solicitudes de derechos del movimiento LGBTIQ con presuntos grupos promotores de la pedofilia. La querella terminó con la absolución de Suárez por un tribunal de La Habana, pues “aun cuando el contenido [del texto] fuera inadecuado ética y moralmente, tal acto no cumple los presupuestos exigidos legalmente desde el punto de vista objetivo y subjetivo para su configuración”. Activistas LGBTIQ han reclamado una norma legal que los proteja contra la discriminación por orientación sexual y/o identidad de género.

La ola de acciones y exigencias por parte de la ciudadanía de políticas de género, hizo que en octubre el Consejo de Ministros de Cuba aprobara el “Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, actualización del Plan Nacional de Seguimiento a la Plataforma de Acción de Beijing”, luego de veintitrés años de creado. El conjunto de medidas y leyes tiene el objetivo de continuar promoviendo “el avance de las mujeres y la igualdad de derechos, oportunidades y posibilidades, refrendados en la Constitución de la República”. Sin embargo, hasta hoy se desconocen las 44 medidas que comprende.

Siguiendo esta línea, el Grupo Asesor sobre violencia de género de la FMC se reunió con el grupo legislativo del Ministerio de Justicia para elaborar una guía práctica que introduzca el enfoque de género en el trabajo legislativo. Abogadas y especialistas en género advierten que la ley debe ser integral, pues si se presentan artículos aislados dentro de otras normativas, quedarán vulnerables a interpretaciones y discrecionalidad.

En los últimos meses de 2020, la institucionalidad debatió en alguna medida el carácter estructural de la violencia de género, fenómeno visible por ejemplo en que haya normas jurídicas enfocadas en violencia doméstica e intrafamiliar, obviando otros tipos. Al mismo tiempo, es un ejercicio para reconocer que muchas de sus manifestaciones permanecen vigentes y nunca fueron erradicadas por la Revolución cubana.

Cuba tiene una tradición feminista que antecede al 59 y se remonta a la colonia. Existe una ciudadanía crítica que aboga por cambiar la realidad heteropatriarcal en la que sobreviven muchas cubanas y disidencias sexuales. Ocultar estadísticas, silenciar el feminicidio y el acoso, desestimar reclamos legítimos que comenzaron en la academia pero que involucran a sectores mucho más amplios, es ser cómplice de injusticia y limitación de derechos. En un Estado que aspire al orden y la democracia, las voces feministas importan, vengan desde sus instituciones o desde la ciudadanía. El presente y el futuro cubanos se deciden también desde la diversidad de sus mujeres y de sus feminismos.

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